La decisión de la Corte Suprema de absolver al líder indígena no sólo es un espaldarazo para la justicia indígena sino para él, que ahora queda recargado políticamente si decide aspirar en las elecciones de 2018.
Feliciano Valencia, libre y recargado políticamente
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de absolver al líder indígena Feliciano Valencia por el cargo de secuestro simple que lo condenó a 18 años de prisión no sólo es un espaldarazo a la justicia indígena sino para él, que ahora queda recargado políticamente si decide aspirar en las elecciones de 2018. Aunque él todavía no ha dicho que quiere lanzarse, en el movimiento indígena su nombre es visto con muy buenos ojos. Sobre todo ahora que se la van a jugar por quedarse con al menos una de las circunscripciones especiales de paz que creó el acuerdo de paz con las Farc y que aún está en trámite en el Congreso.
Un triunfo para la justicia indígena
Feliciano Valencia fue condenado en un fallo de segunda instancia por el Tribunal Superior de Popayán en septiembre de 2015 a pagar una pena de 18 años de cárcel por haber sido autor del secuestro simple del cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparral Santiago que, durante la Minga del 2008, fue retenido por los indígenas portando material militar que no pudo justificar, ni tampoco explicar por qué él estaba ahí. En ese momento, tras una deliberación en la Asamblea del pueblo Nasa que lideró Valencia, el soldado fue sometido a un “remedio” acorde con la justicia indígena, que consistió en 20 fuetazos.
La decisión de la Corte Suprema en el fallo de casación publicado ayer, tumba esa decisión y avala la que tomó el juez de primera instancia que en marzo del 2015 había absuelto a Feliciano Valencia.
Los argumentos de la Corte no sólo cuestionan que el Tribunal de Popayán lo haya condenado por el sólo hecho de haber conocido de la retención y haber liderado la Asamblea. También ratifica la legitimidad de la jurisdicción indígena para haber actuado como lo hizo en este caso.
“El acto jurisdiccional que desarrolló la comunidad indígena tiene respaldo constitucional, legal y jurisprudencial”, dice la Corte.
No sólo porque el hecho ocurrió en territorio indígena sino porque las autoridades Nasa actuaron con fuerza ejecutiva y declarativa que les otorga la autoridad en su territorio y que se sintieron “ofendidas” por la presencia sin explicación del cabo Chaparral en el Resguardo en “un hecho que atentaba contra la armonía de esa comunidad”.
También porque el Tribunal de Popayán deshecho pruebas que legitimaban su actuar en este caso.
Por ejemplo, el hecho de que el caso hubiera ocurrido durante la Minga, y justo después de que el entonces presidente Álvaro Uribe hubiera dicho que la protesta estaba “infiltrada por guerrilleros” por la que los indígenas estaban “alertados”. “Ese pueblo no se podía inhibir del conocimiento de la conducta del intruso”, dice el fallo.
La Corte dice que todo el procedimiento legal que se le aplicó al soldado a través de la justicia indígena se hizo bien, porque al soldado le dieron la oportunidad de dar explicaciones y ofrecer excusas por haber entrado al territorio sin permiso. Como él rechazó ambas, la Asamblea acordó a aplicarle el “remedio”.
“El carácter pluralista de la Constitución Política implica reconocer también un pluralismo jurídico para dar cabida al derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, de ahí que la limitación de la libertad de locomoción que afectó a Jairo Danilo Chaparral Santiago obedeció al cumplimiento de la función por parte de los órganos establecidos por la comunidad Nasa para resolver un asunto que estimaron ofensivo, en una clara manifestación de decisión y control de su autonomía y ejercicio de justicia”, dice la sentencia.
Como si fuera poco, la Corte Suprema ratificó una decisión anterior de la Corte Constitucional que había dicho que el castigo que se le aplicó al soldado no es tortura, como esgrimió su defensa. “El daño corporal que produce es mínimo”, dice el fallo. Tampoco es una pena que degrade o humille al que la recibe porque “es una práctica que se utiliza normalmente entre los paeces y cuyo fin no es exponer al individuo al ‘escarmiento’ público, sino buscar que recupere su lugar en la comunidad”.
“Es un respaldo sin precedentes al ejercicio de la justicia indígena y la autonomía de los pueblos indígenas. Debe sentar un precedente para futuros procesos que tengan que ver con nuestras autoridades”, le dijo a La Silla Pacífico Luis Fernando Arias, consejero Mayor de la Onic, que ayer celebró la decisión.
“Ésta es también una victoria para Feliciano. Le devuelve la dignidad, su estatus de dirigente político y social que quedaron mancillados por la opinión pública que lo tildó de secuestrador”, agregó.
