El tercer pico llegó antes de que el país pudiera dominar el rastreo de casos

La fila para tomarse la prueba PCR le da la vuelta al parque de Santa Bárbara norte en Bogotá, a la una y media de la tarde del domingo. Hay alrededor de 50 personas, pero a las nueve de la mañana la cola era casi cuatro veces más larga. Los que faltan por testearse llevan cuatro horas esperando bajo el sol abrasador de un típico día de cuarentena en Bogotá. 

A unos metros de la cabeza de la fila está la carpa de la Secretaría de Salud de la Alcaldía donde toman las pruebas. Si alguna persona sale positiva, la Secretaría le pasa los datos a la EPS, para que le hagan seguimiento y rastreo de contactos a la persona contagiada. 

Además, le dicen a la persona que debe aislarse, completando las siglas de la sonada estrategia epidemiológica que ha esgrimido el país en contra del covid: Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (Prass). 

La Secretaría lleva un año haciendo jornadas como esta a diario. Pero mientras normalmente hacen alrededor de 90 pruebas al día, ese fin de semana se acercan a las 200 en cada puesto de tamizaje, con más de 170 puestos, según la Alcaldía.

Esto hace parte del Mega Prass, que no es más que una forma rimbombante de decir que se va a intensificar el Prass en Bogotá durante los tres días que dure la cuarentena, aprovechando que el confinamiento facilita el rastreo. 

“El nombre es particular. Si no tenemos Prass, qué vamos a tener Mega Prass”, dice Andrea Ramírez, del proyecto Covida de la Universidad de los Andes, donde hicieron pruebas y rastreo hasta finales de marzo.

La Silla habló con una docena de fuentes que han seguido de cerca el proceso o han hecho parte de él. Lo que encontramos fue que el Prass es una buena estrategia en el papel, pero en la práctica hay cuellos de botella en cada uno de sus componentes. 

Empezando por las pruebas, que es en lo se basó el tal Mega Prass.

La “P” de Pruebas que bajan en los momentos más importantes

Desde las pruebas arranca toda la estrategia. Para poder cortar la cadena de transmisión se parte de los casos con prueba positiva, y así activan la rueda de búsqueda y rastreo de contactos sospechosos.

El problema es que no se están haciendo pruebas a un ritmo constante. 

“El tamizaje debe hacerse siempre, independientemente del momento pandémico, porque es la capacidad diagnóstica del país. Sin embargo, cuando baja la curva, las pruebas también bajan”, le dijo a La Silla el salubrista Luis Jorge Hernández.

Según los datos del Instituto Nacional de Salud (INS), la cantidad de pruebas que se realizan en el país (línea azul de la gráfica) fluctúa junto con los picos de la pandemia porque el Gobierno se relaja cuando baja la curva. Esto es incluso contraproducente, pues, según dos expertos consultados, estas estrategias pierden efectividad durante el pico de la pandemia y funcionan mejor en la meseta. 

“El número de pruebas PCR debería ser igual siempre para poder saber si está mejorando o no, y tener cercos epidemiológicos donde hay mayor tasa de casos activos”, explica Andrea Ramírez, del proyecto Covida. “La estrategia funciona bien para hacer el cerco epidemiológico, pero no cuando los casos están disparados”. 

El otro cuello de botella está en los laboratorios. 

Cuando arrancó la pandemia, el país solo tenía el laboratorio del INS, que en esa época tenía capacidad para hacer dos mil pruebas diarias. Hoy hay 164 laboratorios con capacidad máxima de 66.907 PCR al día, como nos confirmó el Instituto. Sin embargo, no es suficiente.

“Aún no hemos logrado la meta de entregar la prueba en tres días. Estamos entregando en cinco o seis días, porque estamos haciendo muchas pruebas y no tenemos laboratorios suficientes, y de tanto en tanto hay escasez de reactivos y se hace un trancón”, le dijo a La Silla Gustavo Morales, presidente de Acemi, gremio que reúne a las diez EPS más grandes del país. 

