Duque avanza en lo básico del Acuerdo, pero no en lo que le da capital político a la Farc

Qué dice el Acuerdo: El acuerdo crea un fondo para darle tierras a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, que para 2028 debe sumar tres millones de hectáreas con tierras donadas, expropiadas, con extinción de dominio, inexplotadas, baldíos o que salgan luego de actualizar la frontera agrícola.

Qué recibió Duque: Según la Agencia Nacional de Tierras, ANT, encargada de manejar ese Fondo, en agosto de 2018 tenía 1.532.000 hectáreas. 

Cuándo ha avanzado Duque: Poquito

Nombró en la ANT a Myriam Martínez, abogada de la Sergio Arboleda (su alma mater), especialista en derecho comercial con maestría en administración de negocios. 

Según cifras de la Alta Consejería para la Estabilización (pedimos a la ANT las suyas durante tres semanas, sin respuesta), desde que Duque llegó a la Presidencia han entrado 335 mil hectáreas adicionales, por lo que ha avanzado pero a menor ritmo.

Además, en su proyecto de presupuesto para 2020, reduce en 18 por ciento la plata de la ANT. 

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: en campaña le dijo a María Jimena Duzán que era necesario reglamentar el Fondo, sin detalle en qué sentido y hasta ahora no lo ha hecho. También dijo que evaluaría si algunas entidades que creó el Acuerdo para el agro podían fusionarse, cosa que tampoco ha hecho. 

Para esta legislatura, va a radicar una ley de tierras sobre la que hay mucho sigilo, no ha presentado y no se sabe cómo afectaría el tema. 

Qué falta: Quedan 1,2 millones de hectáreas para llegar a la meta. 
Quién se encarga: La Agencia Nacional de Tierras

Qué dice el Acuerdo: crea un sistema de catastro que no solo sirva para que los municipios cobren impuestos prediales, sino como insumo para que tomen decisiones de política de tierras. Tiene un plazo de 7 años para que haga el barrido de todos los predios del país.

Qué recibió Duque: un documento Conpes y un proyecto de ley para aterrizar el nuevo sistema de información catastral que no pasó ni su primer debate en el Congreso por cuenta de una pelea con los ponentes del proyecto (la representante liberal Olga Lucía Velásquez  y el senador Antonio Guerra de Cambio Radical), sobre quién debe manejar el catastro: si un órgano colegiado de varios ministerios o el Instituto Agustín Codazzi, Igac, fortín burocrático liberal.

El Presidente puso de responsable a su superconsejero y cuñado de Álvaro Uribe, Carlos Enrique Moreno, que lo tiene como una de sus prioridades, le dio una suerte de bendición uribista y puso de acuerdo a todo el Gobierno en cómo hacerlo.

A finales de marzo sacó otro documento Conpes, que señala que en 2025 debe estar actualizado todo el directorio de tierras (hoy solo está al día el 5,6 por ciento) y que en 2022, cuando salga de la Presidencia, el avance debe ser del 60 por ciento. Eso, permitiendo que lo hagan más entidades que hoy, cuando el Igac se encarga en 974 municipios y sólo los 124 más grandes lo hacen por su cuenta - pero no incluyó las organizaciones campesinas, como dice el Acuerdo.  

Al sacarlas acogió una de las críticas que el expresidente Álvaro Uribe le hizo al catastro durante la renegociación del Acuerdo; frente a la otra, que la actualización del catastro no signifique un predial más alto para los terratenientes, no lo toca.

También metió cuatro artículos en su Plan de Desarrollo para aterrizar el Conpes y obtuvo un crédito por 100 millones de dólares del Banco Mundial para arrancarlo en por lo menos 72 municipios, incluyendo mínimo 36 que estén en Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet.

En línea con ese acelerador, en su proyecto de presupuesto para 2020 las entidades encargadas tendrán bastante más plata: el Igac en un 38 por ciento, y la Superintendencia de Notariado y Registro, que debe vigilar la actualización y sancionar a quienes cometan infracciones, un 12,3 por ciento.

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: criticó en varias ocasiones el proyecto de Santos, recordando que los alcaldes la rechazaban porque le daba mucho poder a Planeación Nacional. 

Qué falta: poner en marcha el nuevo Conpes y arrancar los barridos prediales en los 72 municipios priorizados por el Gobierno. 

Quién se encarga: El DNP, Presidencia, los ministerios de Hacienda, Agricultura, Justicia, y TIC, Dane, Igac y ANT.

Qué dice el Acuerdo: el país debe formalizar, a más tardar en 2028, 7 millones de hectáreas. 

Qué recibió Duque: un decreto de mayo de 2017 que define quiénes y cómo podrían acceder a los 7 millones de hectáreas. Según cifras de la Agencia Nacional de Tierras, encargada de formalizar los predios, a agosto de 2018 habían formalizado 1.572.955 hectáreas. 

Cuánto ha avanzado Duque: Poquito

Desde agosto, se han formalizado 321.381 hectáreas.

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: Duque no ha hablado de este punto.

