La alternancia escolar sigue cruda y el plan del Gobierno para apurarla va lento

La semana pasada, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que será obligatorio que alcaldías y gobernaciones pidan autorización al Ministerio para cerrar colegios por causas asociadas al covid. Esto lo dijo en medio de un llamado para acelerar las reaperturas.

El anuncio no cayó bien en Fecode, el sindicato de maestros más grande del país, que reaccionó en contra de la medida diciendo que les quita autonomía a las entidades territoriales.

Pero la oposición del sindicato de maestros en sus pronunciamientos no se ha materializado este año, por ejemplo, en llamados a huelga, como contamos. Por eso expertos y datos apuntan a una falta de liderazgo de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en la lenta apertura escolar.

Las diferencias regionales son dicientes de una falta de coordinación desde el Gobierno Nacional. Mientras en Valle del Cauca y Medellín más de la mitad de los estudiantes están en alternancia, en Bogotá y Barranquilla son menos del 3 %. Los que han avanzado, según encontró La Silla, lo han hecho a partir de acuerdos e iniciativas locales. 

Pero son más la excepción que la regla. Un poco más de siete millones de estudiantes, de los casi ocho millones que están en colegios públicos, siguen tratando de aprender desde sus casas, un año después de que abandonaran las aulas por el covid.

En juego está la educación de toda una generación. 

Es temprano para que los datos de calidad educativa (medidos en resultados de pruebas saber 11 en 2020) muestren el impacto del cierre de los colegios. Sin embargo, expertos señalan que la caída en el desempeño en estas pruebas se acentuará con la pandemia, entre otros efectos negativos sociales y cognitivos que hemos contado y el Banco Mundial proyecta. 

Las cifras muestran que la alternancia va cruda

Las cifras sobre la reapertura del Observatorio de Gestión Educativa de Empresarios por la Educación (con información que les da el Ministerio) muestran varios datos reveladores. 

Con corte del 28 de marzo, del total de estudiantes de colegios públicos, casi el 92 % siguen en casa.

Sólo 648 mil (el 8,5 %) ya están en modo alternancia, el esquema en el que unos estudiantes se turnan por días para ir a clases presenciales, mientras otros siguen de manera virtual, y así evitar aglomeraciones.

Esta brecha contrasta con los datos de los colegios privados, que han avanzado más. En ciudades como Medellín ya el 57 % de los colegios privados está en alternancia. En Cali es el 26 % y en Bogotá el 20 %.

Es decir, por cada niño de colegio privado que no está asistiendo al colegio, hay seis de colegios oficiales que no asisten. Eso apunta a un problema en el sistema público, que cubre alrededor del 80 % de los estudiantes del país. 

Se trata de un tema estructural. Según el Laboratorio de Economía de la Educación de la Javeriana, el 11 % de los colegios públicos no tiene un servicio apropiado de acueducto. Este dato tiene grandes diferencias regionales: 3 % en el sector urbano y 13 % en el rural. 

En parte esto se explica porque los recursos no se han terminado de ejecutar. De los $400 mil millones asignados el año pasado para el regreso a clases a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), solamente se ha ejecutado el 22 % ($92 mil millones) a nivel nacional. 

Los departamentos que más han ejecutado estos recursos son Valle del Cauca (90 %), Guajira (75 %) y Santander (41 %).

Pero que se ejecuten más recursos no necesariamente asegura que más colegios están regresando. Por ejemplo, Santander ha ejecutado casi un 41 %, pero solamente el 3 % de los matriculados está en alternancia. En La Guajira, apenas el 8 %. 

Aunque algunas secretarías sí han logrado llevar más estudiantes de colegios públicos de vuelta a las aulas. Esto muestra que la situación de rezago no es pareja en todo el país.

Donde sí va marchado 

En Medellín, la apertura del 51 % de los colegios públicos supone que ya 159 mil estudiantes están en alternancia, aunque volverán a cerrar temporalmente por el tercer pico hasta el 19 de abril. Estos son muchos más, por ejemplo, que los 19 mil que han regresado en Bogotá. 

Martha Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín, dice que lo clave fue poner el tema de la alternancia como prioritario y haber trabajado en eso desde agosto del año pasado. 

