El Gobierno reduce protección de los líderes de víctimas

El jueves pasado el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo explicó que -dado el déficit de 70 mil millones de pesos que tiene la Unidad de Protección- el Gobierno tendrá que reducir el gasto en viáticos, tiquetes aéreos y gasolina de las personas que protege, en medio de una “disminución de esquemas que hoy en día, por las condiciones de seguridad en el país, no se justifican”.

La meta es ahorrar unos 35 mil millones de pesos a lo largo del próximo año, o el equivalente a la mitad del déficit que tiene la entidad que tiene bajo su ala la protección de unas 7.500 personas, desde ex presidentes y congresistas hasta líderes sindicales y de víctimas. Y que además se vio golpeada por el descubrimiento de una red de corrupción dentro de la propia Unidad, presuntamente manejada por el secretario general Julián Marulanda, quien huyó a Estados Unidos en julio.

Sin embargo, Cristo prometió que esos ajustes en su mayoría se harían a los esquemas de altos funcionarios y antiguos funcionarios, comenzando por el gabinete de Santos II, pero que en ningún momento cobijarían a líderes de víctimas o restitución.

Andrés Villamizar, el director de la Unidad de Protección, reiteró que se desmontará un 15 por ciento de los esquemas, pero solo a quienes tengan un nivel de riesgo bajo -según la evaluación que hacen los comités llamados Cerrem- y siempre “privilegiando a la oposición”. Además, insiste en que el déficit se conoce desde comienzos de este año y que la red de corrupción descubierta no le ha causado ningún hueco presupuestal a la entidad aún porque no se ha pagado ninguna de esas facturas fraudulentas y ya se acordó hacerlo solo sobre servicios prestados efectivamente. 

Aunque los líderes de víctimas no están entre los grupos a quienes teóricamente se les reducirían las medidas de seguridad, los siete líderes de víctimas -en cuatro departamentos- que consultó La Silla coinciden en que en los últimos meses su nivel de riesgo ha aumentado con los ajustes en los esquemas y las nuevas políticas sobre viáticos y gasolina.

Carmen Palencia, una de las líderes de víctimas más visibles del país, advierte que sí hay recortes en medidas de seguridad para ellos.

La Unidad de Protección, que dirige Andrés Villamizar, anunció recortes de funcionamiento pero aseguró que no cobijarán a los líderes de víctimas o tierras.

Carmen Palencia, la reconocida líder de restitución que fue Premio Nacional de Paz en 2012, estuvo visitando la semana pasada una zona rural de Cartagena donde su organización ha estado asesorando a varios campesinos reclamantes y donde ya ha sido dos veces amenazada. Lo hizo acompañada por dos escoltas y sin ningún vehículo, menos de la mitad del esquema que normalmente maneja una de las líderes más amenazadas del país.

“Toda la semana nos tocó en el carro de una compañera, que no es blindado, a veces hasta las 6 y 7 de la noche. Cada vez que voy allá les llegan panfletos amenazándolos a ellos [los reclamantes] y diciendo que a ‘la fulana de tal que no vuelva porque le vamos a echar tierra encima’. La Unidad tiene copias porque yo se las he mandado cada vez”, dice la líder nacional de Tierra y Vida, una asociación que reúne a unos 10 mil campesinos que buscan recuperar las tierras que perdieron por la violencia en todo el país.

Por esa situación, dice Palencia, lleva cuatro meses sin viajar al Urabá, adonde ella llegó desplazada en los noventas y donde se forjó como líder de tierras.

Uno de sus colegas, otro reconocido líder de reclamantes de tierras de la Costa, que por miedo prefiere omitir su nombre, vivió ayer un episodio que -según él- muestra las contradictorias señales que están recibiendo los líderes de víctimas por parte del Gobierno.

Por la tarde lo llamó la persona que le hizo su última evaluación de riesgo para contarle que había salido 'alto' y que le van a cambiar el carro que tiene por uno blindado. Cuatro horas después recibió un correo electrónico en el que la Unidad de Protección le negó los viáticos para el traslado de sus dos escoltas a Bogotá. Eso significa que ellos solo estarán a su disposición en su región natal, pero no en la ciudad donde pasa una o dos semanas al mes trabajando en Tierra y Vida. Cuando La Silla habló con él a las 9:30 de la noche estaba viajando en Transmilenio solo y sin más protección que su chaleco antibalas.