Qué falta: Van casi 1,9 millones de hectáreas formalizadas, así que faltan 5,1 millones. A ritmo del año que lleva Duque, eso se lograría en 2035.

Quién se encarga: La Agencia Nacional de Tierras.

Qué dice el Acuerdo: 170 municipios en 16 subregiones del país, escogidos por el Gobierno Santos por cuatro variables (afectación por el conflicto, economías ilegales, pobreza y debilidad institucional), deben recibir inversión pública para mejorar su bienestar y cerrar la brecha histórica con el resto del país. 

Los programas concretos se definen según las necesidades de cada región y con la participación de sus habitantes.

Qué recibió Duque: el decreto que creó los Pdet y sus gerentes . Se aplicó en 10 de ellos con reuniones por veredas que hizo la Agencia de Renovación del Territorio, ART,  para que las juntas de acción comunal y organizaciones sociales imaginaran el futuro de su vereda y contaran qué les hace falta. 

Dos Pdet llegaron a la siguiente fase, llamada municipal y en la que representantes de cada vereda se sientan a construir la hoja de ruta del municipio; y dos más habían terminado la subregional, el último paso en el que queda lista la visión de toda la subregión en el Plan de Acción para la Transformación Regional, Patr. 

Cuánto ha avanzado Duque: Mucho

Mantuvo en la dirección de la ART a Juan Carlos Zambrano, quien quedó encargado a finales del Gobierno Santos y era su director de estructuración de proyectos desde que nació la Agencia, así que tiene experiencia.

En febrero quedaron listos los 16 Patr, con más de 30 mil iniciativas como hacer colegios, distritos de riego, puestos de salud, carreteras o puentes. El alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, nombró a cinco gerentes adicionales para los Pdets.

Duque le dio prioridad a su ejecución pues 12 metas de su Plan de Desarrollo para 2022 tienen que ver directamente con ellos. Por ejemplo, que el 43 por ciento de las iniciativas que de ellos tengan viabilidad jurídica y técnica; que todos los municipios que estén en ellos tengan su catastro actualizado; que sus municipios tengan construidas todas sus vías terciarias; que el 40 por ciento de sus hogares rurales tengan soluciones de agua potable; o que la tasa de pobreza extrema en esos municipios baje del 29,6 al 17,8 por ciento. 

A pesar de tener estas responsabilidades, en el proyecto de presupuesto de Duque para 2020, la ART tiene una caída del 10,3 por ciento de la plata.

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: Duque no ha hablado de modificar este punto. 

Qué falta: ejecutar los Patr.

Quién se encarga: La Agencia de Renovación del Territorio.

Qué dice el Acuerdo: debe haber un estatuto que garantice el acceso a la democracia de los partidos que se declaren en oposición a los gobiernos locales, departamentales y nacional. 

Qué recibió Duque: el Estatuto ya firmado por Santos. En abril del año pasado la Corte Constitucional le dio luz verde.

Cuánto ha avanzado Duque: Nada

No ha hecho cambios formales y lo estrenó como Presidente. 

Aunque no hubo espacio para la réplica de la oposición a su alocución de noviembre de 2018, eso se debió a que el Consejo Nacional Electoral, que no depende de él, sólo reglamentó el Estatuto (con puntos como cuánta plata adicional tendrán los partidos que se declaren en oposición o cuánto tiempo al mes tienen en los canales de televisión) en diciembre. 

Por eso pudieron hacerlo este año, cuando Duque objetó la ley estatutaria de la JEP. Pero el día de alta tensión en que renunció el Fiscal General y la JEP no avaló la extradición de alias ‘Jesús Santrich’ no hizo una alocución formal en televisión abierta (sí en los canales digitales de la Presidencia) a pesar de la importancia del tema, y eso evitó que la respuesta saliera en señal abierta de televisión, que si es una “jugadita” como señalan algunos críticos, muestra poco compromiso con el estatuto. 

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: no ha hablado de hacerle cambios específicos. 

Qué falta: Según dijo a La Silla Heriberto Sanabria, presidente del CNE, falta crear una oficina dentro del Consejo para supervisar que se cumpla, con cinco regionales. Para eso falta que el Ministerio de Hacienda desembolse los recursos.

Quién se encarga: El Consejo Nacional Electoral.

Qué dice el Acuerdo: se debe crear un sistema de seguridad para políticos de oposición, líderes comunitarios y sociales, defensores de derechos humanos, exmiembros de las Farc y miembros de su partido. Debe fortalecer el sistema de alertas tempranas y crear un programa de protección para los exguerrilleros en la Unidad Nacional de Protección, UNP, entre otras medidas.

Qué recibió Duque: la Instancia de Alto Nivel del sistema (que suma al Presidente, los ministros del Interior, Defensa y Justicia, el Comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, el director de la UNP y “participación permanente” de delegados del partido Farc) estaba instalada y andando, pues según el Instituto Kroc, que hace seguimiento al Acuerdo, había sesionado 19 veces. 

