Caquetá se le planta al petróleo

Ayer en la mañana el Esmad arremetió contra un centenar de campesinos que bloqueaban un puente en el sur de Caquetá para que no pudieran pasar los camiones de la petrolera china Emerald Energy. Ese choque entre la Policía antimotines y los campesinos que se oponen a un proyecto petrolero es un campanazo de alerta doble para el Gobierno.

Por un lado, porque revive el dolor de cabeza en el que se le convirtió al Gobierno la resistencia del pueblo de Piedras, en Tolima, contra la minera AngloGold Ashanti y porque reedita los escollos que ha tenido la locomotora minero-energética a la hora de interactuar con las comunidades locales.

Y por otro, porque anticipa uno de los dilemas más grandes que tendrá el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en los años por venir: necesita los recursos de la industria extractiva para financiar la implementación de los eventuales acuerdos de paz pero, a la vez, en la medida en que crezca la movilización social ésta probablemente girará más y más en contra de este sector.

Un bloqueo para frenar a Emerald

Desde el 4 de mayo, unos cien campesinos de varias veredas en el municipio de Valparaíso, a dos horas de Florencia, estuvieron plantados en el puente sobre la quebrada La Cacho, permitiendo el paso de carros pero cerrándoselo a los vehículos de Emerald Energy.

Ese paso, que bautizaron el 'puente Resistencia', está sobre el camino hacia las veredas de Florida donde la empresa -que es parte del grupo chino Sinochem- tiene pensado cavar un pozo estratigráfico que le permita entender si la zona tiene el mismo potencial que sus campos en San Vicente del Caguán (en este momento temporalmente cerrados por la caída en el precio del petróleo).

Opuestos a la idea de un proyecto petrolero, según ellos por las malas experiencias ambientales en pueblos cercanos como San José del Fragua, los campesinos se organizaron y formaron lo que llamaron la Comisión por la Vida del Agua.

“Nosotros no tenemos ninguna claridad sobre cuáles son los daños que puede traer la explotación petrolera para la región y para el mono, pero el Gobierno nacional no ha querido escucharnos y, mucho menos, tener en cuenta lo que queremos decirle. Somos un cero a la izquierda”, dice José Antonio Saldarriaga, uno de los líderes de los campesinos que se vienen organizando desde que Emerald vino a socializar el proyecto -parte del bloque petrolero El Nogal que concesionó en 2012- hace un año.

Por ‘el mono’ Saldarriaga se refiere a otra de las banderas de los campesinos del puente: la conservación del mico bonito del Caquetá, un pequeño primate de pelo rojizo que fue descubierto en 2010 en las selvas del departamento y que está catalogado como 'en situación crítica' (la más grave) por el libro rojo de especies en peligro de la Uicn.

Desde la semana pasada se rumoraba que el Gobierno nacional enviaría a el Esmad a destrabar la vía, por lo que la gobernadora miraísta Marta Liliana Agudelo llamó al ministro del Interior Juan Fernando Cristo y le explicó que el sábado habría una reunión con todas las partes para dialogar. Le pidió no tomar ninguna decisión hasta después.

Todos respiraron más tranquilos. Ese día se pusieron de acuerdo y esbozaron un documento con los puntos en los que estaban de acuerdo y en desacuerdo los campesinos, la Gobernación, Corpoamazonía (la CAR amazónica), la Universidad de la Amazonía y la Diócesis de Florencia. Coincidieron en pedir que no se resolviera en tema por la fuerza y en que se hiciera una moratoria en las actividades de exploración de Emerald hasta que no hubiera claridad.

”Somos un cero a la izquierda”

José Antonio Saldarriaga

Por eso los agarró por sorpresa -en la Gobernación incluso- la llegada de unos 150 policías antimotines desde Bogotá la madrugada del martes.

Menos de dos horas después ya habían desmantelado el campamento, recluido a los campesinos en una finca y despejado el camino para que pudieran pasar las máquinas de la petrolera china, que -según el Gobierno- por ahora solo busca arreglar el camino como parte de la inversión social que hará en la zona.

Para los campesinos, esa respuesta no fue convincente.

