La decepción de Carmen Palencia

Carmen Palencia es uno de los símbolos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta líder de desplazados asesoró a los ponentes del proyecto de ley en el Congreso en el 2011, marchó en 2012 junto a Juan Manuel Santos en Necoclí en apoyo a la restitución, y se ganó el premio Nacional de Paz en 2012 por su labor con familias desplazadas. Ahora, cuatro años después, ella es una de las personas más decepcionadas con la aplicación de la ley.

“Las cosas se han puesto peor,” dice Palencia, que pasó de tener dos a cuatro guardaespaldas de la Unidad de Protección, y vigila las motos que pasan alrededor de su casa en Apartadó como quien espera que un sicario aparezca en cualquier momento a amenazarla. “Yo vivo encerrada,” dice.

En esta pequeña ciudad del Urabá Antioqueño aún viven sus dos hijas mayores, pero Carmen no puede quedarse más de tres días con ellas por las amenazas en su contra. Ellas también vigilan quién pasa enfrente de la casa, identificando a los transeúntes que no son conocidos del barrio.

Palencia hoy en día dice, sobre la ley de restitución, que “la estrategia de la Unidad de tierras es dilatar hasta que se venza la ley [en el 2022]. La Unidad quiere encubrir a esos [empresarios] hijos de puta. Yo siento que han habido miles de obstáculos para que la ley de restitución no funcione. Tal como estaba pensada, iba a ser una reforma agraria.”

Sus duras críticas al proceso de restitución de tierras han aparecido también en recientes columnas de El Espectador: dice que los jueces de tierras no han recibido suficiente apoyo para fallar; que es lento el proceso de restitución; que se le exige a los desplazados una documentación demasiado larga y burocrática para reclamar; que la Unidad de Protección no protege a los reclamantes de tierras amenazados; que el Superintendente de Notariado y Registro se ha puesto en contra de los reclamantes que vuelven a sus tierras antes de un fallo de restitución, además de que los ha calificado de ‘falsas víctimas’.

“Campesinos han tenido que recurrir a las vías de hecho para que se les escuche, y la única respuesta que han obtenido es la quema de sus ranchos en sus parcelas, sin que nadie diga nada o haga algo,” escribió Palencia el pasado abril. “¿Para qué entonces nos dimos a la tarea de aprobar una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, si no les vamos a otorgar las garantías de protección a quienes pidan la reparación de sus bienes?”

Ley de Urabá

Toda ley tiene un imaginario: aunque debe regir para todas las regiones del país, se inspira en unos ejemplos, y de ahí arranca. Como la ley en contra de los feminicidios fue inspirada en el crimen contra Rosa Elvira Celis en Bogotá, la Ley de Restitución de tierras se inspiró en buena parte en la experiencia de desplazados en el Urabá. Por eso se esperaba que allí funcionara como un relojito.

“Esa es la zona del país en la que se inspiró la ley de restitución cuando fue aprobada en el Congreso”, dice una funcionaria de la Unidad de Restitución. “Ellos [Carmen y las organizaciones campesinas del Urabá] fueron muy importantes para la ley, Urabá fue el laboratorio del abandono forzado.”  

“La Unidad escoje los casos donde no hay un opositor fuerte,” dice Palencia. “Ricardo Sabogal [director de la Unidad de Tierras] me parece un inepto, un funcionario al que no le importa el dolor de la gente.”  

Ricardo Sabogal dijo a La Silla que hay una confusión entre organizaciones campesinas que confunden el trabajo de la Unidad de Tierras (que debe hacer la investigación de los casos), con el de los jueces de tierras que son quienes pueden fallar y decidir. “Muchos casos no somos nosotros que podemos resolverlos, sino los jueces. Hay muchos casos que ya tienen los jueces, ellos son quienes pueden tomar las decisiones,” dijo Sabogal.

La Silla pudo verificar que hasta marzo de este año había 25 fallos de restitución en la zona del Urabá Antioqueño (en Necoclí, Turbo, Apartadó y Mutatá), que han ayudado a 227 personas (ver cifras). Aunque aún hay aún cientos por resolver, sí han habido algunos fallos contra grandes empresarios, como el ganadero Adriano Palacios Pino. En la zona, hay alrededor de siete mil solicitudes. Por eso, el número de restituciones es una cifra que se ve minúscula.

