El plan de vacunación se tiñe de política

Hoy comienza el agendamiento de la vacunación para personas que están en la etapa 3 del plan nacional de vacunación contra el covid. Eso significa que las EPS empezarán a llamar no solo a las 4.7 millones de personas que están en esa etapa desde el principio, sino también a funcionarios de entidades que son independientes del Gobierno, pero que manejan aliados de Iván Duque. 

Que ocurra esto, que llega cuando falta todavía vacunar a la mitad de la etapa 2, cuando Duque enfrenta un fuerte paro nacional y cuando el plan de vacunación es la gran apuesta del Presidente por dejar un legado positivo, es señal de que el plan se politizó.

Las señales empezaron cuando Duque anunció el arranque de la tercera etapa el 11 de mayo, justo un día antes de la tercera gran movilización en tres semanas de paro.

Y, de forma menos visible, porque tres días antes el Ministerio de Salud había ampliado la segunda y tercera etapa para incluir a todos los funcionarios de la Fiscalía y gran parte de los de la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría, entidades que encabezan aliados de Duque, especialmente su amigo Francisco Barbosa en la Fiscalía y su exministra Margarita Cabello en la Procuraduría.

Y eso sin una discusión previa como la que hubo para la priorización inicial.

Las ías se ganaron la lotería de la priorización

El decreto 466 del 8 de mayo hizo varios cambios en quienes quedan priorizados en las etapas 2 y 3 del plan nacional de vacunación. Y aunque el boletín de prensa del Ministerio de Salud afirma que los ajustes se basan en evidencia científica, hay unos cambios que no están justificados, ni dentro del mismo decreto ni por ninguna evidencia disponible. 

Estas modificaciones benefician al personal de la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría que, aunque no visiten prestadores de salud ni estén entonces en riesgo mayor de contagio, “apoyen las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de la respuesta a la pandemia de COVID-19 y del PNV”. 

El decreto no define qué se considera “apoyo” a estas acciones.

Contactamos al Ministerio desde el martes para consultarle por este y otros puntos, pero al momento de la publicación no habíamos recibido respuesta. 

Para dos expertas consultadas por La Silla, para efectos prácticos esa redacción permite que cualquier empleado de esas entidades se vacune en la etapa 2, así no tenga comorbilidades y sea joven (es decir, que pasen de la etapa 5 a la 2). 

En el mismo sentido, el decreto pone en la etapa 3 a todo el “personal de la Fiscalía General de la Nación y personal de apoyo logístico y administrativo”, cuando hasta ahora en esa etapa 3 solo estaban los que cumplieran funciones de policía judicial, y en la 4 los que custodiaran internos en las celdas transitorias de la entidad. El resto originalmente tenía que esperar a la última etapa.

Desde enero el fiscal Barbosa le pidió a su amigo el presidente Duque que priorizara a los funcionarios del CTI. Fueron ellos los que quedaron en etapa 3, en medio de cuestionamientos de varios sectores.

Más adelante, cuando en abril se publicó la resolución para la compra de vacunas por privados, le pidieron al Ministerio incluir un artículo que permitiera que la Fiscalía pudiera adquirir vacunas por su cuenta.

Ahora consiguieron priorizar a todo el personal antes que los bomberos, el personal de las cárceles y los socorristas de la Cruz Roja.

En los considerandos del decreto no hay una justificación para estos cambios, como sí hay para otros como priorizar a más talento humano en salud o a los docentes de educación superior. 

“El Ministerio estableció unos principios básicos para la priorización, y ahora está saltándose sus propios criterios o estirándolos lo suficiente para que queden a la medida de los que están haciendo la tarea de presionar, como la Fiscalía y la Procuraduría”, dice Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional. 

“Que el ejecutivo decida priorizar entidades de control se presta para suspicacias”, coincide Tatiana Andia, profesora de la Universidad de los Andes e investigadora en temas de salud. 

“Hay muchísima gente en la Fiscalía y otras instituciones que trabajan en un computador, en oficinas, incluso están trabajando desde la casa. Y en cambio le quitan prioridad a otros sectores”, señala Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá.

Entre las poblaciones críticas que tienen priorización más tardía destacan los presos, que el Ministerio se ha negado a incluir antes de la etapa 4 a pesar de las recomendaciones de varios expertos porque un brote en un lugar hacinado es muy peligroso.

“El hacinamiento tiene implicaciones importantes, están en condiciones favorables para el contagio”, explica Bayona. “El derecho a la salud no depende de que estén cumpliendo una condena o no”.

Aunque el mismo decreto reconoce el hacinamiento, los mantuvo en la cuarta etapa.

“¿Por qué la Fiscalía antes que los presos? Se ha ido perdiendo la promesa inicial de criterios claros y neutrales, y el proceso pierde legitimidad”, dice Andia. “Toda esa obsesión al principio con que la gente no se saltara la fila, y ahora los criterios se empiezan a saltar grupos enteros”. 

A pesar de esas dudas, tres días después de realizar estas modificaciones Duque anunció que empezarían a funcionar, y ahora la etapa 3 arrancó formalmente.

La falta de transparencia

En principio, el 12 de mayo arrancaron unos pilotos de la tercera etapa, y la próxima semana arranca en forma. El lío es que falta vacunar alrededor de la mitad de la etapa 2, que en la lógica del plan tiene prioridad sobre la 3. 