“Nosotros queríamos leerles el acuerdo, pero dijo el comandante que teníamos 50 días en ese plantón y que eso era ilegal. No les interesa ningún reclamo de nosotros los campesinos”, dice César García, otro de los líderes de esta comunidad campesina que salió desplazada por los paramilitares en 2002 y solo volvió en 2010.

“Si las autoridades del municipio y del departamento tenían un acuerdo con nosotros de no usar la fuerza, e incluso vamos a estar hablando con el Gobierno en tres días en Bogotá, pensamos que se iban a esperar un poco. Pero esto fue arrollador”, añade Saldarriaga.

El saldo, según los campesinos, fue de tres heridos graves. Juan Chávez, un líder campesino, fue golpeado en la cabeza y, tras vomitar sangre, fue trasladado a un hospital de Florencia. Otros dos terminaron en el centro de salud de Valparaíso: Cristóbal Saldarriaga -hijo de José Antonio- herido en la cabeza y el brazo y Ana Pantévez con un brazo muy amoratado.

Dos personas fueron detenidas y luego puestas en libertad. Gregorio Pérez de 60 años, uno de los líderes del bloqueo, salió hacia mediodía. Y Carlos Páez, que estaba filmando la escena y a quien le confiscaron la cámara, fue liberado en la noche.

Todo esto los llevó a organizar un plantón frente a la Alcaldía ayer y de nuevo hoy, que muestra que la irrupción del Esmad, lejos de solucionar el tema, lo está fermentando aún más.

Sin diálogo para desactivar la bomba social

El conflicto en Valparaíso escaló a lo largo de un año y estalló en menos de dos meses. Dos meses en los que, pese a múltiples señales y advertencias, no hubo cómo evitarlo.

Esa bomba social se debe, en gran medida, a que -como contó La Silla en un documental sobre el caso Doima- no existen espacios de diálogo entre el Gobierno, las empresas de sectores como minería e hidrocarburos y las comunidades locales, donde puedan conversar sus preocupaciones y evitar que la tensión escale hasta las vías de hecho o las consultas populares, como sucedió en Piedras (Tolima) o Tauramena (Casanare).

”No les interesa ningún reclamo de nosotros los campesinos”

César García

De hecho, el único piloto para crear esos espacios -que se llamaba Avanza y que arrancó en los municipios petroleros de Casanare- fue cortado de raíz en un cambio de ministros y cuando apenas arrojaba sus primeros resultados. Hace un año fue revivido, pero con un perfil más bajo.

Esa falta de espacios de diálogo ha llevado a que las relaciones con las comunidades que protestan, como Valparaíso, terminen siendo un toma y dame más coyuntural que preventivo y, con frecuencia, desordenado.

En este rincón del sur del Caquetá las conversaciones no han faltado, pero con pocos resultados. De hecho, reuniones y cartas han sobrado.

El 29 de mayo los campesinos se reunieron en la Diócesis de Florencia con el viceministro del Interior Carlos Ferro, en un grupo que también incluía a la gobernadora y su Secretario de Gobierno, a los comandantes de la Policía y el Ejército, a representantes de la empresa y de la Asociación Colombiana de Petróleo.

De esa reunión salió el compromiso de hacer una mesa de concertación entre la empresa y las comunidades, que se reunió cuatro días después pero que no pudo superar el escollo del bloqueo del puente. Los campesinos le pidieron al Gobierno una semana para evaluar el contrato de concesión con Emerald, pero -según dos personas cercanas al proceso- éste se negó y dijo que era su deber legal garantizar que la empresa pudiera explorar un bloque por el que ya había firmado un contrato.

Ahí comenzó un cruce de cartas entre muchos. Francisco José Lloreda, el ex ministro que hoy lidera la Asociación Colombiana del Petróleo, le pidió al Gobierno intervenir dado que el proyecto de Emerald “cuenta con el visto bueno de las comunidades directamente aledañas al sitio [pero que] un grupo de personas que de ninguna manera representan a la comunidad del área de influencia han bloqueado el puente”.

La Procuraduría advirtió que el bloqueo era ilegal y sancionable penalmente. El obispo de Florencia, Ómar de Jesús Mejía, le respondió que el caso demostraba “las consecuencias de la inoperancia de las institucionalidad responsable del manejo económico – ambiental” y le pidió acompañar el diálogo.

