La demoledora acusación de la JEP que prueba la crueldad de las Farc con los secuestrados

Las Farc secuestraron a más de 20 mil personas

Aunque el auto reconoce que en el caso del secuestro el subregistro es enorme, concluye, tras consolidar las diferentes bases de datos que existen en el país, que entre 1990 y 2016 las Farc secuestraron a 21.396 personas y el 79 por ciento de ellas fueron hombres.

La estructura de las Farc que más secuestró fue el Bloque Oriental que dirigía Jorge Briceño, ‘el Mono Jojoy’, y el periodo en el que más personas fueron privadas de su libertad fue entre 1998 y 2002, la época de los diálogos de paz del Gobierno de Andrés Pastrana y la Zona de Distensión.

La JEP también muestra que uno de cada diez secuestrados no regresó a su casa. El 8,7 por ciento desapareció y el 2,9 fue asesinado.

El secuestro fue una política institucional y organizada

Tal vez la conclusión más fuerte de todo el auto es que el secuestro fue una política, con una estructura organizacional determinada, creada por el secretariado de las Farc para financiarse.

Era “una política que convertía a los seres humanos en cosas cuyo valor no radicaba en la dignidad humana, sino en el valor de intercambio por el dinero que tenían y que podían reportar a la organización armada”.

Aunque las Farc ya había secuestrado antes, fue solo hasta 1993, en la octava Conferencia Nacional Guerrillera, cuando el secuestro se consolidó como una política fiscal de la guerrilla. Allí se trazaron lineamientos expresos que identificaban a “los enemigos del pueblo y la revolución” como “objetivos financieros”.

Desde ese momento, cada uno de los frentes tuvo una estructura para secuestrar personas y tenía que presentar resultados a los mandos centrales. Sin embargo, las decisiones no se tomaban de forma centralizada, sino que los frentes tenían que cumplir con cuotas de plata.

Quien determinaba, en los casos en los que había planeación, a quién secuestrar era el comandante del frente. También era quien decidía qué personas lo cuidaban y marcaba la ruta de la negociación con los familiares.

El frente también tenía una cartera de finanzas, que se encargaba, entre otras cosas, de conseguir formas de financiación: identificaba a las víctimas, planeaba los secuestros y llevaba las cuentas.

También había una comisión de cuido que, como su nombre lo dice, se encargaba de cuidar al secuestrado.

Había casos en los que el frente no secuestraba directamente a la víctima, sino que subcontrataba a una banda para que lo hiciera y le daba parte de la plata del rescate: diez por ciento si sólo daban la información de a quién secuestrar y 35 por ciento si ya les entregaban la víctima.

En la práctica, no diferenciaron entre ricos y pobres

En teoría, quienes iban a ser secuestrados eran los “enemigos de clase” y la “oligarquía”, pero esto no terminó pasando, pues ricos y pobres fueron secuestrados.

Según la JEP, la entonces guerrilla de las Farc supo desde el principio que sus frentes no siempre secuestraban a las personas con los suficientes recursos para pagar el rescate —y los llamaban “errores”—, pero aún así siguieron haciéndolo; incluso, sabiendo que eran medidas “impopulares”.

La principal explicación de esto es que cada frente tenía que cumplir con una cuota y encontrar a las víctimas idóneas para sus planes era muy difícil. Hubo casos, por ejemplo, en los que los guerrilleros de la cartera financiera hacían mal la investigación y terminaban capturando a una persona sin plata para pagar el rescate.

Pero, en general, las Farc terminaron secuestrando indiscriminadamente. Y esto se vio principalmente en las llamadas ‘pescas milagrosas’ (retenes ilegales en las vías), en donde los guerrilleros capturaban a quienes por allí pasaban.

El secuestro sí les sirvió a las Farc para expandirse

Una de las conclusiones más reveladoras del Auto es que con el secuestro las Farc sí pudieron financiarse y crecer. Para finales de los noventa, siete años después de que se consolidara el secuestro como política, la guerrilla duplicó su tamaño y les estaba dando fuertes golpes militares al Estado.

Y este crecimiento estuvo financiado, en gran parte, con plata de las familias de los secuestrados.

“El aumento de secuestros en los años noventa corresponde directamente a la expansión militar de la guerrilla, es su causa y su consecuencia también, ya que, a mayor presencia territorial, mayor posibilidad de secuestrar”.

La política de secuestrar militares, policías y políticos para intercambiarlos por guerrilleros presos fracasó

En 1998, las Farc empezaron a secuestrar a policías y militares que capturaban después de los enfrentamientos. Tenían dos objetivos en mente: forzar un intercambio humanitario (que el Gobierno liberara a guerrilleros presos) y el reconocimiento del estatus de beligerancia, pues “consideraban que vencer y mantener cautivos a integrantes de la Fuerza Pública demostraba que tenían control del territorio”.

