El modelo de catastro de Duque aterriza en Soacha con líos

El del catastro es un tema denso pero importante para transformar al país. El vacío fundamental que llena un catastro es el de darle al Estado información sobre quién es dueño de un pedazo de tierra o de un predio, qué tamaño tiene, para qué es apto y, a partir de esa información, cuánto vale. De ahí, los municipios, según lo establezcan, cobran un impuesto, el predial. 

Colombia tiene un catastro pésimo. Al inicio del Gobierno de Iván Duque, apenas el cinco por ciento de los predios y tierras, de ciudades y el campo, tenían un catastro actualizado. Este problema fue uno de los puntos de discusión en la mesa de La Habana, dentro del punto de desarrollo rural, con el espíritu de que “el que más tiene, más paga”. Ahí se materializó la idea del catastro multipropósito, uno de los pocos puntos del Acuerdo al que Duque le ha metido la ficha.

Este punto avanzó liderado, al principio del Gobierno, por el empresario Carlos Enrique Moreno. Moreno es el cuñado del expresidente Uribe a quien Duque nombró consejero para la Gestión y Cumplimiento. Aunque dejó el cargo en diciembre de 2019, la política quedó estructurada en un Conpes, el Plan de Desarrollo y dos decretos. 

Para superar la inseguridad jurídica que existe en el país por la ausencia de un registro de tierras, Moreno retomó el catastro multipropósito. Y, aunque no decidió implementarlo para cumplir con el Acuerdo, sí tomó una parte de su espíritu que decía que la actualización de los predios debía ejecutarse “en el marco de la autonomía municipal”. Esta idea rompió la estructura catastral que había en el país, y Moreno la reglamentó. El cambio más importante fue quitarle el monopolio del catastro al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), una idea que venía desde el Gobierno de Juan Manuel Santos pero solo pudo materializarse en el Gobierno Duque. 

A través de un esquema de descentralización de los catastros, la meta que se trazó Duque fue que al finalizar su mandato estuviera adelantado en un 60 por ciento de Colombia. Según cifras del Igac, el avance hasta enero de este año es del 15 por ciento. Más allá de estar atrasado en su meta, se trata de un salto enorme.

Pero es un salto que dio en su mayoría el Igac, y que no se ha reflejado en la idea de que sean los municipios y departamentos los que asuman esa responsabilidad.

El esquema que trazó el Gobierno fue el de crear dos figuras, gestores y operadores. Los gestores son los encargados de administrar, organizar y conservar la información catastral. Solo pueden ser entidades territoriales: municipios y departamentos. 

Los operadores pueden ser entidades públicas o privadas. Son los encargados de hacer el catastro, de recoger la información, formularla y asegurar que cumpla con todos los requerimientos de información variada, es decir, multipropósito. 

Esa apuesta facilita el avance de esta política, porque el Igac no tiene el músculo para hacer la actualización catastral de todo el país. Sin embargo, también abrió la puerta a un millonario mercado en el que no solo tienen juego las entidades territoriales, sino también operadores privados.

El modelo de catastro de Duque

Para actualizar su catastro un municipio debe seguir los siguientes pasos: Primero, debe habilitarse ante el Igac como gestor catastral o contratar a otra entidad para que sea su gestor. En caso de querer ser su propio gestor, tiene que cumplir unos requisitos que el Igac revisa y, si los cumple, queda habilitado como gestor. 

Después, puede convertirse también en operador o contratar a una empresa pública, privada o mixta para que empiece a recoger datos. Todo este proceso entra dentro del espectro de vigilancia, según quedó en el modelo del Gobierno, de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Aunque para finales de 2020 el Gobierno debería haber tenido el 30 por ciento del país con catastro multipropósito, hasta ahora llevan el 15 por ciento. Le preguntamos al Igac las razones que explican este retraso y nos dieron dos: la falta de financiación y la pandemia.

Aunque algunos municipios, principalmente los más afectados por el conflicto y deforestación, tienen asegurado su catastro con plata de cooperación internacional, la mayoría aún no tiene y debe buscarse los recursos. 

Pero, como la crisis del covid ha obligado a las entidades territoriales a redireccionar sus inversiones, muchas han postergado invertir en el catastro. 

Según Olga Lucía López, directora del Igac, “varias de las entidades territoriales interesadas en iniciar este proceso (el de actualización catastral) tuvieron que destinar recursos para cubrir necesidades propias de la pandemia”. Aun así, la entidad ha habilitado hasta ahora a 24 gestores catastrales y está estudiando “nueve solicitudes de habilitación de entidades territoriales”. 

