La seguridad de Peñalosa depende del reemplazo de Santos

Con la llegada de más policías y la prohibición del parrillero hombre, el Alcalde puede lograr resultados a corto plazo. Pero solucionar los problemas de fondo requiere de decisiones de la Nación que es más factible que tome el próximo presidente.

La decisión que dio a conocer ayer el alcalde Enrique Peñalosa de prohibir el parrillero hombre en motos se suma a las medidas del plan de choque contra la inseguridad que él y el presidente Juan Manuel Santos anunciaron el fin de semana, que también incluye la llegada de 700 policías.

El problema tiene que ver puntualmente con el incremento del hurto a personas en Bogotá, pero ni el aumento de pie de fuerza ni la restricción del parrillero sirven para atacar la inseguridad como pretende el alcalde, ya que los problemas que necesita resolver para lograr soluciones estructurales en seguridad dependen más de la gestión del Presidente. Y teniendo Santos el sol a cuestas, será su remplazo el que defina si le mete el diente a este asunto.

Un problema nada nuevo

Entre 2016 y 2017 los hurtos a personas subieron de 37.837 a 62.169, casi el doble.

De entrada hay una discusión sobre esas cifras, debido, según el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, a que hubo un cambio en la metodología para contar esos casos.

Aunque contactamos a la Secretaría de Seguridad para entender mejor en qué radica el problema, no nos habían respondido al cierre de esta historia.

Sin embargo, Santiago Tobón, investigador de la Universidad de Chicago que ha estudiado las políticas de seguridad de la administración Peñalosa, nos dijo que el cambio metodológico obedece a que “las cifras de Policía combinan la información de la Dijín con la información de denuncias que tiene la Fiscalía, y no es claro cómo fue el cruce de esos datos, por lo que es posible que se haya generado la duplicidad de muchos datos”.

Tanto Mejía como los expertos que consultamos, de todas formas, coinciden en que el problema con el hurto es grande y, según ha declarado el Secretario, “es el delito que más afecta la seguridad ciudadana en Bogotá en este momento”.

Pero no es un asunto nuevo. Las tasas de hurto aumentaron de manera vertiginosa, según estadísticas de la Policía, durante casi toda la Alcaldía de Petro, y aunque al final comenzaron a bajar, el ritmo ha sido lento:

hurto_a_personas.jpg

Una tendencia similar muestran las estadísticas de victimización de la encuesta semestral de la Cámara de Comercio con un repunte tras la llegada de Peñalosa en 2016.

Y particularmente en moto, los robos vienen aumentando desde hace cuatro años, dijo ayer Mejía.

En medio de ese panorama, la Alcaldía ha impulsado trabajos de inteligencia que coordinan a la Policía con la Fiscalía, con la idea de desmantelar bandas (van 400 en estos dos años, según el Distrito).

Pero una ola de robos en moto en los últimos días (atribuida por el Distrito a una sola banda), sumada al atraco a una mujer embarazada en Rosales, un barrio de estrato alto en el norte de la ciudad, en el que los delincuentes la hirieron a tiros, llevó a que, en menos de una semana, el presidente Juan Manuel Santos ordenara el envío de 700 policías para reforzar el pie de fuerza (500 para vigilancia y 200 para que hagan inteligencia) y que Peñalosa decidiera prohibir el parrillero hombre en las motos de más de 125 centímetros cúbicos “temporalmente”, sin que aún se sepa hasta cuándo.

Ese plan de choque es un impulso, pero al tiempo genera interrogantes porque sus resultados a largo plazo son inciertos.

Dos de los expertos en seguridad que consultamos para esta historia (Hugo Acero, exsubsecretario de seguridad de Mockus y Peñalosa; y Jerónimo Castillo, director de seguridad y política criminal en la Fundación Ideas para la Paz) coinciden en interpretar el reforzamiento del pie de fuerza como una respuesta (“mediática”, dice Castillo) a lo ocurrido en Rosales.

Mientras que, sobre la restricción a los parrilleros, en el debate que abrimos en la Red Cachaca quienes están de acuerdo y en contra coinciden en que la medida no resuelve el problema de fondo.

Lo mismo había argumentado el propio Peñalosa el año pasado, cuando dijo que era “como vender el sofá”, pero ayer se aferró a que los afectados no son tantos y que alcaldes de otras capitales han implementado la medida con éxito.

Esta coyuntura, en todo caso, ha servido para que el Distrito y los que saben del tema pongan sobre la mesa los problemas estructurales que deben resolverse para encontrar las soluciones de fondo. Y por lo visto, por más que el alcalde se esfuerce, requiere una ayuda grande del Presidente.

Las limitaciones

Con la movilidad, la seguridad ha sido una bandera de Peñalosa.

Creó una secretaría que este año tiene para invertir 420 mil millones de pesos, casi tres veces lo que tenía en 2015 -último año de Petro- el Fondo de Vigilancia y Seguridad (hoy en liquidación).

La plata se ha ido, sobre todo, en equipar a la Policía, y en menor medida a la Fiscalía y el Ejército. Y mejoró las relaciones de la Alcaldía con esas instituciones y con el Gobierno Nacional, que en la era Petro fueron tensas y en algunos casos conflictivas.

Al tiempo, su estrategia para reducir los homicidios, basada en intensificar acciones en "puntos calientes" del crimen, hasta ahora ha sido exitosa.

Pero ha tenido limitaciones. Esa estrategia, por ejemplo, no ha sido efectiva contra los hurtos, como contó La Silla Cachaca.

Por eso el Alcalde, como sus antecesores, ha solicitado el aumento de pie de fuerza porque Bogotá está rezagada con respecto a las demás ciudades capitales (tiene 18 mil y requiere 27 mil, según Mejía). Son 234 policías por cada 100 mil habitantes, mientras que Medellín, por ejemplo, tiene 350. Y ha sido particularmente insistente, con alcaldes de otras ciudades, en la necesidad de que los jueces no dejen libres a los ladrones, para evitar que vuelvan a delinquir.

Atacar ambos problemas depende, sin embargo, del Gobierno Nacional, y por ende del Presidente, que es el que define si manda más policías y el que tiene más capacidad política de impulsar en el Congreso una reforma a la política criminal que permita que los jueces sean menos benévolos con los delincuentes.

A eso se suma que otro reto es la desarticulación de las estructuras que están detrás de las bandas de atracadores, y en eso también es clave el papel de la Nación.

El Distrito ha identificado 110 bandas dedicadas al hurto, pero, como dice Hugo Acero, “trabajan para unas organizaciones más grandes que trascienden Bogotá, y no las están atacando porque eso es un problema del Gobierno Nacional. Hay que saber, por ejemplo, dónde invierten su plata, así que en esto también debería estar la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda”.

“Mientras siga funcionando el mercado de productos robados existirá la estructura criminal”, agregó Jerónimo Castillo, de la FIP.

Y como Juan Manuel Santos ya va de salida, será su remplazo el que defina si toma decisiones en ese sentido, algo que depende de que el próximo presidente tenga una visión de mano dura que engrane con la del Alcalde.

Lo que sí deberá afrontar Peñalosa es la impopularidad de prohibir el parrillero.

Aunque recibió respaldo de concejales de Cambio Radical y de los verdes, juntó en la oposición a la medida a la izquierda del Polo y a la derecha del Centro Democrático. Además, le cobrarán que él haya defendido una posición contraria no hace mucho tiempo y que, a pesar de tratarse de una minoría dentro de quienes andan en moto (según las cifras que citó el propio Alcalde), tienen la capacidad de hacer protestas de impacto y mediáticas como la de anoche, cuando bloquearon carriles de Transmilenio.