Diez personajes clave para el posconflicto en Bogotá

Bogotá históricamente ha sido una ciudad receptora de víctimas, sobre todo de desplazamiento. Aquí viven 351 mil y están representadas en 180 organizaciones registradas en las mesas de participación con el Distrito. De acuerdo con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, quizá sean un poco menos porque algunas organizaciones pueden participar en varias mesas, pero en todo caso son una fuerza grande y muy diversa.

Su capacidad de incidencia en conjunto para que les garanticen su derecho a la reparación, según nos dijeron tres víctimas y un funcionario que conoce el tema, está en la Mesa Distrital de Víctimas, donde se sientan a discutir con la Alcaldía. Ómar Vera, líder de víctimas afros y campesinas, nos explicó que uno de los logros que alcanzaron fue que les aumentaron el subsidio de vivienda de 35 a 65 salarios mínimos.

Como parte de la reportería que hicimos para esta historia, preguntamos por un líder que fuera representativo de las víctimas en Bogotá, pero lo que encontramos es que, precisamente por la diversidad, han surgido diferentes liderazgos dependiendo de sus causas.

Están, por ejemplo, Reinel Barbosa (en la foto), que hizo parte de las delegaciones de víctimas que fueron a La Habana durante el proceso con las Farc. Representa a las víctimas de minas antipersona y en situación de discapacidad. Sandra Bonilla y Maritza Buitrago, que hacen parte de la mesa de mujeres; María Eugenia Urrutia y Virgelina Chará, de las mujeres afro.

Anzola, que es politóloga y filósofa, llegó a la dirección de la Alta Consejería después de asesorar a Frank Pearl en las negociaciones de paz con las Farc y de trabajar en Reino Unido como investigadora en temas de paz y mediación de conflictos.

Esa dependencia fue creada en el gobierno de Gustavo Petro (2012-2015), y el papel que cumpla Anzola es clave porque a la administración de Enrique Peñalosa le quedan dos años que coinciden con el comienzo de la implementación del Acuerdo de La Habana.

Su despacho tiene contacto constante con las organizaciones de víctimas (cuyos representantes se sientan en una mesa distrital) y sirve de bisagra entre ellas y la Alcaldía para definir prioridades de atención.

Esa relación no siempre es fluida, como quedó demostrado en la discusión del plan de acción para la atención para las víctimas en el gobierno de Peñalosa (un documento en el que se definió el presupuesto de 1,7 billones para invertir en su favor por cuatro años en aspectos como vivienda y educación): los representantes de las víctimas se pararon de la mesa por considerar que no estaban escuchando sus propuestas, y luego no asistieron a la firma de ese Plan como protesta.

Pero a pesar de esas tensiones, el papel de Anzola es importante porque dentro de la Alcaldía debe coordinar a las secretarías para hacer cumplir ese Plan, así como hacer de bisagra con la Nación para que a las víctimas que viven en Bogotá se les garantice la reparación y se les restituyan sus derechos.

“Es la cabeza del sistema de atención y reparación de víctimas en Bogotá, pero si el Alcalde no la empodera para que las secretarías tomen en serio su trabajo, no pasa nada”, le dijo a La Silla Marcela Pérez, delegada para la protección de víctimas de la Personería de Bogotá.

La Alta Consejería para las Víctimas también tiene a su cargo el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que con la llegada de Peñalosa (y de Anzola) se ha abierto a interpretaciones del conflicto que no tienen un sesgo hacia la izquierda, como ocurrió en el gobierno Petro, nos dijo una fuente de allí que pidió reserva porque no está autorizada para dar declaraciones.

Este politólogo e historiador es el director de la ARN desde hace tres años. Antes trabajó en la? desaparecida Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, como coordinador de la Unidad de Cooperación y Relaciones Exteriores (donde definió cómo adecuar la política de reintegración a los estándares internacionales), y luego al frente de la unidad que aplicaba esa política en los municipios, así como los temas de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de los grupos armados ilegales.

