La pareja súperpoderosa

Marcela Yepes y Felipe Córdoba. Foto tomada de Facebook

El viernes el fiscal general encargado, Fabio Espitia, publicó la hoja de vida de Marcela Yepes para directora ejecutiva de la Fiscalía, un cargo poderoso por su cercanía al Fiscal General y porque maneja todo el presupuesto y la contratación de la entidad. 

Yepes, que volverá a un cargo que ya tuvo con el ex Fiscal General Eduardo Montealegre, manejará más de 20 mil empleados y centenares de contratistas al año. Cuando fue directora administrativa, entre estos contratistas estaban algunos muy poderosos como varios exmagistrados y muy bien pagos como la investigadora Natalia Springer. También estará a cargo de ordenar gasto por 3,6 billones de pesos al año. 

Este cargo es uno de los tres más importantes de la Fiscalía, y lo será más bajo el gobierno de Francisco Barbosa dada la nula experiencia gerencial del nuevo Fiscal, que viene principalmente del mundo académico.

El nombramiento de Yepes será prácticamente el último que haga el fiscal encargado Espitia, pues está a menos de dos semanas de salir del encargo. Dada la importancia del cargo, y que se anunció al día siguiente de que Barbosa fue elegido Fiscal General, ha levantado todo tipo de suspicacias.

Más cuando abundan los rumores de que el esposo de Yepes, el contralor general Felipe Córdoba Larrarte, fue clave en la elección de Barbosa, un chisme que La Silla no ha podido verificar de primera mano y que Córdoba niega. 

El Contralor nos dijo que Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica y otro de los ternados a la Fiscalía, es cercano a su suegro, el tradicional cacique de Caldas y presidente del Directorio Nacional Conservador, Omar Yepes. Dijo que de haber ayudado a alguien, habría sido a Gómez.

Aceptó a La Silla que la esposa de Barbosa, Walfa Téllez, es su contralora delegada para el Medio Ambiente, y explicó que la conoce desde hace décadas porque fue su profesora en el Externado y mucho antes que a Barbosa. De hecho, dijo que no era cercano al nuevo Fiscal.

Más allá de si le ayudó a Barbosa o no, el ascenso de Marcela Yepes a directora administrativa de la Fiscalía (asumiendo que su nombramiento fue concertado con él porque de lo contrario sería un abuso de Espitia) pondrá los reflectores aún más sobre cómo se eligió Barbosa. 

Y si la mantiene en el cargo, de entrada los convierte en una de las parejas más poderosas del sector público.

Un dúo dinámico

Yepes es economista empresarial de la Universidad Autónoma de Manizales, hizo carrera en la Contraloría General y en la Fiscalía, donde en 2007 fue nombrada por el entonces Fiscal General Mario Iguarán, directora Seccional de Fiscalías de Pereira. Luego, en 2011, pasó a ser gerente administrativa de la Contraloría durante el período de Sandra Morelli Rico.

Mientras tanto, su esposo Felipe Córdoba, pereirano y quien estudió finanzas en el Externado, hacía su propia carrera, mezclando la política con cargos en entes de control, y construyendo muy buenas relaciones con diferentes sectores.

Con el uribismo desde que estuvo en las juventudes uribistas en 2002; con el vargasllerismo, desde que fue secretario de Gobierno del alcalde de Pereira, Juan Manuel Arango; y con el santismo, desde cuando estuvo en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010.

Poco tiempo después de esto, Santos impulsó a Sandra Morelli para la Contraloría, y ella nombró a Córdoba como su delegado de participación ciudadana. Allí ya trabajaba Yepes, de quien era novio hacía varios años.

Como se iba a casar y no podían seguir en la misma entidad, para ayudarle, Morelli habló con su entonces amigo y Fiscal, Eduardo Montealegre, quien recibió a Yepes en la Fiscalía como directora administrativa y financiera, un cargo semejante al que tenía en la Contraloría.

Simultáneamente, Morelli nombró a Córdoba Vicecontralor en 2012. Pero hasta allí llegó la luna de miel.  Al año siguiente, en medio de una sonada pelea entre Contralora y Fiscal, en la que se abrieron mutuamente investigaciones, Córdoba se fue de la entidad y se distanció de Morelli.

Yepes, por su parte, se convirtió en un testigo central del proceso penal que impulsó la Fiscalía contra Morelli por presuntas irregularidades contractuales en el arrendamiento de una sede para la Contraloría. 

La defensa de la entonces Contralora alegó que si había irregularidades la responsable era Yepes, quien había actuado como gerente administrativa de Morelli. 

Tanto Morelli como Montealegre salieron heridos de la pelea.

Morelli más, pues el caso en su contra continuó en la Corte Suprema y está pendiente de sentencia; y políticamente, pasó de aparecer en la portada de la revista Semana como adalid contra la corrupción a ser salir del radar del poder. 

En cambio, Yepes y Córdoba siguieron creciendo.

Cuando llegó Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía le quitó la dirección administrativa pero no la sacó; la pasó a la dirección de control interno, donde ha investigado las redes de chuzadas ilegales, por lo que sufrió un atentado.

Él se ha hecho mucho más visible.

Tras coquetear con una candidatura a la Alcaldía de Pereira, en 2015 la Corte Suprema lo ternó para ser Auditor, y el Consejo de Estado lo nombró en ese cargo, que se ocupa de vigilar a todos los contralores del país y al Contralor General.

En 2017, terminó su período y saltó a la campaña presidencial de Germán Vargas, en la que alcanzó a ser su secretario privado. No alcanzó a vivir la derrota, porque en febrero de 2018 salió para dirigir la Federación de Departamentos, el poderoso gremio de los Gobernadores.

Desde allí se postuló y ganó en Congreso Pleno la elección para ser Contralor, con apoyo de casi todos los sectores políticos. Lleva un año y medio en uno de los cargos más poderosos del país.

El poder reforzado

Como ha contado La Silla, Córdoba ha logrado sumar más poder al poder usual de un Contralor.

El Contralor maneja 5 mil puestos y un presupuesto anual de 600 mil millones de pesos, que seguirá creciendo gracias a la reforma que impulsó el año pasado. 

Mientras el Gobierno Duque se veía a gatas para sacar adelante sus proyectos en el Congreso, Córdoba logró que le aprobaran una reforma constitucional que cambió la forma en la que actúa la Contraloría para reforzar su poder en formas tan clave como poder vigilar todas las licitaciones del país, poder suspender funcionarios o tener más plata, más funcionarios y acceso a información privilegiada.

Eso gracias a sus buenas relaciones políticas, que ha aceitado con cargos en la entidad. 

Hace un año contamos que por lo menos 32 de las 120 personas que había designado desde que se convirtió en Contralor eran cercanos a algún político y, luego, que por lo menos 24 de los 52 contralores provinciales lo eran a congresistas. 

Además, nombró como su asesor, para regalías, al hermano de un magistrado de la Corte Suprema: Aníbal Quiroz Monsalvo, hermano de Aroldo, de la Sala Civil.

Al tiempo, el Plan de Desarrollo le dio más dientes y cargos a la Contraloría para vigilar el gasto de regalías. Son unos 1,500 cargos, incluyendo 61 nuevos asesores del Contralor que puede nombrar libremente y que ganan casi 9 millones al mes sin contar primas y otras gabelas. 

Ese poder ya es, en sí mismo, enorme. Si se suma al que tendrá ahora su esposa, serán la pareja más asediada por los políticos.