“Nos movimos con entidades del sector privado para ir consiguiendo lavamanos en donación e instalarlos mientras nos llegaron los recursos del Gobierno Nacional”. 

También les ha ayudado que las propuestas sobre cómo van a abrir vienen de cada colegio. Es decir, Medellín no sacó un modelo de alternancia general para todos los colegios, y eso ha hecho más fácil que estos adapten la reapertura a sus condiciones específicas. 

Aunque para Jesús Villa, representante sindical ante el Comité de Alternancia en Medellín, estas cifras tienen otra cara y es una presión por parte de la Alcaldía para que los rectores abran, aun si las condiciones para el regreso no están dadas.

“Las condiciones no se están cumpliendo. Se quiere mostrar la ciudad como la pionera en el tema pero se ha hecho de mala manera. De entrada, el problema es que no hay acompañamiento de profesionales de salud en la creación de protocolos de bioseguridad. Un rector o alguien del área académica no tiene porque estar haciendo eso”. 

Otro de los que ha logrado que muchos de sus colegios abran es Valle del Cauca, donde en 34 municipios (que tienen 130 mil estudiantes) ya el 60 % de los estudiantes está en alternancia. 

Mariluz Zuluaga, secretaria de Educación del departamento, dice que fue clave el pacto por la educación vallecaucana.

“Mucha gente llegó para ayudar. Por ejemplo, todos los termómetros para los colegios los donaron varias empresas; los ingenios azucareros nos han ayudado con transporte escolar y otras empresas con elementos de bioseguridad y con mobiliario”.

Como en Medellín, no esperaron a que les llegaran los recursos del Fome para ejecutar las adecuaciones en los colegios.  

También les sirvió tener el espaldarazo de las familias, que sí querían enviar a sus hijos: “Hicimos una encuesta para todos los colegios del departamento y el 90 % de los padres de familia decía que querían que sus hijos volvieran a las aulas”, dice.

En su caso, la relación con los sindicatos no ha sido tan antagónica: “Ellos tienen reclamos justos y es cierto que algunos colegios (el 39 %) todavía no pueden abrir porque les faltan algunas adecuaciones. Pero con ellos hemos acordado que esos colegios no abrirán, mientras que en los que sí estén habilitados sólo los profesores con comorbilidades están excusados para no regresar”. 

En otras partes todavía falta

Comparado con las experiencias de Medellín y Valle del Cauca, en las otras ciudades las cifras son menos alentadoras. 

En Bogotá, por ejemplo, los 19 mil estudiantes que han regresado son apenas el 2,4 % de los matriculados. Como habíamos contado, Claudia López había picado en punta a nivel nacional empujando por la reapertura y con una meta ambiciosa. 

Pero este panorama hace que sea muy difícil que cumpla con la promesa de tener los 400 colegios públicos en alternancia para el 12 de abril. A corte del 6 de abril había abierto 127.  

Y aun entre los colegios que han vuelto o se preparan para volver, la situación dista de ser satisfactoria. 

En el colegio público Codema, en la localidad de Kennedy, sólo regresarán desde la próxima semana los profesores que no tienen comorbilidades. Es decir, el 45 % de la planta docente. Les estarán dando clases a los estudiantes que no tienen internet en sus casas y que son los priorizados para iniciar la alternancia. 

Pero en cada salón solo podrán tener cinco estudiantes, los cuales irán máximo tres veces por semana. Y el colegio no tiene internet para dar al tiempo las clases virtuales y presenciales, por lo que los profesores temen que al final les toque dar la clase dos veces, doblando aún más el trabajo.

Para los estudiantes que ya regresaron, la alternancia todavía no termina de convencer como forma de estudiar. 

César Ortiz, estudiante de 4to de primaria en el Erique Olaya Herrera (localidad Rafael Uribe Uribe) ya empezó a ir al colegio. A pesar de que extrañaba volver a ver a sus amigos, él y su familia no han logrado entender la mecánica de la alternancia. 

“Con mis papás no sabemos qué semanas es que nos toca ir y cuándo no. Hay un correo que dice eso, pero no se entiende. No tengo ruta porque las rutas no nos llevan por solo unos días a la semana, entonces tocó que mi tío me lleve unos días y otros mi mamá”, dice.

