Guaviare: la prueba de que la sustitución funciona si llega a tiempo

Fue el departamento en el que más bajó la coca el año pasado por lo rápido que entró el Gobierno a sustituir, pero también por los roles de las Farc y la disidencia.

En Guaviare hay sitios en los que un minuto de celular no se paga con plata. Se paga con pasta de coca. Es también el departamento en el que ha ido creciendo, al borde del río Inírida, la disidencia del frente primero de las Farc. Pero al mismo tiempo es el lugar del país en el que más bajaron los cultivos de coca a diciembre del año pasado, con 1915 hectáreas menos que en 2016 de las 6838 que había sembradas ese año. 

Esa fue una de las conclusiones que presentó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, la semana pasada en el resúmen ejecutivo del informe que mide año a año el número de hectáreas de coca cultivadas en Colombia.

El bajón de los cultivos allí es particularmente interesante porque rompe con la lógica de que donde hay disidencias aumentaron los cultivos, como pasa en Putumayo con la disidencia del frente 48 o Nariño con la amenaza de ‘Guacho’ y el grupo que dejó alias ‘David’.

Aunque este año la situación de seguridad en la zona ha empeorado, las razones que explican por qué Guaviare fue contra la corriente son varias.

Con la sustitución, al que madruga Dios le ayuda

Una primera razón tiene que ver con que, frente a los sucedido en otras zonas del país, la sustitución arrancó rápido en Guaviare y los pagos también.

Ese madrugón se nota en que mientras en algunos municipios de Putumayo, Cauca o Bolívar apenas están en la fase de tener un acuerdo colectivo, en el que las organizaciones cocaleras muestran su voluntad de dejar atrás la coca, Guaviare firmó ese acuerdo en febrero del año pasado, tres meses antes de que el Gobierno lanzara formalmente el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis.

El acuerdo colectivo se concretó luego en la firma de acuerdos individuales, desde junio hasta octubre de 2017, con más de cinco mil familias que reportaron tener más de seis mil hectáreas sembradas.

Como ya tenían acuerdos individuales desde el año pasado, el Gobierno también pudo moverse más rápido con los pagos. En octubre les comenzaron a pagar dos millones de pesos a cada familia, pago que les dan cada dos meses por un año, con el compromiso de que tenían entre 30 y 60 días para arrancar las matas.  

El resultado hasta marzo de este año era que los campesinos habían arrancado más de la mitad de la coca. En total, 3.868 hectáreas, la mitad verificadas por la Unodc, que tiene que ir vereda por vereda a ver si la gente cumplió su palabra y la otra mitad verificadas por la Fuerza Pública, que entra donde la Unodc no puede entrar por seguridad.

“Guaviare fue un esfuerzo temprano y por eso tiene lógica que eso se refleje en el informe de 2017”, dijo a La Silla Juan Carlos Garzón, experto en drogas de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, uno de los tanques de pensamiento más importante en posconflicto.

Pero si el informe también incluyera lo que ha venido pasando este año, probablemente reflejaría un retraso porque, como lo muestra un informe de agosto de la FIP, en Guaviare apenas está arrancando la asistencia técnica a las familias y la disidencia del frente primero se ha venido fortaleciendo, lo cual hace más difícil que los cocaleros se mantengan en la sustitución y hace mucho más riesgoso para la Unodc ir a las veredas a verificar que los campesinos están arrancando las matas.

A pesar de esas dificultades, el hecho de haber avanzado tanto en 2017 dió para que el entonces alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, declarara en marzo de este año a Guaviare como “graduado” en sustitución.

Una “graduación” en la que también tuvieron que ver las antiguas Farc y el papel que ha jugado la disidencia del frente primero en el territorio.

El papel de las Farc

“Las Farc eran muy fuertes en Guaviare, tenían mucha incidencia en las juntas y eso hizo que desde el principio los campesinos se metieran de lleno a sustituir”, dijo a La Silla una fuente que trabajó en la Oficina de Drogas de Presidencia, pero que no quiso que lo citáramos porque “me he propuesto permanecer al margen por un tiempo”.

