El Procurador le cogió la caña a la Iglesia en Buenaventura

La carta que firmaron algunos bonaverenses para pedirle al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, entre otras cosas, que sea él mismo quien se haga cargo de "la toma anticorrupción" que anunció para Buenaventura acaba de recibir un espaldarazo importante. El pasado 7 de abril, Monseñor Héctor Epalza, obispo de Buenaventura, firmó la petición lanzada a través del portal Change.org y todo indica que ahora, el Procurador le cogió la caña. 

La carta de los bonaverenses, como contó La Silla, busca tres cosas. En primer lugar que sea el Procurador  quien se haga cargo de convocar al comité anticorrupción para Buenaventura y no le delegue esta tarea a la gobernadora Dilian Francisca Toro quien es la “jefa política del actual alcalde”. Segundo, que proponga un medio seguro administrado por un funcionario de la Procuraduría en Bogotá para que la gente pueda participar con sus denuncias sin ningún temor.

Y tercero, que se comprometa a participar en noviembre del Cabildo Abierto del Concejo de Buenaventura para mostrarle a los bonaverenses los resultados de la toma.

Si bien la petición ya ha recolectado casi 400 firmas, fue la de Monseñor Epalza la que llamó la atención del Procurador Fernando Carrillo que este fin de semana expresó su voluntad de reunirse con el obsipo para unir esfuerzos y dar inicio a la toma anticorrupción en Buenaventura.

Esto ratifica, como contó La Silla, que Monseñor Epalza es uno de los súper poderosos del Pacífico. Además de que lleva desde el 2004 entregado a ayudar a la comunidad más vulnerable y pobre del principal puerto del país, en 2013 fue de los primeros en hablar sobre las 'casas de pique' que existían por todo el municipio. Además, el 19 de febrero de 2014 lideró una marcha contra la violencia en Buenaventura y el 12 de marzo apoyó el plantón que hicieron los comerciantes.

A raíz de las denuncias que había venido haciendo desde hace algún tiempo sobre la crisis humanitaria y social en Buenaventura, el Gobierno decidió, en 2014, hacer un proceso de intervención especial para la región. Por todo eso, podría decirse que es el obispo más amenazado de Colombia y por mucho tiempo requirió protección del Estado.

Ahora, aunque todavía no se ha fijado la fecha para la reunión, su firma logró que el Procurador se haya fijado en esta petición que podría significar que por primera vez, un ente de control le ponga la lupa a la corrupción en el principal puerto sobre el Pacífico.