Cuánto ha avanzado Duque: Poquito

El ministerio del Interior, en cabeza de Nancy Patricia Gutiérrez, lanzó en noviembre un ‘Plan de Acción Oportuna’ para frenar el asesinato de líderes sociales. Tiene tres patas: crea una comisión muy parecida a la instancia que ya existía para revisar qué se ha hecho; crear un registro único para que todas las entidades responsables tengan la misma información; y hacer una reingeniería al programa de protección que ya existe en la UNP porque con más de siete mil esquemas de seguridad y más de tres mil escoltas no da abasto. 

La idea es crear modelos de protección colectiva, como que la guardia indígena custodie o esquemas de comunicación entre la gente de un municipio para hacer redes de alertas pero, como contamos, por ahora no ha aterrizado.

Además, aunque ha servido para hacer un diagnóstico más a fondo, defensores de derechos humanos  no entienden por qué se reportan 157 casos como esclarecidos, cuando no se han desmantelado bandas o grupos. Tampoco ha habido avances en crear el cuerpo de jueces especiales que garantizaría que los procesos penales se muevan, pues el Consejo Superior de la Judicatura, encargado de hacerlo, le dijo oficialmente a La Silla que no se han reunido para definirlo. 

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: no ha hablado de cambios.

Qué falta: Definir el Plan de Acción Permanente contra Organizaciones Criminales, el Plan Estratégico de Seguridad y Protección de la Farc, crear la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Sistema y el Comité de Impulso de Investigaciones con la Fiscalía.

Quién se encarga: Presidencia, Fuerza Pública, Fiscalía, Ministerio de Justicia, Unidad Nacional de Protección, Consejo Superior de la Judicatura.

Qué dice el Acuerdo: el Gobierno debe presentar un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana.

Qué recibió Duque: un debate avanzado sobre los lineamientos del proyecto, en encuentros regionales en Cali, Medellín, Barrancabermeja, Neiva, Barranquilla y Bogotá con más de 1.400 voceros de movimientos y organizaciones sociales. 

Cuánto ha avanzado Duque: Nada

Aunque se supone que iban a presentar un proyecto de ley sobre participación ciudadana en el Congreso que arrancó el 20 de julio una fuente del ministerio del Interior nos dijo que no lo harán todavía. 

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: no se ha pronunciado concretamente sobre el proyecto de ley. Sí ha dicho “bienvenida la protesta pacífica, quiero que los movimientos sociales se sientan escuchados en el diseño de políticas que Colombia necesita”.

Qué falta: Que el Gobierno presente el proyecto.

Quién se encarga: El Ministerio del Interior.

Qué dice el Acuerdo: el Estado debe crear 20 emisoras en zonas golpeadas por el conflicto, hacer una estrategia de redes sociales y abrir un programa de televisión en el Canal Institucional para hacer pedagogía del Acuerdo; y habilitar un canal institucional de televisión cerrada para que los partidos y movimientos con personería jurídica divulguen sus plataformas políticas.

A partir de 2020 un tercio de la administración de las emisoras lo tendrá la cooperativa de la Farc, Ecomún; otro organizaciones sociales  y otro organizaciones de víctimas. 

Qué recibió Duque: el estudio de frecuencia y cobertura y las coordenadas exactas de las 20 emisoras. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo (Csivi), de Gobierno y Farc, estaba definiendo su programación y parrilla de contenidos, y dejó aprobadas una en Chaparral, Tolima, y otra en Ituango, Antioquia. 

El programa de televisión para pedagogía, ‘Mimbre’, estaba siendo emitido en Canal Institucional desde enero de 2018.

Cuánto ha avanzado Duque: Poquito

Lanzó en el último mes y medio las emisoras que aprobó Santos, cada una con seis personas contratadas por Rtvc. La idea es hacer lo mismo con la de San Jacinto, Bolívar; Fonseca, La Guajira; y Convención, Norte de Santander.

También mantuvo el programa ‘Mimbre’, aunque reventó una polémica en octubre del año pasado, cuando un contratista de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz envió un correo al programa diciendo que no podía salir una entrevista del exjefe guerrillero Pastor Alape. 

El comisionado Miguel Ceballos respondió que su Oficina no censuró el programa sino que quería “pedir que la entrevista fuera analizada en reunión editorial” por “representantes de Farc y el gobierno nacional”.

Otra preocupación de la política de ‘Paz con Legalidad’ de Duque no menciona la habilitación del nuevo canal de televisión cerrada para todos los partidos. 

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: No se ha referido puntualmente a este tema. 

Qué falta: Prender las 18 emisoras restantes y habilitar el canal de televisión.

Quién se encarga: Radio Televisión de Colombia, Rtvc, el ministerio de TIC, el Canal Institucional y la Autoridad Nacional de Televisión. 

Qué dice el Acuerdo: creó una Misión Electoral Especial de siete expertos y delegados del ministerio del Interior y de los partidos, para discutir los lineamientos de una reforma electoral. El Gobierno debía presentarla tras recibir el informe de la Misión. 

Qué recibió Duque:  nada, porque el proyecto de ley de Santos, que descartó poco a poco recomendaciones de la Misión como hacer obligatoria la lista cerrada, eliminar el Consejo Nacional Electoral o aumentar la financiación estatal de las campañas para evitar la corrupción, se hundió tras convertirse en un árbol de Navidad que respondía a intereses electorales inmediatos para las elecciones al Congreso de 2018. 