La directora de la Unidad de Restitución de Antioquia, Paola Cadavid, conoce las críticas también. “Ellos dicen que la restitución no es efectiva,” responde. De acuerdo a Cadavid, si bien no han priorizado todo el Urabá, sí han microfocalizado las zonas que tienen mayor número de solicitudes. Es decir, donde más gente exige tierras.

“No escogemos nuestros casos de acuerdo al despojador,” dice Cadavid.

Un segundo criterio que utiliza la Unidad para decidir dónde se microfocaliza es un concepto del Ministerio de Defensa, en el que dice si existen condiciones de seguridad o no para llevar a cabo el proceso de restitución.

Este es un requisito que no estaba originariamente en la ley de restitución de tierras, y líderes de desplazados como Carmen sienten que les metieron un gol ahí. El Gobierno puso esta regla a la microfocalización a través del decreto 599 del 2012 que firmaron los entonces Ministros de Defensa y Agricultura, Juan Carlos Pinzón y Juan Camilo Restrepo. Para Carmen, ese concepto no fue discutido con las organizaciones de tierras en el Congreso, y fue impuesto repentinamente por los dos Ministerios.

“Eso no fue un gol,” dijo Ricardo Sabogal a La Silla. “La ley es clara en decir que la restitución tiene que ser en condiciones de seguridad, por la particularidad de estar restituyendo en medio del conflicto. El decreto fue el desarrollo por ambos Ministerios de algo que ya estaba planteado en la ley”.

Y el tercer criterio para decidir si se debe microfocalizar una zona, es definir si hay condiciones para volver. Es decir, que haya una presencia de las instituciones en la zona para acompañar a las familias retornadas y se pueda fortalecer una economía campesina. Pero este puede ser un criterio bastante subjetivo de acuerdo a Carmen, porque ¿qué municipio del país tiene presencia de instituciones consideradas ideales para el pequeño campesino?

Carmen Palencia también ha criticado al Superintendente Jorge Enrique Vélez que habla de carteles de falsos reclamantes en el Urabá, y asegura que “la fundación Forjando Futuros ya demostró que solo dos por ciento de los reclamantes han sido considerados falsos.”

Sabogal, por su parte, dice que de pronto los jueces han considerado falsos solo al dos por ciento, pero “la Unidad ha hecho un trabajo antes de que los casos lleguen a los jueces, y yo diría que alrededor del 40 por ciento de los reclamos que nos llegan no se aceptan. Muchos porque son casos que deben ir ante la justicia ordinaria, y no un juez de restitución. Eso lo que refleja es la necesidad de conformar una justicia agraria, como se ha planteado en La Habana”.   

De la desilusión a la acción

La desilusión no es únicamente de Palencia, sino de muchos campesinos despojados. Y en el Urabá la desilusión pasó rápidamente del discurso a la acción.

Como se cansaron de esperar la restitución, alrededor de 500 campesinos decidieron instalarse en las tierras que reclaman antes de que un fallo de un juez de restitución de tierras se pronunciara a su favor.

Como lo contó La Silla, este fenómeno ocurrió sobre todo en una zona al sur del Urabá llamada La Larga-Turmaradó, también considerado un consejo comunitario afro.(ver historia).

“Yo he incentivado esos retornos,” dice Carmen Palencia, “porque la gente está cansada de esperar.” A su vez, el abogado y líder Gerardo Vega dijo a Verdad Abierta: “Nosotros promovemos retornos sin acompañamiento estatal. Esa figura existe en la Constitución Política, es legítima. Y sí, lo seguiremos alentando ante la lentitud que está mostrando la Ley de Víctimas y Restitución”

Esto ha subido la tensión en la zona entre los campesinos reclamantes, los ganaderos acusados de despojo, la Unidad de Restitución, y los congresistas María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe que han defendido a los gananderos. Los unos quieren su tierra ya, los otros quieren que la policía los desaloje. Los unos respetan a líderes como Carmen Palencia, Gerardo Vega y Carlos Paez (que dirige Tierra y Paz). Los otros los acusan de organizar carteles de falsos reclamantes y estar incentivando vías de hecho.

