En Montes de María dudan del 'laboratorio de paz' de Argos

En octubre pasado Argos anunció con gran bombo que donará las tierras de su proyecto forestal en los Montes de María para crear un 'laboratorio de paz', que describió como su “aporte al posconflicto”. La noticia tuvo un elogioso cubrimiento en los grandes medios. Sin embargo, muchos campesinos de la región lo ven con menos entusiasmo y sienten que el proyecto de la cementera del Grupo Empresarial Antioqueño deja más preguntas en el aire que respuestas.

Sobre todo porque si busca -en palabras de su presidente José Alberto Vélez- “ser una acción de reconciliación y de convivencia pacífica”, resulta paradójico que hasta hoy Argos no haya socializado su propuesta con sus potenciales beneficiarios en esta región históricamente devastada por la guerra.

“Acá se conoció por las noticias. No fue pública en ninguno de los procesos sociales en el territorio, ni en la mesa de víctimas de Montes de María ni en la Mesa de Interlocución y Concertación. Eso dejó a todo el mundo sorprendido y confundido”, dice Miguel Zambrano, uno de los líderes de esa incipiente Mesa que ya reúne a 156 organizaciones de la zona de víctimas, pequeños productores, indígenas, afro, zonas de reserva campesina, mujeres y jóvenes. Y que está intentando desde hace tres años recuperar el destrozado tejido social en Montes, con el apoyo de varias universidades y organismos de la ONU y financiados sobre todo por la cooperación española.

A mediados de diciembre, Argos agendó una primera reunión con la Mesa de Interlocución pero tuvieron que cancelarla. Hoy se sentarán por primera vez en la sede de la Asociación Sembrandopaz de Sincelejo para discutir las dudas que tienen las comunidades sobre este proyecto, ya reunidas en un cuestionario que le enviaron a Argos hace unos días.

Un laboratorio de paz en Montes de María

Hasta el momento son pocos los detalles que Argos ha revelado sobre la Fundación Crecer en Paz, que está en proceso de constituir y que recibirá 6600 hectáreas de tierra, de las cuales mil están sembradas en teca -una de las maderas más finas del mercado- entre El Carmen de Bolívar y Ovejas (Sucre).

La empresa ha dicho que beneficiará a unas 700 familias campesinas, que entrarían en “esquemas de propiedad colectiva de la tierra” para negocios frutales, agrícolas y apícolas, dentro de un “modelo de convivencia entre pequeña economía campesina y proyectos agroindustriales”.

Argos cederá 6.600 hectáreas a una Fundación que no es de ellos, aunque tienen un tercio de su junta directiva. Y esta Fundación, a su vez, escogerá a los beneficiarios para desarrollar con ellos los proyectos productivos que ellos escojan (que pueden ser agrícolas, ganaderos o forestales). La Fundación los acompañará técnica y comercialmente durante el proceso para que al final sean los campesinos los que reciben las utilidades.

Para eso prometieron invertir 43 mil millones de pesos, de los cuales casi la mitad son las tierras que están donando y 8 mil millones el valor de las mejoras que ya han hecho y la teca sembrada en una sexta parte de los predios. Los restantes 16 mil millones son la plata contante que pondrá Argos a lo largo del proyecto.

Lo poco que ha contado la empresa paisa de su nuevo proyecto bandera prendió las alarmas entre líderes campesinos de Montes, que aún ven a Argos -en palabras de un profesor universitario que conoce la región- como “un actor que ha perjudicado a las comunidades”.

Argos -que niega cualquier acto de mala fe en las compras de las tierras- defiende esa ausencia de información diciendo que el grueso de las decisiones del laboratorio las tomará la naciente fundación, cuyo consejo directivo comenzará a reunirse mensualmente desde febrero.

Para aterrizar el proyecto, Argos armó un equipo de lujo. En el consejo directivo de diez, estarán tres de sus altos ejecutivos: su presidente, su vice administrativo Sergio Osorio y el vice de asuntos corporativos Camilo Abello.

A ellos se sumarán varias personas con trayectoria en fundaciones (Soraya Montoya de la Saldarriaga Concha, Roberto Pizarro de la Carvajal y Claudia García de la de Semana), la ex vice de educación Roxana Segovia, el abogado Martín Carrizosa, el padre Rafael Castillo y la experta en derechos humanos y empresa Alexandra Guáqueta (ahora pieza clave del equipo del posconflicto del general Óscar Naranjo). Su directora ejecutiva será María Clara Rodríguez, que viene de impulsar proyectos inclusivos en Cecodes, la ONG de desarrollo sostenible del sector empresarial.