Su labor y la de la ARN será clave porque Bogotá es la ciudad que más ha atraído a los excombatientes, “5.700 en los últimos 14 años”, le dijo Mitrotti a La Silla Cachaca. Eso es el 10 por ciento del total y ubica a Bogotá sólo por detrás de Antioquia.

Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre con la Unidad de Víctimas, que tiene un soporte territorial muy claro en la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas de la Alcaldía, con la función de reintegración de excombatientes no ocurre lo mismo. Eso hace que la ARN y su director, desde lo nacional, se vuelva un actor clave para lo que se pueda hacer en Bogotá en ese sentido, aplicando un modelo de atención que sea útil para reincorporar a esa población a la vida civil, y buscando alianzas con el Distrito y con la empresa privada para generar oportunidades de trabajo y de educación.

Tres fuentes nos mencionaron que la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) es uno de los vehículos más potentes para lograr que el sector empresarial de Bogotá se vincule con la generación de oportunidades para víctimas y desmovilizados a partir de alianzas con el sector público.

Mónica de Greiff, su presidenta (foto), se ha mostrado a favor del acuerdo bajo la lógica de que “para el empresario es mucho mejor hacer negocios en paz (...) porque eso ayuda a la promoción de negocios y a volver a Bogotá una ciudad global”.

Muestras de que tienen cómo aportar es que crearon una Dirección de Construcción de Paz (a cargo de Andrés Ucrós, integrante de nuestra Red de la Paz y que hizo parte del equipo de Sergio Jaramillo que armó el punto de víctimas) y que, como nos dijo Joshua Mitrotti, director de la Agencia para la Reincorporación, “han hecho un buen trabajo con excombatientes”. De acuerdo con la CCB, ha logrado emplear al menos 40 personas que pertencieron a grupos armados ilegales y hoy tienen “una carrera profesional exitosa”.

También, con sus encuestas a empresarios sobre la percepción que tienen sobre el proceso de paz, se ha vuelto un referente para tomarle el pulso a lo que piensa ese sector.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP), creada por empresarios, también ha trabajado con ese sector sobre su participación en la construcción de paz y su rol frente a la justicia.

Yepes, cuyo nombre real es Jairo González Mora, nació en Cabrera (Cundinamarca), lleva 33 años en las Farc y será representante por Bogotá, como parte de los cinco cupos que esa exguerrilla tendrá garantizados en la Cámara desde 2018 (los otros cinco son en Senado).

Hizo parte del Estado Mayor de la guerrilla, combatió de la mano del Mono Jojoy en el Bloque Oriental, lideró las milicias en Bogotá y en el último tiempo estuvo al frente de la zona veredal de Vistahermosa (Meta), donde entregó las armas.

El hecho de que hayan decidido tener una de esas curules en Bogotá (las otras son en Santander, Antioquia, Valle y Atlántico) dice mucho de la importancia que le dan a la ciudad para seguir haciendo política, al tiempo que se convierte en una muestra de como el punto de participación política de ellos se aplica directamente en la ciudad.

La Silla Cachaca no logró comunicarse con Yepes, pero sí con Isabela San Roque, una exguerrillera bogotana que posiblemente también vaya en la lista a la Cámara. Nos dijo que lleva seis meses “haciendo pedagogía” sobre el acuerdo en Bogotá, y que la idea es seguir “haciéndole sentir a la gente que aquí el acuerdo tiene un peso, y que en la zona rural entiendan en qué consiste la reforma rural integral”, además de “llegarles a personas del común, como amas de casa y taxistas”.

Y la cabeza visible de esa labor será Yepes, que hace parte de la dirección nacional del nuevo partido.

Como centros de producción de conocimiento tienen un papel clave a nivel nacional en el posconflicto. Pero como en buena medida están concentradas en Bogotá, la irrigación de las nuevas ideas sobre paz y posconflicto comienza por los espacios de socialización que se abran en la ciudad.

Un ejemplo de eso lo contamos en La Silla Cachaca para los casos de la Distrital, la Nacional, la Javeriana, los Andes y el Rosario como universidades que han creado centros de pensamiento, cátedras, y planes a 30 años para la construcción de paz.

