En Bogotá son asesinadas tres veces más personas por sicariato que por atracos

Un accidente de tránsito menor en Bogotá terminó con la muerte de un policía y la desarticulación de una poderosa banda de sicarios de la ciudad. 

En julio del año pasado, Ángel Amórtegui, patrullero, y Andrés Felipe Gómez, sicario, se estrellaron en sus vehículos en la localidad de Kennedy. Hubo una discusión, y luego disparos. Amórtegui fue asesinado, y la Policía desplegó una investigación para resolver el homicidio de uno de sus hombres, que terminó con la desarticulación de una sofisticada red criminal de sicariato, narcotráfico y extorsión. 

La forma cómo funcionaba esta banda, liderada por alias "Coco", uno de los llamados “narcos invisibles”, muestra la incidencia creciente de las estructuras criminales en el homicidio en la capital. Además, suma un elemento poco discutido al debate sobre la seguridad en la capital, el del sicariato, la muerte por contrato.  

Según el centro de pensamiento Futuros Urbanos, este método criminal ha aumentado en un 236 por ciento en los últimos cuatro años, al pasar de 77 casos en 2016 a 259 en 2020.

“Uno de cada cuatro casos de homicidios la modalidad fue por sicariato” dice Omar Oróstegui, exdirector de Bogotá Cómo Vamos y director ejecutivo de Futuros Urbanos, que se dedica a generar ideas para mejorar problemáticas en las ciudades. 

La Secretaría de Seguridad no se refirió al periodo de cuatro años, pero le dijo a La Silla -a través de una entrevista que contestó por escrito, y por eso no pudimos contrapreguntar- que en 2020 hubo 41 casos menos de sicariato. Y que en los primeros meses de este año se han presentado 21, frente a 57 el año pasado. 

El debate público sobre la seguridad en Bogotá ha girado alrededor de los atracos a personas, pese a que este delito se redujo en 34 por ciento el año pasado en pandemia. Pero aporta cada vez más a la percepción de inseguridad, pues, según el secretario Hugo Acero y la alcaldesa Claudia López, los atracos son ahora más violentos. 

Sin embargo, en términos de muertes causadas, y más allá de las percepciones, el sicariato es un fenómeno mucho más peligroso. 283 personas han perdido la vida en medio de un robo, entre 2016 y 2020. En ese mismo periodo, 918 han muerto a manos de un sicario, según cifras oficiales. 

La banda de alias "Coco"

Tras el asesinato del patrullero Amórtegui, la Policía capturó a tres hombres: alias "Felipe", el asesino del patrullero, al "Veneco" y "Michael". Dos de ellos confesaron que trabajaban para alias "Coco", conocido también como “el capo invisible”. 

El hombre era el líder de una banda que tenía poder en seis localidades de Bogotá: Fontibón, Puente Aranda, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Según informó la Policía, manejaba el 20 por ciento de la droga que provenía del Cauca y que entraba a la ciudad y a Cundinamarca. Las autoridades ya lo venían siguiendo.

A finales de julio de 2020, la Policía logró incautarle dos toneladas de cocaína y 200 kilos de marihuana. Pero no dieron con su paradero sino hasta después de haber capturado a los hombres involucrados en la muerte del patrullero Amórtegui.

La banda del "Capo invisible" no se dedicaba solo al narcotráfico. Era una organización criminal diversificada, incluyendo el sicariato, que revela la complejidad de las estructuras que impulsan este tipo de violencia.

Trabajaban en la venta ilegal de lotes para estafar a ciudadanos, les cobraban vacunas a los comerciantes e incluso a vendedores ambulantes. Además reclutaban a niños y extranjeros para convertirlos en sicarios de la banda. 

A "Coco" lo encontraron cerca de una bodega de un frigorífico, en un barrio conocido como El Matadero, desde donde dirigían sus operaciones criminales. En el operativo capturaron también a alias Potosí, el jefe de sicarios que dirigía una oficina de cobros y extorsión que aseguraba el poder de la banda. 

El día de su captura también detuvieron a otras 24 personas. 

El caso de la banda del Coco es apenas un ejemplo de cómo funcionan estas estructuras criminales en Bogotá. De forma similar operaba la banda de alias El Viejo, al que se le comprobaron 20 homicidios en Ciudad Bolívar o Los Obispos en Rafael Uribe Uribe. 

Además, no es un delito que aqueja únicamente a Bogotá. En ciudades con muchos menos habitantes que en la capital la situación es inclusive más difícil. En Barranquilla, por ejemplo, entre 2017 y 2020, pasaron de 136 casos a 161. En Cúcuta, en ese mismo periodo,los casos han estado entre 179 y 168. Y en Cali la cifra pasa los 800 muertos por sicariato al año. Sin embargo, en ciudades como Medellín hubo una reducción importante en esta modalidad, de 333 casos a 193.