Cuánto ha avanzado Duque: Ha retrocedido

En su primer día como Presidente presentó su propia reforma, una versión aguada de la que propuso la Misión sin eliminar el CNE, aumentar la financiación estatal de las campañas, limitar la reelección de políticos ni subir los requisitos para crear partidos políticos. Al final se hundió en el Congreso. 

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: como el Acuerdo solo obliga a presentar la reforma y Duque lo hizo, ha hablado es de ella y no de modificar el Acuerdo. Sobre las recomendaciones de la Misión no se ha referido. 

Qué falta: que el Gobierno presente y el Congreso apruebe una reforma que sí incluya lo que dijo la Misión Electoral Especial que creó el Acuerdo. 

Quién se encarga: El Ministerio del Interior.

Qué dice el Acuerdo: creó 16 curules especiales en la Cámara para que representantes de zonas golpeadas por el conflicto tuvieran voz en el Congreso. La idea era que sus habitantes pudieran votar por un representante a la Cámara normal y por otro de listas de organizaciones sociales, movimientos significativos de ciudadanos, resguardos indígenas o consejos comunitarios afro para las elecciones del 2018 y del 2022.

Qué recibió Duque: el acto legislativo que creaba las curules arrancando su trámite en el Congreso en medio de duras críticas del uribismo. 

Cuánto ha avanzado Duque: Nada

No se movió para evitar que el acto legislativo se hundiera en diciembre, ni ha presentado otro. Cuando le preguntamos al Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, si iban a presentarlo y qué han hecho para avanzar, respondió “no tengo nada que decir sobre ese tema”. 

Ha sido tal el silencio que colectivos a favor del Acuerdo como Defendamos la Paz, Sisma Mujer y Viva la Ciudadanía, están promoviendo una recolección de firmas para pedirle al Congreso, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que reconozcan las circunscripciones.

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: está en contra de crearlas. Seis meses antes de ser elegido, trinó que “pretendían dejarlas abiertas para que Farc en zonas de influencia tuvieran más congresistas”

Su partido, el Centro Democrático, propuso reducirlas a ocho: que dos de ellas fueran para “miembros de la Fuerza Pública que sean víctimas de delitos de lesa humanidad” y otra para víctimas que residen en el exterior. 

Qué falta: Volver a presentar el acto legislativo que crea estas circunscripciones.

Quién se encarga: El Ministerio del Interior. 

Qué dice el Acuerdo: los excombatientes de la guerrilla irían a 26 zonas veredales (al final fueron 24) y se quedarían ahí mientras dejaban todas las armas. 

Qué recibió Duque: las zonas de concentración ya convertidas en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, Etcr, con unas 4 mil personas sin armas empezando a montar sus proyectos productivos en ellas.

Cuánto ha avanzado Duque: Mucho.

Quizás el punto en el que más se ha movido el Gobierno es éste, que hace menos probable una desbandada y va en línea con su discurso de mano suave con las bases farianas “que estén dentro de la legalidad”.

El Gobierno está planeando mover algunos de los 24 Etcr (en abril encontramos que eran 11 en esta investigación) porque algunos están en zonas de reserva forestal o son predios caros que no ha logrado negociar con los dueños.

El 15 de agosto se termina la figura legal de los Etcrs por lo que, así sea transitoriamente, el Estado dejará de pagar el arriendo de los predios, la comida y servicios básicos como la salud. 

Para encontrar los nuevos predios a los que se trasladarían los excombatientes, la Sociedad de Activos Especiales nos confirmó en abril que ya había preseleccionado 19 predios en 14 municipios (vea el listado aquí). 

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: nada. Al contrario: cuando fue en octubre a la zona veredal de Pondores, La Guajira, le dijo a los ex combatientes  “les vamos a cumplir a los que genuinamente están en este proceso”. 

Qué falta: Dado que buscaba que las Farc se concentraran y dejaran las armas, lo grueso se cumplió. Falta definir qué va a pasar con los predios donde están los Etcr y cómo será el traslado de más de mil excombatientes a otros lugares. 

Quién se encarga: La Alta Consejería para la Estabilización, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales.

Qué dice el Acuerdo: que las Farc deben tener garantías especiales para convertirse en un partido político.

Qué recibió Duque: el partido Farc ya vivo y andando con sus poco votadas listas al Congreso en mayo de 2018. 8 de sus 10 congresistas estaban posesionados (Iván Márquez nunca llegó a su posesión y Jesús Santrich estaba preso).

Cuánto ha avanzado Duque: Poquito

Este es uno de los puntos más sensibles en el que, si bien no ha hecho cambios, Duque ha dado a entender que quiere hacerlos (para eso necesitaría tramitar una reforma constitucional que no ha impulsado, y que la Corte Constitucional la avale).