En parte, esta es una pelea que pasa por la semántica. Los cientos de campesinos desplazados por la violencia en la zona han reclamado que estas ocupaciones de tierras sean reconocidas como “retornos”, el nombre que le da la ley a los regresos de desplazados que deben ser acompañados por el Estado como lo ha exigido la Corte Constitucional. Para los empresarios, estas ocupaciones deben llamarse “invasiones” de propiedades privadas, y por ende la policía debería desalojar a los campesinos.

Ya que muchos de estos casos de reclamaciones están siendo analizados por la Unidad de Restitución, funcionarios de esta junto con la Defensoría del Pueblo solicitaron medidas cautelares a un juez de Quibdó llamado Mario Lozano.

Este juez dirimió la pelea en diciembre del año pasado y ratificó a los campesinos como retornantes. Le ordenó a la policía que no desalojara a nadie hasta que los jueces de restitución no fallaran.

“Yo he defendido esa decisión porque sé que en esa zona ha habido mucho despojo, y es importante para las comunidades mantener la medida, para proteger el territorio,” dice Lozano. “No me cabe duda de que son víctimas, son retornados, muchos están en el censo de la unidad de víctimas. Uno no puede llamar invasores a las víctimas, es una revictimización.”

Para los campesinos retornados este fallo los protegió contra un nuevo despojo por parte de la policía. Para los empresarios este fallo fue un incentivo para que más campesinos ocuparan las tierras que ellos administran. Y aunque han demandado al Juez de Quibdó levantar su medida cautelar, este se ha ratificado en su decisión, y lo han respaldado los magistrados de tierras en Medellín.

Es más, aunque el juez Mario Lozano se abstuvo de exigir las mismas medidas para un territorio vecino llamado Pedeguita-Mancilla, los magistrados de Medellín fallaron a favor de medidas cautelares allá para proteger a la población retornada que ha estado bajo amenazas, fortaleciendo la figura de medidas cautelares que impide desalojos de la policía. Es decir, ya son dos territorios en el Urabá en el que la policía debe abstenerse de desalojar a campesinos retornados, muchos de ellos amenazados.

El tema de las medidas cautelares para evitar desalojos ha sido tan clave dentro del proceso de restitución que en las últimas semanas hasta la Corte Constitucional ha exigido a las entidades del Estado que vuelvan a informarle de forma detallada en qué estado se encuentran los retornos de desplazados en varias zonas del país (ver en autos de mayo y junio).

En otras palabras, los jueces del país han entendido los actos motivados por la desilusión enorme que sienten cientos de campesinos en el país.

Víctor Correa, Afranio y Benigno

Victor Correa es uno de los campesinos que regresó al predio que reclama en la vereda Guacamayas, de La Larga -Turmaradó, a pesar de no tener un fallo de un juez de restitución de tierras.

“Cuando uno está seguro de lo que es de uno, ya no le tiene miedo a nada,” dice Correa.

El cuenta que no dudó en irse de su predio junto a su esposa en el 95, cuando los asesinatos selectivos eran cada dos o tres días, y después de que los paramilitares asesinaran a su hijo de 17 años.  Correa asegura que se fue rápido y nunca vendió a nadie.

Luego se enteró que un funcionario del ICA, que Correa conocía, tenía un poder que le permitió vender el predio a un ganadero llamado Jaime Uribe. Cuando los paramilitares se desmovilizaron en el 2006, Correa comenzó a reclamar su tierra. Pero ante el afán de volver, regresó solo hace un año y medio.

Fue una noche, con 10 mil pesos en el bolsillo, y algo de aceite y azúcar en la mochila. Correa incentivó también a otros campesinos para que lo acompañaran, que fueron llegando poco a poco, todos hombres, porque esposas como las de Correa tenían mucho miedo de ocupar los predios.

A poca distancia de su tierra ahora también vive Carlos Paéz, líder de Tierra y Paz y el dirigente más importante en la zona actualmente. El también es retornado y acusado por los ganaderos de incentivar los retornos.

“Yo sé que esto es peligroso,” dice Correa. “A mi un funcionario de la Unidad de Restitución me pidió que no me viniera, pero es que los funcionarios no ven que yo estaba mendigando en el pueblo porque ya no tenía qué comer. El tiene su sueldo, él está tranquilo,” dice Correa.

Ahora vive con su esposa en un rancho de madera vieja, de 20 metros cuadrados, y dice que no se atrave a salir de ahí por miedo de que no lo dejen volver. “Ya llevamos un año y ocho meses acá,” dice, y explica que llegó a un territorio en el que habían solo unas vacas, un administrador, y “mucho potrero”.

