El tiempo corre en contra de Naranjo en Tumaco

Este lunes comenzó en firme la Operación Atlas lanzada por el gobierno en octubre para contrarrestar la violencia en Tumaco con la llegada de dos mil uniformados del Ejército, la Armada, la Policía y la Fuerza Aérea. Con esta nueva estrategia, el general Óscar Naranjo se juega parte de su prestigio como Vicepresidente pues una de sus misiones centrales es garantizar la seguridad de los colombianos en las zonas de más complejidad para el posconflicto como el puerto nariñense.

Es un desafío mayúsculo pues a tan sólo siete meses de que se posesione el sucesor de Santos, la estrategia de seguridad del Vicepresidente en Tumaco, al menos en cifras, no muestra todavía resultados.

Esto a pesar de haber ido nueve veces al puerto, la primera el mismo día que se posesionó apra mostrar que asumía directamente el tema, y de haber trasladado una vez su oficina por casi 10 días para atender directamente a los tumaqueños.

La crisis

Según la Defensoría del Pueblo y la Policía, en los tres últimos días del 2017 hubo siete asesinatos, y los tres primeros días del 2018 otros siete. Es decir, 14 homicidios en seis días.

Eso es un homicidio más de los que hubo en Bogotá, que tiene 30 veces más habitantes, en esos días. Y, en solo los primeros cuatro días del año se cometieron casi la mitad de todos los homicidios que ocurrieron en enero de 2017 en Tumaco, cuando hubo 16 muertes.

Según la personera de Tumaco, Anny Castillo, la gran mayoría de esas muertes están relacionadas directamente con disidentes de las Farc o bandas criminales que quieren controlar el territorio tras la salida de las Farc y que se enfrentan entre sí, o de civiles víctimas de dichos grupos.

Una de las muertes que más escandalizó a los tumaqueños, según nos dijeron una líder social y un defensor de Derechos Humanos, que como la mayoría de la gente allí habla de manera anónima por miedo, fue la de un comerciante conocido como Cheo, que fue asesinado presuntamente por no pagar una extorsión a la Gente del Orden.

Así es como se hacen llamar los disidentes del Frente Daniel Aldana de las Farc que controlan la salida de coca por el río Patía y que según un defensor de derechos humanos que vive en el municipio hace diez años, fue lo que motivó las manifestaciones de los pobladores el tres y cuatro de enero para exigir al Estado soluciones. Durante esos días, decenas de pobladores salieron a marchar por las calles del puerto. 

También han aparecido otros panfletos (foto) sin autor donde amenazan con hacer ‘limpieza social’ y anuncian toque de queda a partir de las diez de la noche. Panfletos similares habían aparecido por última vez hacía seis meses. En aquella ocasión eran de otra disidencia de las Farc, que pelea con el ELN el control de la ruta de droga por Magüí Payán.  

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo lanzó hace cuatro días una alerta de riesgo inminente para 20 mil personas (5 mil de cuatro comunas en el casco urbano y 15 mil en la zona rural), específicamente en los corregimientos de la Espriella y Llorente y de comunidades como la del Consejo de Alto  Mira y Frontera (donde fue asesinado el líder Jair Cortés), debido al constante enfrentamiento entre disidencias conocidas como Guerrillas Campesinas lideradas por alias Guacho, ex militante de las Farc, y las “Guerrillas Unidas del Pacífico – GPU”, al mando de alias “David”, también ex militante, y otros grupos de narcotraficantes que quieren tener el control del puerto.

La alerta también menciona que el ELN está tratando de apoderarse de algunos puntos en la zona rural de Tumaco, sobre todo de la vereda Guayacana. La decisión de no mantener el cese del fuego que rompieron ayer podría aumentar la posibilidad de enfrentamientos.

En medio de esta reorganización de los grupos para quedarse con el espacio dejado por las Farc tras la firma del Acuerdo de Paz se da la Operación Atlas.

El plan del último tramo

Esta operación militar, que como contó La Silla es un reencauche de lo que había, se ejecutará a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y en total pretende aumentar el pie de fuerza con nueve mil uniformados en Tumaco.

Según un alto funcionario del Ministerio de Defensa su objetivo es reorganizar todas las fuerzas de la Armada, Ejército, Policía ya presentes y fortalecer las mismas para trabajar articuladamente y así tener resultados más concretos contra el narcotráfico, el contrabando, la minería y los grupos armados.

Este plan ha tenido un gran despliegue mediático en la región y en Bogotá, pero cuatro fuentes que conocen la zona (miembros de la Alcaldía, dos defensores de derechos humanos que han trabajado de cerca con la Pastoral Social y una líder social), no tienen esperanza de que el panorama mejore, al menos en un corto plazo.

Uno de ellos puso como ejemplo que el año pasado, cuando el Vicepresidente llegó al cargo y comenzó a priorizar el municipio e incluso lanzó un plan piloto del cuerpo élite contra las estructuras criminales, hubo 222 homicidios, 70 más que en el 2016.

Además, según nos dijo uno de los defensores, “la eterna promesa de los presidentes, tanto Uribe como Santos, ha sido mandar más policías pero el problema de Tumaco nunca termina, la estrategia no da resultados”.

Los resultados hasta ahora

Según datos del Cuerpo Élite de la Policía su trabajo del 2017 sí dejó resultados. Por ejemplo, la captura de tres asesinos de dos líderes sociales, entre esas la de de Aris Yirber Caicedo Gutiérrez alias “Cholo” y Wilber Antonio Quiñonez alias “curandero” quienes asesinaron al líder comunal de Alto Mira y frontera José Jair Cortes.

Además, hicieron otras 457 capturas, incautaron 89 armas de fuego, 43 toneladas de droga y cerca de 4 mil unidades de munición.

Sin embargo, estos logros no han conducido a una reducción de la violencia. Quizás porque estos grupos armados reemplazan rápidamente a sus líderes capturados, nos dijo la Personera.

El gran problema al que le atribuyen eso es a la falta de empleo y de inversión social que ocupe a los jóvenes del municipio y les de otras fuentes de ingreso en un municipio que tiene un 70 por ciento de desempleo (la tasa nacional es 8,4).

En este punto coincide incluso un integrante del Cuerpo Élite de la Policía y la misma Vicepresidencia que considera que sin inversión social en educación, trabajo, vías, recreación, entre otras no se logrará la pacificación de Tumaco.

Por eso la Vicepresidencia inauguró hace seis meses el Centro Integrado de Inclusión Social y Convivencia, con el objetivo de llevar la oferta del Estado a Tumaco como el Sena, Icetex, Agencia para la Reincorporación y normalización, Unidad de Víctimas, Icbf, Unidad de Protección entre otras para atender directamente a la población.

Según Vicepresidencia hasta hoy han atendido a seis mil personas en cinco jornadas en un municipio de 200 mil habitantes.  

Pero estas intervenciones son esporádicas y benefician a un grupo puntual de personas y no al grueso de la población. “No son soluciones estructurales”, nos dijo una defensora de derechos humanos que conoce de primera mano la zona.

En la Vicepresidencia consideran que en todo caso es un primer acercamiento de la comunidad hacia las instituciones y que los resultados estructurales requieren tiempo porque la inversión de plata se mueve al ritmo del Estado, es decir lento.

Pero tiempo es lo que no hay.

A Naranjo, que era llamado a ser el equivalente para el posconflicto de lo que fue el vicepresidente Vargas Lleras para la infraestructura, le quedan seis meses para mostrar resultados en Tumaco, que para bien o para mal será el termómetro de su gestión.