Esta demora tiene consecuencias importantes para el contagio, porque retrasa el aislamiento: “Las personas se demoran en entrar en cuarentena porque la prueba no llega”, dice Andrea Ramírez. 

“Una persona empieza a contagiar dos días antes de empezar a presentar síntomas. Si arranca con síntomas hoy y se hace la prueba, mientras salen los resultados ya lleva varios días contagiando”, explica Liliana Ramírez, del Centro Nacional de Contacto para Rastreo (Cncr). 

Por eso, el rastreo de sospechosos se vuelve fundamental para evitar que potenciales transmisores salgan a la calle a pasear el virus.

La “R” de Rastreo que está muy por debajo de las metas planteadas

Christian Henao lleva seis meses trabajando como rastreador en el Cncr, creado por el Ministerio de Salud el 15 de octubre del 2020 para hacer el rastreo de casos. Henao, que ya ha tenido experiencia en call center, llegó a las ocho de la mañana, la hora de inicio de su jornada laboral. Y a las 8:15 a.m. va por la segunda llamada del día: una mujer en Medellín que notificó a su EPS síntomas, y que había estado cerca de un familiar que fue positivo para covid. 

“Buen día. Le llamamos del Centro Nacional de Contacto para Rastreo de covid-19 del Ministerio de Salud y Protección Social. Mi nombre es Cristian Henao... ” es la primera frase del guion de Cristian. 

Y sigue, “Le estoy llamando porque usted fue reportada como un caso sospechoso de covid-19 al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública”.

Como él, en el centro hay otros 1.399 rastreadores ceñidos a un libreto que se ha ido modificando y adecuando con el paso de los meses desde que arrancó el 15 de octubre. El objetivo era ampliar la capacidad de rastreo de contactos del Prass y quebrar más cadenas de contagio del virus.

En esencia, el Cncr es un call center que funciona en un edificio al occidente de Bogotá. Allí comparte espacio con centros de contacto de otras empresas. Un piso entero tiene varias islas formadas por tres decenas de computadores, separados por unos pocos centímetros. En la isla destinada para el Centro de contactos se supone que deberían estar más personas como Henao, sin embargo solo cinco computadores están ocupados. 

La pandemia, la misma que los debería convocar a ese lugar para hacer llamadas, los separó, y deben venir siempre unos pocos para cumplir con el distanciamiento. Para resolverlo, el Centro también funciona desde la casa de cada rastreador en todo el país. 

Después de 26 minutos conectado con la señora de Medellín, Henao logró conseguir información de ocho contactos. “En una llamada soñada, se debería llegar a diez”, dice.

Después de esto, sube al sistema la información de los contactos conseguidos, para que nuevos rastreadores puedan llegar a ellos. 

Henao cuelga y ahí viene otra vez: “Buen día. Le llamamos del...” 

Las cifras del Cncr, hasta la última semana de marzo, apuntan a que por cada caso registran cuatro contactos. Lo cual está muy por encima del promedio nacional, que incluye el rastreo que hacen las EPS y las secretarías locales y departamentales de salud. 

Según un estudio liderado por Julián Fernandez-Niño, el director de Epidemiología en el Ministerio de Salud, identificar y rastrear al menos cinco contactos por caso reduce la letalidad del virus en 48 por ciento. 

Cinco es la meta que puso el Gobierno. Pero el promedio nacional nunca ha logrado llegar a tres. Hoy, el promedio del Prass es de solo 1,7 contactos por cada caso confirmado.

Pero esto es cuando logran hacer el rastreo, que solo ocurre para el 42 por ciento de los casos. Y de los contactos que registran, solo logran contactar al 50 por ciento. Todo esto según el tablero de Prass del MinSalud. 

Es decir, de 100 contagiados, idealmente (con la meta ya poco ambiciosa que se fijó el Gobierno) deberían salir 500 contactos. Al final, estamos contactando 35.

