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Pese a que el Presidente pregona que respalda ese Acuerdo, no se mueve con su coalición que lo quiere hundir.
Duque dice que apoya Escazú, pero mira impávido mientras su coalición lo hunde
El Acuerdo de Escazú fue una de las promesas de campaña del Presidente Iván Duque y fue uno de los pactos que acordó en la llamada Conversación Nacional que creó en medio de las marchas del año pasado. Hace cuatro meses, lo presentó al Congreso para su ratificación, con mensaje de urgencia. Sin embargo, durante todo este tiempo no ha tenido ni un solo debate ni el Gobierno se ha movido un ápice para impedir que su coalición lo hunda.
Después de conocer la opinión de los gremios que reunen a los principales empresarios del país —que han sido la columna vertebral de este Gobierno y que abiertamente están en contra de Escazú—, el Gobierno Duque ha dejado que el Congreso asuma el costo de su defunción.
Un mismo mensaje de urgencia y dos realidades opuestas
El Acuerdo de Escazú —que firmaron 24 países latinoamericanos y que, a grandes rasgos, busca facilidad y transparencia en el acceso a la información de proyectos ambientales, y protección a los líderes que velan por el medio ambiente— fue radicado en el Congreso el 20 de julio con mensaje de urgencia.
Lo que hace el mensaje de urgencia, que le otorga el Presidente a un proyecto de ley cuando lo radica, es, básicamente, agilizar su trámite. En vez de cuatro debates (uno en la comisión y otro en la plenaria de ambas cámaras) pasa a tres (uno en comisiones conjuntas y dos en las plenarias de cada cámara) y el proyecto tiene prelación sobre los demás que haya cuando el presidente de la comisión arme el orden del día.
Por eso, como Escazú tenía el respaldo del Gobierno —que, desde este año, cuando empezó a entregarles puestos a Cambio Radical, los conservadores y La U, tiene mayorías en el Congreso— y el de la oposición, su trámite parecía sencillo. Y así comenzó.
En las primeras semanas de esta legislatura las comisiones segunda de Cámara y Senado, junto con el Gobierno, crearon entre todos una sola ponencia para aprobar el Acuerdo.
Esa ponencia, luego, quedó en el olvido cuando a mediados de agosto empezaron a llegar las críticas de los gremios.
El 3 de septiembre, la oposición de los gremios a Escazú se hizo evidente cuando se llevó a cabo una audiencia pública en la que representantes de los ganaderos, los caficultores, los bananeros, los azucareros, los arroceros, las empresas petroleras y casi todos los gremios importantes del país pidieron archivarlo.
Consideran que atenta contra la soberanía nacional y que es inane porque, según ellos, Colombia ya cuenta con las leyes necesarias para garantizar lo que dice el Acuerdo. Afirman también que ratifacarlo crearía inseguridad jurídica, porque, como el Acuerdo permite la participación del público en los procesos que afecten el medio ambiente, cualquie persona, natural o jurídica, podría truncar un proyecto productivo.
Desde ese momento, como contamos en La Silla Vacía, empezó un fuerte lobby de los empresarios para tumbarlo y su trámite se empezó a estancar.
En ese entonces, también empezó a ser criticado por los propios miembros del Centro Democrático, que ahora están en contra de Escazú. Esto es clave porque varios de estos gremios y las empresas que los componen apoyaron al Centro Democrático en la campaña presidencial de 2018; incluso varios fueron donantes.
Por ejemplo, el gremio de bananeros Augura, que ese 3 de septiembre pidió archivar Escazú, donó 300 millones de pesos ese año al Centro Democrático, según los registros del Consejo Nacional Electoral.
Seis de los 13 ingenios que hacen parte de Asocaña, cuya representante habló en el mismo sentido en contra de Escazú, también fueron donantes del uribismo en ese año. Sus donaciones suman poco más de 1.097 millones de pesos.
También lo hizo, como revelamos en La Silla, la petrolera Canacol Energy (ligada al empresario venezolano Oswaldo Cisneros, pues es la filial en Colombia de la empresa de producción de gas natural Canacol Energy Ltd, de origen canadiense, en la que Cisneros tiene participación del 18 por ciento), que hace parte del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) que ese día también pidió no aprobar Escazú y, según lo que nos contó un congresista, le ha mandado mensajes diciendo que "tenga cuidado con Escazú"..
Y, desde ese momento, el Gobierno, aunque públicamente ha dicho que está a favor del Acuerdo, en el Congreso no se ha movido con su coalición para que se apruebe.
