En el paro mataron a 47 personas y la Fiscalía solo cuenta 24

Mientras la Fiscalía registra 24 muertes confirmadas y 11 en verificación, Human Rights Watch (HRW), una ONG estadounidense, reporta 34 muertes desde el 28 de abril. Por su lado, las ONG nacionales Temblores, Indepaz y Paiis, que formaron un frente unificado, reportan 43.

La cifra final, más allá de que un número exacto sea difícil de precisar, ayuda a entender la magnitud de la violencia durante la manifestaciones en Colombia. La cifra de la Fiscalía, si se queda en 24, pondría al paro al nivel de las protestas de Black Lives Matter, en Estados Unidos, donde se maneja un saldo fatal de 25 personas. Si el saldo es el de HRW, la mortalidad en las protestas estaría a la par con las de Chile entre 2019 y 2020, donde la Fiscalía de ese país contó 33 muertes. Si uno se guía por el número de las ONG nacionales, el saldo de 43 muertes se parece al de las protestas contra el chavismo en Venezuela del 2014. 

Para navegar esas diferencias, La Silla Vacía creó una base de datos (ver al final del artículo), alimentada con los reportes de las ONG y la Fiscalía, en sus respectivos informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Además, revisamos caso por caso, con fuentes externas al origen de la base de datos (ONG o Fiscalía), para agregar información acerca de las circunstancias en las que esa persona perdió la vida.

El criterio de las cifras difiere  según cada fuente. HRW cuenta todos los homicidios independientemente del autor. Las ONG nacionales solo cuentan a las muertes atribuibles a algún miembro de la Fuerza Pública, y su cifra final es de 43. En las bases de datos de las ONG se detallan algunas de las circunstancias en que ocurrieron las muertes, nombres, lugares, horas y presuntos autores.

En total, eliminando duplicidades de reportes de cada ONG, y los que la Fiscalía tiene en indagación en el marco de la marcha, hay 51 personas con nombre propio reportadas a la Cidh. 

De estas, hay cuatro en las que no encontramos relación con las protestas. Es decir, según el ejercicio de La Silla Vacía, durante el paro habría 47 personas muertas en el marco de la protesta. 

Por lo tanto, hay 23 muertes que la Fiscalía no está incluyendo en su cifra oficial pese a que hay indicios de que cumplen con el principal criterio fijado por la misma institución: haber ocurrido en el marco de las manifestaciones. 

1. La Fiscalía no está usando sus propios criterios

Para la Fiscalía no todos los homicidios registrados tienen que ver con la protesta. Según su último reporte –del 14 de junio –, de un total de 54 muertes: 24 se dieron en las manifestaciones, 11 están en verificación y en 19 encontró que no tenían relación con el paro.

Para hacer su proceso de verificación, la Fiscalía evalúa cuatro criterios, según explicó en su informe a la Cidh: si el hecho se dio en un lugar en el que había manifestación, si la protesta se tornó violenta, si hubo confrontación con la Fuerza Pública, y si hay un señalamiento directo contra los presuntos autores del delito.

Todos los criterios se cumplen para los 24 casos de muertes que la Fiscalía investiga como ocurridas en el marco de las protestas. Pero esos criterios también se cumplen para otros 23 casos que no están en las cifras oficiales, que sí están en otras bases de datos, y que fueron verificados por La Silla. 

Por ejemplo, está el caso de Yordany Rosero, quien murió tras recibir dos disparos –uno en el área del tórax– mientras protestaba en la zona del pozo Costayaco 10 de la petrolera canadiense Gran Tierra Energy en Villagarzón, Putumayo. Los manifestantes dicen que las armas fueron detonadas por la Policía Antinarcóticos, que hacía presencia en la zona (cocalera), pero la Policía lo niega. Ese caso está reportado por HRW y las ONG nacionales.

Estas son las circunstancias en las que se enmarcan las muertes de los 51 casos que revisamos. 

Los 23 homicidios que la Fiscalía no ha reconocido como parte de las protestas cumplen al menos dos criterios que esa entidad está teniendo en cuenta, según su informe a la Cidh. 

De hecho, 10 casos cumplen al pie de la letra los 4 criterios que la propia Fiscalía se fijó, y pese a eso no están en su cifra oficial. 

Dos ejemplos adicionales: Angie Johanna Valencia, quien según los reportes de Indepaz y medios caminaba por el barrio calipso el 19 de mayo, donde hubo enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública, y recibió tres impactos de bala. Brahian Gabriel Rojas, según las versiones de sus familiares y varios testigos reportadas por las ONG y por medios como Vorágine, quedó en medio de un operativo del Esmad en La Virginia, Risaralda. Fue golpeado por los agentes hasta que se lanzó al río Cauca, donde se ahogó.