Hace una semana, cuando viajó a Cartagena para la junta nacional de Tierra y Vida, también le tocó hacerlo sin sus medidas habituales de protección. “Me tuve que ir solo y allá me mantuve siempre agazapado con mis colegas y sus escoltas”, dice.

“Con el desfalco de la Unidad, nosotros somos los que estamos pagando los platos rotos. Que le quiten un escolta siquiera a los congresistas, pero ¿por qué se ensañan con los más humildes, que no tenemos más maneras de protegernos y que vivimos en las zonas más peligrosas?”, dice una líder de víctimas en la Costa que asegura que esta semana le retiraron la camioneta blindada y uno de los dos escoltas que la protegían desde hace dos años. “A mí la última vez que me dejaron sola, hace dos años, casi me matan en la puerta de la casa. A los ocho días me montaron el esquema”.

"No es cierto que el Gobierno le esté reduciendo la protección a las víctimas y de hecho la ha aumentado sustancialmente. El déficit se da precisamente porque la hemos aumentado. Y el plan de ahorro que lanzamos tiene dos componentes -la reducción en los gastos administrativos y el desmonte de esquemas para gente que ya no los necesita- y ninguno de ellos afecta a las víctimas. En todo caso, una cosa es el plan de austeridad y otra el ajuste de esquemas de seguridad, que se hace con evaluaciones de nivel de riesgo de manera rutinaria. Y no le vamos a tocar el esquema a ningún ex presidente", le dijo Villamizar a La Silla.

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Rosa Amelia Hernández, líder de reclamantes de Córdoba, ve con preocupación la reducción de esquemas en un departamento que ha puesto tres líderes asesinados en un año.

Parte del hueco de la Unidad de Protección se debe a una red de corrupción que presuntamente lideraba su ex secretario general Julián Marulanda, hoy fugado.

“Con esta situación en Córdoba, si a nosotros nos dejan sin protección pueden tener la seguridad de que nos matan”, dice Rosa Amelia Hernández, la líder de restitución de tierras en Córdoba en torno a quien La Silla -con el apoyo de sus Súper Amigos- creó el 'Proyecto Rosa'. A ella no le han tocado su esquema de seguridad, pero le cancelaron sin previo aviso el celular que recibió para emergencias.

El trabajo de Rosa Amelia, como el de cientos de líderes de víctimas en todo el país, consiste en viajar municipio por municipio de Córdoba e incluso el Bajo Cauca para enseñarle a gente cómo poner un denuncio ante la Fiscalía, cómo hacer un trámite para registrarse oficialmente como víctima o cómo arrancar el papeleo para pedir la devolución de la parcela que perdieron debido al despojo o el abandono forzado.

Aunque técnicamente las entidades que creó la Ley de Víctimas -como las Unidades de Víctimas y Restitución- son las que corren con esos trámites y enseñan a la gente cómo hacerlos, son los líderes de base los que muchas veces saben dónde están las víctimas que no se han acercado al Estado y en quienes ellos confían.

Por eso, buena parte de sus días se van viajando a lo largo y ancho de sus departamentos, de vereda en vereda. Los que tienen mayor nivel de riesgo lo hacen en los carros blindados que les asigna la Unidad y con escoltas que pueden protegerlos en caso de emergencia.

Al fin y al cabo, Córdoba es uno de los departamentos más mortíferos para los líderes de víctimas. Solo Valencia, uno de sus municipios más golpeados, tiene el triste récord de haber visto a tres de ellos asesinados el año pasado.

Ermes Vidal, un líder campesino y de desplazados que estaba en la mesa municipal de víctimas, apareció muerto a orillas del río Sinú en marzo pasado. Menos de un mes después, Ever Cordero -el líder más visible del pueblo- fue acribillado mientras planeaba la marcha de las víctimas y un día antes de que el presidente Juan Manuel Santos viajara a Montería para entregar los títulos a las primeras familias restituidas en la emblemática Hacienda Santa Paula que perteneció al clan Castaño. Finalmente, en noviembre, Gildardo Padilla -un reclamante de tierras- fue asesinado mientras viajaba en moto por una carretera rural del municipio.