Antes de ser Presidente, criticó que se posesionaran congresistas farianos que han cometido crímenes de lesa humanidad y como candidato presidencial dijo en un debate “que haya justicia transicional no es malo, pero que criminales de lesa humanidad lleguen al Congreso sin reparar, sin decir toda la verdad, sin cumplir sus penas, se llama impunidad y eso merece una revisión”. 

Además, la situación de seguridad de los exguerrilleros (la Misión de la ONU ha verificado la muerte de 123, más 10 desapariciones y 17 intentos de homicidios desde la firma del Acuerdo, además del escándalo de un posible resurgimiento de los ‘falsos positivos’) los tiene con miedo a hacer política de frente en muchas regiones.

Para hacerle frente, Duque anunció 23 acciones inmediatas, desde crear un Cuerpo Élite de Policía hasta mejorar el sistema de alertas tempranas; y un decreto de control de riesgos de seguridad y tiene a 227 de 228 excombatientes amenazados con esquemas de protección. Pero más allá del discurso, Duque ha reconocido a los senadores desmovilizados invitándolos a Palacio y ha mantenido la CSIVI como espacio para tramitar todas las discusiones de la implementación.

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: en campaña, dijo que “pueden estar en el Congreso, pero no quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”. Su política pública ‘Paz con Legalidad’ dice “creemos que los integrantes condenados por crímenes de lesa humanidad deben abandonar sus curules en el Congreso mientras cumplen sus condenas, haciendo claridad que su partido puede reemplazarlos para que no pierdan las curules”.

Qué falta: aunque ya tienen su partido montado, falta asegurar que los problemas de seguridad no eviten que participen.

Qué dice el Acuerdo: Que Farc tendrán cinco curules en Senado y cinco en Cámara hasta 2026, siempre y cuando hagan campaña. 

Qué recibió Duque: ocho exmiembros de las Farc posesionados como congresistas. 

Cuánto ha avanzado Duque: 

Este punto es uno de los más sensibles y Duque no ha hecho cambios.

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: Su discurso de que quienes cometieron crímenes de lesa humanidad no deberían estar en el Congreso que además de decirlo en campaña está en la política de ‘Paz con Legalidad’, da a entender que Duque no está conforme con todos los que están posesionados, pues sólo por poner un ejemplo el hoy senador Carlos Antonio Lozada, como comandante del Bloque Oriental y miembro del secretariado, ordenó secuestros y ese es un crimen de lesa humanidad. 

Qué falta: Definir qué va a pasar con la curul de Santrich, quien sigue siendo congresista. Sobre eso el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, que es a quien le corresponde aplicarle la silla vacía, dijo que están esperando a que la Corte Suprema de Justicia decrete la suspensión de Santrich. Pero sobre este punto a Duque no le queda nada por hacer. 

Quién se encarga: Corte Suprema de Justicia y Cámara de Representantes.

Qué dice el Acuerdo: cada excombatiente recibiría 745 mil pesos al mes por dos años, dos millones apenas dejara el arma y ocho millones para que montara un proyecto productivo. El Gobierno se comprometió a crear la cooperativa de las Farc, Ecomun, y gestionar con ella proyectos productivos colectivos para manejar los 8 millones de los excombatientes que quieran.

Qué recibió Duque: un lío, que era la razón principal por la que más de 3 mil ex combatientes habían abandonado los Etcr. 

Aunque desde  diciembre de 2017 existía el Consejo Nacional de Reincorporación, en el que Gobierno y Farc aprueban los proyectos productivos, la mayoría no tenían la plata o la tierra para hacerlos. Solo dos se estaban ejecutando.

Según el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Stapper, otros 10 estaban formulados en el CNR, pero les faltaba la revisión técnica de Ecomun, Gobierno y privados que quieran meter plata para ver qué tan viables eran, y su aprobación.

También recibió 12.475 desmovilizados que ya habían recibido los dos millones de pesos y pendientes 574 de eso, un documento Conpes con la política de reincorporación y un decreto con la ruta para los proyectos. 

Cuánto ha avanzado Duque: Mucho

Este es quizá uno de los puntos a los que más le ha metido el acelerador porque va en línea con su discurso de “tenderle la mano a quienes están dentro de la legalidad” y su Plan de Desarrollo tiene la meta de que todos tengan finalizada su reincorporación en 2022.

Stapper cuenta que esperan mantener la renta mensual de 745 mil pesos por lo menos 8 años en vez de solo 2, mientras los exguerrilleros prueben que están estudiando e incluso si tienen un trabajo, como quedará en otro documento Conpes de reincorporación.

Según la ARN, el CNR aprobó otros 27 proyectos productivos colectivos, y ya vinculan a 1.934 exguerrilleros, pero siguen quedando por fuera más del 80 por ciento de los ex combatientes. 17 de los proyectos ya tienen plata (los ocho millones de los excombatientes más cooperación internacional) que suma de 9.300 millones de pesos, y están en ejecución. Frente a los proyectos individuales, hay más de 500 formulados y 236 aprobados. 

El Gobierno sacó también Plan Estratégico del CNR 2019-2022, la hoja de ruta para definir el futuro de los excombatientes en la era Duque, pero en el proyecto de presupuesto para 2020, la ARN pasa de tener 139.591 millones a 130.196, un 6,7 por ciento menos de plata. 

