El empujón de las alcaldías y gobernaciones en campaña

Silla Paisa

En campaña y así la ley se los prohíba, muchos alcaldes y gobernadores de todas partes del país tienen su candidato y hacen de todo para que salga elegido.

Hay una política que no sale en televisión y que se juega en el día a día en las alcaldías y gobernaciones en época electoral. Así la ley se los prohíba, alcaldes y gobernadores de todas partes del país tienen su candidato y hacen de todo para que salga elegido. Ese empujón es el que muchas veces inclina la balanza y define quién se queda con el poder en Colombia. 

Ese apoyo fiel los congresistas y poderosos del Gobierno lo comienzan a trabajar desde mucho antes de las elecciones. En muchos casos financiándoles las campañas a esos alcaldes o gobernadores por debajo de la mesa, ganándose así el derecho de imponerles contratistas y de nombrar gente de su cuerda; y también poniéndoles la maquinaria a su servicio.

Entonces los mandatarios locales quedan agradecidos, quién sabe si eternamente. Pero en todo caso agradecidos y llamados a empujar a quién los ayudó antes. E incluso si no los ayudaron, lo hacen para ganarse su afecto para las próximas elecciones.

Ese empujón viene de muchas formas.

Por lo general viene en forma de orden. Los secretarios de las alcaldías o gobernaciones les dicen a los funcionarios de nómina que como parte de su trabajo tienen que llenar planillas, ya sea para recogerle firmas a un candidato para que inscriba su candidatura o si ya está inscrito a nombre de un partido, para tener los datos de potenciales votantes.

 

Lo usual es que cada funcionario tiene que llenar listados con los nombres de unas veinte personas, con sus cédulas, sus teléfonos fijos, sus celulares, correos electrónicos, fechas de nacimiento y sus puestos de votación.

A medida que se acerca el día de la votación la presión crece. Entonces las secretarías ya no piden de a diez o de a 20 firmas, sino de a 30, de a 40. Incluso hasta 100. Entre más mejor.

Con los contratistas, que no están sujetos a la misma prohibición de participación en política que los funcionarios de nómina, la amenaza también funciona: o ayudan o no tendrán adiciones en sus contratos ni la más mínima posibilidad de que los enganchen en la siguiente administración.

La presión puede venir de llamadas telefónicas como ésta, que nos reprodujo un contratista en las elecciones regionales del 2015.

“-Tenemos que hablar de su contrato. De arriba me están pidiendo resultados.

-¿Cómo resultados?

-Por el bien de todos y para sostener el trabajo, necesitamos que quede John. No sé si usted nos puede colaborar.

-¿Y cómo es eso?

-Tiene que mostrar resultados y luego veremos lo de su contrato.”

“Mostrar resultados” aparte de llenar planillas, para los contratistas, consiste también en organizar reuniones y eventos para el candidato y en ir a todo encuentro al que los llamen para hacer bulto y que así el candidato muestre fuerza.

Para esas reuniones, como dice un político tradicional al que algunas alcaldías le han ayudado en campaña, “cada quien tiene su estilo. A unos les gusta presionar con amenazas, otros simplemente dan la instrucción esperando el apoyo por lealtad con el partido”.

Están los empleados de nómina o contratistas que invitan a reuniones que incluyen empanadas y gaseosa.

Son reuniones privadas en un club o en una casa, a las que van los cuadros políticos del candidato y funcionarios de las alcaldías o gobernaciones y los líderes de las localidades.

En esas reuniones a las que obviamente no dejan entrar cámaras, ni celulares, ni mucho menos periodistas, piden directamente el favor de apoyar al candidato, reparten su programa de gobierno, los volantes publicitarios y asignan “tareitas”, palabra que escogió un líder de una campaña a la alcaldía en Bogotá.

Las “tareitas” pueden ir desde pegar afiches con el logo de la campaña en las ventanas de sus casas, hasta decirles a sus familias que vayan tal día y a tal hora a llenar una plaza. Y no solo decirles.

En muchos casos ir a los encuentros o eventos públicos es una obligación y para corroborar toman asistencia y los que vayan “son los que van a tener en cuenta para que empiecen a trabajar de nuevo”, como decía una nota de voz de la jefe una secretaría de una alcaldía.  Como la mayoría de la gente que trabaja en el Estado es por contrato que se renueva cada seis meses o cada año, la necesidad de “trabajar de nuevo” es muy alta.

Para ir a los eventos les ponen buses y las secretarías se reparten la logística con la plata y los bienes de la Administración. Unas se encargan de cuadrar los refrigerios, otras las rutas, otras que la gente se baje y sepa dónde se tiene que parar.

Hace tres años, en un evento público en la plaza Luis Carlos Galán de Bucaramanga, en el que la gobernación y la alcaldía ayudaron llevando gente para la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, se oían comentarios como estos entre la gente.

