Minsalud fracasó en su intento de empaquetar los intereses de la industria en la ley de comida chatarra

Se trata de la medida que, desde el 2017, vienen intentando implementar en Colombia congresistas y organizaciones de la sociedad civil para reducir los impactos de la obesidad, considerada una pandemia por organizaciones como la OMS.

El etiquetado es una de las medidas menos radicales. No busca poner impuestos adicionales a comidas ultra procesadas con altos contenidos de grasa, sal y azúcar. Apenas quiere que estos alimentos —como gaseosas, comida empaquetada, y bebidas azucaradas— tengan avisos negros octagonales, en la parte frontal de sus etiquetas, advirtiendo que son alimentos con “exceso” de estos ingredientes vinculados a la obesidad, y otras enfermedades.

Al tiempo que en el Senado de la República, y en redes sociales, los promotores del proyecto de etiquetado presionaban para que la ley se discutiera, el Ministro de Salud expidió una reglamentación que tiene diferencias significativas con la iniciativa legislativa.

La regulación la hizo el Gobierno por fuera del Congreso desde febrero de 2020. Fue construida de la mano de la industria de alimentos y bebidas, y avanzó paralelamente a la discusión legislativa.

El proyecto de ley, en cambio, fue construido desde la Cámara de Representantes desde 2019, con una mirada más cercana a la de organizaciones de la sociedad civil como RedPapaz, Educar Consumidores y Dejusticia. Estas organizaciones, y los congresistas que escribieron el proyecto de ley, tienen una mirada crítica tanto de la industria como de los efectos de los alimentos ultraprocesados que producen.

Pero durante la discusión en el Senado, los asesores legislativos del Gobierno y senadores del Centro Democrático promovieron que se incluyeran cambios en el proyecto, inspirados en la regulación que construyeron con la industria.

El tema va más allá de la cosmética de los paquetes. La Organización Panamericana para la Salud (OPS) y Unicef recomiendan este tipo de medidas para combatir la pandemia de obesidad, que afecta a 1 de cada 5 colombianos.

Se trata de un problema de salud pública con consecuencias enormes para Colombia. Según un estudio de la OCDE Colombia pierde cerca de 4 puntos del PIB —alrededor de una tercera parte del recaudo anual de la DIAN— por el impacto del sobrepeso y la obesidad en la productividad. El país es uno de los más golpeados por esta pandemia silenciosa, entre los 36 países de la organización.

La regulación versus el proyecto de ley

La reglamentación de Minsalud promueve una etiqueta similar, pero que, según estudios como este, genera menos impacto en los consumidores y no tocaría la publicidad. Tanto el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, como el Ministerio de Comercio (que nos respondió a través de su oficina de prensa) están de acuerdo en que en el debate la ley se adapte a la reglamentación del ministerio.

Esto pone a Ruiz, el encargado político de la salud en el país, en una posición problemática: más cerca a las empresas que defienden su lucro, que de la evidencia científica sobre los daños de estos alimentos sobre la salud.

Por eso, para los promotores del proyecto esa inclusión le quitaría dientes a la iniciativa.

El reglamento del Ministerio se construyó se ha construido en medio de la polémica porque se hizo de la mano con la industria, a la que pretende regular. De hecho, en febrero de 2020, cuando el presidente Iván Duque anunció que ya estaban listas las bases para el etiquetado, agradeció a la industria de bebidas y alimentos porque “ha tomado una decisión voluntaria, consciente, integral y pensando en producir un gran efecto a la sociedad”.

En esa rueda de prensa, el presidente dijo también que el consenso se creó tras un proceso de diálogo con la sociedad civil representada por “Red Papaz, De Justicia y Educar Consumidores, entre otras entidades”.

Pero la sociedad civil no se siente realmente incluida, de hecho le pidieron al Presidente rectificar su afirmación en esta carta. “Esa era una negociación entre el Gobierno y las empresas”, explicó a La Silla Carolina Piñeros, representante de RedPapaz, una de las organizaciones más visibles a favor de la ley de comida chatarra. Dice que los nombraron en el comunicado para decir que concertaron con ellos, pero que en realidad el borrador de resolución que salió ignoró sus recomendaciones.

Algo similar denunciaron las otras entidades de la sociedad civil que hicieron parte de las mesas técnicas para definir la reglamentación, en este reportaje de Pacifista.

Y las otras mesas técnicas estaban conformadas por más entidades afines o de la industria: por el Gobierno, la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público Privada, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Salud y Protección Social y por la industria la cámara de alimentos y la cámara de Bebidas de la Andi y Quala*, una empresa que produce alimentos ultraprocesados como Bonice, Suntea y Boka. En la cámara de la Andi están Postobón, Cocacola, Pespicó, entre otros.

El reglamento expedido por el Gobierno muestra diferencias, en apariencia sutiles, con el proyecto de ley que está en la Cámara, pero que pueden tener un impacto importante:

• La forma de la etiqueta: En el proyecto de resolución del Ministerio se proponen etiquetas circulares con las leyendas “alto en azúcar adicionada”, “alto en sodio/sal” y “alto en grasas saturadas”. De acuerdo con un estudio de la Universidad Javeriana y la Universidad de Carolina del Norte, este tipo de etiquetas solo disuaden a un 20 por ciento de los consumidores de comprar el producto, mientras las que son de forma hexagonal y advierten que el producto tiene “exceso” y no “alto contenido”, puede disuadir al 49 por ciento de las personas.

