Con la coca disparada, el Bajo Cauca apunta a ser un nuevo Catatumbo

En esa región de Antioquia y Córdoba, donde hay una guerra entre bandas y disidencias, los cultivos se multiplicaron por cinco en los últimos dos años.

Desde que las Farc no están como guerrilla, en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba los cultivos de coca crecieron un 500 por ciento en los últimos dos años, más del doble de lo que aumentaron en todo el país.

Según el informe que publicó ayer la Unodc y que trae las cifras oficiales del Gobierno, allí, donde este año se desató una guerra entre Clan del Golfo, disidencias de las Farc y “Caparrapos”, y hay ELN, la coca creció de 3.700 hectáreas en 2015 a 18.400 en 2017.

Los cultivos en esa zona, que pasaron de ser el 4 por ciento al 11 del total nacional, crecieron más rápido que en Nariño, Putumayo y Norte de Santander, los departamentos con más hectáreas de coca en todo el país.

Esa cifra muestra que a diferencia del resto de regiones, donde la coca está creciendo más lento, el Bajo Cauca se está consolidando como un botín de guerra entre grupos ilegales, que pelean por el control del narcotráfico.

2017, la incubadora

El Bajo Cauca y su límite con el Norte de Antioquia, que agrupan los municipios de Ituango, Briceño, Valdivia, Tarazá, Cáceres y Anorí, son zonas priorizadas para la sustitución y erradicación de cultivos.

A finales del 2016 los guerrilleros paisas se concentraron en siete zonas veredales y puntos de concentración; a mediados del 2017 se terminaron de desarmar; y en septiembre el Gobierno Nacional inició el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (Pnis).

Para el 31 de diciembre, fecha en que se cierra el informe de Unodc, el Pnis había sustituído 300 hectáreas de coca en Briceño y otras 300 en Tarazá, nos contó su coordinador regional, Luis Fernando Pineda.

En Cáceres, Tarazá, Valdivia, Briceño e Ituango, el programa de erradicación de la Gobernación y la Fuerza Pública, que es paralelo al Pnis, había alcanzado las 7 mil hectáreas, según información de la Secretaría de Gobierno departamental.

Sin embargo, el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) solo registra disminución en algunas partes de Tarazá y Briceño, pero en el área que está a su alrededor la coca creció.

Eso puede explicarse, primero, por el vacío que dejaron las Farc en los corredores de narcotráfico del Norte y en los campos de coca; segundo, por la expansión del Clan del Golfo antes de que el Gobierno iniciara el Pnis.

Ese aumento disparado en los cultivos explica también el enfrentamiento por el negocio del narcotráfico entre el Clan del Golfo y su otrora frente Virgilio Peralta o los ‘Caparrapos’, que estalló en enero de este año y al que se han ido sumando otros grupos.

La guerra llegó con la sustitución

Además del arranque de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y su estructura disidente, a comienzos del 2018 se empezó a hablar de grupos residuales de Farc en Antioquia: el del frente 36, en Briceño y Valdivia; y el del 18, en Ituango y Tarazá.

Estos, según nos confirmaron Policía y Ejército por aparte, estarían controlando juntos la ruta de la coca desde el Norte hacia Urabá, así como algunas zonas de cultivo que había dominado históricamente las guerrilla. También se estarían moviendo hacia el Bajo Cauca, en alianza con los ‘Caparrapos’, para pelearle el territorio al Clan del Golfo.

Allí, como contamos, las disidencias están presionando a los cocaleros para no sustituir y seguirles vendiendo coca, y a cambio les ofrecen protección y garantía de subsistencia.

En Ituango las disidencias también tienen alianza con bandas del Valle de Aburrá como los ‘Pachelly’, que les aseguran vender la droga y los fortalece en armamento, según nos contó una fuente de inteligencia de la Policía.

Más al oriente, en Cáceres, los Caparrapos están sacando tajada de la sustitución cobrándoles vacuna a los campesinos que hacen parte de ella, como revela esta historia.

No en vano en todos los municipios que envuelve el Nudo de Paramillo los asesinatos aumentaron hasta un 400 por ciento del 2017 al 2018, como contó Hugo Acero, experto en Seguridad. Además, es la región antioqueña donde más líderes sociales han sido silenciados en el último año; y donde los desplazamientos hacia las cabeceras municipales y Medellín no han parado en lo que va del 2018.

La demora del Estado detona más la guerra

A la presencia de los grupos ilegales se suma a la demora del Gobierno para cumplir la promesa de llenar el vacío que dejaron las Farc y extender su presencia.

Como le dijo a La Silla un líder comunal del Bajo Cauca que nos pidió no citarlo por seguridad, “dado el abandono del Estado, el campesino necesita rentabilidad para sostener a su familia”.

En lo que va del año, el Pnis ha sustituido en Cáceres, Tarazá y Anorí alrededor de 2.500 hectáreas de coca, lo que suena a buena noticia.

Pero en Cáceres y Tarazá se ha demorado en hacer los pagos mensuales a los que tienen derecho las familias que se monten al bus de la sustitución, para tener de qué vivir mientras cambian su fuente de ingresos; y los proyectos productivos que ofrece el Pnis para reemplazar la coca hasta ahora solo están en marcha en Briceño, aunque ya deberían haber llegado también a Tarazá.

Por su parte, la Policía antinarcóticos, según cifras de la Gobernación, ha erradicado otras 7 mil hectáreas este año en Valdivia, Ituango, Tarazá y Cáceres.

Es decir, en la zona afectada por la guerra, donde las familias se están desplazando por las amenazas de Caparrapos y Clan del Golfo y donde, según el informe, los cultivos ilícitos han crecido más, la presencia más fuerte del Estado sigue siendo la de uniformados que llegan con mano dura.

A ese caldo se suma un coletazo inesperado de la emergencia de Hidroituango: por orden de la ONU, los funcionarios del Pnis no van a volver a entrar a Valdivia y a Ituango a sustituir hasta que no se levante la alerta de colapso de la presa, le dijo La Silla el coordinador Pineda.

Mientras tanto, los grupos ilegales siguen cogiendo ventaja y los campesinos cocaleros siguen cultivando, porque están presionados y sigue habiendo quién les compre.

Como las cifras del informe son de diciembre de 2017, en estos nueve meses los cambios pueden ser significativos. Lo que no es claro es si para bien, porque la sustitución despegó, o para mal, porque los ilegales siguen campeando y el Estado no se mueve a su ritmo.