Además, tampoco están contabilizados por la Fiscalía siete asesinatos que se dieron en cruces de disparos entre la Policía y civiles. Estos, pese a no tener un señalamiento directo de los autores, ocurrieron en medio de protestas, muchas de las cuales hubo confrontaciones a bala con la Fuerza Pública.

Si el criterio general de la Fiscalía es que los homicidios hayan ocurrido en el marco de la protesta, no queda claro por qué en estos casos, en los que hay suficientes indicios sobre ese vínculo, no están en las cifras presentadas a organismos internacionales. 

Desde hace varios días La Silla solicitó una entrevista a la delegada de seguridad ciudadana de la Fiscalía, Luisa Obando, encargada de estas investigaciones. Pero al cierre de esta historia no obtuvimos respuesta. A través de un derecho de petición en el que colaboró La Silla, se le preguntó a la Fiscalía por los nombres de los casos en verificación y los descartados, pero cumplido el tiempo oficial no envió la respuesta.

En todo caso, incluso si a la cifra de la Fiscalía se le suman los 11 casos en verificación, hay al menos 13 que reportan las ONG con vínculos claros con la protesta, y que habrían sido descartados.

2. Cuando los civiles dispararon, la Fiscalía solo cuenta las víctimas que eran policías

En 16 muertes hay evidencia de que civiles pudieron ser los que dispararon o cometieron la agresión. Una de las características de este paro fue que la protesta, especialmente en Cali, tuvo la participación de civiles armados. En ocasiones con complicidad de la Policía , en otras, desde las concentraciones de los manifestantes. 

Sin embargo, la Fiscalía solo está investigando como “ocurridos en el marco de las marchas” los homicidios en los que las víctimas fueron funcionarios: el capitán de la Sijín, Jesús Alberto Solano; el patrullero Juan Sebastián Briñez; y el agente del CTI linchado en Cali, Fredy Bermúdez. 

En el caso del agente Bermúdez hay evidencia de que habría asesinado a dos manifestantes: Luis Eduardo López Solano y Juan Pablo Cabrera. Justamente, esas muertes desencadenaron el linchamiento en el que fue asesinado. Pero paradójicamente las muertes de López y Cabrera, no las está investigando la Fiscalía como ocurridas en el marco de las protestas. 

El no tener en cuenta los homicidios en los que civiles habrían sido los autores tiene por fuera de la cuenta que le entregó la Fiscalía a la Cidh el caso de Lucas Villa, un estudiante de Pereira que murió por ocho disparos que le propinaron personas vestidas de civil en una moto. Como contamos en esta historia, en el homicidio de Villa hay sospechas de organizaciones de derechos humanos y de cercanos de Villa de que la Policía pudo estar involucrada.

Que la Fiscalía esté descartando ese tipo de casos como “ocurridos en el marco de las protestas” abre un vacío dentro de las líneas de investigación.

Parte de las denuncias, que se registraron durante el paro y que organismos internacionales pidieron investigar , están relacionadas con policías vestidos de civil que disparaban contra manifestantes, y de civiles disparando contra manifestantes con la complicidad de la Fuerza Pública.

Vorágine, Colombiacheck y La Liga contra el Silencio comprobaron que miembros de la Sijín vestidos de civil dispararon a manifestantes en Cali . Según la Policía se trató de un operativo antiextorsión . En esa misma ciudad, hay varios videos de civiles disparando junto a la Policía. 

3. La Policía está relacionada con 8 de cada 10 muertes 

El discurso oficial durante el paro ha sido que los casos de brutalidad policial son aislados y no responden a un patrón. El presidente Iván Duque repitió esa idea en su autoentrevista en inglés hace unas semanas: “Si hay una acusación a un miembro de la Policía que haya violado la ley, lo condenamos, pero no es sistemático”.

Sin embargo, la Policía es señalada de estar relacionada con la mayoría de los asesinatos en el marco del paro. De los 47 homicidios que se han presentado durante las protestas, en 39 hay indicios de algún vínculo de la Fuerza Pública o agentes estatales en los hechos, según las bases de datos cruzadas de HRW e Indepaz y nuestra verificación caso a caso.

En 32 de estas muertes los reportes presentan indicios de una responsabilidad directa de la Policía, y en los otros siete casos las muertes se habrían dado en cruces de disparos de civiles con la Policía. 