A pesar de que en el primer semestre del año las redes sociales de Duque, de Presidencia y del Ministerio de Ambiente promocionaban la firma de Escazú y la destacaban como un logro del Presidente, desde el 11 de agosto ninguna de esas cuentas hace una mención del Acuerdo.
Además, normalmente cuando al Gobierno de turno le interesa un tema está encima de la construcción de la ponencia con los coordinadores ponentes y le mete mano a la redacción.
Este es el caso, por ejemplo, del proyecto para modificar la Ley de Turismo que, tras ser radicado el 7 de septiembre con mensaje de urgencia, la semana pasada, en menos de dos meses, fue aprobado en comisiones conjuntas de la comisión sexta.
De acuerdo a lo que nos contó la senadora uribista Ruby Chagüi, una de las coordinadoras ponentes de esa iniciativa, para el proyecto estuvieron en constante diálogo con el Gobierno.
“Todo el tiempo tuvimos reuniones virtuales y presenciales con el Gobierno y trabajamos de la mano con los ministerios de Hacienda y Comercio para sacarlo adelante. Analizamos todas las proposiciones con ellos y los cambios que le hicimos tenían su aval”, nos dijo.
De hecho, ayer en la tarde se reunieron los asesores de las UTL de los ponentes de la Ley del Turismo para revisar cómo quedó el proyecto y hoy se reunirán con delegados del Gobierno para afinar los últimos detalles con la intención de que sea radicado en la próxima semana en la plenaria de una de las dos cámaras.
Esto no ha pasado en el caso de Escazú.
“Este Gobierno es dejado para todo, pero cuando le interesa un tema manda al ministro o a los viceministros a hablar con uno. Aquí, nadie me ha llamado”, nos aseguró un congresista de la coalición de Gobierno que conoce el proyecto y que pidió que no mencionáramos su nombre para evitarse líos.
“El Gobierno se está lavando las manos. Dicen que lo radicaron, que le dieron mensaje de urgencia, pero no hacen nada más”, nos dijo el senador verde Antonio Sanguino. “Yo soy coordinador ponente (con ponencia positiva) y nunca me han llamado ni me han citado a una reunión”.
La poca insistencia del Gobierno también se ve en que, a pesar de que la comisión segunda de Senado —que es la que lidera el tema— es presidida por un aliado del Gobierno (el conservador Juan Diego Gómez) sólo hasta el miércoles de la semana pasada (tres meses después de radicado) se agendó una sesión para presentar el proyecto.
Esto sucedió, como contamos en nuestro cubrimiento En Vivo, luego de que esta presentación se hubiera aplazado tres veces. De hecho, quedó programada no porque el presidente Gómez, que es el encargado de armar el orden del día, la agendara, sino porque los congresistas de la oposición hicieron uso del Estatuto de la Oposición que les da el derecho de imponer el orden del día tres veces en una legislatura.
Ese día también se vio cómo congresistas aliados del Gobierno intentaron torpedearlo.
El senador cristiano John Milton Rodríguez, que no hace parte de la comisión, pasó una proposición, que finalmente no se votó, para archivarlo definitivamente y el representante uribista Juan David Vélez presentó una ponencia, que recoge los principales argumentos que dieron los gremios, para hundirlo.
Esta ponencia es la que, por ahora, tiene el apoyo de los partidos mayoritarios. De votarse, tendría las mayorías aseguradas: tiene el respaldo de, al menos, 20 de los 30 congresistas que votan el proyecto.
“Yo creo que fue un error del Gobierno precipitarse a firmar el Acuerdo de Escazú sin que hubiera un consenso alrededor de él. En la Ley de Turismo hay consenso. Por eso nadie se opone y el Gobierno la promociona. Es la ausencia de un consenso lo que hace el Gobierno no lo publicite, pues esto podría ser como un segundo Acuerdo de La Habana en el que, si se aprueba y no hay consenso, vamos a tener a una mitad del país que dice sí y otra mitad que dice no”, nos dijo un congresista uribista que nos pidió no mencionar su nombre.
Al final de esa sesión del 4 de noviembre, los congresistas de la oposición y el Gobierno acordaron que la decisión final sobre Escazú se tomará después de que se discuta en dos foros regionales que aún no tienen fecha.
Al día siguiente de esa sesión, el Senado mexicano aprobó el Acuerdo y México se convirtió en el undécimo país del continente en ratificarlo; con lo cual Escazú ya entra en vigencia (necesitaba que 11 países lo ratificaran).
Colombia, sin embargo, seguirá sin aprobarlo en el corto plazo y con todas las probabilidades en contra con un gobierno que parece que dice una cosa y hace otra.