Hoy en día su rancho está rodeado de pequeños cultivos de arroz y maíz en la puerta de su casa, un árbol de mango, un poco de plátano, y tiene alrededor de 20 gallinas. Su esposa lo acompaña a pesar de que tuvieron peleas violentas con el administrador de la finca en la que ambos lados se acusaron de agredir físicamente al otro con armas o piedras. Finalmente el administrador de la finca fue expulsado por la comunidad de campesinos retornados.

El reclamo de Víctor Correa es defendido actualmente por la Comisión Colombiana de Juristas. El tiene un punto en su contra, y es que ya un juez de Justicia y Paz falló en contra suya en el 2014, dándole la razón al empresario en la zona llamado Jaime Uribe que se declara poseedor de ese predio.

Aunque ese fallo haya sido cuestionado por varios abogados por no tener en cuenta el contexto de violencia paramilitar en la zona cuando Correa se fue, como lo explicó Verdad Abierta, hace que su caso frente a un juez de restitución sea difícil.

“Los jueces de Justicia y Paz dependían más en las declaraciones de los paramilitares para fallar, que en la buena fe de la víctima,” explicó Paola Cadavid, de la Unidad de Tierras de Medellín. En cambio, con la nueva ley, los jueces deben tener en cuenta el contexto de violencia en la zona (y asumen que quién haya comprado tierras en medio de la violencia tiene un manto de duda); y invierten la carga de la prueba (en vez de que al reclamante le toque probar que fue desplazado, el acusado debe demostrar que no lo desplazó).

Este fue uno de los puntos que Carmen Palencia peleó en el Congreso cuando se tramitó la ley, como una medida transicional para que avanzara el proceso, y que, bien que mal puede terminar ayudando al menos casos como el que perdió Correa.

Las críticas de otros lados

Lo difícil de la desilusión de personas como Correa, o Carmen Palencia, es que añaden críticas a un proceso que ya ha sido difícil para la Unidad. Sobre todo que ya reciben cientos de críticas por parte de los empresarios ganaderos.

“Eso [de la carga de la prueba] hace que el proceso sea desigual,” dijo a La Silla uno de los asesores de empresarios ganaderos, que prefirió omitir su nombre. “Es un proceso en el que a los empresarios les toca probar que fueron honestos a pesar de que había violencia, y eso perjudica el emprendimiento. Estos fueron inversionistas que creyeron en la región cuando nadie creía en ella.”

La ley establece una relación desigual entre las partes, porque asume que hay un poder desigual entre ambos: un campesino desplazado suele tener menos poder que un empresario rico.

Adriano Palacios Pino, uno de los empresarios acusados de despojo y quién ha sido acusado por la Fiscalía de concierto para delinquir y desplazamiento forzado, dijo a La Silla que “a cualquier empresario lo acusan de ser aliado con los paramilitares, sobre todo después de los informes que le dan las ONGs a la Unidad de Restitución. A mi cuando los paras me pidieron plata, yo no les dí. Ni a la guerrilla, ni a nadie.”  

Empresarios como Adriano Palacios Pino tendrían que explicar por qué otros campesinos fueron desplazados, mientras que ellos sí pudieron hacer negocios en la zona durante el auge paramilitar. Un fallo de la Unidad de Restitución ya declaró a Pino poseedor de mala fé en cuatro predios ubicados en el corregimiento de Macondo (dentro de La Larga-Turmaradó), tras darle peso al contexto de violencia en la zona. El y su abogada dicen que no se tuvieron en cuenta los testimonios que llevaron en su defensa, porque la Unidad está del lado de los reclamantes.

Aunque las críticas por el lado de Palencia, Carlos Paez y Gerardo Vega exigen es celeridad y cantidad, terminan dándole un golpe fuerte a la Unidad de Restitución por el lado del que más esperaban apoyo. La de las víctimas.

Desde la mirada de algunos funcionarios consultados por La Silla, hay temor de que las organizaciones de Carmen Palencia o Gerardo Vega pongan en riesgo a los campesinos al incentivar los retornos sin un fallo de restitución. Desde la versión de campesinos que entrevistó La Silla en el Urabá, los retornos sobre todo obedecen al hambre, a la impaciencia, y al hecho de que han sido la única forma efectiva que han tenido durante años para tener un pedacito de tierra.

