El invierno que amenaza a Verano

Entre el municipio de Manatí y el corregimiento de Las Compuertas hay una ciudadela de paredes de plástico, pisos de arena y techos de zinc conocida como El Limón. Tan ácida como esa fruta ha sido para 250 familias (unas 1.500 personas) la experiencia de vivir desde diciembre de 2010 en esos cambuches, en los que la temperatura supera los 35 grados centígrados después del mediodía.

Allí han pasado consecutivamente cinco diciembres, cinco Semanas Santas, cinco festejos de la madre, cinco días del padre.

Cenaida Parejo, de 35 años, es una de las que habita esas cajas de menos de 20 metros cuadrados con sus seis hijos y cinco familiares más. Ella se pregunta por qué a los damnificados de Campo de la Cruz, Santa Lucía y Manatí ya les dieron casa y a ellos no.

Esta mujer eleva su queja debajo de uno de los pocos árboles que da sombra en esa planicie polvorienta y calurosa sobre la que están construidos los cambuches, y a la que es más rápido (aunque tortuoso) llegar en moto y abriéndose camino en medio de pequeñas piedras.

A Cenaida y parte de sus vecinos el gobernador del Atlántico José Antonio Segebre les aseguró que antes del 16 de septiembre próximo estarán reubicados en la nueva urbanización Las Compuertas, a menos de 10 minutos de donde están hoy los cambuches. Se trata de 122 casas de 45 metros cuadrados, cada una, con dos habitaciones, sala, baño, cocina y área de labores, además de 80 metros cuadrados libres para construcción.

La otras 128 familias todavía deben esperar unos meses o quizá años más. La fecha exacta no se vislumbra aún porque la Nación y el Departamento apenas trabajan en la adecuación del terreno.

Estos damnificados, metidos en cambuches, son solo un ejemplo de la catastrófica ola invernal de 2010 que llevó al presidente Juan Manuel Santos a decretar un estado de excepción por emergencia económica, social y ecológica.

Algunas poblaciones del sur estuvieron inundadas hasta el segundo semestre de 2011. Tanto daño hizo el agua que dejó 11 mil casas por reparar y 3.600 por construir desde cero. Además de los sistemas de acueducto, estaciones eléctricas y las infraestructuras escolar y hospitalaria completamente averiados.

En estas viviendas serán reubicadas algunas familias que hoy viven en cambuches en Las Compuertas.

El gobernador del Atlántico les aseguró a los damnificados que en septiembre próximo estarán en las nuevas viviendas. Fotografías: Tatiana Velásquez.

En el recorrido que hicimos por los municipios de Manatí y Santa Lucía, y por los corregimientos de Algodonal y Las Compuertas, encontramos que las reconstrucciones de acueductos, hospitales, vías y colegios con recursos nacionales y departamentales están listas en su mayoría. Las inauguraciones empezaron en 2014, es decir, cuatro años después de la inundación. Según la Gobernación, van avanzadas en un 90% y en lo que queda del año y durante el próximo estará listo el resto.

Tampoco faltaron en nuestro recorrido los avisos publicitarios a favor de Eduardo Verano. De uno de ellos se leía 'Aquí en Santa Lucía estamos con Verano'. Sin embargo, hace cinco años los pobladores de este municipio poco querían saber de él. Ellos, al igual que los demás habitantes del cono sur, criticaron las demoras de la administración departamental durante los primeros días de la inundación.

Al Verano gobernador le llovieron críticas porque los trabajos de cierre del boquete solo comenzaron dos días después del rompimiento del dique, por la lenta entrega de los alimentos en los albergues y por los continuos inconvenientes en los trabajos de bombeo para sacar las aguas. De hecho, la Contraloría Nacional emitió un control de advertencia por posible detrimento patrimonial por las motobombas contratadas.

A lado y lado de las trochas, y entre una población y otra, vimos muchas viviendas deterioradas, a las que el cemento prometido nunca les llegó, nos aseguraron los lugareños. La mayoría se cansó de esperar y sacó los materiales de su propio bolsillo. Otros las abandonaron y hoy son habitadas por la maleza.

Tan lenta ha sido la reconstrucción en el sur del Atlántico, que el año pasado en una inauguración de obras Santos les pidió disculpas a los pobladores. 

A quienes por fin les cumplieron la Nación y la Gobernación fue a los damnificados de Santa Lucía, quienes desde hace dos años están en sus viviendas palafíticas. Estas son similares a las que habíamos visto en un viaje anterior a la cercana población de Campo de la Cruz: son casas blancas prefabricadas y con acabados en PVC, construidas hasta un metro y 60 centímetros de altura para que en época de invierno el agua no termine desplazando a sus habitantes una vez más.

Mientras el agua no llegue, ese espacio entre el suelo y el piso de las viviendas es usado para sembrar el pancoger o criar gallinas y cerdos. También como zona de esparcimiento. Debajo de una de las casas vimos a cuatro santalucenses jugando dominó al son de un vallenato.

