El frenazo de la Corte a los megaproyectos de Vargas

Este lunes los megaproyectos del Gobierno que maneja Germán Vargas Lleras sufrirán un frenazo de grandes implicaciones para el país.

La Corte Constitucional terminará de discutir una demanda de varios congresistas del Polo contra el Plan de Desarrollo de Santos II y La Silla supo que el jueves ya la Corte votó a favor de quitarle dientes a los Proyectos de Interés Estratégico Nacional (llamados Pines).

Los Pines básicamente son una lista de megaproyectos de infraestructura, minería y energía que son tan importantes, a juicio del Gobierno, que merecen tener unas condiciones excepcionales para poderlas ejecutar más fácil. Todos los Pines, además, dependen de Germán Vargas Lleras, lo que le da un poder inmenso al Vicepresidente y le permitía mostrar resultados antes de su campaña presidencial del 2018.

Pero con una votación de 5 a 3, la Corte ya hundió tres de los seis artículos que demandaron los senadores Alberto Castilla e Iván Cepeda, los representantes Alirio Uribe y Víctor Correa, y varios líderes de organizaciones afines.

Uno le facilitaba a los Pines el trámite de las licencias mineras al concentrarlo todo en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, (Anla) y quitarle sus funciones a las CAR (lo que se llamó mediáticamente "las licencias ambientales express"); otro permitía a la Autoridad Minera Nacional (ANM) reservar unas áreas para la minería, las llamadas Áreas Estratégicas Mineras; y uno más que le daba prelación a estos proyectos sobre la restitución de tierras, cuando coincidieran los terrenos a restituir y los que necesita el megaproyecto. En este caso ordenaba que a la víctima se le diera un terreno semejante en otro lado.

En los tres casos, la mayoría la armaron los magistrados liberales Gloria Stella Ortiz (que es la ponente), Alberto Rojas, Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio y María Victoria Calle, mientras que Gabriel Mendoza, Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares quedaron en minoría. Jorge Pretelt no estuvo presente.

En los puntos de las licencias express y las áreas de reserva minera, la mayoría argumentó que darle todas esas funciones a dos entidades nacionales afecta en exceso la autonomía que tienen los municipios para definir el uso de su suelo y su ordenamiento territorial. Y que eso es inconstitucional .

La Corte ha defendido la importancia de esa autonomía en muchas decisiones en el pasado, como la que tumbó la posibilidad de que el Gobierno manejar macroproyectos de vivienda saltándose a los municipios y distritos. Al final, su argumento es que la Constitución crea esa autonomía para que algunas decisiones, como la de si se permite consturir en un lote o no, la tomen los directamente afectados, que son quienes viven en ese municipio.

En este caso, la idea es que permitir una sola licencia ambiental global para obras que afectan muchas regiones como la navegabilidad de todo el río Magdalena, que además la defina un ente nacional sin injerencia local, deja a los ciudadanos directamente afectados sin mayor control sobre la decisión.

Y en el de las víctimas, su posición fue que a pesar de que el Plan establecía que recibirían tierras, el que fueran diferentes a las que les fueron despojadas violentamente violaría sus derechos.

Mañana está citada una sala plena extraordinaria para zanjar los otros cuestionamientos de la demanda, y quedan por lo menos dos puntos gruesos por debatir.

Uno es si es constitucional que los alcaldes y gobernadores no tengan asiento en la comisión que determina qué proyectos son Pines y que hoy está constituída por tres ministros, el director de Planeación Nacional y el del Departamento Administrativo de Presidencia. 

Si la Corte decide que no, lo que es probable porque está en juego la autonomía territorial, podría poner en duda la declaratoria de nuevos Pines, porque tendría que reformularse la composición de la Comisión y vovlerse a crear Y habría que ver qué efectos tendría sobre los Pines ya declarados.

El otro punto grueso que falta por decidir es qué va a pasar con la minería y la extracción de hidrocarburos en páramos (como Santurbán, en Santander), a la que el Plan de Desarrollo le abrió la puerta para proyectos ya viejos (los que tienen contrato y licencia ambiental otorgados antes del 9 de febrero de 2010 para la minería y del 16 de junio de 2011 para hidrocarburos).