Al ser una de las principales retaguardias del otrora Bloque Oriental, las Farc tenían injerencia en las juntas de acción comunal del departamento y por medio de manuales de convivencia, que incluían normas ambientales, regulaban la vida de la gente.

Por eso, desde que arrancó el proceso de sustitución allí, en febrero del año pasado, en Guaviare la Farc (ya como partido político) jugó un papel clave para ‘orientar’ a sus bases, como lo hicieron por años, para apostarle a la sustitución. Y lo hicieron a través de la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA, que pertenece al movimiento político Marcha Patriótica y que según cuatro fuentes del departamento, es afín a la Farc.

La MIA, que nació después del paro agrario de 2013 y tiene 2.100 asociados, fue la que creó el capítulo departamental de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, que ha sido, como hemos contado,  la dueña del micrófono para negociar con el Gobierno las condiciones de la sustitución. Eso, a pesar de que hubo pulsos con otras organizaciones que no querían que la MIA fuera su vocera. 

“Para nosotros hubiera sido imposible entrar ahí (en Guaviare) y lograr que la gente se comprometiera tan rápido si no es por las Farc y la legitimidad que ya tenían”, agregó la fuente que pertenecía al Gobierno.

Pero además del papel de la Farc también está el cambio en las reglas de juego de la disidencia del frente primero.

La disidencia: de no meterse a sembrar

En el primer semestre del año pasado, que fue cuando arrancó el Pnis en Guaviare, la disidencia del frente primero, comandada por Iván Mordisco (que actúa en coordinación con Gentil Duarte),  tenía una “incidencia pasiva”, como muestra la FIP, en los campesinos.

Inicialmente el mensaje de la disidencia era “no vamos en contra del Pnis pero no se dejen meter los dedos en la boca”.

Como no había una prohibición explícita de la disidencia, eso puede explicar por qué los campesinos allí se sintieron menos presionados y le apostaron a la sustitución.

Sin embargo, eso ha venido cambiando este año.

“En el primer semestre del año pasado no había el nivel de deterioro en la seguridad que hay ahora”, nos dijo Garzón.

Como lo contó La Silla Sur, en abril la disidencia del primero ya había comenzado a prohibirles a los campesinos entrar al Pnis y les estaban  pagando por tumbar árboles para ampliar los cultivos de coca.

“Le dicen a una familia que tumbe de a 15 hectáreas por semana para ir ampliando las áreas de siembra de coca y les pagan. Les dicen luego que tienen derecho a quedarse ahí, pero si cultivan la coca”, le contaba en ese momento a La Silla Fidel Navarro, el coordinador territorial del Pnis en Guaviare, sur del Meta y suroccidente de Vichada.

Navarro nos confirmó cuando lo llamamos para esta historia que, a pesar del éxito de la sustitución en buena parte del departamento, aún hay once veredas del municipio de San José del Guaviare, que están al borde del río Inírida como La Paz (donde la moneda de cambio es la pasta de coca), Guacamayas y Tomachipán, en las que no se ha podido sustituir porque es el epicentro de la disidencia.

De hecho, un concejal de la región que prefirió que no lo nombráramos por su seguridad, nos contó que ahora la disidencia tiene un impuesto que bautizaron “el impuesto Duque”. “A todo le han subido el precio acá desde que ganó (Duque) porque dicen que la situación está más complicada. Desde la panela hasta la cerveza y los víveres. Todo”.

Justo en esa zona, como contamos, la disidencia también está sembrando minas antipersonal para controlar la ruta de la coca.

Todos esos cambios que la Unodc no incluye en su informe, porque solo mide 2017, muestran que a pesar de los avances y de la disminución de los sembrados el año pasado, la situación este año está empeorando.

Pero solo tomando la foto del año pasado, Guaviare es un ejemplo de que la sustitución funciona si el Gobierno se mueve rápido. Un desafío que el nuevo alto consejero para el posconflicto, Emilio Archila, ya dijo que van a asumir en todos los sitios donde los campesinos le apostaron a arrancar la mata y esperan que a cambio no lleguen aviones a fumigarlos.