Feliciano, recargado políticamente
Esta victoria se da justo cuando en el movimiento indígena se prepara para definir su futuro electoral con miras al 2018 y donde Feliciano Valencia, ahora libre, ya se vislumbra como un potencial candidato.
“Feliciano tiene mucho futuro político. Es un candidato fuerte para el escenario que sea. La decisión le cae apenas [para aspirar]”, dice Arias.
La decisión de si Valencia se va a lanzar o no al ruedo electoral se tomará en la próxima Asamblea de la Onic que se llevará a cabo en el municipio de Silvania, en Cundinamarca, del 10 al 13 de julio. Allí, las 50 organizaciones indígenas que hacen parte de esa organización en todo el país se reunirán para discutir cómo será la participación política de los indígenas con miras al 2018.
Aunque aún no lo han hablado con él, miembros de la Onic dicen que seguramente Feliciano Valencia estará presente y se podría presentar su nombre.
“Feliciano es una de las figuras más representativas a nivel nacional de las comunidades indígenas. Ahora que está en libertad, y por su liderazgo, hará parte del debate político. Sin duda lo va a ser”, agregó Juvenal Arrieta, Consejero indígena de la Onic y vocero de la Cumbre Agraria.
No sería la primera vez que Valencia aspira a un cargo de elección popular. Su primera aventura electoral fue en 2010 cuando se lanzó sin éxito a la Alcaldía de su natal Santander de Quilichao y perdió con la tercera votación. Y luego, en el 2014, cuando fue precandidato a la presidencia, inicialmente por la Alianza Verde y luego por el movimiento País Común. En ese momento, su aspiración duró muy poco porque no contó con suficiente respaldo pero alcanzó a tener candidato verde a la Cámara (Giovanni Yule) y a impulsar la candidatura al senado de Jesús “Chucho” Chávez, quien perdió una de las curules indígenas por pocos votos frente el embera Luis Evelis Andrade.
Aunque en ambos casos fue derrotado, esta vez podría aspirar no sólo a una de las dos curules del Senado Indígena sino a una de las 16 “circunscripciones especiales de paz” que creó el Acuerdo de paz con las Farc y donde los indígenas “van a jugar”, según Arias.
Empezando por la primera, que comprende 24 municipios de la cordillera en los departamentos de Valle, Cauca y el Norte de Nariño, e incluye los 11 municipios del Norte del Cauca, el fortín natural de Feliciano Valencia donde ha hecho la mayor parte de su carrera como líder y súper poderoso de la movilización social e indígena.
Allí ha ocupado cargos claves desde el 2004, primero como coordinador de la Guardia (el equivalente de la Policía de los cabildos del Norte del Cauca), luego consejero de la Acin y entre el 2007 y el 2009, entró a hacer parte de la Consejería Mayor (máxima autoridad indígena) del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), posiblemente la organización indígena más organizada y poderosa del país.
El arraigo de Valencia en esa población es tan fuerte que cuando lo capturaron en septiembre de 2015 y lo trasladaron a la cárcel de San Isidro de Popayán para que pagara su condena, los indígenas acamparon durante 15 días afuera de la prisión para reclamar su libertad. Al cabo de tres meses, el Tribunal de Popayán ordenó su traslado a la finca Gualanday, de propiedad del resguardo indígena de Munchique Los Tigres, en zona rural de su natal, Santander de Quilichao.
Así se lo contó a La Silla Pacífico el mismo Feliciano en una entrevista que le hicimos en abril. “A mí fue la gente la que logró sacarme de la cárcel. Yo llegué a las 3 de la mañana y ellos llegaron con equipos de sonido a todo volumen. Cuando peleamos logramos cosas. La solidaridad nos ha mantenido”.
Desde entonces, él ha seguido liderando procesos de movilización indígena, sobre todo en el Norte del Cauca que se convirtió en “su prisión”, como le dijo a La Silla un miembro de la Acin. De hecho, el día que lo entrevistamos, Valencia estaba participando en una Asamblea que reunió a 20 cabildos del Norte del Cauca en Corinto para discutir los alcances de la política de sustitución de cultivos ilícitos que está implementando el Gobierno.
“He estado haciendo mucha presencia en las comunidades. Todos los días me invitan algún encuentro, algún taller. Mientras yo me mueva en territorios indígenas no hay dificultad”, nos explicó en ese momento.
Eso explica por qué aunque aún él no haya dicho que quiere aspirar y las circunscripciones de paz todavía no hayan sido aprobadas por el Congreso, haber recobrado la libertad pone su nombre en el sonajero.