El conflicto golpea Cúcuta, mientras su Alcalde no sabe qué hacer con la seguridad

Un aumento en los homicidios, el desplazamiento, en julio pasado, de 450 personas de la zona rural e inéditos patrullajes ilegales en barrios de los extramuros denunciados por líderes y una organización de Derechos Humanos, dan cuenta de la crisis de violencia que padece hoy Cúcuta.

Expertos y personas en terreno coinciden en que la razón es un coletazo del conflicto que en la frontera libran desde finales del año pasado la guerrilla del ELN  y la banda criminal Los Rastrojos.

La teoría es que el ELN -que domina en la subregión del Catatumbo, que colinda con Cúcuta- tiene tan azotada a esa bacrim, que la ha obligado a replegarse hacia zonas periféricas de la capital nortesantandereana.

Allí, Los Rastrojos ya tenían influencia a través de enlaces, como pandillas y bandas más pequeñas, que manejan sus expendios de droga; pero ahora estarían haciendo presencia directa y buscando control territorial, incluyendo no sólo áreas rurales, sino también urbanas.

Todo esto sucede en momentos en los que la Administración del alcalde independiente Jairo Yáñez (Partido Verde), uno de los outsiders que triunfaron en las regionales del año pasado sobre los políticos tradicionales, atraviesa una tormenta precisamente en materia de seguridad.

En ocho meses de Gobierno, Yáñez suma ya cuatro secretarios de Seguridad y el más reciente, que arrancó ayer, tiene cero experiencia en el tema.

La reconfiguración del conflicto que rodea y ahora golpea más

No ha sido un 2020 fácil en Cúcuta y no sólo por la pandemia.

Los homicidios van al alza. Según cifras de la Policía, de enero a agosto de este año, hubo 220 en la ciudad, 38 más que en el mismo periodo de 2018 y 34 más que en el de 2019. 

Por primera vez este año, se registró un desplazamiento masivo de 100 familias en zona rural, luego de que aparecieran ocho personas muertas, seis en una vereda del vecino municipio de Tibú (que pertenece al Catatumbo) y dos en la vereda Vigilancia de Cúcuta.

La matanza fue atribuida a la guerra entre el ELN y Los Rastrojos, que se disputan el control de todas las rutas ilegales de contrabando y droga por la frontera hacia Venezuela.

Desde finales de abril, y luego con más fuerza en julio, se vienen denunciando patrullajes ilegales de supuestos grupos de vigilancia privada en barrios de los más pobres y violentos de la ciudad.  

Tres fuentes conocedoras que trabajaron en la Alcaldía, dos expertos que conocen el terreno y tres líderes comunales, todos por aparte, coincidieron en explicarnos que lo que está pasando es producto de una reconfiguración de la violencia que ya venía tocando a Cúcuta por su condición de fronteriza y la vecindad con el Catatumbo.

“Hace dos años el ELN tomó la decisión de tener poder hegemónico en la frontera y le declaró la guerra a los Rastrojos”, dijo Wilfredo Cañizares,  director de la Fundación Progresar que monitorea la criminalidad en la región, y conoce al detalle lo que sucede en el Catatumbo. 

Golpeados por el ELN ahí en la zona fronteriza, la banda criminal comenzó a expandirse hacia barrios de los extramuros, en los que, si bien siempre ha tenido control de ollas de droga, ahora estaría buscando ejercer control territorial, puntualmente, en un área periférica y vulnerable conocida como la Ciudadela Juan Atalaya.

Justo en ese contexto es que en los últimos días ha cogido más fuerza la denuncia de líderes comunales y la Fundación Progresar, sobre patrullajes irregulares en barrios de Atalaya.

“Empiezan como a las 11 de la noche y hasta la madrugada, hasta que salen por ejemplo los comerciantes de Cenabastos (la central de abastos). Pasan dos o tres tipos, encapuchados, con armas grandes o al menos los que yo vi iban con fusiles largos. Llevan un pito y silban dos veces por calle y pasan despacio, van caminando, ni siquiera en moto, con toda la tranquilidad del caso”, nos relató uno de los líderes de un asentamiento en la comuna 7. 

