La política detrás de la sustitución de cultivos

En medio de la presión de Estados Unidos para que Colombia reanude las fumigaciones de los cultivos de coca, el Gobierno de Santos está enfrentando otro reto: un pulso entre organizaciones sociales y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, Coccam, que es afín a las Farc, por la vocería de los cocaleros.

 Esta disputa política por la representación de los cocaleros, que han sido tradicionalmente la base social de las Farc y que podrían ser uno de los fortines políticos de su futuro partido, ha enredado aún más la puesta en marcha de los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos en varios lugares del país.

La Coccam quiere el micrófono

La Coccam se creó en enero y agrupa a cinco mil delegados de comités cocaleros de al menos 14 departamentos del país. La integran organizaciones campesinas, incluida la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, y  tiene el apoyo de Marcha Patriótica, uno de los movimientos políticos de izquierda más grandes del país y que es afín ideológicamente a las Farc.

 Aunque desde el principio la Coccam se atribuyó la vocería de los cocaleros en todo el país, varias organizaciones sociales que no comulgan con ellos se han negado a ser representadas por ella.  No quieren su intermediación para los cuantiosos recursos del programa de sustitución de cultivos liderado por el Consejero para el Posconflicto Rafael Pardo.

 Por eso, aunque el Gobierno tiene afán de firmar acuerdos de sustitución para que los cocaleros comiencen a erradicar sus cultivos a cambio de recibir un paquete de recursos por 36 millones de pesos para hacer otros proyectos productivos, el proceso ha sido lento.

 “Hay que aunar esfuerzos para evitar relaciones clientelistas en la que cada organización pretende conseguir recursos para proyectos para su clientela. Tienen que caber todos”, le dijo a La Silla una fuente del Gobierno que habló con la condición de no ser citada.

 Por ejemplo, en Tibú, municipio del Catatumbo por el que inició el plan de sustitución debido a que allí es donde está la zona veredal en la que está concentrado el Frente 33 de las Farc, aún no han firmado el acuerdo municipal de voluntades para la sustitución, que básicamente lo que hace es que dejar claro que en esa zona los campesinos quieren cambiar de actividad y entrar al programa estatal.  

 Allí la Coccam es dirigida por la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat (afín políticamente a las Farc), y como en esa región  hay varias organizaciones sociales que tienen sus propios afiliados y afinidades cada una quiere trabajar por aparte sus procesos.

 Por ejemplo, en Tibú en veredas como Pachelli y la Angalia, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos llegó a socializar la sustitución con las juntas de acción comunal este año, pero todo se paró porque la Coccam dijo que a través de ellos era que se debía aterrizar todo el programa.

 En reacción a esta situación, según supo La Silla, el Gobierno está esperando a que dentro del municipio todas las organizaciones sociales acuerden trabajar en conjunto para firmar el acuerdo municipal que incluiría a 3.500 familias.

 Pero así como ha habido tropiezos, en Tibú también se han registrado avances y ya se firmó un acuerdo colectivo liderado por la Coccam con Caño Indio, Palmeras- Mirador y el Progreso 2, las cuatro veredas de ese municipio que comprenden el sector de influencia de la zona veredal en la que están concentradas las Farc y en las que se calcula hay 220 hectáreas de coca sembradas.

 De ese acuerdo se han desprendido otros 156 acuerdos individuales para que cada familia empiece a sustituir y  en la Agencia de Renovación del Territorio le confirmaron a La Silla que esta semana ya fue desembolsado el primer pago del millón mensual (ahora será bimestral) que recibirán por 12 meses las familias que viven de la coca.

 Como ese era el primer paso para arrancar las matas, las 156 familias tienen hasta mediados de agosto para erradicar completamente la coca de sus tierras, algo que será verificado por la ONU.  Una vez lo hagan, entrarán a beneficiarse del resto del programa, que comprende proyectos productivos a corto, mediano y largo plazo.

 En Putumayo el Gobierno firmó un pacto regional a mediados de febrero con las alcaldías de nueve de los 13 municipios, cuatro juntas de acción comunal y los representantes de la Coccam, que allá hacen parte de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de Putumayo, los Meros, unos súper poderosos de la movilización social en el sur y que a su vez son afines a la Marcha Patriótica.

 Ese acuerdo fue para definir el paso a paso de cómo se haría la socialización  del programa de sustitución con los comités veredales de cada municipio

 Es decir, todavía no hay un acuerdo firmado entre todas las partes para arrancar a suscribir los acuerdos individuales con cada familia cultivadora. Se supone que la firma de ese acuerdo regional será el 3 de julio.

