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El vicepresidente Germán Vargas no asistió la refirma de los Acuerdos de Paz en Bogotá por inaugurar viviendas en Atlántico, Bolívar y La Guajira.

Vargas Lleras ya cuadró su estrategia de cara a lo que viene en las próximas semanas. ¿La apuesta de mantener el Sí con dudas y solventarlas durante la reglamentación de los Acuerdos inaugura la partida de cobijas con el Presidente?

El jueves fue controversial que el vicepresidente Germán Vargas no estuviera en la refirma del nuevo Acuerdo de Paz en Bogotá por inaugurar viviendas en Bolívar, Atlántico y La Guajira, y también que seis de sus congresistas no asistieran ni al evento del teatro Colón, ni a la sesión del Congreso que horas después definió para esta semana la fecha de la refrendación. En realidad, esa ausencia marca el comienzo de la nueva estrategia de Vargas Lleras frente a la paz.

 

Su apuesta, según le dijeron a La Silla cuatro personas de Cambio Radical, es hacer cambios en los puntos del Acuerdo con las Farc en los que si bien cree que mejoraron algunos aspectos, falta por afinar. Como por ejemplo, el de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Con esto, Vargas busca mantener su estrategia del Sí con Reservas con el que en su partido creen que podrá cosechar apoyos para la campaña que pronto emprenderá a 2018.

La carta de la implementación

Cuatro miembros de la bancada del Partido del Vicepresidente consultados para esta historia, nos dijeron que Vargas Lleras los reunió el jueves 10 de noviembre en un salón de la sede del norte de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Con los cambios que hizo el equipo negociador con las Farc en Cuba, Vargas reconoció en la reunión con sus parlamentarios que había avances positivos.

En el tema que públicamente dijo que le preocupaba justo la semana en que se firmó el Acuerdo de Cartagena, dio visto bueno a la temporalidad para el Tribunal Especial para la Paz, que durará 10 años, el uso de la tutela contra las decisiones de la JEP, y que no haya magistrados ni jueces extranjeros.  

Aunque los cambios gustaron, persisten sus dudas y las de su bancada sobre el alcance del Tribunal.

El temor, nos dijeron dos de los asistentes, es que el Tribunal Especial se convierta “en un instrumento de reivindicación política de las Farc”.

Es decir, que la guerrilla a través de sus confesiones ante la Justicia Especial, salpique, sin méritos, a futuros contendores políticos del partido que forme la guerrilla una vez deje las armas.

“La Justicia Especial para la Paz puede ser un instrumento que usen las Farc para afectar a otros actores políticos que ven como competencia, entre ellos al Vicepresidente”, dijo a La Silla, una de las personas del Partido que estuvo en dicha reunión.

Aunque en los acuerdos se ajustó que las ONG no podrán acusar directamente ante la Justicia Especial de Paz (una solicitud que también expresó el No ante el temor de que organizaciones cercanas a las Farc monten procesos contra los empresarios), y también pueden pedir a la justicia ordinaria que investigue a quien presente acusaciones falsas, para los vargaslleristas no es suficiente.

“No puede ser que una víctima de extorsión, por un falso testimonio, pase a ser financiador de las Farc”, nos dijo un Senador que estuvo en la reunión.

Y hablaron de propuestas de cara a la implementación. Entre ellas, una segunda instancia para la Justicia Especial para la Paz que le dé garantías a quienes acudan a dicha instancia para blindar le dé garantías a quienes sean víctimas de falsos testigos. Algo que, dijeron las fuentes, creen que pueden hacer a través de la implementación de los acuerdos vía Congreso.

La Justicia Especial para la Paz será la primera reforma constitucional que presente el Gobierno al Congreso una vez pase esta semana la refrendación, después de la ley de amnistía, que es de carácter ordinario. Y como hasta que la Corte Constitucional no tumbe el artículo que vincula el mecanismo de fast track a un plebiscito, el Gobierno no podrá implementar los acuerdos por la vía rápida, y los congresistas creen que con las leyes existentes, el Congreso tendrá autonomía para hacer cambios.

En el acto legislativo que reglamenta la forma de implementación de los acuerdos, el Gobierno es el único que puede presentar las reformas y leyes que los desarrollan, y también especifica que todas las proposiciones de cambios a esos proyectos deben ser aprobados por el Ejecutivo.

