El mensaje de poder del Fiscal a la JEP

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Con la decisión de investigar directamente a personas de la JEP, el Fiscal mostró que su poder está por encima de ese sistema de justicia y de paso le dió una munición al uribismo. 

Con el anuncio de la Fiscalía de investigar a una alta funcionaria y dos contratistas de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, por presuntamente estar ayudando a líderes de la Farc a no pagar por supuestos incumplimientos al Acuerdo de Paz, más allá de los potencialmente graves efectos penales, el fiscal Néstor Humberto Martínez envió un mensaje de poder en su puja con ese sistema de justicia y de paso, le dio munición al uribismo. 

El caso

La Fiscalía citó a interrogatorio, entre hoy y mañana, a Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, y a dos abogados contratistas de su oficina, July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo Ramírez.

 

Según la Fiscalía ellos estarían haciendo cosas (el comunicado solo dice que son “hechos inenarrables”) para que la JEP no sancione el posible incumplimiento del Acuerdo.

Aunque el Fiscal no dice cuándo lo habrían hecho, lo más probable es que se refiera a hechos ocurridos antes del 15 de marzo porque hasta esa fecha, mientras entraban en funcionamiento las Salas y Secciones de la JEP y definían su reglamento interno, la Secretaría Ejecutiva tenía funciones judiciales, como ocuparse de las concesiones de amnistías e indulto, las concesiones de libertad condicional a los militares o los permisos de salida del país de los exguerrilleros.

Hoy se encarga, según le dijeron a La Silla dos fuentes de la JEP, de cosas totalmente administrativas como contestar derechos de petición sobre el estado de los casos y en qué sala están.

Más allá de los detalles del caso, con su comunicado el Fiscal muestra que su poder está por encima de la JEP, porque puede investigar a sus miembros, a la vez que reitera sus choques con este sistema de justicia.

¿Quién manda a quién?

El Fiscal ha sido un duro crítico de la JEP pues ha defendido la idea de que su existencia lleva a “fracturar la justicia ordinaria”.

El más reciente choque fue hace dos semanas, cuando le mandó una carta a la Corte Constitucional con sus comentarios críticos a la decisión de ésta sobre la Ley Estatutaria de la JEP.

En concreto le preguntó, entre otros puntos, si en la sentencia (que todavía no es pública) la competencia frente a delitos continuados relacionados con el narcotráfico va ser de la jurisdicción ordinaria o de la JEP, alegando que en el segundo caso eso impediría a la Fiscalía actuar con rapidez para enfrentarlos, hasta que la JEP defina en cada caso qué justicia debe hacerse cargo.

Con eso demostró su preocupación de que la Fiscalía quede sujeta a decisiones de la JEP.

El presidente de la Corte, Alejandro Linares, no contestó las preguntas, argumentando que cuando salga la sentencia se van a despejar sus dudas sobre ese y otros puntos, como la extradición, las garantías de no repetición o la suspensión de investigaciones contra agentes del Estado.

Antes de eso, en mayo, Martínez se fue contra la JEP en otra carta a la Corte en la que le pedía terciar luego de que la JEP suspendió el trámite de extradición de alias Jesús Santrich, lo que calificó como una “extralimitación de sus funciones constitucionalmente otorgadas”.

Martínez le pidió a la Corte definir si era la justicia ordinaria o la JEP la que debía adelantar el proceso de Santrich.

La Corte le dio la razón en parte porque definió que la captura que hizo la Fiscalía era legal, con lo que quedó claro que éste es el órgano competente para capturar a un ciudadano requerido en extradición, y también dijo que la JEP no podía suspender el trámite de extradición.

Sin embargo, también señaló que no se puede autorizar la extradición de un miembro acreditado de las Farc “sin la previa verificación de la JEP en relación con la fecha de ocurrencia de la conducta, aún cuando los hechos que se imputan sean posteriores al marco de competencia temporal de esta jurisdicción”. .

A diferencia de esos choques previos, en los que el Fiscal ha buscado que la Corte no le quite funciones y poder a su entidad, el choque se vuelve frontal con la decisión de investigar directamente a personas de la JEP por hechos vinculados con sus funciones, algo que se resiente en ella, según le dijo a La Silla uno de sus magistrados.

Sobre todo porque la decisión, a pesar de ser apenas inicial y no conocer su sustento, le ha dado munición a los uribistas para redoblar las críticas a la entidad.

La munición

Aunque la Fiscalía no reveló por qué hechos investiga a las tres personas vinculadas, y la investigación no compromete a la Secretaria actual, María del Pilar Bahamón, ni a ninguno de los magistrados, varios uribistas la han usado para volver a criticar la JEP, incluso diciendo que prueba que está montada para exonerar ex guerrilleros y condenar militares.

Incluso ya le pidieron a Zamora que renuncie. 

Ese efecto, inevitable en cualquier problema que tenga la JEP dadas las críticas que tiene desde su nacimiento, y sobre todo tras la elección de sus magistrados, crecerá o se desinflará cuando la Fiscalía de más detalles sobre el caso.

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