 Pero como en el Catatumbo, allá también se quedaron por fuera del acuerdo de socialización otras organizaciones sociales que no están en la Coccam como las juntas de acción comunal de nueve municipios, 14 pueblos indígenas del pueblo Nasa y 34 consejos comunitarios afro que también son cultivadores de coca.

 “Esas se quedaron por fuera, pero no porque nosotros los hayamos excluido”, dijo a La Silla Sur Yule Anzueta, que es vocero de la Coccam en ese departamento. “Ellos están en su proceso de socialización interna y seguramente entrarán. Pero hay otras organizaciones que no son cocaleras y que tienen es aspiraciones en lo que se viene, que son las circunscripciones”.

 Un miembro de las juntas de acción comunal de Putumayo que no suscribieron ese primer acuerdo tiene su versión: “Todo el mundo sabe aquí que ellos quieren ser los voceros únicos y que no permiten que participen otros, en parte porque tienen el respaldo de Marcha”.

 En Tumaco, el municipio con más cultivos de coca y que es un “caso extremo”, según le dijo a La Silla una fuente de Gobierno, ha ocurrido algo distinto.

 Allá, los primeros en firmar acuerdos de sustitución voluntaria no fueron las organizaciones adscritas a la Coccam sino los consejos comunitarios agrupados en Recompas, la Red de consejos comunitarios del Pacífico Sur, que incluye a los 15 consejos comunitarios afros que hay en Tumaco y Francisco Pizarro.  

 Ellos los firmaron incluso antes de que las Farc hicieran parte del proceso como acompañantes, tal y como quedó en el Acuerdo de Paz, y que se demoró hasta que les levantaron las órdenes de captura.

 Eso ha retrasado el proceso porque tocó volver a firmar los acuerdos iniciales e incluir la firma de las Farc.

 Aún así, el pasado 29 de mayo, Recompas y otras 26 veredas donde hay más de 1800 familias que tienen unas 1600 hectáreas de coca firmaron un acta de compromiso para acogerse a la sustitución de cultivos. Es un acuerdo “sombrilla” antes de firmar acuerdos individuales por familia para empezar a erradicar, lo que sucederá a partir de la próxima semana.

 Sin embargo, la Coccam y las dos organizaciones sociales que la integran, Asominuma y Asoporca, no firmaron.

 “Si no hemos hecho un pronunciamiento público es porque estamos revisando el tema. Y al Gobierno solicitamos fue tiempo. En eso estamos”, le dijo a La Silla Pacífico Alejandra Torres, vocera de Coccam en Nariño, que no quiso dar más explicaciones por ahora.

 La Silla supo que detrás de esa decisión de no firmar hay un problema de fondo: estas organizaciones que están agrupadas en la Coccam son de campesinos colonos que desde hace varios años llegaron a Tumaco con el auspicio de las Farc (según cuatro fuentes consultadas a La Silla) y se asentaron en territorios colectivos afros.

 Por eso, aunque las matas de coca son suyas, la tierra le pertenece a las comunidades afro. Ese es el caso, por ejemplo, de Asominuma, que está en el territorio del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera.

 La implicación de esto es que como el acuerdo de sustitución garantiza recursos para invertir en proyectos productivos a cambio de arrancar la coca, si les dan los recursos a ellos, no van a tener dónde invertir esa plata.

 “Esto es un problema de territorio que está incluido en el punto 1 del acuerdo de paz con las Farc y todavía no se ha resuelto”, le dijo a La Silla una fuente de Asominuma.

 Ese problema lo reconoce el Gobierno. “Si es un consejo comunitario y salvo que tengas su aprobación, te toca usar la plata para ir a buscar la tierra”, le dijo a La Silla una fuente del gobierno que conoce de cerca el caso.

 Dice que pueden buscar opciones como alquilar el lote y repartir las ganancias o comprar el lote y buscar un crédito para montar el proyecto productivo. “Estas soluciones no son oficiales, pero nos toca ser innovadores para resolverlo”, agregó.

Los casos que sí han funcionado

Por ahora, la estrategia del gobierno para solucionar estos pulsos entre las organizaciones es decirles tanto a la Coccam como a los que no comulgan con ellos que el acuerdo es con todos o que no es con ninguno. Esa presión ha servido para que las partes cedan, y el caso que el Gobierno señala como el más exitoso es el del Guaviare.

 Allí, la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA, que es afín al movimiento político Marcha Patriótica, se comprometió a sustituir. Sin embargo, apareció la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, Anuc, y se alió con juntas de acción comunal del Guaviare y montaron otra organización llamada ‘La Nuestra’ para pedir que también los incluyeran.

 Aunque cada una querían arrojarse la potestad de ser voceras de todo el departamento, al final el gobierno usó la táctica del todos o ninguno y logró que trabajaran juntas.