También estará como asesor permanente el padre de Roux, el fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y uno de los mayores impulsores de este tipo de procesos, quien no quiso formar parte de la junta pero la aconsejará de manera honoraria por estar "convencido que estas iniciativas empresariales proactivas, que obviamente tienen que aceptar sus errores y están dispuestas a construir con las comunidades, son al mismo tiempo importantísimas para el país en este momento y estoy convencido que hay que apoyarlas. He considerado importante ayudar, sin pedir ni aceptar ninguna remuneración".

Argos ha hecho un gran esfuerzo mediático por dar a conocer su iniciativa, pero solo hasta diciembre buscó a las comunidades. Trajo a la cartagenera Segovia, así como a Rodríguez, Montoya y García (que han liderado proyectos allí), pero no ha vinculado hasta ahora a nadie de los Montes de María.

“Un laboratorio de paz debe tener en cuenta a las comunidades afectadas por el conflicto. Se basa en conocer sus necesidades, en ayudarles a retornar a sus tierras y en conocer la verdad de lo que allí ocurrió”, dice Miguel Zambrano.

“No se puede hacer sin la gente en el territorio y hay procesos sociales allí que deberían ser sus pares naturales”, coincide con él una de las personas que mejor conoce estas iniciativas en el país y que prefirió omitir su nombre porque podría servir de mediador.

Esa es la misma postura del padre de Roux, que aún no se ha reunido con la junta de la fundación pero ya estuvo -por sus propios medios- con los campesinos de la Mesa en Montes en diciembre, y cree que "es con todos o no tiene posibilidades". 

Abello, el vicepresidente de asuntos corporativos, le dijo a La Silla que sí conversaron con algunos líderes, pero no explicó cuáles ni en dónde, y enfatizó que -conscientes de esta necesidad- buscaron hace poco como mediador para iniciar una conversación a Ricardo Esquivia de la ONG sucreña Sembrandopaz. De todos modos, en su visión, la etapa de diálogo -como los otros temas gruesos del proyecto- se viene ahora.

“El proceso de diálogo para saber el tipo de modelo de desarrollo lo va a llevar la fundación -no Argos- y apenas va a arrancar”, explicó, añadiendo que la empresa comenzó por el anuncio por tratarse de una decisión de desinversión que debía comunicar a sus accionistas.

“Como no vimos las condiciones ideales para desarrollar el proyecto [maderero] -por temas de resabios de violencia, de poca presencia del Estado- decidimos no continuarlo sino en vez apostarle a en una actividad en beneficio de los campesinos de la zona”, añadió Abello, subrayando que la empresa tiene menos del 1 por ciento de la tierra en la región y que no es el gran actor local que a veces se pinta.

Al mencionar La Silla el complicado historial de estas tierras, Abello reconoció que el laboratorio sí busca corregir una situación de la que la empresa no se siente culpable, pero que tampoco podía soslayar.

Las tierras y las tecas de Argos

Entre 2009 y 2011, Argos compró estas seis mil hectáreas y comenzó a sembrar mil hectáreas de teca en un proyecto maderable pensado a 20 años. Pero cuando comenzó el proceso de restitución de víctimas en la zona unos años después, fue quedando en evidencia el despojo y la sangre que había ocurrido en esta región durante el auge paramilitar y guerrillero.

Argos siempre ha mantenido que las compró de buena fe, sin conocer su historial, las artimañas jurídicas de sus anteriores dueños y cómo éstos se brincaron las medidas cautelares preventivas sobre la tierra al hacer transacciones sobre la tierra.

“Argos respalda la nueva institucionalidad originada con la Ley de Víctimas y cree que los procesos de reparación y restitución deben avanzar para poder construir una Colombia en paz”, dijo Vélez al lanzar el laboratorio de paz.

Sin embargo, la principal red de campesinos de Montes de María teme que muchas de esas parcelas puedan estar en proceso de restitución, lo que podría generar muchos problemas hacia adelante. Sobre todo si otros campesinos llegan a trabajarlas de la mano de la Fundación y luego vienen sus dueños originales, ya legítimamente reparados, tras años fuera de ellas.

“Con las tierras que no tienen restitución vaya y venga. Pero con las que arrastran muertes, masacres, desaparecidos y desplazamientos no nos parece correcto hacerlo así”, dice Esnaldo Jetar, un líder campesino de Ovejas e integrante de la Mesa. “¿Qué va a pasar con esos procesos? Si se fallan a favor del campesino, habrá una nueva victimización y un nuevo conflicto de tierras”, añade el marialabajense Wilmer Vanegas, impulsor de uno de los dos proyectos de zona de reserva campesina en los Montes.

Las tierras en restitución son una de las principales dudas que la Mesa le planteará hoy a Argos. Han buscado a la Unidad de Restitución de Tierras y en Supernotariado para entender la magnitud del problema, pero se estrellaron con el muro de la información reservada.

Dos expertos en tierras le confirmaron a La Silla que un número significativo de predios de Argos sí se encuentra en proceso de restitución.

