La política se despierta en el Catatumbo

Aún no ha terminado la concentración de la guerrilla y en el Catatumbo ya comenzó a verse cómo será el pulso político en la época post-Farc.

El episodio de Caño Indio

La erradicación de los cultivos de coca en Caño Indio, vereda del Catatumbo que fue escogida como una de las zonas transitorias para que las Farc se desarme e inicie su proceso de reincorporación, se convirtió en el detonante de una disputa política que desde hace meses se cocina en la región alrededor de la vocería de los campesinos sobre la intervención del Gobierno en sus territorios.

Como lo contó La Silla, en esa vereda en específico, que terminó siendo la última en arrancar de las 25 que funcionarán durante los próximos seis meses, se instaló casi que una segunda mesa de negociación para el tema de la coca.

La discusión fue tan larga como dispendiosa.

En ella, además de campesinos de Caño Indio, el Progreso, Chiquinquirá y el Mirador (cuatro veredas que funcionan como una en las inmediaciones de Tibú en el Catatumbo), y de delegados del Gobierno y las Farc, tomó parte la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat.

Ascamcat es una organización con afinidades ideológicas con las Farc que se creó en el 2005 y que empezó a sonar en todo el país tras liderar el paro agrario de 2013. En la negociación sobre la secuencia para erradicar la coca en el Catatumbo, como lo comprobó La Silla cuando presenció las negociaciones, fue la que terminó liderando la discusión del lado de los campesinos.

Los tres voceros de Ascamcat, además de otros aliados en la zona como los presidentes de las juntas de acción comunal de las cuatro veredas, exigieron que el Gobierno les entregara tres salarios mínimos mensuales a las familias, bonos canjeables mensualmente por carne y proyectos productivos para sustituir la mata gradualmente; además de la posibilidad de mantener la coca sembrada como prenda de garantía.

El Gobierno se mantuvo en que lo que les podía ofrecer a los campesinos -que estaba enmarcado en el Acuerdo con las Farc- era un millón mensual por doce meses, una huerta casera para cada familia y un proyecto productivo a largo plazo, con la condición de que la coca se erradicara inmediatamente.

Debido a que por varios meses no hubo acuerdo, y empezó a generarse incertidumbre sobre si Caño Indio continuaría o no como zona de transición, se levantó la polvareda en la vereda.

Parte de las 52 familias, que además de haber sido víctimas de la guerra de las Farc, del ELN, del EPL y de los extintos paramilitares, viven en un grado de abandono tal que no tienen ni agua ni luz, empezaron a temer que la inversión que por fin les llegaría, se esfumaría por las exigencias de Ascamcat.

Los primeros visos de esa división empezaron a notarse entre el 6 y 7 de diciembre, en momentos en los que la delegación del Gobierno, las Farc y la ONU estaban en Caño Indio, y algunos campesinos no pudieron entrar a las reuniones de los delegados.

Pero la consolidación llegó más adelante cuando un campesino llamó a Caracol Radio pidiendo la reserva de su nombre y le dijo a un periodista que en la vereda había una porción de habitantes que no querían que Ascamcat los representara porque se sentían desconocidos.

“Nosotros somos quienes vivimos aquí, las Farc entrará a compartir con nosotros y no nos dejan ni opinar, salimos regañados, las reuniones son a puerta cerrada qué sentido tiene una zona veredal donde la comunidad no es tenida en cuenta”, dijo el campesino en Caracol.

La afirmación generó una reacción en cadena. Ascamcat emitió un comunicado diciendo que rechazaba que se publicaran “a nombre de nuestra comunidad palabras que no son de nuestra aceptación colectiva”, con lo que en alguna medida confirmó que lo que no era aceptado por ellos no lo consideraban legítimo así viniera de las mismas personas que decían representar. Y entonces en Caño Indio se empezó a gestar una especie de disidencia contra esa organización.

Una fuente que lo sabe de primera mano y que está en la zona, le contó a La Silla que de las 52 familias de Caño Indio ya hay 20 que están organizándose paralelamente para hablar directamente con el Gobierno sobre el aterrizaje de los acuerdos en su vereda.

