El lío de Sarmiento no es por soborno sino por rosquero

Las nuevas imputaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio por el caso de Odebrecht, implican al Grupo Aval y al hijo del magnate.

El viernes la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló cargos a varias personas y empresas por el escándalo de Odebrecht, incluyendo a Corficolombiana y Episol, del Grupo Aval, y a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Aval e hijo del hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Eso, más allá de la obvia mala noticia para la familia Sarmiento y para Aval, que fue registrada el mismo viernes por varios medios de comunicación, esta  también significa un alivio relativo para el gigante del sector financiero.

La decisión del viernes es un alivio para Sarmiento Gutiérrez y para Aval, pues la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investigó los sobornos y no les abrió investigación por soborno.  

La mala noticia es que sí les formuló cargos a las filiales del grupo Corficolombiana y Episol. Y que al Grupo y a Sarmiento Gutiérrez les imputó directamente otras conductas, que si terminan siendo probadas en el proceso y la SIC los sanciona, indicaría que sí cometieron irregularidades para obtener el contrato de Ruta del Sol II.

El alivio temporal

El domingo anterior Sarmiento Gutiérrez, usualmente poco dado a las entrevistas, apareció en una en el periódico de su padre, El Tiempo. 

Sarmiento dijo que había decidido hablar para responder lo que él considera una “campaña de agresión” en contra del grupo, una referencia a artículos publicados en los últimos dos meses en Bloomberg, El Espectador y dos columnas de María Jimena Duzán en Semana, que mostraban que era difícil que las empresas de Aval no supieran de los pagos irregulares de sus socios de Odebrecht.

El magnate argumentó que sí vieron pagos irregulares pero pensaron que los estaban robando y que Odebrecht los engañó, por lo que la entrevista pareció una forma de calmar el nerviosismo que, de acuerdo con Bloomberg, ha afectado la acción de Aval y de Corficolombiana por cuenta del escándalo.

La primera imputación que hizo la SIC el viernes parece darle la razón a Sarmiento. Tiene que ver con el soborno de Odebrecht al exviceministro de transporte Gabriel Ignacio García Morales.

Aunque este caso ya se conoce y García aceptó cargos penales por él, la Superintendencia dio un paso más en el caso del presidente de Corficolombiana de la época, José Elías Melo, quien en la Fiscalía está siendo investigado por cohecho e interés indebido en la ejecución de contratos, y a quien la Superintendencia formuló cargos.

Por la supuesta participación de Melo fue que también imputaron a Corficolombiana y a Episol, ambas empresas del Grupo Aval, pero no han encontrado pruebas de que más personas al interior del grupo estuvieran involucradas.

Según confirmó el saliente Superintendente, Pablo Felipe Robledo, en la investigación no encontraron evidencia de que el Grupo Aval u otros de sus ejecutivos participaran directamente en este soborno.

Por eso no les imputaron cargos por ese delito.

Eso es un alivio para Aval porque la SIC no encontró pruebas de que hubiera participado en el hecho más delicado de todo el escándalo.

Aparentemente esto es lo que entendió el mercado, que suele reaccionar con caída de los precios de las acciones de empresas metidas en líos. Ese día la acción de Corficolombiana, directamente implicada, cayó un 3,46 por ciento en la Bolsa de Valores de Colombia, casi seis veces más que la de Aval que solo se redujo un 0,42 por ciento.

Sin embargo, el alivio es relativo.

Por un lado porque de todas formas hay dos empresas del grupo vinculadas al proceso.

Además, la Superintendencia sigue investigando la adición de la vía Ocaña-Gamarra a la concesión y en la Fiscalía hay evidencia de pagos sospechosos realizados desde la concesionaria entre 2009 y 2015, como relacionó en un informe el supervisor (controller) de la concesionaria, Jorge Enrique Pizano Callejas.

El superintendente Robledo explicó a La Silla que los pagos son sospechosos porque la Fiscalía ya comprobó que las empresas que los recibieron hacían parte de la red que crearon los involucrados para lavar el dinero de los sobornos de Odebrecht.

Estas empresas están vinculadas con el empresario Federico Gaviria que aceptó cargos por cohecho, concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias y el excontratista Eduardo Zambrano que fue imputado por la Fiscalía en la misma investigación.

Los pagos a los que hace referencia la SIC son adicionales a los 11 millones de dólares que confesaron los ejecutivos de la corrupta multinacional en Estados Unidos. Además que obedecen a contratos aparentemente fachada, asesorías que nunca se prestaron y gastos sin justificación.