Para Jorge Mantilla, investigador de Crimen Organizado del Great Cities Institute y quien está haciendo su tesis doctoral sobre el crimen en la frontera, esos patrullajes son “aprendizaje criminal”, pues fue una práctica implementada por el paramilitarismo en la ciudad hace unos años. 

En ese mismo sentido, tres líderes comunales que prefirieron no ser citados por seguridad, nos dijeron que esos patrullajes existen hace mucho tiempo en Cúcuta pero antes no eran diarios y solo funcionaban alrededor de comercios o custodiando únicamente las calles de las ollas de microtráfico. 

Ahora, en cambio, son personas que nadie conoce en el barrio. Y los líderes temen que esto desencadene más violencia. 

“Eso es un arma de doble filo porque no se sabe quiénes son y así sean muy buenas personas van a terminar tarde o temprano trabajando para un grupo criminal”, dijo uno de ellos. 

Le preguntamos sobre esas denuncias al comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, José Luis Palomino López, y nos dijo que hasta el fin de semana se enteró y que ya empezó las investigaciones pertinentes. 

Sin embargo, uno de los líderes comunales con los que hablamos y también Wilfredo Cañizares de Progresar, le dijeron a La Silla que desde hace meses lo habían denunciado. 

También, una fuente de adentro de la Secretaría de Seguridad nos confirmó que en julio, en una reunión entre autoridades y líderes comunales, denunciaron, entre otras cosas, esos patrullajes. Reunión en la que, según registró el diario La Opinión, estuvo presente el comandante Palomino. 

A la Secretaría de Seguridad, por cierto, la coge este fenómeno en medio de una crisis que tiene al Alcalde con las manos en la cabeza. 

La crisis de Yáñez

La crisis administrativa en seguridad de la Alcaldía quedó en evidencia la semana pasada, tras la renuncia de Sergio Martínez, el segundo secretario que ha tenido Yáñez en sus ocho meses, aunque formalmente suma cuatro (uno más, encargado y el que asumió desde ayer). 

La Silla pudo establecer que él, al igual que la exsecretaria Maria Fernanda Fuentes, renunciaron en buena parte motivados por el desconocimiento y falta de liderazgo de Yáñez frente a esa materia, algo que nos aceptaron por aparte dos funcionarios de la Alcaldía y que también nos referenció un defensor de derechos humanos de la región. 

La falta de experiencia en seguridad la ha dejado en evidencia públicamente.

Por ejemplo, a finales de enero, tras su segundo consejo de Seguridad, Yáñez salió a decir en medios que iba a militarizar a Cúcuta.

“Esa fue la primera salida en falso del Alcalde. Era algo que no se había ni considerado en el Consejo y aún así sale a asegurarlo en medios”, nos dijo una fuente que estuvo presente en esa reunión pero prefirió no ser citada por no ser vocero oficial. 

La polémica que creó fue efímera porque eso nunca sucedió. Sin embargo, a pocas semanas de haberse posesionado, fue el primer hecho que demostró el desconocimiento del Alcalde sobre cómo dirigir la política de seguridad de la ciudad, algo que, como jefes de la Policía, les corresponde a todos los mandatarios. 

Se fue haciendo más evidente con el tiempo.

“Un día que le hablamos de una amenaza de bomba, una denuncia que había que abordar...lo único que hizo fue llevarse las manos a la cara y nos respondió ‘a mi no me eligieron para eso’”, nos dijo una de las fuentes de adentro de la Alcaldía con las que hablamos para esta historia. 

En esa misma línea llegó el nombramiento del nuevo secretario, Alejandro Martínez, un administrador de empresas que tiene experiencia en trabajo social, sonó como director del instituto de deporte de la Alcaldía pero que a última hora resultó encargado de la seguridad de la ciudad sin tener experiencia en el tema. 

