En Cali, la Alcaldía tiene proyectos para generar empleo para víctimas, mujeres y jóvenes vulnerables pero no están articulados, la política pública apenas se está construyendo. En Buenaventura ni siquiera han empezado.
En el Valle, el empleo incluyente aún está en pañales
Una de los promesas con las que Maurice Armitage ganó la alcaldía de Cali fue generar empleo para mujeres, víctimas y jóvenes. Pero ya han pasado casi dos años de su llegada al cargo y como no ha terminado de definir una política, los programas que existen son esfuerzos aislados que no cobijan ni al uno por ciento de la población que los necesita.
Durante su primer año de gobierno, la generación de empleo para estas personas de alto riesgo estuvo dividida en varias secretarías: Gobierno, Bienestar Social y la Asesoría de Paz, que realizaban convenios de capacitación y proyectos productivos con entidades como el Sena y la Fundación Carvajal.
Pero solamente hasta junio cuando creó la Secretaría de Desarrollo Económico comenzó a elaborar la política que aún no está lista.
Cali, como el mismo Alcalde lo dice, recibe víctimas y personas pobres de todo el Pacífico. En la ciudad viven casi 200 mil víctimas del conflicto, que se suman a la población más necesitada del Distrito de Aguablanca y la ladera.
Una de las integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas de la ciudad, Erlendy Cuero, le explicó a La Silla Vacía que hasta el momento el programa que más ha contratado víctimas es el de los Gestores de Cultura Ciudadana y Ambientales, a cargo de la Secretaría de Paz y Convivencia y el DAGMA.
Este programa incluye a unas 1500 personas, entre víctimas del conflicto, desmovilizados, jóvenes del Plan de Tratamiento Integral de Pandillas y jóvenes de barrios del Distrito de Aguablanca y la ladera.
Los gestores de cultura hacen campañas cívicas en diferentes puntos de la ciudad, como el MÍO, donde dan información a los transeúntes y ayudan ayudan a las personas con discapacidad. Además, en el programa Domingo Seguro, que es una ‘toma’ de Policía y el Tránsito de los barrios con más homicidios, ellos hacen pequeños dramatizados con mensajes sobre convivencia.
Los ambientales, aparte de campañas como enseñarle a los niños de los colegios a cuidar los árboles, recogen basura en los ríos Cali y Pance. A los gestores la Alcaldía les paga $1.100.000 mensuales, incluyendo seguridad social, durante 18 meses, pero, como condición deben participar en capacitaciones y recibir ayuda psicosocial.
Además de los 352 jóvenes del Plan de Tratamiento Integral de Pandillas que trabajan como gestores, otros 150 de los 1343 que están en el Programa esperan ser contratados por empresas como Ciudad Limpia, a quienes contactaron desde el programa para que los contrataran como escobitas.
Fuera del programa de gestores, hay otros esfuerzos puntuales en la Alcaldía de Armitage.
Por un lado, la Secretaría de Desarrollo Económico dice que está capacitando a 4500 personas de barrios vulnerables de Cali con la idea de que al final de este año el 80 por ciento queden contratadas por empresas privadas que han contactado. De esas, la mitad con contratos laborales por un año y la otra mitad por cuatro meses.
Y por otro, Subsecretaria de Equidad y Género asegura que Cali es una ciudad piloto en la implementación del Decreto 2733 del Ministerio de Trabajo que da a los empresarios que las contraten una reducción tributaria hasta en un 200 % por concepto del valor de los salarios y prestaciones pagadas a mujeres víctimas de distintas formas de violencia.
Sin embargo, hasta el momento solo seis mujeres han sido contratadas. La subsecretaria Ana Carolina Quijano le dijo a La Silla que ese número tan pequeño se debe a que apenas están empezando a difundir entre los empresarios.