En los casos que apuntan directamente a uniformados, la mayoría se han dado por disparos de arma de fuego. Según la información cruzada de las ONG nacionales y HRW, en 23 casos miembros de la Fuerza Pública son señalados de disparar contra manifestantes.

También hay registro de cinco muertes ocasionadas por armas no letales, como ahogo por gases lacrimógenos e impacto de los cartuchos, un asesinato por golpes, y tres en otras circunstancias que involucrarían uniformados.

4. Hay evidencia de ataques indiscriminados de la Fuerza Pública 

Nueve personas que no estaban protestando habrían muerto por causa de la Policía o el Esmad. 

Pero solo la mitad de esos casos está siendo indagado por la Fiscalía como ocurrido en el marco del paro. Corresponden a balas perdidas que impactaron a transeúntes o personas que se encontraban en inmediaciones de los disturbios.

Dentro de los que no están en el radar de la Fiscalía como ocurridos en las marchas, y que sí son registrados por ONG, hay uno que también tienen que ver con balas perdidas: Angie Johanna Valencia. 

Además, está el caso de Rojas, el joven que se ahogó en el río Cauca para escapar de una golpiza de la Policía. 

También hay otros dos casos que corresponden a personas de la tercera edad –María Jovita Osorio  y Evelio de Jesús Flórez – que murieron tras inhalar gases disparados indiscriminadamente por el Esmad que entraron a sus casas. Estos dos casos, por ejemplo,no fueron contados por HRW, pero sí por las ONG nacionales y los incluye La Silla en su conteo.

5. Seis de cada diez casos fueron jóvenes menores de 25 años 

La mayoría de las víctimas de homicidio en las protestas eran menores de 25 años. De los 47 fallecidos, 29 eran jóvenes, tres de estos menores de edad. Los jóvenes, al ser los protagonistas de las protestas, también han sido las mayores víctimas mortales del paro. 

Los días más críticos de muertes fueron los primeros de las protestas. Durante la primera semana de protestas, murieron 25 personas, más de la mitad. Otro día crítico fue el 28 de mayo, cuando se cumplió un mes de las manifestaciones y hubo 7 homicidios. En general, el grueso de las muertes estuvo relacionado con los días de más intensidad de las protestas. 

Por otra parte, de los 47 homicidios en Colombia, 2 víctimas fueron mujeres. Una de la tercera edad y una madre soltera de una niña de 5 años (ver base de datos).

6. En el esclarecimiento hay más eficiencia con los asesinatos de funcionarios

La Fiscalía ha reportado el esclarecimiento de 4 homicidios ocurridos en el marco de las marchas: tres tienen que ver con civiles y uno con un miembro de la Fuerza Pública. El esclarecimiento es una figura poco transparente, que como contamos, mezcla varios indicadores de avance, como si hubo una orden de captura, que no equivale a que se haya hecho justicia. 

En el caso del uniformado –el capitán de la Sijín, Jesús Alberto Solano, quien falleció en Soacha–, ya hay tres personas imputadas. Este es uno de los tres casos en los que las víctimas fueron funcionarios del Estado.

En lo que tiene que ver con los civiles, la Fiscalía ya imputó al patrullero Luis Ángel Piedrahita, por el asesinato de Marcelo Agredo, indígena menor de 17 años. En otros dos casos –el de Sergio Murillo y Brayan Niño– la Fiscalía quiere quitarle la competencia a la Justicia Penal Militar, porque considera que los hechos no ocurrieron con ocasión de la prestación del servicio de los uniformados comprometidos.

Más allá del esclarecimiento, la Fiscalía tiene procesos abiertos de homicidios “ocurridos en el marco de las protestas” por todos los casos en los que han sido asesinados miembros de la Fuerza Pública. De los ciudadanos, solo en 20 de los 47 que según nuestra revisión ocurrieron en el marco del paro.

7. Valle concentra el 77 por ciento de los homicidios

Cali ha sido el epicentro de las protestas y de la violencia en medio del paro, y así se refleja en las cifras de muertos. 29 de los asesinatos se han presentado en la capital del Valle del Cauca. 

Las dos ciudades que le siguen en homicidios también son del mismo departamento: Yumbo (4 asesinatos) y Tuluá (4 asesinatos), lo que contrasta con los casos de capitales como Bogotá, donde hubo dos casos, y Medellín, donde hubo uno pero sin relación con la protesta.

Como contamos, que las muertes se concentren en Cali no es casual. La ciudad está cosechando en el paro todos sus problemas previos de violencia, como el fácil acceso a las armas, la presencia del narcotráfico, y la desigualdad marcada.