En 2001, empezaron a hacer lo mismo con los políticos.

La política fue un fracaso, pues las Farc nunca logró forzar un intercambio humanitario y todo terminó en larguísimos cautiverios, fugas, asesinatos, rescates y liberaciones unilaterales.

De hecho, la razón por la cual hubo militares que duraron hasta 14 años secuestrados —hasta el 2012 que la guerrilla abandonó la política del secuestro— es porque incluso hasta ese momento pensaron que se podría lograr el intercambio.

Las Farc usó el secuestro como una herramienta de control territorial

La JEP demuestra cómo la guerrilla utilizó el secuestro como una estrategia para controlar a las poblaciones en los territorios que formaban parte de su retaguardia, una perspectiva sobre el secuestro que es novedosa pues normalmente se asocia solamente como un crimen que cometieron para financiarse.

Las Farc secuestraban también como una forma de ejercer su autoridad en sus zonas. Por ejemplo, como un castigo a los que no acudían a las reuniones que convocaban o a los que violaban sus manuales de convivencia en las zonas. Estos secuestros podían durar días o meses y durante ese tiempo sometían con frecuencia a sus víctimas a trabajos forzados trabajando en las trochas que abrían o echando machete.

También secuestraban personas de las que sospechaban que tenían vínculos con militares o paramilitares, o para que dieran información sobre el enemigo.

La JEP encontró que cuando, después de semanas o meses de cautiverio, los guerrilleros encontraban que el secuestrado en efecto no trabajaba para el enemigo, igual trataban de sacarle plata pidiendo a su familia un rescate.

“ Ejemplo de lo anterior es la persecución a ocho campesinos y pequeños ganaderos del municipio de San Juan de Arama (Meta), quienes fueron llevados por el Frente 27 de las Farc en distintas fechas, entre 1999 y 2002, por presuntas acusaciones de trabajar para los paramilitares. En su solicitud de acreditación estas víctimas reportan que durante su cautiverio fueron interrogadas y torturadas y que, a pesar de no haber mediado prueba alguna que fundamentara las acusaciones por las cuales fueron plagiadas, finalmente se les pidió entre $20.000.000 y $50.000.000, según la cantidad de animales que tuvieran en las fincas, para su liberación”, dice el auto.

Por último, las Farc secuestraban personas para que les hicieran un trabajo que necesitaban: transportar a alguien, arreglar algo en el campamento o curar a un enfermo.

El auto documenta la historia de una enfermera del Hospital de Miraflores (Guaviare), que duró tres años secuestrada porque las Farc necesitaba alguien que curara sus heridos.

“Fue trasladada en mayo de 1997 a un campamento guerrillero ubicado en la vereda Barranquillita de ese mismo municipio, y donde mantenían un hospital improvisado en el que había personas privadas de la libertad y en el que la pusieron a trabajar. Le dijeron que tenía que ponerse el uniforme camuflado, y como no accedió, la obligaron a hacer “chontos” o letrinas. La llevaban a los combates como enfermera y en diversas ocasiones les llevaban sus heridos para hacerles curaciones. Tras haber sufrido diversos abusos, finalmente logró huir en junio de 2000, con destino al casco urbano de Miraflores, y posteriormente a la ciudad de Villavicencio”.

Los extranjeros eran particularmente vulnerables

La Sala de Reconocimiento constató que muchos extranjeros fueron secuestrados porque los guerrilleros sospechaban que eran espías y trabajaban para agencias de inteligencia, en particular para la CIA.

“Las FARC-EP también asumían que los extranjeros podían estar recolectando información que podía ir en detrimento de las operaciones de la guerrilla en los territorios”, dice. Y cuenta en detalle el asesinato de los tres indigenistas estadounidenses Terrence Freitas, Ingrid Washinatok y Larry Gay Lahe’ena’e que fueron asesinados por orden de Grannobles.

Las Farc secuestraron servidores públicos para desestabilizar el Estado en las zonas, para obligarlos a renunciar o a cumplir con sus exigencias

El auto de la JEP trae ejemplos desgarradores de funcionarios públicos, concejales, alcaldes y políticos que fueron secuestrados por las Farc para obligarlos a salir de sus pueblos, a no hacer campaña política o a ejecutar sus órdenes.

Cuenta el auto cómo al final de la zona de distensión tras el fracaso del proceso del Caguán, las Farc “asesinaron a los alcaldes de Cartagena del Chairá, Montañitas y Solita, y otros diez fueron amenazados, en una larga lista de víctimas civiles de la violencia guerrillera contra los políticos del Caquetá.