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: Nada. En cambio, ha reiterado que está comprometido con la base guerrillera y van a meterle el acelerador a los proyectos productivos, como han hecho.

Qué falta: Ejecutar los proyectos productivos tanto colectivos como individuales. 

Quién se encarga: La Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Alta Consejería para el Posconflicto.

Qué dice el Acuerdo: las Farc debían entregar un listado con todos sus miembros (incluidos presos y milicianos) al Gobierno, para que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz los acreditaran una vez dejaran las armas, y así acceder a los beneficios del Acuerdo, desde los pagos mensuales hasta la afiliación al sistema de salud. 

Qué recibió Duque: más de 13 mil excombatientes acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de 14.200 personas que recibió de listados de la Farc.

Cuánto ha avanzado Duque: Mucho

Este es otro punto al que le ha metido el acelerador como parte del énfasis en la reincorporación.

La ARN hizo un censo este año para caracterizar a los 13.018 excombatientes acreditados, y encontró que 3.246 viven en un Etcr, 8.720 en 450 municipios y de 1.052 no saben dónde están, que 12.925 estaban afiliados a salud (los que faltan son en su mayoría excombatientes extranjeros con los que ha sido más demorado el papeleo, u otros que tienen dos cédulas), y  más de diez mil excombatientes afiliados a pensión. 

Además, hay 3845 exguerrilleros vinculados en 1249 cursos y programas del Sena y 314 se han graduado de bachilleres. 

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: No se ha referido puntualmente a este tema, más allá de decir que está comprometido con los excombatientes que estén en la legalidad. 

Quién se encarga: La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Alta Consejería para la Estabilización y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Qué dice el Acuerdo: el corazón es que los campesinos que se comprometan a sustituir la coca, tendrán a cambio unos pagos y apoyo técnico para que inicien otros proyectos productivos. Dice que si no están dispuestos a sustituir, el Gobierno va a entrar a hacer erradicación manual y deja como último recurso la aspersión aérea.

Qué recibió Duque: el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, con la meta de erradicar manualmente 50 mil hectáreas al año, estaba andando pero con muchos retrasos por varios factores, desde la demora en hacer pagos y entregar la asistencia técnica, hasta la amenaza de las disidencias a los campesinos que arrancaron la mata.

En ese marco, recibió acuerdos colectivos firmados que cobijaban a 123.225 familias, y acuerdos individuales con 83.161 de ellas que, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, se comprometieron a erradicar 49.049 hectáreas.

Hasta el 20 de agosto de 2018,  según la verificación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, lo habían hecho en 20.845 hectáreas, más otras 5.374 erradicadas con asistencia de la Fuerza Pública, lo que sumaba 26.219 hectáreas, el 56 por ciento de la meta para ese año. 

Cuánto ha avanzado Duque: Poquito

Aunque Duque mantiene el Pnis y tanto él como Archila han dicho que están comprometidos con pagarles y darles la asistencia técnica incluso a las familias que no firmaron acuerdos individuales pero están incluídas en uno colectivo, cerró la puerta a firmar más acuerdos alegando falta de plata. 

También pidió a la Corte Constitucional modular su sentencia sobre el glifosato para retomar la aspersión aérea (lo que ha aumentado la tensión con los cocaleros que firmaron acuerdos y ya tiene listo un borrador de decreto para hacerlo, mientras eliminó la dirección de drogas de la Alta Consejería para el Posconflicto para que sea la Agencia de Renovación del Territorio la que coordine el Pnis. 

En contraste, según la Alta Consejería para la Estabilización, el Gobierno Duque ha invertido 448.204 millones de pesos en pagos y  asistencia técnica, y ha vinculado a 15.936 familias que tenían acuerdos colectivos (para un total de 99.097 familias). 

La meta que se puso el Gobierno en su Plan de Desarrollo para 2022 es pasar de las 33 mil hectáreas que hay sustituidas a hoy, a 50 mil. 

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: Archila ha dicho que recibió el Pnis desarticulado y desfinanciado. Por eso, dice que el Gobierno se ha dedicado a hacerle reingeniería “para garantizar una respuesta seria a los campesinos”, con asistencia técnica y proyectos productivos acelerados, para lo que está buscando el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros y la Federación Nacional de Cacaoteros. 

Qué falta: Cumplir con todos los pagos y la asistencia técnica a todas las familias vinculadas. 

Quién se encarga: La Agencia de Renovación del Territorio y la Alta Consejería para la Estabilización.

Qué dice el Acuerdo: el Gobierno presentaría un proyecto de ley para quitarles la sanción penal por un año a los pequeños campesinos que se comprometan a dejar de cultivar coca.

Qué recibió Duque: dos proyectos de ley fallidos, uno por las duras críticas del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, y el otro por las de los cocaleros, como lo detallamos aquí.