Sin embargo, sin el escenario del fast track a la vista, por ahora, los vargaslleristas creen que el Congreso tiene una ventaja importante para tener su propia voz y no ser un simple notario de las normas que presente el Gobierno.

“Con las normas que existen, el Congreso puede modificar los acuerdos, y tiene todas las facultades”, dijo otro Senador del Partido.

El Gobierno, a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que si no hay fast track, todos los proyectos se tramitarán de forma ordinaria.

Así, se abre la puerta para que los congresistas reglamenten el Acuerdo tal y como hacen con cualquier otro proyecto de ley o reforma constitucional: con propuestas, ponencias, conciliaciones y retoques que hacen muchas veces que la forma como entra un proyecto o acto legislativo sea diferente a como salga.

Esta posible situación plantearía un problema para el Gobierno, ya que en el nuevo Acuerdo existe el compromiso de implementarlos tal cual fueron firmados en Bogotá. 

Sumas y restas

Por eso el dilema de Vargas Lleras será, como lo ha sido durante todo el proceso de negociación, si con las decisiones que su bancada tome mantenerse en el centro, del lado del Gobierno que se comprometió con las Farc a implementar el Acuerdo tal cual como lo firmaron, o marcar distancias hasta llegar a la derecha para competirle los votos al Centro Democrático.

En el centro, los vargaslleristas creen pueden pelear votos al que, como hemos contado, Vargas considera como su gran rival para 2018: el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle. Los vargaslleristas, entre miembros del Partido que no están en el Congreso y los que pertenecen a la bancada, creen que sentando posiciones fuertes sobre temas como la justicia le quitan votos a De la Calle.

Y para diferenciarse del candidato liberal, la estrategia apuntará a un discurso de “confrontación democrática” hacia las Farc, y no de reconciliación nacional, como el que tiene De la Calle, y de unidad que ha promovido el presidente Juan Manuel Santos, dijo uno de los miembros de la bancada.

“Vamos a ser garantes de que ellos (las Farc) no se tomen el país”, dijo esa fuente.

Un discurso que ellos creen le permite mantenerse dentro del espectro de la paz, pero crear alianzas con el Partido Conservador, que también tiene el dilema entre mantener su alianza con el santismo, o partir cobijas hacia el No de la colectividad que renegoció el Acuerdo con el Gobierno y que se opuso al acuerdo final.

Si Vargas consigue el apoyo del conservatismo, ambos suman. Por el lado del Vicepresidente, garantiza una maquinaria de un partido tradicional que en regiones demuestra que pone votos, pero que le falta reconectarse con sus bases y los valores conservadores.

Y los conservadores también garantizan, si hay alianza, mayor representatividad en un próximo Gobierno de ganar Vargas y también, los dividiría menos que irse con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas o con Álvaro Uribe porque permitiría convocar a los que están con el acuerdo y a las bases que tienen dudas semejantes a las de Vargas.

Los azules han criticado constantemente al presidente Santos, porque a pesar de tener peso en las votaciones de la coalición de Gobierno con 54 votos en el Congreso, tienen menos miembros en el gabinete que partidos más nuevos y más pequeños en maquinaria, como La U.

La tercera ventaja de aliarse con los conservadores es evitar que los azules apoyen al uribismo en la primera o segunda vuelta del 2018.

Sin embargo, los conservadores tienen sus propios planes. Si bien el Vicepresidente y Cárdenas formaron una llave para la elección del Procurador que no funcionó y que se pondrá a prueba en el trámite de la reforma tributaria, no es claro si a las bases azules les interese hacer alianzas con un liberal de toda la vida como Vargas Lleras.

Además, Vargas tendría que enfrentarse a posibles candidatos del conservatismo como el ex procurador anulado Alejandro Ordóñez, la exministra Marta Lucía Ramírez, y los ya precandidatos Francisco Ricaurte, Pablo Victoria y Ubéimar Delgado, que hablaron ayer a las bases azules en su Convención Nacional.

Vargas Lleras terminaría peleando en un espectro que también disputan los precandidatos del Centro Democrático y Ordóñez.

“Vargas no se fue con Uribe cuando pudo en la primera reelección, no lo va a hacer ahora”, nos dijo uno de los consultados.

Bajo los dos escenarios posibles, Vargas Lleras ya cuadró su estrategia de cara a lo que viene en las próximas semanas. Falta esperar si la apuesta de mantener el Sí con dudas y solventarlas durante la reglamentación de los Acuerdos inaugura la partida de cobijas con el Presidente.

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