“Nosotros pactamos con Benigno y con Afranio que íbamos a volver, como fuera,” cuenta Correa mientras desempolva una foto en la que aparecen tres hombres sonriendo en Monserrate.

Afranio Solano, Benigno Gil y Victor Correa en Monserrate, cinco meses antes de que asesinaran a Benigno

Los tres amigos son Víctor Correa, el líder de tierras Benigno Gil, y el líder Afranio Solano. Los tres son líderes de retornos, y víctimas de la violencia. Benigno fue asesinado en el 2008 en Chigorodó. Afranio vive en Bogotá desde el 2011, después de que alguien ofreciera 200 millones de pesos para matarlo. En la foto, cuenta Víctor, los tres celebran que Benigno ya solo le faltaba un semestre para graduarse de derecho. A los pocos meses, lo mataron.

Los desplazados en realidad vienen ocupando predios desde el 2007, cuando Benigno Gil creó la Mesa Nacional de Trabajo Campesino para el Programa de Recuperación de Tierras.

En esta Mesa, cientos de campesinos escucharon a Benigno una tarde en la que propuso que ingresaran a sus fincas sin orden judicial. El proceso de Justicia y Paz no les había respondido a muchos de ellos, ni las múltiples demandas a Acción Social o la Fiscalía que habían hecho. En realidad, esa fue su primera desilusión.

Benigno, Victor y Afranio lograron organizar la primera movilización de ocupación juntos. Y el primer predio sería la vereda Guacamayas.

“Eso era como empírico, nadie nos asesoraba,” cuenta Afranio desde Bogotá. “Cuatrocientos hombres de nosotros caminaron cuatro días hasta concentrarse frente a Guacamayas. Nos habían regalado una novilla, para comer en el camino”

Las mujeres y los niños no los acompañaron, eran solo hombres en el camino, que frenaron cuando comenzaron a ver personas armadas y camufladas en ambos lados del camino. Ante la intimidación y la falta de presencia de instituciones a las que les pidieron acompañamiento, los campesinos no pudieron entrar.

“Ahí, al ver esa impotencia, esa falta de apoyo de las instituciones, es cuando yo me comprometo con la Mesa y la iniciativa de Benigno,” dice Carlos Paez, director de Tierra y Paz.

Los campesinos de la Mesa siguieron intentando entrar a los predios que reclamaban. Benigno ocupó el cinco de agosto del 2008 su antigua finca en la vereda Caucheras, que pertenecía a alias ‘Cuco Vanoy’.

“Aquí donde estamos era mi verdadera casa materna”, dijo entonces Benigno, de acuerdo a lo reportado en reciente libro ‘Mutatá: Conflicto, despojo y Resistencia’. “La que fue construida a mano por mi papá, mi mamá, y algunos trabajadores”, añadió Benigno. “La levantaron en tablas de madera que aserraron a pulso cuando no existían todavía las motosierras con las que ahora se derriba un árbol en pocos minutos.”

Benigno Gil alcanzó a tener tanto apoyo entre los campesinos del Urabá que los jóvenes de los municipios ponían a su disposición las motocicletas para movilizarse o mover víveres entre los campesinos. Luego llegaron las amenazas y los asesinatos.

Primero fue Juan Agustin Jiménez Vertel, líder del movimiento, asesinado el 20 de julio del 2008. Benigno por su lado sentía que lo seguían cada vez que se movía de un municipio al otro. En una ocasión un hombre se le acercó y le ofreció 300 mil pesos a cambio de que dejara de fortalecer al movimiento campesino. También recibió llamadas advirtiéndole que no saliera de su casa.

Pero siguieron. Ocuparon la finca El Roble, que era de un comandante de los paramilitares. También la finca Alto de Camaguey, despojada por Salvatore Mancuso. Se iban en grupos de 100 personas para no sentirse solos. Y al ser acusados de invasores y de promover vías de hecho, Benigno dijo en una reunión a funcionarios públicos: “No somos ningunos delincuentes, somos miles de campesinos violentados retornando a las tierras que nos fueron arrebatadas a sangre y fuego.”

El día en que fue asesinado, el 8 de noviembre del 2008, Afranio Solano llamó a un amigo y le dijo: “No hay esperanza de vida, lo perdimos.”