Cuánto ha avanzado Duque: Nada

Duque no se ha movido para sacar adelante este proyecto. En su política ‘Paz con Legalidad’ dice que le dará trámite; cuando le preguntamos al consejero Archila hace unos días por el proyecto, nos dijo que no nos podía dar detalles ni una fecha de radicación. En el Ministerio de Justicia tampoco nos dieron razón, aunque el proyecto estaba en la agenda legislativa de Duque. 

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: Antes de ser elegido, criticó el proyecto inicial de Santos en una columna que tituló ‘Coca Nostra’: “pretenden que quienes siembren de coca hasta 5 canchas de fútbol como la del Estadio Atanasio Girardot, eviten la sanción penal del Estado, bajo la premisa de considerarlo cultivos de subsistencia”, escribió. La Silla no encontró que se haya vuelto a referir a este proyecto. 

Qué falta: Que haya un nuevo proyecto y que se convierta en ley.

Quién se encarga: La Alta Consejería para la Estabilización y el Ministerio de Justicia.

Qué dice el Acuerdo: poner a andar un Programa de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas con una política de reducción de consumo. 

Qué recibió Duque: estaba avanzada la formulación del programa, diseñado por una comisión en cabeza del Ministerio de Salud, acompañado técnicamente por el de Justicia. 

Cuánto ha avanzado Duque: Ha retrocedido

Duque ha tomado medidas que van en contravía del Acuerdo, como el polémico decreto que permite a la Policía decomisar cualquier dosis de droga que porten los ciudadanos en las calles, con la lógica de prohibicionismo y no de salud pública del Acuerdo. 

También lanzó la política ‘Ruta Futuro’, que se apoya en cuatro pilares: disminución del consumo, ataque a la oferta de drogas, desarticulación de organizaciones criminales y afectación de economías y de rentas del crimen organizado.

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: Aunque no ha hablado de cambiarlo, su discurso frente al consumo es el opuesto. 

Qué falta: crear y poner a andar el programa.

Quién se encarga: el Ministerio de Salud.

Qué dice el Acuerdo: poner a andar una estrategia de política criminal para investigar y judicializar a cualquier organización que compre o venda drogas, más un nuevo estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas.

Qué recibió Duque: un texto preliminar del estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas, pendiente de su discusión en el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Cuánto ha avanzado Duque: 

Lanzó dos estrategias para frenar el narcotráfico: el plan ‘El que la hace la paga’ de la Policía y la Fiscalía, que consiste en 582 grandes operaciones contra delitos como el secuestro, la extorsión, el abuso e intimidación a niños o el fleteo;  y el ‘Plan Diamante’, de las Fuerzas Militares, que se implementó durante 100 días y en el que, según cifras del Gobierno, lograron dar con 31 cabecillas de grupos armados organizados dedicados al narcotráfico.

La sonada reforma constitucional que evitaría que el narcotráfico pueda ser delito conexo a los delitos políticos no afecta este punto del Acuerdo por el principio penal de favorabilidad, que obliga a aplicar la ley más favorable al procesado o condenado, por lo que no cambiaría las amnistías de los exguerrilleros que secuestraron para impulsar la rebelión.

Frente al estatuto que quedó redactado durante la era Santos, Duque no lo retomó sino que avanzó en su propia política, que es ‘Ruta Futuro’.

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: Nada. Es un punto que no tenía ningún ‘sapo’ para el uribismo.

Qué falta: desarrollar el estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas. 

Quién se encarga: El ministerio de Justicia y el Consejo Nacional de Estupefacientes, que tendría que aprobar el Estatuto.

Qué dice el Acuerdo: nace una Comisión para investigar qué pasó en Colombia en las cinco décadas de guerra, con audiencias públicas para oír a todas las partes involucradas, y construir un informe que le cuente al país cuál la verdad de lo sucedido.

Qué recibió Duque: la Comisión creada, con sus 11 comisionados designados.

Cuánto ha avanzado Duque: 

Duque le ha dado margen para avanzar, a pesar de que su partido ha buscado frenarla como demostró el proyecto de reforma constitucional del representante antioqueño Óscar Darío Pérez para que no pudiera exigir información sobre operaciones militares, de inteligencia y contrainteligencia.

De hecho, el Gobierno dijo que no lo conocía, no se movió a su favor y el mismo Pérez lo retiró; y en su proyecto de presupuesto para 2020 aumenta los recursos de los 81.480 millones de este año a 95.824. Un aumento del 17 por ciento que está por encima del promedio de aumento del presupuesto general, lo que muestra que Duque sí le está metiendo la ficha a la Comisión, al menos no dejándola asfixiar presupuestalmente. 

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: Nada. 

Qué falta: Falta toda la etapa de construcción del informe que le cuente al país qué pasó en estas décadas de conflicto. 

Quién se encarga: La Comisión de la Verdad.

Qué dice el Acuerdo: crea esta Unidad para buscar e identificar a los desaparecidos que estén vivos, o localizar sus restos y entregárselos dignamente a sus familiares. 

Qué recibió Duque: la Unidad creada y andando, aunque con solo 10 funcionarios, el decreto que creaba su estructura, y avances en la propuesta metodológica para recolectar toda la información posible sobre desaparecidos entre el Gobierno, las Farc y organizaciones de víctimas.