Aunque el rastreo es mucho más bajo que el ideal, igual tiene un efecto. “Con los niveles de rastreo actuales, Colombia pudo haber evitado el 2 por ciento de las muertes, alrededor de mil”, nos explicó Fernández.

Y el rastreo en Colombia sí ha aumentado. Una forma de saberlo es a través de los casos relacionados, aquellas personas que salieron positivas y se pudieron asociar a una cadena de contagio. Cuando publicamos esta historia, el 19 de octubre, este porcentaje era del seis por ciento. 

Hoy, como se ve en los datos del Sivigila, ese número es casi cinco veces mayor (27 por ciento).

No obstante, tres expertos consultados concuerdan en que el rastreo no está funcionando a tope.

“Dependiendo del territorio, el rastreo se ve afectado”, explica Silvana Zapata, epidemióloga y científica de datos. “Necesita una articulación bastante fuerte con las EPS, y han sido bastante flojas la gran mayoría en buscar a sus afiliados”. 

Dos EPS le confirmaron a La Silla que su promedio de contactos registrados por caso está en dos. Y reconocen que es necesario mejorar este rastreo, pero explican que hay dos obstáculos grandes: muchas veces no logran contactar a las personas, y cuando lo hacen, mucha gente se niega a dar los teléfonos y correos para ubicar a sus contactos.

En parte, explica Morales, porque las personas tienen miedo de compartir información, y prefieren decir que no tienen síntomas para poder salir a trabajar. También se debe a la desconfianza de muchas personas que sospechan del uso que se le va a dar a los datos, como explica Harold Zúñiga, líder de la estrategia Prass en la EPS Emssanar. 

En el Cncr refieren dificultades similares: no siempre que llaman a los sospechosos obtienen contactos. Con frecuencia encuentran personas que tienen pruebas negativas, que no reportan contactos o que ya están recuperados. También, porque a veces llaman dos semanas después de que la prueba salió positiva y la gente siente que ya para qué va a dar sus contactos.

Incluso con un equipo enteramente dedicado al rastreo telefónico, el 30 por ciento de los sospechosos no se logra contactar, según cuenta Claudia Liliana Ramírez, gerente del Cncr. Y da más cifras: de los que contestan, el 19 por ciento no da la información completa y terminan la llamada antes de tiempo, y de los que sí, el 7 por ciento no quiere dar información de contactos. Otro 5 por ciento dice que es un número equivocado. 

Y en las EPS, el personal que pueden volcar al rastreo es más limitado. “No creas que los prestadores de salud son infinitos. Mucha gente que trabaja en rastreo ahora está vacunando”, nos dijo Andrea Ramírez, de Covida. 

Para Carlos Dáguer, director del comité de aseguramiento en salud de la Andi, el nuevo pico ha traído la necesidad de repartir esfuerzos y aumentar capacidades  en los centros de contacto de las EPS,  "pues deben dedicar una parte de su personal a la actualización de datos de la población priorizada en el Plan Nacional de Vacunación y, por otra, al rastreo de contactos de casos confirmados y sospechosos de covid".

Pero de nada sirve rastrear los contactos si estos no se aíslan.

"ASS" de Aislamiento Selectivo Sostenible que es insostenible

Paola Barreto, rastreadora de la Secretaría de Salud de Bogotá, se alista para entrar a una visita de rastreo en un edificio de La Floresta, un barrio de clase media en el occidente de Bogotá. Se quita el tapabocas de tela y lo cambia por un N95, se pone un gorro y una bata desechable, y por último la careta. 

Unos minutos después, está sentada en un sofá frente a la mujer que vino a visitar, una joven que acaba de llegar de vivir en Francia, y por lo tanto no tiene seguro de salud en Colombia. La secretaría de salud de Bogotá visita a todos los viajeros que no están afiliados al sistema de salud. 