Alberto Sánchez, investigador en seguridad urbana y quien ha trabajado con las secretarías de seguridad de Cali y Bogotá, le dijo a La Silla que por estos homicidios los sicarios pueden cobrar desde 500 mil pesos hasta 15 millones, y que se dan en tres escenarios en la capital. 

• Hacen parte de la estructura criminal: Como en el caso de alias Potosí, existe una persona que se lucra de la tarea de extorsionar, cobrar y matar en función de una banda. 

• Mercado de la muerte: Hay casos en los que alguien, que no tiene que ver con una estructura delincuencial, contrata a un sicario para que asesine a otra persona, que no necesariamente participa en asuntos criminales. Estos casos se han encontrado, por ejemplo, cuando alguien prefiere asesinar a otro antes de pagarle una deuda o por una venganza personal. 

• Crimen de alto perfil: Es el caso de asesinos profesionales. Por ejemplo, el caso del asesinato del esmeraldero Jorge Gómez y de su escolta Luis Alberto Gamboa, el pasado 12 de marzo. Quien los mató sabía que tenía guardaespaldas y tuvo que hacer un seguimiento detallado de la víctima y de las posibles consecuencias. 

Según explicaron los expertos en seguridad Daniel Rico y Johan Avendaño, en Bogotá,  puede haber varias razones para que el sicariato venga en aumento. 

La primera tiene que ver con la intervención del Bronx en el gobierno de Enrique Peñalosa que movió la oferta de drogas. 

También, con que ha habido una actividad judicial importante que ha permitido la captura de cabecillas y, como efecto colateral, termina habiendo disputas de poder que terminan en actos de sicariato.

Además sucede, que muchas de estas bandas no son desarticuladas por completo y terminan reconfigurándose rápidamente. Es por eso que cada tanto reaparecen reconocidas bandas como Los Pocholos o Los Boyacos. 

¿Qué se ha hecho y qué falta por hacer?

Desde que Hugo Acero tomó las riendas de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en enero de 2020, dijo que uno de sus enfoques sería combatir estructuras criminales. Han trabajado en fortalecer la investigación criminal y la inteligencia para identificar a estas estructuras, sus miembros, sus rentas y las inversiones que hacen. 

Según la Secretaría de Seguridad, esa estrategia “ha permitido desarticular más de 200 estructuras criminales entre enero de 2020 y lo que va corrido de 2021, algunas de ellas dedicadas al sicariato”. 

También dicen que, gracias a la investigación criminal de la Policía y la Fiscalía, han logrado que el 43 por ciento de los homicidios sean esclarecidos en la ciudad. En los casos de sicariato el esclarecimiento baja al 30 por ciento. Y reducir la mayoría de delitos de alto impacto como el homicidio. 

Aunque se trata de un avance importante, todavía quedo un camino largo por recorrer. Según los expertos en seguridad consultados para esta historia, lo primero es que falta capacidad judicial. Frente a las cifras de la Alcaldía, argumentan que “esclarecimiento” no significa que se haya capturado a los responsables. Lo que significa es que ya se sabe quiénes son los responsables. Y tampoco es claro que se haya desarticulado por completo a la banda.

Pero, además, es necesario moverse en al menos otros cuatro frentes más:

• Inteligencia: “Aunque la Secretaría ha hecho un esfuerzo, se necesita aún más eficiencia. El fenómeno del sicariato no es nuevo. Ya se sabe que estas estructuras operan y la única manera de combatirlo es con la inteligencia”, dice Avendaño. 

• Reincidencia: El 50 por ciento de los capturados e imputados por la Fiscalía han tenido antecedentes porque quedan libres aun cuando son capturados en flagrancia. 

• Articulación entre la Alcaldía, la Policía, la Fiscalía: aunque la Alcaldía ha dicho que su relación con la Policía es buena, para los expertos consultados la relación es más bien de tensión y esto podría obstaculizar el cumplimiento de metas. 

• Control a las armas de fuego: Una política que vaya más allá de la restricción de porte de armas, pues “la mayoría de los homicidios ocurren con armas ilegales y es muy difícil hacerles seguimiento. Pero además está el problema de que hacerlas pasar por armas legales es muy sencillo ”, dice Rico. 

Como contamos, Bogotá tiene la tasa de homicidios más baja de las grandes ciudades del país. Y aunque ha venido en un descenso continuo, en los últimos años esta caída ha sido más lenta que la de otras ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali y Cúcuta. 

Si la ciudad quiere seguir liderando el camino de la protección de la vida, “no puede minimizar”, como dice el experto Avendaño, que tiene un problema grande de sicariato.