Cuánto ha avanzado Duque: 

La ha dejado trabajar, aunque desde su partido intentaron frenarla con el proyecto de acto legislativo del representante Pérez que explicamos arriba.

De hecho, le ha metido plata. Según cifras que la Unidad le pasó a La Silla para esta historia, les dio 10.300 millones de pesos en 2018 para que empezara a funcionar, 81,661 este año y, según su proyecto de presupuesto, escalaría a 120.051 millones para 2020. 

Ese aumento del 47 por ciento es muy superior al promedio del presupuesto, que fue del 9 por ciento. 

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: Nada 

Qué falta: En marzo la Unidad comenzó su despliegue en las regiones con diez equipos técnicos (en Barranquilla, Cúcuta, Barrancabermeja, Villavicencio, San José del Guaviare, Puerto Asís, Cali, Rionegro, Apartadó y Sincelejo) que tienen la tarea de ponerse en contacto con las víctimas, las organizaciones, etc, para comenzar el trabajo de levantamiento de la información en terreno. Falta a partir de agosto ampliar esa presencia a siete lugares más y hacer todo el trabajo de búsqueda y que Duque mantenga un buen presupuesto para ella. 

Quién se encarga: La Unidad.

Qué dice el Acuerdo: crea la Jurisdicción, con una estructura detallada, para investigar y juzgar “las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

Qué recibió Duque: la JEP ya montada y con oficinas, su Ley Marco aprobada, sus 38 magistrados y 13 suplentes elegidos, una ley estatutaria pendiente de sanción presidencial y los primeros pasos de su funcionamiento, pues había comenzado a recibir informes de la Fiscalía, de organizaciones de víctimas y a preparar los primeros casos.

Cuánto ha avanzado Duque: ha retrocedido

Este es el punto que Duque más intentó cambiar en su primer año y que es la columna vertebral del Acuerdo. 

En marzo Duque presentó seis objeciones a la ley Estatutaria de la JEP, lo que metió al país en un duro debate. Aunque como mostramos eran pequeñas o medianas frente a todo el texto, también eran la llave para abrir la puerta y volver a poner sobre la mesa toda esa justicia transicional, como ha pedido el uribismo. 

Las seis objeciones eran: que fuera expreso el deber de reparación por las Farc, que hubiera más requisitos para no investigar a autores materiales de delitos graves, que la Sala de Amnistía no pudiera meter más desmovilizados en las listas, que se aclarara cuáles diligencias judiciales no podía hacer la Fiscalía en procesos que llegaran a la JEP, que se limitaran las pruebas que la JEP podía pedir en procesos de extradición y que se aclarara quienes están protegidos de la extradición por su compromiso de contar toda la verdad. 

Las objeciones tuvieron un tormentoso camino en el Congreso y a pesar de los esfuerzos del uribismo y en especial del entonces presidente del Senado, Ernesto Macías, por evitar que se hundieran en el Congreso, naufragaron.

Pero los intentos de cambios también han venido del Centro Democrático. Desde el mismo expresidente Uribe, que dijo “bueno que objeten la JEP. Mejor eliminarla”.

También, la senadora uribista Paloma Valencia presentó en septiembre del año pasado una reforma constitucional que buscaba crear nuevas salas y secciones en la JEP para procesar militares, un ajuste grande al Acuerdo y un caramelo para los militares en líos penales. Sin embargo, un pacto que se selló en la Comisión Primera de Senado entre las bancadas pro paz y de oposición evitó que se crearan esas salas, aunque en esta nueva legislatura el uribismo va a volver a presentar ese proyecto.

A la JEP tampoco le va bien, aunque le pudo ir peor, en el presupuesto que presentó el Gobierno para 2020. Antes de la radicación de la propuesta de presupuesto, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, le reclamó al Gobierno que le iba a recortar el presupuesto en un 30 por ciento. Eso al final no pasó porque no le recortaron, pero le mantuvieron prácticamente la misma plata en 2020, en 296.850 millones de pesos, un alza del 1,5 por ciento, menor a la inflación proyectada para este año.

Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: Con las objeciones mostró sus reparos a esa justicia transicional. 

Qué falta: Como mostramos en esta historia, la JEP ha venido avanzando al punto de que este año podríamos ver a los primeros miembros de la cúpula de las Farc y de la Fuerza Pública admitiendo su responsabilidad. 

Tiene hasta 2033 (o 2038 si así lo decide, según el Acuerdo) para entender qué pasó en décadas de conflicto armado entre las Farc y el Estado, priorizar los hechos más significativos de las conductas delictivas más graves, y lograr la condena de sus máximos responsables. Para eso ya abrió siete macro casos, que involucran a más de la mitad de las 11.827 personas que se han sometido a ella, 9.704 de las Farc y 2.059 de la Fuerza Pública. 

La idea es abrir otros casos para abarcar a todos los llamados comparecientes, aunque no es claro cuántos nuevos casos serán. En cualquier caso, la JEP tiene hasta el año entrante para abrirlos. 

Quién se encarga: La JEP.