El estudio se publicó el año pasado y se hizo en Colombia. Aunque la ley propuesta no dice la forma de la etiqueta (esta deberá ser reglamentada por el Ministerio de Salud), sí obliga a que esta se diseñe de acuerdo con la evidencia disponible más actual y libre de conflictos de intereses.

• La competencia con otras etiquetas: La resolución, a diferencia del proyecto de ley, no prohíbe que se pongan otras etiquetas frontales con valores nutricionales. Así, por ejemplo, una bebida de caja podría tener la etiqueta de que es alta en azúcar y sodio, y otra más grande que dice que es alta en vitaminas. Esto implicaría que una etiqueta puede anular a la otra. Según RedPapaz el problema es que no hay evidencia de que esos ingredientes adicionales compensen el daño que puede ocasionar el resto del contenido.
• La publicidad: Es algo que el borrador de resolución del Minsalud no toca, y en el proyecto de ley sí. Dice la iniciativa que las etiquetas no solo deben estar en los paquetes sino en “todo tipo de publicidad que realicen”. En el proyecto inicial los promotores iban más allá, y prohibían que marcas de productos altos en azúcar, grasas y sodio patrocinaran eventos, pero esa condición se eliminó.

Los tres artículos para los que hubo proposiciones en el debate en el Senado, que no fueron aprobadas por los ponentes del proyecto, tenían que ver con estos tres temas. Y los argumentos de los senadores Samy Mhereg (Conservador) y María del Rosario Guerra (Centro Democrático), que explicaron las modificaciones que querían hacer, se sustentaban en que el proyecto podía alinearse y retomar el trabajo del Ministerio de Salud en la regulación.

De acuerdo con lo que le dijo a La Silla el director de la Cámara de Alimentos de la Andi, Camilo Montes, están de acuerdo con la idea del proyecto de ley. Pero tienen tres comentarios que se alinean con dos de estos tres puntos de la regulación. El más clave para ellos es el segundo: “esto va en contra de ofrecerle la mejor información al consumidor”, nos dijo.

También sostienen que la discusión sobre la publicidad ya había sido zanjada en la Cámara y revivió en el Senado. Aunque agrega que el impacto de esta medida dependerá de cómo lo regule el Ministerio de Salud y por eso no se oponen a ella.

Y están en contra de que se aplique la etiqueta solo a los alimentos ultraprocesados porque esto discrimina a la producción de la industria. En esta carta tanto Montes, como su colega de la Cámara de Bebidas, José Andrés Duarte, detallan sus preocupaciones al presidente del Senado, Arturo Char.

Estos temas podrían surgir de nuevo en la conciliación del proyecto de ley, que según dijo uno de los autores del proyecto, el representante Mauricio Toro (Verde) esperan que se de mañana.

De fondo, las diferencias muestran visiones diametralmente opuestas sobre lo que debería hacer con el etiquetado.

Los promotores, buscan que el etiquetado sea una herramienta que ayude a que los colombianos consuman menos de estos productos, que pueden ser nocivos para salud; y la industria ve que la etiqueta solo debe informar al consumidor de los contenidos del producto, más no convencerlo de que no lo consuma.

“No se debe satanizar la industria”, dice Montes.

Carolina Piñeros, de RedPapaz dice que si se quitan estos tres puntos de la ley sería mucho más débil, y esa es su preocupación. “Puede terminar siendo un saludo a la bandera”, dice.

Toro va más allá. Dice que el hecho de que el Gobierno hubiera sacado la regulación justo cuando en las últimas discusiones del proyecto de ley fue una jugada para evitar que los congresistas lo voten. “Lo que han dicho es que no se necesita proyecto de ley porque ya hay etiquetado, pero el que propone el Gobierno es inocuo”, dijo a La Silla.

El Ministro de Salud negó que quiera que se caiga el proyecto, lo mismo Montes.

Pero una carta enviada por la Andi a la nueva ministra de Comercio, Ximena Lombana, muestra que al menos desde la industria sí están presionando para que la regulación salga rápido. En la carta señalan que les preocupa que el proyecto de ley prohíba que publiciten las virtudes de los productos, aunque sean altos en grasas, sodio y azúcar, y le piden a la nueva ministra “sus buenos oficios” para agilizar la regulación del Ministerio de Salud que “el Gobierno ha trabajado juiciosamente”.

Esta es una de las técnicas que ha utilizado en otras ocasiones la industria de alimentos para promover sus intereses. Pero no es la única.

El lobby

En el arranque del debate de ayer, en el que por primera vez en la semana se puso el proyecto de ley en la agenda, hubo una escena que se pareció a las que se registraron en 2017 y 2018 durante las discusiones de la ley de etiquetados. Como nos confirmaron varios congresistas que estaban en el recinto cerca de 50 personas que no eran congresistas, sino asesora.