Entre esas viviendas palafíticas y las de construcción tradicional, la Nación y la Gobernación han entregado hasta ahora unas 1.800. En las demás, todavía en edificación, deben ser reubicados quienes comenzaron a volver a sus casas en 2011, sin importarles seguir en zonas de alto riesgo de inundación.

La infraestructura escolar, hospitalaria y de saneamiento básico está entregada en su totalidad. Esta es la escuela de Santa Lucía, la tierra de la danza del Son de Negro. Foto: Tatiana Velásquez

El retraso en la entrega de las obras, especialmente de las viviendas, se debe a la demora inicial de la Gobernación (que durante 2011 lideraba Verano) en conseguir los lotes sobre los que el Fondo de Adaptación comenzó la construcción y a los controles que el gobierno de Santos le puso a la contratación para evitar la corrupción.

Mucho más porque con las emergencias de 2010 se evidenciaron las consecuencias de la politización de las Corporaciones Autónomas Regionales, que de ser manejadas con criterios de meritocracia trabajarían por un mejor desarrollo sostenible en las regiones.

Pese a esos controles, no faltó la corrupción. En 2012, el entonces director de Colombia Humanitaria Everardo Murillo advirtió que habían 10 mil millones de pesos embolatados en anticipos entregados a 74 contratistas para que hicieran obras de mitigación y prevención: no solo no las habían comenzado sino que muchos no aparecieron.

A esto se suma las denuncias de entregas de subsidios a falsos damnificados, que fueron incluidos en las listas por líderes políticos locales. Ese fue el caso del municipio mojanero de Sucre, Sucre, donde personas de otras poblaciones recibieron, cada una, 1.500.000 pesos.

Otro de los problemas que afronta el sur del Atlántico es su economía estancada. Cinco años después ésta no logra llegar al punto en que se encontraba antes de la inundación.

Eduardo Majul es un ganadero de Manatí a quien el rompimiento del dique lo convirtió en uno de los voceros de su municipio. Dice que con las obras de infraestructura casi listas, la Gobernación debería apostarle más a la reactivación económica porque las vacas preñadas que les dieron hace un par de años no han sido suficientes para que la ganadería local levante vuelo.

Lo mismo opina su padre, Álvaro Majul. Un ganadero de 74 años, quien también fue testigo de la inundación que el sur vivió en 1984. “Aquello fue rápido. Nunca tuvimos que salir de las casas. No se compara con lo que nos tocó en 2010”, recuerda sentado en la sala de su casa.

Álvaro y Eduardo alcanzaron a poner sus reses en tierra firme, pero con el paso de los meses comenzaron a vender más baratas algunas de ellas para alquilar fincas con pasto y evitar así que la mayoría de los animales se les muriera. Todavía hoy su economía está golpeada porque no han logrado ampliar su lote vacuno ni producir suficiente hierba en sus propiedades. Además, cuando el pueblo comenzó a secarse, debieron adecuar un parqueadero al lado de su esquinera casa como apartamento. Lo hicieron esperanzados en que pronto podrían arreglar su morada, pero aún no tienen el músculo económico para ponerla como en sus mejores tiempos.

Con el Plan Sur, el candidato Eduardo Verano busca transformar la inundación en el cono sur en una fortaleza. Tarea que no es fácil por la resistencia que genera entre algunos pobladores. Fotografía: Prensa Eduardo Verano.

El ganadero Álvaro Majul es uno de los líderes del municipio de Manatí, que clama por la pronta reactivación económica. Fotografía: Tatiana Velásquez

“Es que nos cambió la vida. Este pueblo nunca ha sido pesquero y los que no sabían pescar tuvieron que aprender rápido y salir a la Ciénaga del Guájaro a buscar la comida diaria. Eso lo dice todo”, lamenta el patriarca Majul.

La producción láctea también es un retrato de lo golpeados que están los bolsillos aquí: antes de que el agua los ahogara, las dos cooperativas de ganaderos de Manatí producían hasta 17 mil litros diarios de leche, pero desde 2010 no han superado la barrera de los cuatro mil.

La baja producción se debe, en parte, a que los pequeños y medianos empresarios perdieron mucho ganado al tener que mal venderlo para trasladar a sus familias a lugares seguros y a la desventajosa posición en la que han quedado ante los comercializadores tras los tratados de libre comercio firmados por Colombia.

Aunque ambos, padre e hijo, reconocen haber sido críticos de la respuesta de Verano a la emergencia ahora vuelven a creer en él porque confían en que podrá sacar adelante el cono sur con sus propuestas de reactivación económica.

Verano intenta convencer a más líderes ganaderos como los Majul y demostrar que puede convertir ese invierno del sur en primavera. Lograrlo parece una misión imposible. También va cuesta arriba en el intento de que la mayoría desligue su nombre de aquella inundación contra la cual no estaban blindados.