Soacha —municipio de 645 mil personas al sur de Bogotá y el séptimo más poblado de Colombia— es el primero que estrenó el modelo completo en todo el país y La Silla Vacía revisó toda su ejecución.

Encontramos que en una carrera contra el tiempo recibió la venia del Igac para gestionar su propio catastro, constituyó una empresa mixta para operarlo, firmó un contrato por casi nueve mil millones de pesos para recolectar la información y actualizó todo su catastro urbano en tres meses. Luego estos cambios se vieron reflejados en el impuesto predial y ahora “Soacha está berraca”.

Y podría estarlo más. Según la investigación de La Silla Vacía, uno de los socios de la empresa que contrató el municipio para levantar su catastro tiene vínculos con el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga. 

Esa empresa, además, se ganó el concurso para operar el catastro como único proponente, en un proceso tan expedito que grandes jugadores catastrales internacionales no lograron presentar propuestas por la premura de la convocatoria.

El maratónico aterrizaje en Soacha

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, es un barón electoral local, que fue elegido con los avales del ADA, La U y el Centro Democrático. Saldarriaga fue quien inició todos los trámites para convertirse en gestor y operador catastral.

El Igac lo habilitó porque cumplía todos los requisitos, y el Concejo aprobó que Soacha también se convirtiera en operador a través de una empresa mixta, en la que el municipio tendría el 51 por ciento de las acciones y el privado el 49.

Para Soacha el catastro era urgente. Los avalúos catastrales viejos, según la Alcaldía, reflejaban menos del 40 por ciento del valor comercial de los predios. Además, al menos 40 mil predios nuevos no estaban incorporados al catastro.

Con estos argumentos, el Concejo le dio vía libre al alcalde en julio del 2020 y en agosto Saldarriaga inició una carrera maratónica para escoger a la firma que se convertiría en la socia del municipio en la empresa mixta que operaría el catastro.

Saldarriaga lanzó la convocatoria el 13 de agosto y le dio a los potenciales interesados solo seis días hábiles para preparar una oferta con la que tendrían que probar que eran idóneos para ser un socio de la Alcaldía para temas de catastro.

Un día antes de que se acabara el plazo, dos empresas le pidieron a la administración que ampliara el plazo para entregar las ofertas porque “la propuesta era compleja de formular”.

Una de las interesadas fue la sucursal en Colombia de Procad Géomatique, una compañía que se presentó como “uno de los principales proveedores de servicios catastrales del gobierno de Quebec, con más de un millón de predios realizados durante los últimos 20 años”.

El negocio es muy lucrativo para el privado. El que resultara seleccionado no solo se iba asegurar de manera directa la ejecución de todos los negocios relacionados con el manejo del catastro del municipio, sino que lo haría por varios años. En este caso, la administración de Saldarriaga estableció que sería indefinidamente.

Sin embargo, la Alcaldía no accedió al plazo que pidieron las dos empresas.

“No se accede a la observación, por cuanto el tiempo establecido en la convocatoria es suficiente para preparar la documentación”, dice la respuesta oficial de la Alcaldía.

El día del cierre de la convocatoria, solo llegó una propuesta: la de CityLand, una empresa que había sido creada hacía solo cuatro meses con un capital pagado de solo cinco millones de pesos. Tiene un objeto tan amplio que, además de trabajar en temas relacionados con catastro, incluye la posibilidad de hacer obras civiles, exploración y explotación de minerales, exportación de “toda clase de productos, mercancías y servicios”, entre otras.

La gran mayoría de la experiencia que aportó CityLand estuvo en temas de instalación y mantenimiento de software a entidades públicas. Pero el municipio consideró que era idónea y la seleccionó.

El 3 de septiembre, menos de un mes después de lanzada la convocatoria, la Alcaldía constituyó la empresa mixta Catastro Avanza S.A.S., como la compañía encargada de recoger los datos para la actualización catastral en Soacha.

Rastreamos quiénes están detrás de CityLand y encontramos que esa empresa tiene vasos comunicantes con el alcalde Saldarriaga.

El catastro de Saldarriaga quedó en casa

La relación del alcalde Saldarriaga con los socios de CityLand se da a través de otra empresa llamada Add Multiservicios Corporativos. Se trata de una firma en la que el mandatario ha figurado y en la que se cruza con Carlos Muñoz, uno de los fundadores de DataTools, empresa que a su vez es la dueña y controlante de CityLand.