#ComidaChatarraEs
Hoy queremos que se debata el proyecto de #LeyComidaChatarra que está de 6.

Anuncian: más de 55 personas en sala que no son asesores.

Se va a votar el orden del día de la plenaria del @SenadoGovCo. Puede seguir la transmisión por https://t.co/y5b8iGkxKr pic.twitter.com/w5l3mNmCwI

— Juan Luis Castro C. (@JuanLuisCasCo) June 16, 2021

Según nos contaron, después de que el senador Mauricio Gómez Amín pidiera públicamente que se retiraran estas personas, la mayoría se salieron. Y tampoco tenemos evidencia de que todos sean lobistas. Pero llama la atención que esto suceda en pandemia cuando hay restricciones de aforo en el recinto, y porque tanto en el debate de impuestos saludables de 2017, como en los dos debates de etiquetado el común denominador ha sido el lobby de empresas y gremios del sector de alimentos y bebidas.

Un cabildeo que en el mundo algunos expertos comparan con el de la industria tabacalera, que se resiste a ser regulada para reducir su consumo, pese a la evidencia de su impacto sobre la salud.

El cabildeo no es una práctica ilegal. Pero sí se maneja de manera poco transparente, incluso cuando en el Congreso había ojos de periodistas y organizaciones de la sociedad civil atentos a lo que pasaba en los pasillos del legislativo. Ahora, es poco lo que se puede saber con certeza.

Lo que sí se puede ver durante los debates en Senado y Cámara y en redes sociales es que existen congresistas que suelen defender a la industria con argumentos calcados de los gremios y los empresarios.

Uno de los representantes más activos en la Cámara de Representantes en el debate de la ley, y de los que más proposiciones presentó, según reportó Vorágine, fue el pereirano del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo.

Sus argumentos se alinean con los de la industria. Como la Andi, está favor del etiquetado pero en contra de que este desincentive el consumo. Teme que afecte a la economía, porque implica un costo alto para más de 32.000 empresas del sector de alimentos, en especial para la pymes. Y dice que restringir la publicidad de estos alimentos es un riesgo para la libertad de expresión, y que el proyecto no es garantía para que baje la equidad. Menciona cifras de Chile, dice que ellos implementaron el etiquetado desde 2016, y la obesidad ha aumentado, contrario a reducir. Aunque el proyecto de etiquetado en Chile tuvo un proceso de implementación gradual, arrancó en forma en 2019 y ha generado una reducción del consumo de alimentos ultraprocesados y la disminución de azúcar en alimentos de la industria, según este informe de la FAO.

Como contamos en este detector , expertos en nutrición aseguran que los resultados de este tipo de políticas en la reducción de la obesidad se ven en cuestión de 5 a 10 años, porque implica un cambio de hábito en el consumo que se da gradualmente.

En cuanto a las pymes, Diana Guarnizo, experta de Dejusticia en derecho a la salud y a la educación, dice que de hecho son estas empresas las que más fácil se pueden adaptar, produciendo alimentos con menor contenido de sodio, azúcar y grasas. Sostiene que la ley plantea un periodo de transición, justamente para que puedan implementar cambios.

“Son a las grandes industrias a las que más les cuesta, porque la mayor parte de sus productos estrellas son ultraprocesados”, dice.

Para Vallejo, el que sus argumentos estén alineados con los de la industria es natural. “No es malo representar a los sectores en el Congreso, yo represento a muchos sectores productivos porque soy el defensor de un principio del libre mercado y con la generación de empleo”, dijo a La Silla. Vallejo recibió un aporte de 10 millones de pesos a su campaña, del ingenio de Risaralda.

Montes, de la Cámara de Alimentos de la Andi, también explica que en parte su trabajo es explicar a los congresistas, Gobierno y en general los tomadores de decisiones del país sus argumentos y la evidencia científica que los respaldan. Lo que es legítimo.

“El lobby es la razón por la que la ley no ha salido adelante” dice Diana Guarnizo, “no puede ser que con tanta presión ciudadana con toda la campaña, la ley que no progrese, y es porque hay un contrapeso muy grande, el de la industria”.

Su principal preocupación es que las decisiones de política pública no se tomen con base en evidencia científica independiente, sino por intereses políticos o de la industria.

Desde la sociedad civil han logrado hacerle contrapeso a este poder con campañas mediáticas masivas, publicidades como esta o esta , que pautan en radio, televisión, prensa y las principales ciudades del país. Una inversión financiada principalmente por Bloomberg Philantropies, una fundación creada por el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y las fundaciones Global Health Advocacy Incubator y Vital Strategies.

Claro, también con un Gobierno débil en el Congreso. 

Al final, el resultado del debate mostró un triunfo que ni los propios promotores del proyecto esperaban. Y, a menos que pase algo extraordinario en la conciliación, el Ministerio de Salud deberá ajustar la reglamentación de etiquetado que había expedido, en línea con los intereses de la industria.

*Socios fundadores de La Silla Vacía tienen participación minoritaria en Quala S.A.

Nota del editor: Este artículo fue actualizado horas después de su publicación, con los resultados del debate sobre la ley de etiquetado en la Plenaria del Senado.