Martínez fue candidato a la Asamblea por La U, lista a la que entró tras acordar con el grupo del representante Wilmer Carrillo, que el partido respaldaría económicamente su campaña. Como eso no sucedió, Martínez dejó su aspiración y resultó coordinando la de Javier Leal, candidato a la Asamblea por Centro Democrático (se quemó con 8.200 votos), ahijado del grupo político del exalcalde de Toledo, Norte de Santander, Jairo Castellanos. 

En febrero, Martínez se convirtió en contratista de la Alcaldía, coordinando programas con población vulnerable, como habitantes de calle. Una fuente muy cercana a Martínez, nos contó que llegó ahí recomendado por Wilfredo Grajales, uno de los fundadores del partido Verde en Cúcuta y quien también es cercano a la administración de Yáñez. 

Según esa misma fuente, tras la última renuncia en Seguridad, Yáñez pensó en el perfil de Martínez por su trabajo con habitantes de calle, pues dentro de su concepción de seguridad, mejorar las condiciones de esa población, impacta en los índices de consumo y expendio de droga o hurto. 

Le preguntamos por eso a una persona que trabajó con Yáñez en el tema y nos dijo que en efecto, era una de las formas en las que el Alcalde medía la seguridad.

También le preguntamos al mismo Alcalde. Sobre su falta de liderazgo frente a la Policía nos dijo que era falso. "En lo absoluto es así. He mantenido y mantendré contacto permanente con la Policía. Cada uno tiene sus misionalidades y responsabilidades y se están tomando acciones integrales entre todos", dijo. Y al respecto de su visión sobre la seguridad, aunque nos dijo que los problemas eran muchos y que en buena parte pasaban por conflicto de orden nacional, sí nos confirmó que su estrategia está encaminada es a impactar en temas como renovación urbana, informalidad y atención a población en condición de pobreza. 

De todas maneras, como matiz, hay que agregar que la Secretaría de Seguridad de Cúcuta tienen problemas estructurales que no nacieron con Yáñez.

Tal y como nos dijeron cuatro fuentes que conocen por dentro el trabajo de ese despacho, el principal problema de la cartera es que, desde que fue creada, hace 15 años, nunca ha tenido una política de seguridad clara ni liderazgo en el tema, sino que ha descargado la responsabilidad en la Policía Metropolitana de Cúcuta. 

Sumado a eso, la importancia que tiene esa Secretaría en Cúcuta es proporcional a su fortaleza institucional. 

Para hacerse una idea, el presupuesto inicial que tenía para 2020 era apenas de 200 millones de pesos, tanto para funcionamiento como para inversión, y solo en mantenimiento de cámaras de seguridad podía requerir 800 millones de pesos. 

La Secretaría también maneja la plata del Fondo de Seguridad Territorial (que se nutre del 1 por ciento de impuestos por obras de infraestructura), cuyo propósito es invertir en estrategias de seguridad y convivencia ciudadana fuertes pero, al tener pocos recursos propios y falta de política de seguridad, en la práctica lo usan para tareas de funcionamiento, como por ejemplo, la gasolina de la Policía o compra de motocicletas. 

Y esa debilidad institucional también le pega a la Policía. Aunque hay 3.200 hombres adscritos a la Policía Metropolitana, en temas operativos en la capital solo trabajan 431. Y si bien en cada uno de los 62 cuadrantes que hay están asignados 7 policías, se turnan entre ellos así que, hay días en los que para los 700 mil habitantes (según proyección del Dane) solo hay 150 policías disponibles en las calles. 

Eso, sin contar que producto de la crisis migratoria, hay coyunturas, como ocurrió los primeros días de la cuarentena tras el cierre de la frontera por pandemia, en que prácticamente toda la Policía debe concentrarse en zonas fronterizas. 

Los dos secretarios que tuvo Yáñez en estos meses, en su intento por cambiar eso, buscaron el respaldo del Alcalde. Y si bien algunas cosas hicieron eco (el presupuesto aumentó a 700 millones de pesos y ya se terminó de formular un plan integral de seguridad, una especie de ruta hacia una política pública), en la necesidad de que Yáñez y todas sus secretarías se metan de lleno a atacar la criminalidad, no ha sido así.