Actualmente aún no hay información agregada a nivel nacional sobre cuáles niños son los que están yendo a los colegios y cuántas horas realmente asisten. Es decir, se sabe cuántos estudiantes ya están regresando a los colegios, pero no en la práctica por cuánto tiempo lo hacen y si está funcionando esta modalidad. 

Es decir que ni siquiera dentro del modelo de alternancia se sabe cuánto está mejorando la educación en pandemia.

El ritmo lento desde el MEN

Frente a cómo se está agilizando el retorno a clases, tras más de un año de cierres escolares, la ministra de Educación Angulo le dijo a La Silla que “esta semana se deben tener los cronogramas específicos de cada secretaría de educación frente al porcentaje que van a abrir durante las próximas semanas”. 

Angulo reconoce que tienen que “redoblar esfuerzos” y que siguen en un “proceso de generación de confianza”.  

Expertos como Isabel Segovia, exviceministra de Educación y miembro del grupo de activistas del hashtag #LaEducaciónPresencialEsVital, coinciden en que parte de la responsabilidad de que la alternancia siga tan cruda cae en el gobierno Duque:  

“El ministerio de Educación no ha tenido suficiente liderazgo en este tema. Los profesores han pedido que los vacunen. Es algo que se pudo negociar, pero la ministra no lideró esto para que entrara prioritariamente en el plan de vacunación. Mientras tanto, el sindicato está haciendo lo que quiere sin que haya una alternativa sobre cómo agilizar el regreso”.

Alejandro Feged, profesor de la facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, ve la falla desde el lado técnico:

“El ministerio no ha producido información de vigilancia específica asociada a colegios; le faltó hacer pilotos que le permitieran recoger datos y así informar los lineamientos de alternancia. A la reapertura de los colegios le falta información técnica que no tenemos y eso hace que el debate se haya congelado en una polarización sobre si se abre o no”. 

Feged sugiere que el debate podría enfocarse en otros puntos, como en si se podría dar clases en espacios abiertos, como contó en esta columna. 

Nelson Alarcón, tesorero de Fecode y antiguo presidente del sindicato, insiste en que ellos no son los que tienen frenado el regreso a clases. Dice que le han hecho varias propuestas al Gobierno: priorizar a los maestros en la vacunación (que actualmente están en la etapa 3), tener al menos un psicoorientador para cada colegio y que se adicionen otros 650 mil millones de pesos en 2021 para inversión en adecuaciones de colegios. 

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, le dijo a La Silla que sí ha tenido al menos seis reuniones con Fecode desde junio del año pasado.

Aunque añadió: “Sin embargo, las condiciones que exigen superan la viabilidad en tiempos y recursos. Por eso no se ha llegado a un acuerdo específico. No podemos suspender el servicio educativo con propuestas que no cumplen con el principio de viabilidad y de realidad”.

Sobre esto, por ejemplo, no hay ningún plan de agilizar a los maestros para que se salten las fases de vacunación que ya están definidas. O como lo dijo la viceministra: “si Fecode quiere que vacunen a todos los profesores antes de abrir pues es difícil (...) ellos saben las afectaciones que tiene la población”. 

Y añadió que, en todo caso, se está priorizando desde ya la vacunación de 1.800 docentes y directivos en Guainía, Vaupés y Amazonas por estar en la frontera con Brasil.

La ministra defiende que han hecho muchos gestos para avanzar la alternancia, pues les han metido plata a obras de infraestructura en 3.550 sedes educativas por un valor de $4 billones. Y proyectan entregar otras 940 obras de infraestructura por un valor de más de $3.1 billones.

Aunque reconoce que el 13 % de estos recursos no han sido incorporados por parte de los concejos y asambleas en regiones y que la ejecución de los recursos del Fome sigue corta. Por lo que desde noviembre del año pasado le están haciendo seguimiento a cómo son usados junto con la Contraloría. 

A pesar de estas acciones, el plan del ministerio para que la mayoría de regiones rezagadas avance aún no tiene metas concretas. Tampoco hay en el horizonte un acuerdo con los sindicatos o un cambio de tono para agilizar la alternancia a nivel nacional.