Y, por otro lado, es relativo porque los cargos que sí imputó la SIC igual golpean a Aval y dejan interrogantes más de fondo en el aire.

La rosca de Aval

La Superintendencia reveló datos que afectan la reputación de la empresa y que, de ser comprobados, probarían que el poderoso grupo empresarial usó caminos ilegales para influir sobre decisiones del Estado.

El cargo que le imputó directamente al Grupo Aval y personalmente a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez es el de “aprovechamiento de un conflicto de intereses”, es decir, el de haberse beneficiado de una situación en la que por lo menos una persona tenía una influencia que iba contra su papel en la licitación.

El caso es el siguiente: el vicepresidente de Planeación del Grupo Aval, Diego Fernando Solano, está casado con la funcionaria de la Corporación Financiera Internacional (entidad financiera del Banco Mundial, conocida por su sigla en inglés IFC), María Victoria Guarín. Como el Inco había contratado a la IFC para estructurar la concesión, y la IFC había encargado a Guarín de ese trabajo, para la SIC había un potencial conflicto de intereses.

A partir de esos hechos, la Superintendencia investiga si el entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, aprovechó esa relación para buscar encuentros extraoficiales con Guarín que sirvieran para meter en la licitación condiciones que favorecieran al grupo.

En el expediente abierto por la Superintendencia hay correos que muestran que Solano estaba muy involucrado e informado del proceso de la licitación.

Así mismo, la SIC ha dicho que hay correos electrónicos que comprueban que Sarmiento Gutiérrez estaba enterado de esa iniciativa de Melo y la aprobaba. Por eso a él también lo investigan.

Por esos hechos también están imputados los esposos Solano y Guarín; Melo; Gustavo Antonio Ramírez, vicepresidente de inversiones de Corficolombiana; Alejandro Sánchez Vaca, vicepresidente de banca de inversión de Corficolombiana; y las empresas Corficolombiana, Episol y Grupo Aval.

Esa imputación tiene más fuerza porque la SIC también le  formuló cargos a Guarín y a Odebrecht por haberse reunido para cambiar las reglas de la licitación, algo que debía definir el Inco pero en lo que la IFC podía influir. Que la Superintendencia diga que tienen probadas esas reuniones le da más fuerza a la acusación de conflicto de intereses.

Encima, la Superintendencia también encontró evidencia de un intento de Episol, Corficolombiana y Odebrecht de ponerse de acuerdo debajo de la mesa con las constructoras Odinsa, Impregilo y OHL, para repartirse los tramos de la Ruta del Sol y no competir, lo que violaría la competencia y atentaría contra los intereses del Estado.

Aunque sobre esto no se formuló pliego de cargos, la SIC explicó que es porque las empresas no lograron ponerse de acuerdo, pero sí buscaron hacerlo.

Todo eso deja un cuestionamiento concreto sobre la ética de los negocios de Aval, algo a lo que esa empresa y su filial Corficolombiana hicieron referencia en los comunicados que enviaron el mismo viernes a la Superintendencia Financiera, pues estaban obligados a referirse a la imputación por tener acciones en la Bolsa.

“A lo largo de su historia Grupo Aval se ha caracterizado por adelantar sus operaciones con absoluta transparencia e irrestricto apego a la Ley. Estos mismos principios de gobierno corporativo y legalidad han sido instaurados y observados en las sociedades controladas por Grupo Aval” dice el comunicado.

Esa sombra es una mala noticia.

Aunque la investigación de la Superintendencia, que además cambiará de manos para ser encabezada por Andrés Barreto (una de las personas de más confianza del presidente Iván Duque), podría no encontrar suficientes pruebas y descartar el proceso, el cuestionamiento queda.

Y ganaría mucha fuerza si Barreto, un funcionario que tendrá una mirada fresca sobre el caso, encuentra que sí hay pruebas y sanciona a las empresas de Sarmiento Angulo y a su hijo, así las multas no lleguen a los topes de 78.124 millones y 1.562 millones de pesos, respectivamente.

Porque, al final, ese dinero no es mucho para Sarmiento Gutiérrez ni para Aval y sus empresas, pero el golpe a su reputación podría sumar mucho más - aunque nunca tanto como si los hubieran acusado de soborno como lo hizo Odebrecht, algo que la SIC descartó el viernes, para este caso.