Pero no es claro que sea así porque no hay información oficial disponible, algo que han criticado expertos como Andia, Vaca, Johnattan García, Laura Rodríguez y Julián Villabona. 

De hecho, la opacidad de la información ha sido una crítica recurrente casi desde que inició el proceso de vacunación. Tras más de tres meses, aún no hay un tablero oficial del MinSalud con la información de las vacunas. 

“Hay muchos vacíos de información alrededor del proceso de vacunación”, le dijo a La Silla Pilar Sáenz, quien trabaja en proyectos relacionados con acceso al conocimiento y ha hecho un seguimiento cercano de los datos de la vacunación. 

“La capacidad para hacer seguimiento al plan es muy pobre. Sigue siendo un problema de transparencia, desde el primer momento ha sido un problema de transparencia”, agrega.

Según MinSalud, no ha pasado porque no ha estado lista la plataforma Paiweb 2.0, donde estará toda la información de la vacunación. Es un argumento que vienen esgrimiendo desde hace por lo menos mes y medio, como en esta historia sobre la vacunación en Semana Santa. 

“Pero tampoco hay información pública sobre lo que está pasando con los problemas de la plataforma. De cara a la ciudadanía, sabemos que hay una plataforma y no está funcionando, pero no se sabe por qué”, señala Sáenz.

A mediados de abril Víctor Muñoz, director del Dapre y quien ha manejado varios temas de tecnología en el gobierno, trinó el enlace a un tablero de control de prueba. 

Hoy, más de un mes después, no se ha oficializado el tablero, aunque se sigue actualizando. Tampoco se ha ligado al Ministerio de Salud. Y la información que presenta es insuficiente y tiene inconsistencias con los reportes iniciales del Ministerio, según el seguimiento que ha hecho Sáenz.

De resto, la única información para hacer seguimiento a la vacunación es la que han reunido iniciativas ciudadanas. “Pero esa no debe ser la labor de la prensa ni de la sociedad civil ni de la academia. El gobierno debe dar las herramientas para hacer seguimiento y veeduría”, le dijo a La Silla Carolina Gómez, asesora de la Secretaría de Salud de Bogotá y fundadora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder.

“La implicación que esto tiene es una desconfianza en el proceso de vacunación. La información debe estar disponible y todo el mundo debe poder escrutar esas cifras, hacer seguimiento, criticar, contrastar. Eso es fundamental para generar confianza”, agrega.

Esa falta de transparencia se alinea con la opacidad de las decisiones injustificadas y con fuertes tintes políticos que ha tomado MinSalud frente a la priorización y el inicio de la tercera etapa con los pilotos.

¿Por qué inicia la etapa 3?

En principio, el 12 de mayo arrancaron los pilotos de la tercera etapa, los primeros y hasta ahora únicos pilotos de todo el plan de vacunación.

Según el registro que lleva la epidemióloga Silvana Zapata, apenas el 48,36 por ciento de la etapa 2 ha recibido la primera dosis, y solo 21,41 por ciento la segunda. 

Teniendo en cuenta la cantidad de dosis aplicadas y la población incluida en primera y segunda etapa en la página de MinSalud, faltarían más de 3,3 millones de personas de la etapa 2 por recibir una primera dosis.

Aún así, el viernes pasado el fiscal Barbosa y otros 151 funcionarios de la Fiscalía fueron vacunados, como uno de los pilotos de la etapa 3.

Ese es un ejemplo de otro problema: la arbitrariedad de los pilotos que resalta en la distribución de las 42.280 vacunas destinadas para tal fin. 

Por ejemplo, las 10 mil dosis para el personal educativo, 10 mil para el Icbf y 10 mil para las fuerzas militares se reparten en cada caso entre tres a cinco regiones, pero las 10 mil para la Policía se destinaron todas para el Valle del Cauca. 

Ese departamento, además, es el único al que se enviaron dosis también para profesores, Icbf y militares. Al final, recibió 13.528 de las 42.280 dosis, casi una de cada tres.

Eso justo cuando Cali ha sido de lejos la ciudad más afectada por el paro y con más víctimas mortales por la Policía.

Más allá de los pilotos, tampoco es claro que haya una justificación técnica para arrancar masivamente la tercera etapa la semana que viene, estando aún tan lejos de terminar la segunda. 

“No hay que esperar al cumplimiento del 100 por ciento de una etapa para empezar la siguiente, porque puede que dentro de un grupo haya ciertas dificultades para avanzar con la vacunación”, explica Zulma Cucunubá, epidemióloga e investigadora. “El problema es no saber cuáles son los limitantes para que la etapa 2 progrese más”. 

“La única justificación para empezar la tercera etapa sería que la gente de la segunda no esté llegando, por problemas en los cálculos iniciales, en el proceso de contacto, entre otras cosas. Pero no lo podemos comprobar porque no tenemos información detallada del proceso de vacunación”, coincide Andia.

“Es muy difícil saber si fue por un esfuerzo real de eficiencia o porque encontraron un hueco para saltarse la priorización”, resume Vaca.

Así, con el inicio temprano de la etapa 3, pilotos sin precedentes, falta de transparencia, distribución de dosis privilegiando a los policías del Valle y priorización para funcionarios de entidades que manejan los aliados políticos de Duque, el plan de vacunación modelo que elogió la Organización Mundial de la Salud quedó teñido de política.