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Fortescue Metal empezó a retirarse de varios proyectos de inversión y golpea las expectativas mineras para la reactivación económica del país.
El gigante de la minería australiana frena sus planes en Colombia
La minería aporta el 2 por ciento del PIB de Colombia.
El plan del Gobierno para reactivar la economía post pandemia incluye atraer inversión extranjera que apalanque proyectos mineros de gran escala. Pero esa apuesta está sufriendo golpes que amenazan esas expectativas.
Al freno del proyecto de Minesa en Santander y los líos con la concertación de la mina de Jericó, Antioquia, se le sumó que la gigante australiana Fortescue Metals, cuarta productora mundial de hierro, que desde hace dos años había puesto sus ojos en Colombia para invertir en la explotación y producción de oro y otros minerales, empezó a retirarse del país.
La movida coincide con los resultados de un estudio de percepción minera internacional que bajó las perspectivas de inversión en el país por factores como la seguridad y la estabilidad jurídica.
Un aterrizaje prometedor
De Fortescue Metals se empezó a hablar en Colombia a finales de 2017. La minera, que fue fundada en 2003 y ha reportado ingresos anuales de hasta 13 mil millones de dólares australianos, aterrizó en el país ese año, impulsada por las expectativas de inversión que promovió el Acuerdo de La Habana.
Encajaba, además, con un plan de expansión por Sudamérica, porque también abrió operaciones en Argentina y Ecuador.
En Colombia, contrató los servicios de Brigard-Urrutia, una de las firmas de abogados con más trayectoria en temas minero-energéticos, para constituir una filial que se llamó Colombia Fortescue SAS.
Desde entonces, radicó ante la Agencia Nacional de Minería, ANM, 64 solicitudes de concesiones de exploración en áreas con potencial de cobre y oro, en municipios como Algeciras, Gigante, Baraya, Hobo o Tello, en Huila, y Puerto Asís, Orito y Villagarzón, en Putumayo, que fueron epicentro del conflicto con las Farc. También pidieron permiso para hacer estudios en Nariño.
Las fases de exploración fueron apalancadas por una inversión inicial de 6 mil millones de pesos, según los registros contables que reportó la filial.
En octubre de 2018, habitantes del corregimiento de Vegalarga, zona rural de Neiva, contaron en medios locales las visitas que hicieron ingenieros y técnicos de Fortescue en ese proceso de exploración.
La aterrizada pintaba tan bien que una vez arrancó la presidencia de Iván Duque, delegados de Fortescue y otras empresas australianas se reunieron con el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo para conocer los planes del Gobierno Nacional y su política para estimular la inversión extranjera en el país.
Canciller Trujillo se reunió con empresarios y representantes de compañías australianas inversionistas en Colombia https://t.co/8fTQjpMYWb pic.twitter.com/AWbkhQO7GO
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 30, 2018
Luego no se supo más, hasta hace unos días.
El grito ambientalista
Hace dos semanas, el movimiento ambientalista del Huila pegó el grito en el cielo porque creyó que el Gobierno estaba intentando acelerar las operaciones mineras de Colombia Fortescue en una zona de reserva natural llamada Siberia, que queda en el municipio de Algeciras.
Miller Dusán, líder ambientalista, alertó que la Agencia Nacional Minera (ANM) había citado a una reunión extraordinaria al alcalde de ese municipio, Libardo Pinto, para socializar las apuestas mineras que tiene el Estado en ese municipio. Y dijo, que se trataba de un asunto ‘a escondidas’ como paso previo para autorizar el ingreso de la minera australiana.
La advertencia prendió las alarmas.
La Corporación Autónoma del Alto Magdalena, CAM, que es la autoridad ambiental del departamento, se pronunció públicamente. Dijo que allá estaba prohibida la minería porque está en un parque natural de bosques que se llama Siberia, que es protector del río Las Ceibas que abastece el acueducto de Neiva.
El gobernador del Huila, Luís Enrique Dussán, que tuvo en campaña el apoyo de sectores alternativos, también. Dijo que se oponía a cualquier intento de explotación.
La Silla Vacía, también alertada, se puso a investigar: todo se trató de una falsa alarma.
La reunión tenía el propósito de formalizar mineros artesanales de Algeciras, según explicó a medios locales la ANM. Y la realidad es que Fortescue, no solo había descartado desde marzo al Huila de sus planes mineros, sino que tampoco está claro que esté interesada en seguir en Putumayo y Nariño.