“Este bus es liberal”, “Piedecuesta al otro lado del puente”, “Donde están los buses, me hubieran puesto de coordinador a mí y aquí estábamos con garrafa”, “No mija, el refrigerio para nosotros era arriba, ya que, yo no voy a subir unas galletas hasta allá otra vez”, “el que se suba al bus queda se queda sin comer”, “dónde están los de Claudia, dígales que bajen que arrancamos de aquí”, “no mano, el bus de los míos no llega, llámelo usted, “a mí me trajo un señor Eduardo, líder de la cumbre (uno de los barrios más pobres de Floridablanca, Santander), pero me dejaron y no tengo plata”, cuenta desesperado un señor de unos 80 años, “¿y usted con quién vino, para qué barrio va?”, le preguntaron al periodista de La Silla.

Luego de llenar las plazas, por lo general vienen encuentros, también a puerta cerrada, entre el candidato y alcaldes o ediles. Son reuniones que en muchos casos los mismos gobernadores ayudan a cuadrar para asegurarse de que no falte ningún mandatario local.

El ingreso lo controlan funcionarios públicos y agentes de Policía.

“Claro que nos pidió el voto”, le contaba un edil a La Silla a la salida de una de esas reuniones privadas con un candidato a la Presidencia. “Nosotros le pedimos que nos cuidara, porque hay mucha inseguridad y nos dijo que iba a ver el tema”, agregó.

En entidades adscritas a las alcaldías o gobernaciones como institutos o empresas de servicios públicos también se han visto casos de funcionarios que citan a reuniones a puerta cerrada a los beneficiarios de estos programas diciéndoles que si no votan por x o y candidato, se acaba algún programa, como por ejemplo programas de jornada extendida en los colegios o de comedores infantiles.

Incluso hay casos de funcionarios que aprovechan las visitas rutinarias que tienen que hacer para verificar que se están cumpliendo los programas en los barrios para dejar clara la advertencia de que si no votan por el candidato que apoya la alcaldía, la siguiente administración no podrá seguirles ayudando.

Y están también están los funcionarios camuflados.

En la costa Caribe, por ejemplo, tres jefas de una secretaría de la alcaldía de Barranquilla se pusieron hasta máscaras de marimonda, el disfraz icónico del Carnaval de esta ciudad y camufladas en esas orejas grandes con trompa alargada, evitaron que las reconocieran y controlaron el ingreso de los asistentes a un evento en un colegio para un candidato.

Para ese evento a cada empleado de la alcaldía le fue asignado un número, que después sus superiores les entregaron impreso y repetido 30 veces en cuadrados de papel que hicieron las veces de tiquetes. Según le contó la fuente que estuvo en el evento a La Silla Caribe, cada persona que fue tuvo que dar su ficha a las tres marimondas que estaban en la entrada del colegio contabilizando el número de asistentes que llevó cada trabajador de esa secretaría.

Otra forma en que las alcaldías pegan el empujoncito está en los permisos de publicidad porque son los alcaldes quienes tienen potestad para regular el tipo de avisos y su ubicación en época electoral.

Entonces una forma de ayudar es permitiendole al candidato poner sus afiches en lugares estratégicos de la ciudad como autopistas o parques, y a los demás, en sitios menos visibles.

Así tal cual pasó en Santa Marta. El alcalde de turno le permitía a su candidato poner publipostes en una avenida principal, a pesar de que la misma alcaldía había asegurado días atrás mediante un comunicado que la publicidad en postes estaba prohibida.

Frente al candidato contendor, incluso, mandaron funcionarios de una entidad adscrita a la Alcaldía para que no los dejaran poner los volantes. Cuando los medios comenzaron a preguntarle a la Alcaldía que por qué no habían quitado los volantes del candidato al que le hacían campaña, respondieron diciendo que no tenían personal suficiente.

El empujón también viene en forma de financiación.

En muchas ocasiones a los alcaldes los financian los mismos congresistas vía contratistas amigos o gente de su equipo político, para que más adelante les puedan pedir a cambio que los apoyen en campaña para reelegirse o que ayuden en la campaña de alguien más.

“Eso normalmente funciona así. El político y sus amigos contratistas se sientan con el candidato a la Alcaldía, le preguntan que cuánto vale su campaña. Supongamos que dice que 200 millones, entonces le ponen 100. Y ya con eso pueden exigirle que tiene que trabajar con tal y con tal contratista y que cuando vuelvan las elecciones que ayude. Es un Odebrecht, pero chiquito”, nos decía un político local.

O como nos dijo un congresista resumiendo perfectamente la manera como los políticos se ganan a los alcaldes, “eso es de dos maneras mija. Una es recetándole al contratista y la otra es haciéndole las vuelticas en Bogotá. Afuera lo llaman clientelismo, adentro lo llamamos red de apoyo”.

Nota: Este capítulo hace parte de un libro que sacará La Silla Vacía en unos meses sobre cómo se alcanza y se reproduce el poder.

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