“Ellos (Ascamcat) sienten que son los representantes y son los que quieren negociar con el Gobierno pero truncaron muchas cosas y pusieron muchos obstáculos... ellos dicen que son los que se van a encargar de todo lo que vendrá y eso no es cierto… lo que no quieren permitir esas familias es que haya intermediarios. Ellos ya no tienen miedo”, aseguró esa fuente.

El discurso que están manejando esas familias en Caño Indio coincide con el espíritu del acuerdo de La Habana, que lo que busca es construir la paz desde los territorios y con los campesinos como protagonistas, y además revela dos cosas: que sin la presencia armada de las Farc, la posibilidad de que aparezcan nuevos liderazgos políticos ya es un hecho y que Ascamcat ha ido perdiendo poder.

Juan Carlos Quintero, uno de los fundadores de Ascamcat y vocero de esa asociación, le dijo a La Silla que si bien ellos lideraron la socialización de los acuerdos y quieren estar al frente de la implementación, no están en contra de que se creen otras asociaciones.

“Uno entiende que uno no le puede caer bien a todo el mundo. Sabemos que hay varios actores y nosotros solo somos uno de ellos”, aseguró.

Al final en medio del pulso interno en Caño Indio, y para evitar que les trasladaran la zona veredal por falta de acuerdos a una zona en la que no tuvieran , Ascamcat terminó aceptando las mismas condiciones que se implementaron en las demás zonas veredales entre los campesinos y el Gobierno. Es decir, su pelea solo sirvió para retrasar la implementación del cronograma del proceso de de reinserción de las Farc

El factor Ascamcat

Ascamcat se constituyó el 19 de diciembre de 2005 cuando se cumplía un año de la desmovilización del Bloque Catatumbo de los paramilitares, grupo que comandó una ola de terror que dejó cientos de desplazados y muertos en esa región.

Aunque en el papel en esa época debía volver la calma al Catatumbo, las operaciones Fortaleza I y Fortaleza II del Ejército dirigidas contra las Farc y el ELN en el marco de la política de Seguridad Democrática de Uribe, propiciaron la creación de Ascamcat.

“Esas operaciones dejaron 500 personas desplazadas de una vereda que se llama El Suspiro, por los lados de La Gabarra. Ahí nosotros con las pocas capacidades que teníamos de desarrollar unas denuncias y el apoyo de varios líderes del Catatumbo que llevaban un trabajo y conocían a organizaciones sociales, fuimos hasta Bogotá y pusimos las denuncias”, le dijo a La Silla Quintero.

Ese viaje les sirvió también para conocer a líderes de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Acvc, que fue el modelo de base con el que crearon Ascamcat, que ya constituída, empezó a expandirse en varios municipios del Catatumbo.

Desde ese entonces, esa asociación ha liderado dos procesos con los que lograron llamar la atención del Estado.

El primero fue un Refugio Humanitario que crearon en abril de 2009 y que duró hasta agosto de 2010.

En esa ocasión, después de instalar por primera vez la Mesa de Interlocución Agraria, MIA, llegaron a unos acuerdos de inversión y por primera vez socializaron con el Estado su modelo de sustitución de cultivos ilícitos y su intención de crear la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo.

Además, iniciaron, en palabras de Quintero, “su proyecto político”, que como lo ha contado La Silla, está ligado a Marcha Patriótica, cuya líder más visible en el país es Piedad Córdoba.

El segundo fue el paro agrario de 2013 que lideraron en Norte de Santander y que sitió por 53 días al país.

Ese paro fue tan productivo como controversial para ellos.

Aunque por una parte lograron figuración nacional y revivieron la implementación de los acuerdos de la MIA, que en 2010 no despegaron, terminaron desprestigiados dentro del Catatumbo porque cercaron a Tibú y lo desabastecieron; y además, alejaron a varios de sus seguidores.

Según le contaron a La Silla organizaciones sociales con injerencia en el Catatumbo, autoridades y los mismos campesinos, acudir al paro no era necesariamente voluntario.