Ese día, Benigno se montaba en un carro con Victor Correa en Chigorodó, cuando un hombre en moto que pasaba por la calle se detuvo y les disparó múltiples veces. Benigno murió inmediatamente. Victor alcanzó a recibir dos impactos de bala en ambos brazos. “Yo me cruzaba de brazos para protegerme la cabeza,” recuerda Victor. “Una de las balas se quedó incrustada en un hueso durante dos años.”

Correa muestra la foto de sus amigos en Monserrate al mismo tiempo que muestra sus heridas en ambos brazos, como justificando por qué se considera retornado en una tierra en el que los empresarios lo llaman invasor .Después de la muerte de Benigno, la Mesa Campesina se acabó.

Tan sólo renació en 2010 con la asociación Tierra y Vida de Carmen Palencia, y Tierra y Paz de Carlos Paéz. Ambos líderes cargan una historia de desilusiones y retornos inspirada por Benigno Gil.

Sergio Suárez, un ganadero acusado de despojo en la región, hoy en día lidera a un grupo de empresarios en la zona críticos de la ley de restitución. Suárez dice que “es curioso que la ley sólo sea desde el 91, es decir solo cuando vienen los paras. No mira lo de los guerrilleros, eso es sospechoso.”

Para muchos de sus colegas, los verdaderos invasores fueron guerrilleros del EPL que competían por el dominio de la zona con las Farc en lo ochentas. La acusación va dirigida sobre todo a personas como Gerardo Vega, Carmen Palencia y otros campesinos, que fueron miembros o simpatizantes del EPL.

Pero el argumento de los empresarios es parcialmente cierto.

Es cierto que el EPL lideró invasiones de tierras en los ochentas, sobre todo al norte de Urabá. Y que entre las personas que lideraron las invasiones estuvieron personas como Gerardo Vega, hoy fundador de la fundación Forjando Futuros. Vega fue miembro de esta guerrilla cuyo lema fue “tierra para el que la trabaja”, que teóricamente buscaba ocupar baldíos no utilizados por grandes empresarios. Igualmente, Carmen Palencia fue integrante del EPL y del movimiento  Esperanza, Paz y Libertad que surgió después de la desmovilización en el 91. Y muchos de los campesinos que hoy reclaman su tierra, la obtuvieron después de que el EPL la invadiera y la parcelara.

Lo que poco se dice es el Incora (hoy Incoder) le compró la tierra a altos precios a muchos de los empresarios cuyos predios fueron invadidos, según explicaron varios expertos de tierras a La Silla Vacía.

“En esa época la gente se tomaba terrenos,” cuenta Afranio Solano, quien nunca hizo parte del EPL pero se benefició de una de las invasiones en la finca de una mujer llamada Julia Orozco. “Se buscaba la legalización con el Incora, a mi me adjudicaron 2 hectáreas.”

De acuerdo a una experta de tierras consultada por La Silla Vacía, el Incora -trás las invasiones del EPL- estaba “haciendo como una reforma agraria dentro del mercado.” Por eso las invasiones de tierras terminaron siendo una salida más rápida para solucionar el problema de la tierra.

Otro ejemplo famoso fue el del predio La Chinita de Guillermo Gaviria, padre del alcalde de Medellín Ánibal Gaviria, de 107 hectáreas. La finca de Gaviria fue invadida por 5.000 personas en el 92, entre los que eran obreros de las bananeras, campesinos desplazados de Córdoba, y miembros de Esperanza Paz y Libertad. El Gobierno de César Gaviria llamó a esta “la invasión más grande de América Latina”. Las Farc, que consideraba traidores a miembros del EPL que se habían desmovilizado, asesinaron allá a 35 personas en el 94 que consideraban aliados del EPL.

Hoy en día La Chinita es llamado el barrio obrero, porque la mayoría de los que viven allá son obreros de las empresas bananeras en la región. Allá, en este barrio histórico de Apartadó, es que viven las hijas de Carmen Palencia, que solo una vez al mes ella alcanza a visitar.

“A mi me encanta este lugar,” dice Carmen.

Carmen Palencia y líderes de reclamantes de tierras en Apartadó no han perdido la esperanza del todo en la ley de tierras. “Yo creo que falta es más voluntad política,” dice Palencia. “Pero la ley es buena.”

Esta historia fue financiada por el Fondo de Periodistas Investigativos