 Algo similar ha ocurrido en el Cauca donde se lanzó la Coccam en enero. Allí, la semana pasada se firmó un acuerdo para crear el Consejo Asesor territorial del departamento que será el interlocutor entre el gobierno y las organizaciones sociales que agrupan a cocaleros en todo el departamento.

 Este consejo estará integrado no sólo por la Coccam y sus organizaciones afines sino por dos organizaciones indígenas (Cric y Conpi), tres afros, (Conafro, PCN y Cococauca) y ocho organizaciones sociales incluidas algunas como el Pupsoc que hace parte de la Coccam y el Cima que desde el principio dijo que no quería someterse a la vocería de la Coccam. Además, en este consejo tendrán asiento representantes de los gobiernos locales y departamentales y los gremios.

 El paso siguiente es que se creen figuras similares en los municipios y de ahí en adelante, que se firmen acuerdos individuales de sustitución por familias.

Los problemas

Más allá de la pelea política por la vocería, hay otros problemas adicionales.

 El primero es que el Ejército sigue erradicando.

 En el Catatumbo, por ejemplo, esta semana Ascamcat denunció que en varias veredas el Ejército estaba erradicando forzosamente y que había quemado varios cambuches donde procesan coca los campesinos que ya están inscritos en la Coccam.   Es decir, que manifestaron su voluntad de cambiar de actividad y que están esperando a que se formalice el acuerdo municipal con el Gobierno para entrar en el programa de sustitución gradual.

 Por esas denuncias, Marcha Patriótica pidió explicaciones y solicitó que se respetaran los acuerdos de La Habana y la gradualidad en la sustitución.

 Estos hechos, le ponen aún más presión a la necesidad de meterle el acelerador a los acuerdos de sustitución, para que se eviten malos entendidos por el limbo en el que están los campesinos que quieren sustituir.

 El segundo hecho está relacionado con la presencia de otros actores armados en la zona.

 En el Catatumbo, además de las Farc, tienen presencia el ELN y el reducto del EPL que no se desmovilizó en los 90, y todos están ligados a la cadena del narcotráfico que se mueve en esa región.

 “Ya grupos han aparecido mientras las delegaciones se están movilizando y ese es un factor de riesgo que no podemos controlar”, le dijo a La Silla un funcionario de la Agencia para la Renovación del Territorio que pidió la reserva de su nombre.

La Defensoría del Pueblo en Norte de Santander también ha lanzado varias alertas tempranas por el control del narcotráfico y territorial del ELN y el EPL que ponen en entredicho la llegada de la paz al Catatumbo.

 Así está pasando también en Córdoba.

 Allá la principal complejidad para el arranque del proceso de sustitución en la zona rural de los municipios de Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano, donde según las autoridades hay sembradas unas 2000 hectáreas de coca, es la presencia de bacrim o grupos paramilitares que se disputan el manejo de la hoja.

 Por ejemplo, a finales de enero de este año, cerca de Gallo, la vereda de Tierralta donde está ahora concentrado el Frente 58 de las Farc, fueron asesinadas  cinco personas por el tema de la compra y venta de la coca, entre ellas dos reconocidos líderes que socializaban los beneficios del proceso de sustitución de cultivos ilícitos entre las familias cocaleras de la región.

 Esos crímenes paralizaron el proceso al punto que sólo hasta el pasado 2 de mayo se logró la firma, por parte de las comunidades, de un acuerdo de voluntad de adelantar la sustitución.

El acuerdo se iba a firmar el pasado 22 de mayo, pero la Fuerza Pública recomendó que no se hiciera la reunión en la que se presentaría “porque no estaban dadas las condiciones de seguridad”, según nos detalló Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución. Apenas ayer 17 de junio se reunieron y finalmente firmaron el acuerdo general.

 La otra complejidad en esa zona es que el Clan del Golfo ha aumentado el pago por el kilo de la hoja de coca, lo que hace que esa actividad siga siendo atractiva para algunas familias cocaleras.

 Según nos contaron por aparte dos campesinos de la zona (uno de Saiza y otro de Juan José, veredas de Tierralta y Puerto Libertador), como las Farc han dejado de lado el tema de la compra de la hoja de coca ahora los emisarios del llamado Clan del Golfo llegan directamente a comprarle la hoja a los campesinos a $2,3 millones, mientras que las Farc lo hacían a $1,7 millones.

 Así que aunque la sustitución ya despegó y hay ejemplos que muestran que la política es exitosa,  el Gobierno tendrá que meterle el acelerador para que la presión del discurso de Trump no cale. Y eso pasa por resolver el pulso entre Coccam y las demás organizaciones.