“Para la convocatoria decían que quien no iba al paro estaba obligado a dar gallinas o a poner algo para darles alimento a los que sí asistían”, dijo una de esas fuentes.

Otra contó que “hubo sectores que no querían asistir y por eso líderes de Ascamcat y de otras organizaciones se enfrentaron y discutieron... Ellos son muy autoritarios. Uno se siente como intimidado cuando no hace lo que ellos quieren porque pues con lo de las Farc uno prefería seguirles el juego”.

Aunque Ascamcat ha negado tener alguna vinculación con las Farc más allá de las evidentes coincidencias ideológicas que guardan, en el Catatumbo, desde campesinos de a pie hasta autoridades locales dicen que la cercanía es mayor, y que el proceso de paz de La Habana fue prueba de eso.

“Con esto es muy difícil que lo nieguen porque ellos se proclamaron los únicos interlocutores válidos del acuerdo con esa guerrilla. Mucha gente terminaba afiliándose a Ascamcat porque sabían de la cercanía y temían que si no estaban con ellos no se iban a ver favorecidos”, le dijo a La Silla una de esas fuentes.

Juan Carlos Quintero, de Ascamcat, tiene una versión muy diferente.

Por una parte negó que quienes asistieron al paro lo hubieran hecho obligados porque permanecer 53 días en él, durmiendo a la intemperie y enfrentándose al Esmad no era algo que un campesino hiciera obligado.

“Nosotros calculábamos 2 mil personas y llegaron 20 mil. Eso es muestra de que era una lucha común, eso fue un sentir”.

Sobre lo de las Farc, Quintero explicó: “Esas son afirmaciones malintencionadas que en todos estos años nos han hecho mucho daño. No es que seamos amigos de las Farc, nosotros somos un actor social, y así como hemos hablado con las Farc, lo hemos hecho con el EPL, con el ELN, con el Ejército y hasta con el presidente Juan Manuel Santos”.

Dice que conocen a muchos guerrilleros porque ellos nacieron allá, son hermanos o primos o hijos de alguien, fueron en algunos casos vecinos.

“Eso no nos hace que seamos de las Farc, porque es que aquí hay que ser claros, las Farc no son unos extraterrestres, son humanos y campesinos de la zona que por uno u otro motivo llegaron allá”, dice Quintero. “Una cosa es que como actores sociales tengamos una relación con ellos y otra es que nos juntemos con ellos para cometer un delito. Esa es la diferencia”.

La ejecución de los acuerdos de la Mesa de Interlocución Agraria, que desde 2013 revivió tras el paro agrario, también ha terminado relegando a Ascamcat.

Aunque el pliego de peticiones tiene programas que benefician a toda la región, y como lo ha contado La Silla, la implementación de esas peticiones ha avanzado a paso lento y eso en principio debería propiciar que todos los campesinos presionaran para que se ejecutara lo prometido, el apoyo solo lo tienen por parte de los afiliados de Ascamcat.

Algunos dicen que esos proyectos solo benefician a los asociados de Ascamcat, otros hablan de que no tienen claridad sobre la recursos, cómo se están invirtiendo y si efectivamente está llegando.

Tanto en Ascamcat como en el Ministerio de Agricultura le confirmaron a La Silla que esa asociación no ha ejecutado dinero y que todo lo que se ha aterrizado ha sido a través de operadores puestos desde Bogotá y funcionarios; por lo que la falta de apoyo es más una muestra de que no representan a toda la región y de que no son el principal interlocutor del Catatumbo, algo que sí repiten con frecuencia.

El pulso político entre los campesinos

En el Catatumbo existen varias organizaciones campesinas que reclaman reconocimiento del Estado.

Además de Ascamcat, está el Comité de integración social del Catatumbo, Cisca, que tiene afinidades ideológicas con el ELN; el Movimiento Constituyente Popular, MCP, que es afín a los planteamientos políticos del reducto del EPL que opera en el Catatumbo; y la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Asojuntas, que en cada municipio tiene su propio organigrama, y está compuesta por los presidentes de juntas de acción comunal que no están en ninguna de las otras tres organizaciones.