Al menos no por ahora.
La retirada de Fortescue
Desde marzo, antes de que estallara la pandemia, la minera ha ido radicando en la Agencia Nacional de Minería solicitudes de desistimiento de esas concesiones “por motivos netamente operacionales y que obedecen a lineamientos internos de la compañía”, según constató La Silla en el archivo documental de la ANM.
Hasta septiembre pasado, la Agencia había aprobado el retiro de 21 solicitudes que tenía Fortescue en el Huila como se puede ver en esta resolución y también en esta otra. Además le envió varios ultimátum a la australiana para que les diga si se mantiene firme con los proyectos de Putumayo y Nariño, so pena de entender entonces que desisten.
Cuando aprueba los desistimientos, la Agencia Nacional Minera libera las zonas y las vuelve a dejar disponibles para quien las quiera explorar. Ahora, si Fortescue quisiera volver a interesarse en esos proyectos podría hacerlo pero desde cero.
La Silla Vacía intentó comunicarse con los números telefónicos y correos institucionales que tiene Fortescue en Colombia para entender el por qué de su retirada, y aunque inicialmente nos dijeron que iban a tramitar la comunicación para que un vocero respondiera, al momento de publicar la historia no lo hicieron.
Por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM) nos contestaron que los desistimientos tienen que ver con evaluaciones técnicas, sociales, ambientales y jurídicas que hacen las empresas o personas interesadas.
Que aunque llama la atención el caso de la gigante australiana, eso no es una señal de que Colombia no sea un atractivo minero para conglomerados extranjeros, y citan los casos de Buriticá en Antioquia o Marmato en Caldas, que opera la canadiense Continental Gold.
Sin embargo, esa retirada sí puede impactar las expectativas que tiene el Gobierno sobre el papel de la minería en la reactivación económica.
La semana pasada el presidente de la ANM, Juan Miguel Durán, dijo que su meta es doblar la inversión extranjera directa anual de 749 millones de dólares a 1.500 millones de dólares, incrementar la producción de carbón a 98 millones de toneladas y subir la producción de oro en 27 toneladas.
Pero no está claro que el país esté haciendo lo necesario para atraer esa inversión.
El estudio que pasó inadvertido
Una de las brújulas que tiene el sector minero para saber dónde hay potenciales de inversión en el mundo es el Índice de Atracción de Inversión Minera que hace el Instituto Fraser, un centro canadiense de investigación económica.
Es un estudio que está basado en la opinión de ejecutivos y directivos de compañías del sector alrededor del mundo y que valora aspectos como potencial minero, política pública y aspectos regulatorios.
El año pasado la ANM sacó pecho por los resultados de 2018 porque el país recuperó 16 posiciones respecto al año 2017, en el que ocupó el puesto 64 entre 91 países. Ese año, Colombia quedó de 48 entre 83 regiones evaluadas.
Pero el informe de 2019, del primer año de Duque, volteó esa perspectiva.
Colombia cayó al puesto 57, por debajo de vecinos como Perú o Ecuador y de otros sudamericanos como Chile, Argentina y Brasil.
El profesor de la UPTC y experto en temas mineros Juan Daniel Angulo sostiene que los resultados obedecen a la falta de una política clara frente al tema minero.
“Una de las tantas razones: un sistema regulatorio legal-tributario-técnico-ambiental cada vez más débil, sumándole el aumento del conflicto armado, donde el Estado no tiene ni pies ni cabeza para la búsqueda de soluciones distintas a la guerra”, dice el experto, quien trabajó como consultor de Minesa. “Todo esto le genera a los inversionistas pánico “mucho riesgo país”. Uno de tantos ejemplos: lo que hoy es zona de reserva natural, mañana no lo es, o lo contrario”.
A esa incertidumbre, se le suma el cada vez más creciente rechazo social a los proyectos mineros y las dificultades del Gobierno para poder concertar con las comunidades. Como contamos, eso ya se vio en Santurbán en Santander y se está viendo en Jericó, Antioquia, donde también han querido aterrizar capitales internacionales pero se han estrellado con comunidades empoderadas.
El caso de Fortescue, sin haber llegado a esas instancias, es otra muestra de eso.