Barreto le hace las preguntas de siempre: confirma sus datos personales (incluyendo su profesión), si tuvo un contacto estrecho, si viajó y desde dónde, si ha estado aislada, dónde, con quién, si ha tenido síntomas, si se ha hecho alguna prueba de covid. La joven no entiende por qué le hacen tantas preguntas, pero las contesta. Lleva ya dos semanas en el país, y no ha tenido síntomas. Hasta ahí llega la labor de Barreto con ella.

Pero a los que están contagiados, la Secretaría les sigue haciendo seguimiento.

En el formulario que llena Barreto en su celular, identifica a los desempleados y trabajadores informales que pueden requerir subsidios para compensar los días de aislamiento, en los que no pueden trabajar. Este es el elemento sostenible del aislamiento. 

Pero según nuestras fuentes, esto funciona más en el papel que en la práctica. 

“El problema son aquellos que sí o sí tienen que salir a trabajar para el sustento diario”, dice Harold Zúñiga, de la EPS Emssanar. “Aquí hay un gran porcentaje de informalidad laboral. Los que tienen un trabajo informal no pueden darse el lujo de enfermarse, así estén con covid no se van a aislar. Eso es un golpe directo contra el Prass”, dice Andrea Ramírez. 

En Colombia casi la mitad de las personas que trabajan está en la informalidad.

Para esta población existe un subsidio de MinHacienda de 207 mil pesos por núcleo familiar aislado. Sin embargo, la mayoría de las veces esta ayuda, si llega, lo hace muy tarde. 

“Es un recurso que llega, por muy bien que lo tramitemos, 30 días después”, dice Zúñiga.

Barreto, la rastreadora, lo confirma. Explica que el subsidio no se empieza a tramitar hasta después de que la secretaría hace el rastreo y envía el formulario con la información laboral. 

Además, aunque el rastreador consigna en el formulario que la persona es candidata a subsidio, MinHacienda debe evaluar caso por caso para tomar la decisión final. Todo esto puede resultar en demoras como la que refiere Zúñiga. 

Este no es el único problema para hacer efectivo el aislamiento.

Incluso los trabajadores formales, cuya incapacidad debe cubrir su aislamiento, muchas veces siguen trabajando para no perder su empleo, según le dijo a La Silla Julián Fernández-Niño, de MinSalud. 

El otro problema es la cobertura de la incapacidad. Según explica Gustavo Morales, de Acemi, las EPS les reconocen la incapacidad a personas que sean sintomáticas y tengan un diagnóstico confirmado. El lío es para los que no tienen síntomas. 

“La regla no es clara para la incapacidad del asintomático. Nos hemos movido en un limbo estos meses, donde reconocemos unas incapacidades y otras no. El asintomático que tiene que ir a trabajar es el hoyo negro de este sistema”, le dijo Morales a La Silla. 

Y es que el sistema de seguridad social en salud no tiene los recursos para responder. “No daría abasto para incapacitar a todos los asintomáticos. Se quiebra. Los recursos de seguridad social en salud nunca previeron una pandemia”, dice Morales. 

Tampoco cubren la incapacidad de un caso sospechoso. “La incapacidad solo se genera cuando uno tiene PCR positiva. Es un incentivo perverso, la gente prefiere no decir”, dice Andrea Ramírez. 

Por todo esto, el aislamiento no es sostenible, y por lo tanto no se cumple. “Nosotros los llamábamos para ver si estaban en la casa, pero aún llamando todos los días mucha gente te contestaba desde la calle”, nos dijo Ramírez de su experiencia en Covida. 

Y todo esto boicotea la estrategia del Prass, porque el aislamiento es lo que al final determina qué tan exitosa puede ser. “Yo puedo hacer pruebas y puedo hacer rastreo, pero si no se aíslan no logramos nada”, dice Fernández-Niño. 

Por eso, cuando el ministro de Salud salió a decir que una de las medidas para enfrentar el tercer pico en Bogotá sería el Mega Prass no logró calmar las dudas de los que entienden qué significa la sigla.