Cada una, con sus propias complejidades, representa una porción de habitantes en el Catatumbo que tienen en común que quieren que el Estado les arregle las vías, les construya centros de salud y colegios, les ponga agua y luz, y les asegure condiciones para dejar de cultivar coca sin aguantar hambre.

La manera en la que están reclamando su espacio es de alguna forma la muestra de lo que va a empezar a ocurrir en todas las regiones donde el posconflicto -con la inversión- va a empezar a aterrizar.

Antes del episodio de Caño Indio, el caso más reciente que mostró la complejidad política de lo que se avecina en el Catatumbo fue en julio de 2016 y tuvo como protagonistas a Ascamcat y a Asojuntas del corregimiento de La Gabarra en Tibú.

El 28 de ese mes, Ascamcat se levantó de la Mesa de Interlocución Agraria asegurando que el Gobierno se “saltó la metodología” y se “paró de la mesa sin decir adiós”.

Sin embargo, La Silla conoció el acta de esa reunión, que está firmada por Jhony Abril, uno de los voceros de Ascamcat, y por el viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díazgranados, y la realidad fue otra.

En esa relatoría que fue hecha por las Naciones Unidas, uno de los garantes de esa mesa, queda claro que la que interrumpió las conversaciones fue la asociación campesina, que se molestó porque no le consultaron que delegados del Gobierno llegarían al día siguiente a Tibú para hablar con los campesinos.

Según ese acta, después de que les avisaron que el Viceministro no podía estar los dos días de la reunión, los delegados de Ascamcat salieron a discutir y cuando entraron anunciaron su retiro argumentando retrasos en la inversión y que los desconocieron.

“Así mismo, según Ascamcat, el Gobierno Nacional ha incumplido los compromisos y dilatado el proceso lo cual puede llevar a generar un conflicto en la mesa. Además señalan que el interlocutor de la región es Ascamcat porque fue el que lideró el paro campesino de 2013 y manifiestan no estar de acuerdo con el evento a ser realizado por el gobierno nacional en Tibú el día 29 de julio de 2016”

Aunque acto seguido, el Viceministro dijo que si el problema era su ausencia se quedaba en la reunión, los delegados de Ascamcat se fueron y su líder dijo que con la reunión en Tibú los habían “desconocido como interlocutor legítimo de los campesinos en la región”.

"Ellos no son los únicos interlocutores válidos en la región y eso lo tenemos claro. En este proceso nosotros queremos dialogar con todos y es una pena que Ascamcat se moleste por eso", le dijo a La Silla una alta fuente de Presidencia.

Esa posición, que es la misma que han mantenido todos los funcionarios del Gobierno cuando hablan del Catatumbo, pega en dos bandas.

Por un lado refuerza la teoría inclusiva con la que fue concebido el acuerdo.  Por otro, se convierte en una jugada política.  El hecho de que Presidencia no le dé protagonismo exclusivo a las organizaciones afines políticamente a las Farc en los territorios pone a compartir a esa guerrilla con otras organizaciones los réditos del acuerdo, que son la manera, en la que cultivarán su fortín.

Al día siguiente, en Tibú, afiliados a Ascamcat llegaron a protestar a la reunión en la que estaban reunidos dirigentes campesinos de otras asociaciones con el Ministro de Agricultura y del Interior, congresistas y otros funcionarios.

Ese hecho ocasionó que los integrantes de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de La Gabarra le reclamaran a Ascamcat por autoproclamarse como representantes de toda la región y le dijeran al Gobierno que gran parte de los campesinos del Catatumbo no están con ellos.

“Ellos dicen que tienen 10 mil afiliados pero que los muestren. Ellos solo representan a algunos y son muy pocos”, le dijo a La Silla un líder de La Gabarra. “Mire las juntas de acción comunal, perdieron y eso no es gratis, eso es porque ellos no representan sino a una parte de los campesinos.”

En medio de la puja política entre organizaciones, la pregunta del millón sigue siendo cómo va a llegar la plata de la paz a las zonas que por décadas han sido afectadas por la guerra y si efectivamente los protagonistas de su ejecución serán todos los campesinos.