Aún si la Corte no hunde esos dos artículos, el efecto de lo decidido el jueves ya es muy grande, y se puede convertir en un gran dolor de cabeza para el Gobierno, especialmente para Vargas Lleras.

El baldado de agua fría

En este año de petróleo barato y vacas flacas, la gran apuesta del Gobierno para jalonar el crecimiento económico es la infraestructura. Y también es la gran apuesta política del vicepresidente Vargas, quien tiene en sus manos toda la infraestructura de transporte y la coordinación de los Pines, algo que le ayuda a reforzar la imagen de ejecutor que dejó el programa de las 100 mil viviendas gratis con miras al 2018.

Por eso, en un Plan de Desarrollo que estaba lleno de pequeñas reformas que le solucionaban chicharrones a diferentes ministros, quedaron metidos los Pines y sus varias fórmulas para solucionar cuellos de botella de los megaproyectos.

Entre esas fórmulas estaba la de centralizar las licencias ambientales, que hoy tienen que tramitar por pedazos. Por ejemplo, si una carretera 4G queda en el terreno de varias CAR le toca adelantar trámites aparte ante cada una, e incluso si es ante una sola, cada componente debe obtener una licencia aparte.

Para conseguir más fácil los lotes por donde pasarán las 4G y poderlos construir, les da a los Pines una opción preferencial para comprar los terrenos, incluso por encima de las víctimas y los deja libres de vicios de la propiedad, como la de haber sido comprados de manera ilícita en el pasado.

Y para facilitar el derecho de pasar por un terreno para hacer una obra o el de tender cables eléctricos encima de otras, que en derecho se hace a través de las llamadas servidumbres, hace que las de los Pines no las cree un juez, como las demás, sino un trámite administrativo más corto y fácil.

De hecho, de los grandes reclamos por trabas administrativas que existían, el único que no toca es el de las consultas previas a las comunidades indígenas y afro, que debería empezar a destrabarse con el proyecto de ley para regular la consulta previa que está en proceso de consultarse previamente con ellas.

Hoy existen 78 Pines, que con esta decisión pierden esta ruta express para llegar al día de la inauguración. Están la Ruta del Sol, otras 15 carreteras (incluyendo varias concesiones del programa 4G), y otros siete proyectos de transporte como la modernización del aeropuerto de Cali o la navegabilidad del Río Magdalena. Es decir, más de 20 proyectos que conforman buena parte del capital político de Vargas para el 2018 pero que sobre todo tendrán un alto impacto en el desarrollo del país.

Según estudios de la ANI, la construcción de las vías 4G puede, por sí misma, ayudar a que el PIB crezca un 1,5 por ciento más, un empujón enorme cuando el cálculo de crecimiento para este año está previsto por la mayoría de analistas entre el 2,7 y el 3 por ciento. Si dejan de tener la ventaja de ser Pines y, por ejemplo, se empiezan a demorar porque no consiguen todas las licencias ambientales, ese efecto se va a demorar, e incluso se pueden complicar los cronogramas financieros de las concesiones.

Los sectores minero y de hidrocarburos, que fueron la locomotora del cuatrienio anterior y hoy están golpeados por los bajos precios, también se apoyan en los Pines para solucionar cuellos de botella: entre los 78 proyectos hay nueve de minería y 19 de hidrocarburos (incluyendo Reficar).

Y también está el de energía eléctrica, que con el actual fenómeno del Niño ha mostrado que necesita seguir evolucionando para evitar racionamientos como los que ya sufren decenas de municipios. Cinco proyectos de generación (incluyendo El Quimbo e Hidroituango) y otros cinco de transmisión están en la lista de Pines.

Y hay otro efecto político muy importante que podría tener la decisión de la Corte: si respalda la existencia de autonomía territorial para definir el manejo del subsuelo, como pidió la demanda, le daría un espealdarazo a las consultas locales que buscan prohibir la mienría, como la de Piedras (Tolima). 

La decisión de la Corte es tan trascendental, que desde que la tomaron el jueves han recibido todo tipo de llamadas de gente interesada en que la reversen o preocupada por sus efectos. Pero la votación ya se hizo. Ahora, el único camino será resolver de fondo los obstáculos y la tramitología que dificultan que en Colombia se hagan no solo estos megaproyectos privilegiados sino cualquier obra en general.