Aldemar Díaz, un líder nasa que dirige el capítulo del Valle de Tierra y Vida, cuenta que lleva tres meses esperando un segundo escolta que fue aprobado ya. “Me asignaron un hombre de escolta, el segundo por mi nivel de riesgo, el primero de julio y esta es la hora en que yo ni siquiera lo conozco”, cuenta este líder indígena del Cauca, que se convirtió en líder de desplazados en Tuluá y -desde Tierra y Vida- asesora a reclamantes en Nariño, Cauca, Putumayo y casi todo el Valle.

Su angustia se debe a que hace menos de dos de semanas un conocido suyo, el líder de tierras José Ricaute Sánchez de la cercana Ginebra, sufrió un atentado en la vía que va hacia el Ingenio Pichichí. Aunque Sánchez salió ileso del ataque, su escolta de la Unidad de Protección -Luis Adolfo Rojas- murió acribillado.

Los temores de las víctimas no tienen que ver solamente con los escoltas, sino también con las trabas que dicen estar teniendo con trámites como reclamar los subsidios para pagar gasolina y peajes, que reducen su movilidad y les impiden poder dedicarse a lo que convirtieron en su oficio.

“Yo tengo ya nueve meses que no he recibido ningún reembolso por los peajes que he pagado, a pesar de que radiqué los recibos hace rato. Ahora me falta llevar lo de los últimos meses, pero de lo de antes no he visto nada”, dice Luis Alfredo Vásquez, el líder de Tierra y Vida en los Montes de María, que suele viajar por toda esa zona montañosa entre Bolívar y Sucre -desde su natal San Jacinto- asesorando a reclamantes.

“No he podido volver a movilizarme. ¿Y las garantías de participación para los líderes dónde están? Cuando callan a un líder, callan a 20 mil familias”, dice Aldemar Díaz, añadiendo que no recibe auxilios de transporte desde hace cinco meses y que también le cortaron el celular de emergencia.

Para la Unidad de Víctimas, el tema de fondo es que parte importante del déficit que tiene la Unidad se debe al alto costo de los viáticos, que le cuestan unos 50 mil millones de pesos al año a la entidad. "Nos toca ponerle un freno a los viáticos porque, con cada escolta facturando en promedio 12,5 días de viáticos al mes, esto es insostenible. Por eso estamos coordinando para poder prestar la misma seguridad pero a un menor costo", dice Villamizar.

Eso incluye, explica el director de la Unidad, que cuando los líderes se desplacen a diferentes puntos del país se apoyen en esquemas de seguridad locales, con lo cual se puedan reducir los gastos de traslado de escoltas y de viáticos. "Vamos a evaluar caso por caso en los temas de traslados, porque no se pueden aprobar automáticamente como antes", explicó Vilamizar.

Por eso, si el ministro Cristo quiere proteger a los líderes de la Ley de Víctimas que él apadrinó, tendrá no solo que conseguir los “recursos adicionales para proteger dirigentes, concejales, diputados, líderes de restitución” que prometió, sino revisar que el recorte del gasto en la Unidad de Protección no las esté afectando ya.

Al final de cuentas, aunque ocasionalmente muchos 'protegidos' incurren en abusos de sus esquemas de seguridad, los líderes de víctimas y tierras son quienes están poniendo el pecho para sacar adelante una de las políticas bandera de Santos.

“A mí, que trabajo sobre todo en zonas rurales, me ha tocado salir hasta en moto y en bicicleta. O con plata prestada porque el señor de la camioneta que me llevaba, con toda la razón, me dice que él no puede trabajar con agua”, dice Beatriz Martínez, que es líder de restitución de tierras en Córdoba y que también está reclamando la parcela de donde salió desplazada. “Esto no es protección, sino preocupación”.

Nota de la editora: Esta historia fue actualizada en la mañana después de que La Silla hablara con Andrés Villamizar.