La senadora verde Claudia López, que presentó un proyecto de ley que crearía unos ‘consejos ambientales municipales’ que le darían participación a las comunidades, le escribió a Santos y a tres de sus ministros insistiendo en “abrir un espacio de diálogo (...) en el cual se presente el alcance del proyecto, se escuchen, se discutan y se resuelvan las inquietudes ciudadanas”. El Ministerio de Ambiente de Gabriel Vallejo le replicó que eso no era su responsabilidad, sino de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

El representante liberal Harry González -que también se ha reunido con los campesinos- logró agendar una reunión con todos este jueves en el despacho del ministro Cristo, pero también se vio sorprendido por la entrada del Esmad.

El Gobierno insiste en que existen los espacios de diálogo, pero que la comunidad no ha querido usarlos.

“Hemos estado en todas las instancias de diálogo, pero ahí tienen una posición cerrada y no quieren admitir razones”, le dijo a La Silla el viceministro del Interior Carlos Ferro.

Les hicieron tres propuestas que, según Ferro, la comunidad no quiso aceptar: levantar el bloqueo en el puente, hacer una auditoría con la Universidad de la Amazonía sobre las prácticas empresariales de Emerald y hacer una investigación en temas ambientales. E insistió en que es una empresa con tan buenos niveles de gestión ambiental que incluso tienen a Gerardo Viña, quien fue director sectorial del Ministerio de Ambiente durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, como gerente de planeación. (La Silla intentó sin éxito comunicarse con Emerald Energy).

¿Caquetá petrolera?

Más allá del 'caso Valparaíso', casi todos en Caquetá -campesinos, políticos, académicos y actores sociales- insisten en que el departamento tiene unas “características especiales” que requieren que su política de hidrocarburos sea distinta.

“La discusión de fondo es que Caquetá debe tener una política de hidrocarburos diferenciada porque es distinto explotar en un área de gran biodiversidad”, dice el congresista caqueteño Harry González, que acompañó a los campesinos de Valparaíso el fin de semana. "Ya tenemos un problema ambiental, gracias al modelo de ganadería extensiva y a la coca, y ya somos la región mas deforestada del país y la segunda del continente después del Chaco paraguayo. Seguir así es un contrasentido".

González también fue el autor de la idea, en el Plan de Desarrollo de Santos II, de que Caquetá volviera a formar parte de los departamentos de la Amazonía y no del ‘centro sur’ con el Huila y Tolima (como quedó en 2010), un argumento geográfico que están usando para defender que la región necesita un ordenamiento distinto.

Su visión la comparten en muchos sectores, desde el empresariado hasta la Iglesia, pasando por la clase política y los campesinos. Todos le están pidiendo al Gobierno un debate sobre el modelo de desarrollo para la región amazónica y, sobre todo, unas reglas de juego distintas -y más exigentes- para explotar petróleo en la selva.

“Debe salir una nueva regulación en la Amazonía que incluya al Caquetá porque hay condiciones ambientales muy frágiles y es patrimonio de la humanidad. El hecho de que se adjudique bloques petroleros ahí riñe con lo que Santos prometió en Naciones Unidas de proteger especialmente al ecosistema amazónico. Hay una contradicción entre lo que se dice y hace”, dice Eduardo Moya, el presidente de la Cámara de Comercio de Florencia.

Ese debate es crucial porque, aunque hoy solo representa el 3,7 por ciento de la producción nacional, la cuenca Caguán-Putumayo es -en palabras de un empresario- “el futuro petrolero del país”.

Por ahora, su próxima round será este jueves en el despacho de Cristo. Ahí estarán los campesinos, la gobernadora Marta Liliana Agudelo, el congresista Harry González, el presidente de la Cámara de Comercio y el obispo de Florencia para hablar del 'caso Valparaíso' y, en general, de sus angustias petroleras.

“Nosotros no tomamos parte en este conflicto, pero [los campesinos de Valparaíso] reclaman algo que desde la Gobernación vemos justo: que se revisen los términos de referencia con los que se asignan los bloques en el Caquetá”, dice la gobernadora encargada Sandra Milena Rodríguez, quien les pidió levantar el bloqueo pero también exigir un espacio de diálogo. “Todos estamos pidiéndolo. Estamos hablando el mismo idioma”.