La empresa le señaló a La Silla que, hasta donde sabe, 28 de los 98 predios en el laboratorio de paz están en restitución: trece de ellos -que suman 840 hectáreas- ya estarían en manos de los jueces agrarios esperando un fallo y otros quince continúan el trámite administrativo en la Unidad que dirige Ricardo Sabogal. No prevén excluirlas hasta que no haya una sentencia.

“Son reclamaciones que se generan por hechos que sucedieron antes de la compraventa de Argos. No nos opusimos cuando se contestaron las demandas [de restitución] y de hecho mostramos que todo se hizo de buena fe”, dice Camilo Abello. “Partiendo de esa base, no prevemos problemas jurídicos a futuro”.

El 'caso Argos' se ha vuelto emblemático de los enredos en la posesión de tierras que el país deberá resolver en los años que vienen. De hecho, fue uno de los ejemplos que citó -dos veces- el reconocido economista inglés James Robinson en sus polémicas columnas sobre el posconflicto, como termómetro de la inefectividad de los procesos agrarios en el país.

Otros en el sector defienden, si no el modelo específico de la Fundación, la voluntad de Argos. “En verdad han tenido una actitud muy positiva y esto demuestra que están buscando salidas reparadoras”, dice una persona cercana al Gobierno que trabaja con tierras y que no está autorizada para hablar en público.

Para esa persona, la postura de Argos contrasta con la de empresarios como el brasilero Germán Efromovich (dueño de Avianca) o el palmicultor José Ernesto Macías, quienes -como ha contado La Silla- han iniciado acciones legales contra los altos funcionarios que iniciaron los procesos jurídicos sobre sus respectivas haciendas Bella Vista y Las Pavas, ambas con complejos currículum de despojo y violencia.

De todos modos, en la Mesa se preguntan quiénes serán los campesinos beneficiados y cómo serán escogidos. “¿Serán las personas que vivían en esas tierras y que tuvieron que salir desplazados? ¿Y que están pidiéndolas en restitución? ¿Serán empleados de Argos? ¿Quiénes y con qué criterios van a escogerlos? ¿Serán representativas de la violencia que hubo acá?”, pregunta Esnaldo Jetar.

Argos mantiene que los destinatarios sí incluirán víctimas, aunque también otros campesinos que vivan en condiciones precarias y no necesariamente que hayan sido golpeados por el conflicto. La empresa le aseguró a La Silla que la fundación buscará a quienes reclaman los predios en restitución, aunque no aclaró si esa invitación se dará antes o después de que haya un fallo de un juez de tierras.

“Si la restitución opera en beneficio del reclamante, él decidirá si se acoge a los beneficios de la fundación o se va solo. Tiene todo su derecho a no participar, pero lo vamos a invitar. Si no, algún otro beneficiario la recibirá”, dice Abello.

El último gran temor es cómo funcionarán esas alianzas a 12 años. Dado que el presidente de Argos dijo que "si al final no funciona el experimento, los campesinos serán propietarios" y que también ha dicho que que “la idea es explorar modelos económicos de convivencia entre la pequeña economía campesina y los grandes proyectos agroindustriales”  hay quienes temen que se pueda tratar de una de las primeras 'Zidre'.

Es decir, en uno de los polémicos proyectos asociativos que el Gobierno Santos quiere aprobar para los baldíos del Estado de ahora en adelante, que abre las puertas a que grandes empresarios del campo aprovechen las tierras destinadas a la reforma agraria.

Argos lo niega de plano. “La respuesta contundente es no: no tenemos pensado un proyecto agroindustrial con ánimo de lucro para la compañía. Será netamente en beneficio de la comunidad”, dice Camilo Abello. La prueba de eso, según Argos, es que la tenencia de esas tierras pasaría a la Fundación.

Eso significaría que la totalidad de las utilidades de la teca irían para los campesinos, pese a que la Ley de Víctimas le da el poder a los jueces de tierras de aprobar contratos entre los campesinos restituidos y los que cultivaron allí un proyecto agroindustrial siempre y cuando ese segundo sea declarado un comprador de buena fe y la posesión quede de nuevo en manos del primero.

Hoy, la primera vez que se verán la cara Argos y la organización social más representativa de los Montes de María, los campesinos podrán hacer las preguntas que tienen sobre el laboratorio de paz y la empresa antioqueña contestárselas.

Porque, como dice el líder campesino Miguel Zambrano, “si se habla de paz territorial, necesitamos que el territorio se entere”.

Nota de la editora: La versión inicial del artículo señalaba erróneamente que el padre de Roux no había aceptado la responsabilidad de ser asesor del proyecto. De Roux sí la aceptó bajo la condición de que no fuera pago. Incluimos un par de citas suyas sobre el proyecto. También explicamos con más detalle en qué consistía el proyecto.