Hay muy poco optimismo de lado y lado sobre la reunión hoy entre el Gobierno y el ELN para explorar –por enésima vez- si finalmente podrá arrancar la mesa de negociación.
El último intento con el ELN
La mesa para el diálogo entre el Gobierno y el ELN está lista en Quito desde meses atrás.
Las delegaciones del Gobierno y del ELN se reúnen hoy a las afueras de Quito, Ecuador, para explorar –pon enésima vez- si finalmente podrá arrancar la mesa de negociación con esta guerrilla que se suponía iba a arrancar oficialmente hace ya casi un año. Hay muy poco optimismo de lado y lado.
Hay poco optimismo porque así como pasó en blanco el pasado 27 de octubre, la fecha prevista inicialmente para arrancar las conversaciones, porque el ELN se negó a liberar sin un pago de rescate a Odín Sánchez, hoy tampoco hay expectativas de que lo haga. Y la liberación de este político chocoano secuestrado hace diez meses sigue siendo una condición del presidente Juan Manuel Santos para arrancar a negociar.
Cada fórmula que ha surgido para desentrabar la negociación se ha topado con su respectivo obstáculo.
El nudo
Como el frente del Chocó que tiene a Odín se niega a entregar al político secuestrado salvo que la familia le pague un rescate, inicialmente se pensó en una fórmula que les permitía “salvar la cara” y entregarlo.
Se presentó como algo más humanitario, pero en realidad era un canje. El ELN entregaba a Odín y el gobierno sacaba de la cárcel a dos guerrilleros bajo la figura de “gestores de paz” e indultaba a otros dos. La liberación de Odín y la salida de prisión de los guerrilleros se haría de manera simultánea en una fórmula que los involucrados creyeron que era ganadora.
Al interior del Gobierno surgió una discusión sobre quién escogía a los indultados (si el Gobierno o el ELN) y finalmente en diciembre el ELN pidió a dos mandos medios del Frente de guerra Occidental, que es el mismo que tiene a Odín.
Pero los dos ‘elegidos’ están procesados por delitos que, de acuerdo con la ley, no pueden ser indultados.
Según pudo confirmar La Silla con una fuente del gobierno y con una que conoce al ELN, el jefe guerrillero Antonio García llamó personalmente a alias ‘Fabián’, el jefe del frente de guerra Occidental y le pidió que por favor soltara a Odín y cambiara a los dos indultados para que su hermano Eduardo Martínez pudiera salir de la cárcel como uno de los dos gestores de paz.
Pero como el Frente no había sido consultado cuando los del Comando Central aceptaron la condición de liberar a Odín se negaron a la petición personal de García y se enrancharon en los nombres de los dos hombres que el gobierno no puede indultar sin violar la ley.
Paralelamente, según supo La Silla por una de las dos fuentes, apareció en escena Carlos Alberto Ruiz, un abogado que inicialmente asesoró a las Farc cuando se discutió el punto de la justicia transicional pero que luego salió del panorama.
Ante la discusión de los indultados, Ruiz alegó que el gobierno no podía alegar como base jurídica para el indulto el Código Penal sino el Derecho Internacional Humanitario como lo hará en el caso de las Farc para amnistiar a los guerrilleros.
“Básicamente quiere redefinir el delito político en Colombia”, le contó a La Silla una de las fuentes.
Como al Gobierno le parece absurdo que el ELN espere que se le aplique al comienzo de la negociación el estándar que se admitió una vez las Farc aceptaron dejar las armas, la intervención de Ruiz le ha metido más ruido a todo el asunto.
En diciembre, la negociación había entrado en el congelador pues el gobierno se negaba a modificar la ley de indulto y también a arrancar las conversaciones sin que liberaran a Odín.
Un grupo de casi 100 académicos y personas que en diferentes momentos han facilitado acercamientos con el ELN le enviaron el 9 de enero una carta pública a la mesa Gobierno-ELN instando a la guerrilla a liberar a Odín y desistir del secuestro y planteando una fórmula para salvar la negociación.
Proponen que para superar el impasse jurídico de los indultados, el Gobierno designe a los cuatro como gestores de paz lo que permitiría sacarlos de la cárcel y suspenderles provisionalmente la responsabilidad penal para que cumplan sus tareas de paz. Es decir que las penas se mantienen pero de alguna manera ‘se aplazan’ hasta que hagan su labor.
Es esta fórmula la que discutirán mañana. Pero dado que los problemas estructurales que ha tenido esa negociación desde un inicio como la falta de unidad de mando, la alta dependencia del gobierno chavista de Venezuela y una agenda metodológica muy difícil de concretar para negociar en serio se mantienen sería casi un milagro que mañana se anuncie que después de un año de haber anunciado la mesa pública dejarán de “explorar” y se sentarán finalmente a negociar.