Cuatro fuentes nos mencionaron las universidades, además, como claves en Bogotá para satisfacer las necesidades de educación superior que tienen excombatientes y víctimas a partir de alianzas con las entidades del Estado a cargo de esas poblaciones.

Los Andes, por ejemplo, becó en su maestría de construcción de paz a un exguerrillero de las Farc, a una víctima y a un miembro de las Fuerzas Armadas, a partir de donaciones de los alumnos.

Aunque los indígenas no son la población víctima mayoritaria en Bogotá, tres de las fuentes consultadas nos mencionaron esta mesa, creada en 2015, como un ejemplo de organización de víctimas de cara al posconflicto.

María Violet Medina (foto) una de sus líderes, nos explicó que de los 81 pueblos indígenas presentes en Bogotá, 17 hacen parte de esa mesa, entre los que hay nasas, yanaconas, misaks, huitotos y cancuamos víctimas de desplazamiento, minas antipersona y abuso sexual.

Junto a ella, liderando ese proceso están gobernadores como Paulina Macín, Luis Fernando Pechené y Luis Enrique Tapiero.

Han logrado, por ejemplo, que la Alta Consejería vincule a dos indígenas como parte del equipo que atiende a víctimas que llegan de otras partes del país a los centros de atención que tiene el Distrito para acogerlas. La idea es que si se trata de población indígena, esas personas sean quienes las atiendan porque conocen mejor su forma de pensar.

El atentado a El Nogal fue el más grande que perpetraron las Farc en una ciudad, al detonar 200 kilos de explosivos y matar a 36 personas que estaban en el Club el 7 de febrero de 2003.

Fries se ha convertido en una líder muy importante porque no sólo se encargó de comprometer a los líderes de las Farc, por escrito, a que contarán toda la verdad y pedirán perdón, sino que propició un encuentro entre un grupo de víctimas de ese atentado y excomandantes de la exguerrilla.

Su incidencia, entonces, está por el lado de la posibilidad de que un sector de la clase alta bogotana se comprometa con actos de reconciliación, y por otro haciendo presión para que surja la verdad sobre lo ocurrido. Ella dice, por ejemplo, que el DAS y la Fiscalía también deben comparecer ante la JEP porque sabían del atentado y no hicieron nada.

Herminsul Arellán Barajas, que pagaba una condena como coautor del atentado, quedó libre en mayo porque pidió acojerse a la JEP.

Otra particularidad de Bogotá es que aquí tienen su sede muchas de las organizaciones no gubernamentales que desde hace años han trabajado por las víctimas o por una salida negociada al conflicto, y ahora le apuestan a hacer cumplir el Acuerdo.

Aunque varias de las más reconocidas tienen un trabajo de alcance nacional, también desarrollan procesos en Bogotá, y como trabajan directamente con comunidad, también tienen capacidad de movilización para presionar que el acuerdo se cumpla, algo que en Bogotá es importante porque es aquí donde marchas como las que reclamaron el respeto a los acuerdos después del triunfo del No en el plebiscito y luego el Campamento por la Paz se volvieron símbolos de una ciudadanía activa.

Entre las que más nos mencionaron están Redepaz (reconocida como víctima y que será objeto de reparación colectiva), Sisma Mujer, Asfades, Fundación para la reconciliación y Viva la Ciudadanía.

Este grupo, integrado por las madres de 19 jóvenes habitantes de Soacha y Bogotá que el Ejército asesinó en 2008 en Ocaña (Norte de Santander) y los hizo pasar como guerrilleros abatidos en combate, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia y la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos.

Entre ellas están Luz Marina Bernal (foto), Carmenza Gómez, María Sanabria, Mélida Bermúdez y Lucero Carmona.

Es muy probable que los militares que cometieron los crímenes pasen por la JEP, algo que ellas han rechazado, porque prefieren que paguen las penas más altas a las que se atienen en la justicia ordinaria.

Dado que su liderazgo ya es más nacional que local (incluso fue nominada al Premio Nobel de Paz), visiones como esa y su activismo pueden ser muy influyentes en la opinión, y entre las propias víctimas del conflicto, como parte de la aplicación que se viene de la justicia transicional.