Natalia Vivas, de la Mesa de Mujeres de Cali, que cobija 130 organizaciones de mujeres, reconoce los esfuerzos de la Alcaldía para incluir a las mujeres, pero dice que como consisten principalmente en cursos de capacitación “termina siendo lo mismo, aprender a hacer manicure o a coser”.
El subsecretario de Desarrollo Económico, Felipe Lara, está de acuerdo con esta crítica. Le explicó a La Silla Pacífico que por eso están avanzando en diseñar una política pública que articule las capacitaciones con la demanda de las empresas. Y que para esto tienen unas mesas de trabajo conformadas por las universidades, el Sena y gremios, entre otros (sin embargo, en estas mesas no incluyeron a las organizaciones de mujeres y de víctimas).
La política pública
Ahora que están elaborando la política pública, la Secretaría de Desarrollo Económico está pensando trabajar con cuatro sectores estratégicos: tecnología y conocimiento; industria creativa que incluye la confección, e industria BIO, de alimentos, farmacéutica y cosméticos.
En el de tecnología y conocimiento, su idea es capacitar a los jóvenes en tecnología y sobre todo en inglés para que puedan trabajar en call centers. Para complementar el programa, la idea es trabajar con Secretaría de Educación para que los estudiantes de colegios públicos reciban clases de inglés intensivo del programa Go Cali.
En cuanto a la inclusión de mujeres, la idea del gobierno de Armitage es aprovechar que , en el Distrito de Aguablanca ya hay 100 talleres de costura, la mayoría a cargo de mujeres cabezas de hogar que fueron capacitadas por alcaldías pasadas y algunas por la actual, para convencer a empresas de confecciones que los usen como maquilas. Su meta es que este año 50 de esos talleres tengan contratos.
Ya Aritex, una empresa de confección de ropa, tiene un proyecto con la Alcaldía en el que trabaja con 25 talleres de Aguablanca, que tienen entre 3 a 10 empleados cada una. “Yo les llevo la prensa cortada y ellas se encargan de la costura. Es algo en lo que todos ganamos”, dice Nelson Aristizabal, el dueño de Aritex.
Buenaventura, sin política de nada
En Buenaventura, donde la mitad de la población es víctima del conflicto y la tasa de desempleo duplica el promedio nacional, la Alcaldía no tiene una política de empleo para las víctimas, ni para jóvenes ni mucho menos para las mujeres vulnerables.
Los planes que existen son realizados por las organizaciones de cooperación internacional que hacen presencia en la ciudad como OIM, Acnur y Usaid.
La Secretaría de Desarrollo Económico del puerto es la responsable de hacerlo pero desde que se posesionó el Alcalde ha tenido tres secretarios y el último lleva solo tres meses.
Anderson Arroyo, el actual titular de esta cartera, explicó a La Silla Pacífico que espera realizar reuniones con todos los sectores para crearla: “Primero tengo que ver temas contractuales para contratar los refrigerios, los transportes y los lugares donde vamos a hacer las reuniones para definirla e invitar a sectores como la Cámara de Comercio”.
Alexánder Micolta, director de la Cámara de Comercio de la ciudad, dijo que no conoce ningún proyecto realizado por esta Alcaldía o por la pasada para ayudarle a conseguir empleo a mujeres, víctimas o jóvenes.
“Esto se canalizaba con el Departamento de Prosperidad Social, que tenía un programa, en 2014, pero desde esa época no se de nada más”, dijo.
“Si no cumplen con el Plan de Acción Territorial para las Víctimas, que es por ley, mucho menos van a hacer políticas de empleo”, expresó Obdulia Valencia de la Mesa de Víctimas de Buenaventura.
Es la misma posición que tienen otros cuatro líderes (del comité del paro cívico, de víctimas y de jóvenes) consultados por La Silla. Es tal la desconexión entre la administración municipal y la comunidad, que ni siquiera tienen una expectativa de que haya un programa en ese sentido.
Este especial fue hecho gracias al apoyo del Gobierno de Canadá