Los tres socios de CityLand son DataTools S.A.S., empresa especializada en software que hace parte del grupo de los súper poderosos contratistas Ríos Velilla; Gustavo Adolfo Marulanda Morales, quien fue director del catastro Bogotá entre 2009 y 2016; y Magnolia Moreno Rozo, una estadista que ha hecho carrera principalmente en el Igac, que ha asesorado a Catastro Bogotá y a otros catastros del país.

DataTools es la socia mayoritaria y controlante (con el 96 por ciento de las acciones) de CityLand. Es una empresa de tecnología y desarrollo de software especializado que, entre otras, maneja la concesión de tránsito de Cundinamarca, todo el software de tránsito en Cartagena y que en Bogotá tiene la concesión de los centros de Servicios Integrales para la Movilidad (SIM).

Nació hace más de 20 años, cuando Carlos Muñoz, un ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional, le propuso a Javier Ríos Velilla (hermano del superpoderoso Alberto Ríos Velilla)  la idea de montar una empresa de desarrollo de software donde Muñoz sería el cerebro y Ríos quien ponía el capital.

Carlos Muñoz, además de su participación en DataTools, es el actual representante legal de Add Multiservicios Corporativos, una empresa que se creó en 2009 en Soacha como un parqueadero y al poco tiempo fue adquirida por Jairo Carrero Bolívar y Francisca Amparo Gaviria, mamá del alcalde Saldarriaga.

Desde entonces varios familiares del alcalde y el mismo alcalde han figurado en esa empresa, al mismo tiempo que familiares de Carlos Muñoz lo han hecho. 

Además, La Silla encontró que otras personas que han tenido relación con esa empresa actualmente son funcionarios del municipio: su asesora de despacho, Tatiana Carrero, fue representante legal de Add Multiservicios.

Carlos Muñoz le dijo a La Silla que conoce al alcalde desde que este último fue el encargado de la Secretaría de Tránsito de la Gobernación de Cundinamarca (DataTools tiene la concesión de ese departamento desde 2002) y que son amigos, pero negó tener o haber tenido alguna relación comercial con él.

Buscamos al alcalde Saldarriaga para que nos diera su versión sobre sus relaciones actuales con esa empresa y con Carlos Muñoz. También para conocer si esa relación de vieja data había influido en la decisión de su administración de hacer una convocatoria contrareloj que favoreció a la empresa de su socio. Al cierre de esta historia no nos había contestado.

La respuesta formal de DataTools y la de su socio Carlos Muñoz fue que esa relación no había generado favorecimiento alguno, que se enteraron de la convocatoria a través del Secop y que todo se había ajustado a la ley.

“La relación personal que existe no influyó en lo más mínimo en esta selección”, dijo a La Silla Carlos Muñoz.

En todo caso, si fue corto el tiempo para que los viejos conocidos y amigos del alcalde terminaran siendo socios del municipio, el del contrato para formular el catastro fue aún menor y le terminó pegando directamente a los habitantes de Soacha.

En los 15 días siguientes a la creación de Catastro Avanza, la Alcaldía hizo los estudios para entregarle su primer negocio: un contrato por 8.996 millones de pesos para que en tres meses y medio hiciera el catastro multipropósito del área urbana de Soacha.

El 30 y el 31 de diciembre de 2020, el alcalde Saldarriaga aprobó el catastro hecho por la empresa mixta Catastro Avanza y decretó que el cobro del predial en 2021 se modificará de acuerdo a esta actualización. 

Esto cayó como una bomba en un municipio en el cual más de la mitad de la población, ya golpeada por la pandemia, vive en la pobreza.

Las protestas por un catastro hecho en tres meses

El pasado 17 de febrero, fue la primera protesta por el alza del impuesto predial como resultado de la actualización catastral.

Ese día nació el movimiento “Soacha está Berraca”, que se ha movilizado desde entonces para pedir ajustes en el cobro del predial que, en algunos casos, ha llegado a ser hasta del 500 por ciento.  

Aunque un alza en el predial es una consecuencia directa de un catastro que llevaba tantos años desactualizado, fue una de las razones por las que algunos soachunos salieron a protestar en el paro del 5 de mayo.

