Duque se pega su dosis de derecha

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Con el decreto que acaba de sacar el Gobierno y que permite a la Policía decomisar cualquier dosis de droga en las calles, Duque se reafirma ante su electorado de derecha justo cuando ha dado muestras de moverse al centro. 


A punto de cumplir su primer mes como Presidente, Iván Duque sacó un decreto que marca su primera decisión claramente conservadora: permitirá a la Policía decomisar cualquier dosis de droga que porten los ciudadanos en las calles.

Aterrizar esa polémica promesa de campaña lo ayuda a reafirmarse ante su electorado de derecha, al igual que la reciente noticia de que el anulado ex Procurador Alejandro Ordóñez será su embajador ante la OEA.

Eso ocurre justo cuando ha dado muestras de moverse al centro para concretar sus “pactos nacionales”, por ejemplo invitando a Timochenko a la Casa de Nariño o apoyando la Consulta Anticorrupción promovida por la Alianza Verde, y cuando hay algunas muestras de descontento en la base uribista con él.

El guiño a la derecha

En campaña Duque planteó la propuesta de prohibir la dosis mínima como una medida para combatir el microtráfico, pero a medida que avanzaba el proceso, y que las fuerzas de la derecha se le sumaban, la fue convirtiendo en una propuesta moral basada en la protección de la familia.

 

Justo antes de la primera vuelta, cuando estaba buscando el apoyo de los cristianos, dijo en un discurso a los del Mira “cuántas familias hoy no se encuentran atormentadas en ese agujero negro de la drogadicción. (...) Me duele cuando dirigentes políticos hablan de permitir la dosis personal”.

Con ese discurso de protección a la familia con mano dura, que también se refleja en otras promesas de campaña como promover la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, Duque logró el apoyo de los cristianos de Colombia Justa Libres y del Mira, que hoy están recargados con el Gobierno, y envió mensajes a los grupos uribistas más duros que lo veían excesivamente moderado.

En ese contexto, el anuncio del decreto le sirve para reafirmarse ante el electorado de derecha. “Necesita hacerle gestos a la derecha para que no lo regañen por lo que ha dejado de hacer”, dijo a La Silla el analista Héctor Riveros.

Se refiere a que Duque no ha hecho grandes cambios a la implementación del Acuerdo con las Farc, ni ha bloqueado nombramientos de ex funcionarios santistas en altos cargos de su Gobierno.

Además, sale cuando la Gallup Poll de hace una semana muestra que Duque empezó su gobierno con malas cifras de favorabilidad, que más gente prefiere la seguridad sobre la libertad y que el rechazo a la legalización de las drogas es muy alto.

Ese decreto puede impactar especialmente a una opinión pública así de conservadora, más porque la Gallup encuesta en las cinco principales ciudades y el problema de la dosis personal afecta sobre todo la vida urbana.

Sin embargo,ya ha sido duramente criticado por ineficiente.

Las críticas

El decreto, que según dos fuentes que lo saben de primera mano seguía en construcción esta mañana, aterriza varios artículos que están en el Código de Policía de 2016 y que prohíben consumir drogas cerca a los colegios, en espacios públicos o lugares abiertos al público dentro, y tener, almacenar y distribuir trago o drogas en espacios públicos; lo mismo portarlas al desplazarse y durante un evento público.

Lo que haría el decreto es reglamentar cómo debe actuar la Policía si encuentra a alguien en una de esas situaciones.

Con un detalle adicional que hoy anunció la ministra de Justicia, Gloria María Borrero y que significa que no es tan conservador como parecería y que le pone más trabajo a la Policía.

Según explicó Borrero, luego de decomisar la droga la Policía haría “un procedimiento de descargos y si la persona demuestra que es un adicto, que lo puede hacer con el testimonio de los papás o una opinión médica, se le devuelve la droga. De resto, no se devuelve y se destruye”, explicó.

Cuando le preguntaron cómo sería concretamente ese procedimiento dijo que el Ministerio de Defensa es el encargado de montar el paso a paso, lo que significa que aún no es claro.

Para dos expertos en drogas consultados por La Silla, poner a la Policía a decomisar las drogas a todo el que la tenga los distrae de otras tareas más urgentes como prevenir un robo y puede generar más problemas de seguridad porque los consumidores que no tengan acceso al jíbaro de barrio, probablemente irán a buscar la droga a ‘ollas’ más peligrosas.

A eso se suma el debate sobre la constitucionalidad del decreto pues la Corte Constitucional despenalizó el consumo y la dosis personal en 1994 amparándose en el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Aunque en 2009 el Gobierno Uribe sacó adelante una reforma constitucional que le adicionó al artículo de la Constitución sobre el derecho a la salud, que “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes está prohibido, salvo prescripción médica” y para el Gobierno el decreto lo regularía, no es claro si esa reforma tumba o no la decisión de la Corte de 1994.

Eso porque una cosa es castigar el porte con un delito y otra sancionarlo con un decomiso, como anunció Borrero.

Por eso el experto en drogas Julián Quintero dice que el inciso que le metió el uribismo permite castigar la dosis mínima, sigue en pie lo dicho por la Corte hace más de veinte años y el decreto sería inconstitucional.

Para el Gobierno no es así. Como trinó ayer Duque:

Otro lio jurídico es que el decreto por ningún lado menciona la dosis de aprovisionamiento. 

Como lo explica los experto de drogas Juan Carlos Garzón, María Victoria Llorente y Julián Wilches en este artículo, la dosis de aprovisionamiento es relativamente superior a la dosis personal fijada por la ley - sin especificar cantidades-, que no tiene como finalidad la fabricación, comercialización o el tráfico. Su propósito es el consumo derivado de la enfermedad y responde a la adicción de quien la porta, según lo definido por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras que la dosis personal tiene un límite, la dosis de aprovisionamiento está sujeta al análisis de cada caso, las pruebas aportadas y la condición de quien la porta. 

El lío es que al no mencionar la dosis de aprovisionamiento, el decreto dice que todo el que tenga por encima de la dosis personal se castiga.

Hay dudas de que el decreto ayude a reducir el consumo, el microtráfico y la seguridad en las ciudades, y también de que sea constitucional. Pero de lo que no hay dudas es que le ayuda a reconciliarse con su electorado de derecha.

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