La intención al respecto era clara, como lo demuestra un documento FARC-EP de 2003, donde los miembros del Estado Mayor del Bloque Sur establecieron el cumplimiento del plan estratégico, así: “Cumplir la orden que se impartió con relación a los alcaldes, concejales y demás empleados públicos, para crear una situación de ingobernabilidad”.

El auto documenta la dramática historia de la jueza de Cartagena del Chairá (Caquetá), Edna Patricia Londoño, secuestrada el 12 de febrero de 1999 por el Frente 14 de las Farc. “La encerraron en una habitación de madera, la encadenaron y estuvo sometida a condiciones infrahumanas A los dos meses de su cautiverio, el guerrillero conocido como J.J. le notificó que habían hecho un consejo de guerra en su ausencia, en el que habían decidido mantenerla privada de la libertad por tiempo indeterminado, hasta investigar a fondo sus actuaciones como jueza.”

Duró secuestrada un año y un mes. Solo la soltaron después de que sus familiares fueron a San Vicente del Caguán, durante los diálogos de paz, a pedir su liberación y consiguieron que Joaquín Gómez diera la orden.

Cuando compareció ante la JEP, el guerrillero Fabián Ramírez confirmó la información y contó cómo el Estado Mayor del Bloque Sur decide intervenir e indagar con el comandante Darwin Pulido: “Cuando se le pregunta cuáles son las razones, él no estuvo de acuerdo por alguno de sus trabajos correctos, que tiene que hacer un juez naturalmente, pues dar la sentencia a alguien que ha cometido un delito, no sabemos, no supo dar explicación (...) y como no dio resultado, entonces suelte a la señora, eso no puede ser así”.

Joaquín Gómez, comandante del Bloque Sur, reconoció en su versión voluntaria individual ante la JEP la persecución a servidores públicos. “Esta persecución se dio como parte de un esfuerzo por controlar la administración pública en el plano territorial, socavando la presencia institucional en las zonas apartadas del país, como resultado del dominio efectivo de la guerrilla. Esta práctica también sirvió como forma de ejercer presión sobre las decisiones de esos mandatarios o, al parecer, para apoyar líneas o intereses políticos afines o convenientes para la organización guerrillera”, dice el auto.

El “buen trato” que las Farc dice que les dio a sus secuestrados se limitaba a no dejarlos morir. Pero nunca se preocupó por su dignidad humana

El auto de la JEP es demoledor para las Farc porque muestra en detalle el nivel de maltrato al que sometieron a sus víctimas. Uno de los apartes más conmovedores es cuando hacia el final, la Sala describe el sufrimiento y el daño causado por las Farc a sus víctimas, a sus familiares y a las comunidades de las zonas donde secuestró.

“La Sala concluye que la orden de “buen trato” concernía solo a la preservación de la vida biológica del cautivo y no de su dignidad humana”, dice el auto. “En efecto es solo el mantenimiento con vida del cautivo el que se monitorea en las comunicaciones internas de la organización. Esta se desentiende de la vigilancia del trato humano, otorgando un poder absoluto a los comandantes del Frente y de la “comisión de cuido” sobre el trato dado al cautivo”.

La JEP encuentra que el maltrato es transversal a todos los tipos de secuestro, aunque es más frecuente en aquellos cometidos para controlar el territorio, porque ahí no tienen la expectativa de cambiar la víctima por un rescate o por guerrilleros presos.

“El elemento común y repetido, sin importar la finalidad del cautiverio, es el poder que tiene el comandante sobre el cuerpo del cautivo, sin tener entrenamiento, vigilancia o sanción. Estas circunstancias resultan en hechos que se repiten en el tiempo y el territorio, en las cuales este poder sin control resulta en los intensos dolores y sufrimientos producidos”.

El auto registra un fragmento del interrogatorio de la magistrada Lemaitre a uno de los guerrilleros encargados de cuidar secuestrados en el frente 53, que ejemplifica el nivel de deshumanización:

“Magistrada: ¿Y a usted le dieron algunas instrucciones precisas o como un entrenamiento de cómo cuidarlos o había un manual?

Compareciente: No, eso es, por si, pasa lo mismo que es como estar uno en la casa: si usted está en la casa y usted sabe que hay un perro, que una gallina, que tal ¿entonces qué? tiene que cuidar lo que tiene, que decir brindarle, digamos, en este caso la comida o sino el animalito se deja morir. Entonces son de la misma manera pasa con ellos allá, allá le van a decir a usted; por ejemplo: me lleva, ¿ya tienes la comida? y sabe uno que tiene que estar pendiente de ellos, porque ellos son los que le van a dar lo que usted necesita el día menos pensado”.

El maltrato, según constata el auto, iba mucho más allá del sufrimiento de estar privado de la libertad. “Este sufrimiento fue causado con fines de castigo y humillación, y sin una finalidad aparente. También, el trato a las familias generó sufrimientos adicionales a los propios de las circunstancias del cautiverio y a la negociación por un pago para recobrar la libertad”.