"Soacha está berraca" protesta contra el predial injusto. Cundinamarca.#ParoNacional5M pic.twitter.com/lmmEJEDAL1

— La Constituyente Audiovisual (@LaConstwitt) May 5, 2021

“Cómo va a ser posible que, con esta crisis económica tan macabra que tenemos, tengamos que pagar un predial que está mal liquidado”, le dijo a La Silla Richard Carrillo, una de las cabezas de “Soacha está Berraca”. “Le pongo un ejemplo: en el barrio Carbonel, en Bogotá, una casa de cinco pisos paga un predial de 340 mil pesos, del otro lado de la calle, en Soacha, una casa de dos pisos paga ahora millón ochocientos”.

Las críticas de los soachunos al alza del predial tienen que ver con tres cosas: la manera en la que la empresa mixta que creó el alcalde Saldarriaga recogió los datos, el tiempo en que se recolectaron y que el proceso no fue socializado con la comunidad. 

En efecto, para evitar la propagación del coronavirus en Soacha, en el contrato para hacer la actualización catastral la Alcaldía privilegió “el uso intensivo de métodos indirectos para la recolección de información física, jurídica y económica, dando mayor espacio al uso de fuentes secundarias”; es decir, herramientas tecnológicas.

Y esto, en un municipio en el que el 23 por ciento de los barrios son ilegales, puede ser problemático.

 “Las visitas son importantes cuando hay tanta informalidad, porque esto implica que la información de los predios no está en ninguna base de datos. No hay matrículas ni certificados de tradición. Entonces, un técnico debe ir a verificar la información”, le dijo a La Silla Sergio Rodríguez, director de Territorium, una empresa especializada en derecho de tierras y gestión predial. 

“Un catastro debe reflejar la realidad social de los predios. En Soacha el nivel de informalidad de la propiedad es muy alto y hay muchas dificultades que el técnico debe visualizar en terreno”, le dijo a La Silla Vacía Luis Felipe Guzmán, abogado experto en medio ambiente y ordenamiento territorial.

Sin embargo, Gustavo Marulanda y Magnolia Moreno, las cabezas de CityLand, le aseguraron a La Silla que sí se hicieron visitas presenciales, pero aclararon que no se hicieron en todos los predios.

La metodología que usaron fue la de barrer el municipio con aviones con los que captaron imágenes satelitales, junto a otras herramientas tecnológicas que aterrizaron la información predio a predio. Solo visitaron manzanas en las que detectaron predios que presentaron cambios con respecto a la actualización catastral de 2009.

Por eso, según Marulanda y Moreno, los tres meses y 13 días que duró el contrato les alcanzaron para hacer todo el catastro de Soacha. “Todo esto es la compilación de años de conocimiento y experiencia”, explicó Marulanda.

Sin embargo, los cinco expertos con los que hablamos coincidieron en que tres meses y medio es un tiempo muy corto para hacer un catastro que no se había actualizado en once años y en un sitio con tanta informalidad.

El poco tiempo que hubo afectó, también, el nivel de socialización que tuvo la actualización. Esto es clave, porque, dado que un nuevo catastro siempre implica un predial más alto, la gente debe estar informada del proceso y tener tiempo para prepararse para pagar más impuestos.

En Soacha, empezaron a comunicar la actualización a mediados de octubre. Esto quiere decir que, desde que empezaron a socializar el proyecto hasta que llegaron las primeras facturas, pasaron menos de cuatro meses.

Aunque Marulanda y Moreno calculan que con la campaña de socialización le llegaron a entre el 70 y el 80 por ciento de la población del municipio, para el concejal de la Colombia Humana Heiner Gaitán, que le ha hecho veeduría al proceso, esto no fue suficiente. Para él, en esta estrategia de comunicación también eran claves las visitas a los predios.

“La visita es importante por el componente pedagógico que implica que a la gente le expliquen el proceso, los tiempos, los cobros y demás. Soacha se dio cuenta que hubo actualización catastral cuando salieron las facturas de este año”, nos dijo.

La Silla Vacía intentó por varios días contactar al alcalde Juan Carlos Saldarriaga para conocer su versión de esta historia. Hasta el momento en que la publicamos, no habíamos recibido sus respuestas a nuestras preguntas.

A raíz de los reclamos y las protestas por el alza en el predial, el pasado 5 de abril, la Procuraduría le abrió una indagación preliminar por “las presuntas irregularidades en el aumento del impuesto predial y la actualización catastral del municipio”.

Así, el catastro que nació con el Acuerdo, que Iván Duque comenzó a implementar y que le apunta a conocer, por fin, la realidad del estado de la tierra en Colombia empezó a andar con tropiezos.

Nace con la sombra de un alcalde que cerró un negocio por tiempo indefinido con la empresa de la que es socio un amigo suyo, mostrando así el lado oscuro de la descentralización.