La Sala encontró un patrón de malos tratos que incluía marchas forzadas de hasta 16 horas sin importar la edad del secuestrado, ni siquiera si tenía fracturas o estaba herido. A los militares los hicieron caminar dos días seguidos sin botas, por ejemplo.

“El amarre conllevó a un sufrimiento corporal constante durante la privación de la libertad, que muchas víctimas reportan equivalente a ser tratado “como un perro”.

También los gritaban, les pegaban, se burlaban de ellos. Los obligaban a defecar mientras eran observados por los guerrilleros. Muchos estuvieron encerrados en jaulas, hacinados en estrechos cuartos de madera, obligados a pasar semanas sin bañarse, a pasar hambre y sed. Varias de las víctimas cuentan cómo les negaban medicamentos a pesar de que los tenían en el campamento, por el mero hecho de hacerlos sufrir.

“Además, sin control sucedieron hechos de especial gravedad durante el cautiverio, como el aislamiento forzado, golpizas durante los interrogatorios, violencia sexual y desplazamiento forzado como castigo”.

Uno de los miembros del Secretariado reconoció en la audiencia que incluso la violencia sexual quedaba sin castigo a pesar de que estaba prohibida en sus manuales.

¿Pero no le hicieron consejo de guerra?, le pregunta la magistrada.

Compareciente: No, nunca hubo de eso. Hubo en cierta manera complicidad por omisión y hay una cuestión que se llama solidaridad de cuerpo, que es lo que en cierta manera afecta para que haya justicia, nos guardamos y nos alcahueteamos muchas cosas.

También, se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por: “ocultamiento de la suerte de los cautivos, venta de cadáver, doble pago de rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos. Por último, el sufrimiento causado durante el cautiverio conllevó lesiones y secuelas para muchas víctimas, que así lo reportaron a la Sala”.

Las secuelas del secuestro se sienten muchos años después de que termina el cautiverio

El auto documenta el daño infligido por las Farc. Los niveles de ansiedad que padecen los secuestrados. El miedo que los acompaña mucho después de haber recobrado su libertad.

“El secuestro es una situación límite que pone en crisis todas las facetas de la vida”, reconoce el auto. “La deshumanización de la víctima inicia con la privación misma de la libertad, cuando la vida conocida se transforma en una vida sin libertad ni intimidad alguna. Esta vigilancia permanente fuerza un aprendizaje: la víctima debe aprender a aguantar, a soportar, a resistir, a conservar la calma “bajo un sistema de dominación que establece una presión casi física sobre cada gesto, deseo, palabra o acción”.

A estos sufrimientos físicos se agrega el sufrimiento emocional de la separación de la familia, de los seres queridos, de los proyectos y rutinas de la vida personal, y el sufrimiento moral de saberse definido como un objeto, tratado como un animal, de ser víctima de injusticia y humillación.

A ello se suma el sufrimiento moral por los rumores respecto al buen nombre, pues el secuestro a veces se presenta como el resultado de la supuesta corrupción del funcionario público o se justifica por un “mal comportamiento” de algún tipo.

Al mismo tiempo, la familia también enfrenta un intenso sufrimiento emocional y moral, e incluso cuando recobran a su ser querido, quedan marcados “por la impotencia de no poder acudir a darle amparo y afecto” a su hijo o hija, a su padre o a su madre, incluso a sus abuelos”.

Para los familiares que se enteraron después del homicidio de sus seres queridos durante el secuestro, “han padecido el horror de la imagen del sufrimiento que pudo haber sentido la víctima durante su asesinato”, dice el auto.

La viuda de Gilberto Echeverry, Martha Inés Pérez, en su relato ante la Sala describió así su dolor al escuchar la noticia del asesinato de su adorado esposo:

“Yo caí en el sofá al pie del teléfono y no volví a saber de mí por no sé cuánto tiempo. Cuando volví en sí les decía era mejor que me hubieran secuestrado también a mí con él y me hubieran matado. Yo sentí que el corazón se me partió en dos pedazos y que salía de mi cuerpo. A mí se me borró todo (...)”.

La JEP también documenta cómo afectó a las comunidades, cómo rompió el mismo tejido de los lugares donde ocurrieron los secuestros. Un pequeño ejemplo lo ilustra:

“En el corregimiento de San Isidro la diversión del pueblo era la fiesta de San Isidro Labrador que se realizaba el 15 de mayo. Muchas fiestas patronales fueron patrocinadas por comerciantes o negocios del Carmen de Bolívar, entonces cuando la mayoría de los negocios se fueron del Carmen por causa de la extorsión, desplazamiento, secuestro y violencia, dejaron de patrocinar las fiestas en la parte rural”.