Las concesiones de Santa Marta (y sus poderes detrás)

Malla Vial (Unión Temporal Concesión Santa Marta 2000)

Poder detrás: Los Gerlein y constructores samarios

Quien la entregó: Jaime Solano Jimeno

Años: 20

Plata: $90 mil millones (Entre 2000 y 2015)

Los poderes detrás de la concesión de malla vial son los Gerlein de Barranquilla, en cabeza del megacontratista Julio Gerlein, a través de Gerson S.A., y los constructores Germán Villanueva Calderón y Manuel Pérez Núñez, propietarios de las empresas samarias Construsocial Ltda y la antigua Zúñiga y Pérez Ltda (hoy Mipko Constructores), respectivamente. 

Esas tres empresas son los miembros de la unión temporal que se ganó el contrato de diseño, ampliación y mantenimiento de la malla vial, el 18 de agosto de 2000, y que el alcalde Rafael Martínez ya anunció que no renovará. Incluso espera encontrar los elementos jurídicos para terminarla antes del vencimiento del contrato.

El mandatario le dijo a La Silla Caribe, desde su despacho, que la concesión solo le propuso una inversión de $1.200 millones para los próximos cuatro años, tras reunirse dos veces con los representantes del concesionario. Calificó esa propuesta de "mínima" frente a los recursos millonarios anuales que reciben por sobretasa a la gasolina, que es la plata con la que se financian las obras viales. Estos han oscilado, en los últimos cuatro años, entre los siete mil y once mil millones de pesos por año y entre diciembre de 2000 y el primer semestre de 2015, sumaron $90 mil millones.

Desde su firma, este contrato ha tenido cuatro otrosíes para la inclusión de obras y especificaciones sobre los desembolsos de recursos. Como ha contado La Caribe, Gerlein, hermano del senador conservador Roberto Gerlein, es uno de los principales megacontratistas del país. A través de otra de sus empresas, Valorcon S.A., el Estado le ha contratado la construcción de vías y puentes. Su grupo también tiene concesionada la malla vial de Barranquilla hasta 2020, que por sobretasa a la gasolina recibe cerca de $32.500 millones anuales. Y hace parte del consorcio que, desde diciembre de 2014, opera el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de esa ciudad. Más recientemente, incursionó en uno de los proyectos más grandes de la capital del Atlántico: el súper puerto de aguas profundas, cuya construcción está estimada en 1,8 billones de pesos.

El otro poder económico detrás de la malla vial es Manuel Pérez Núñez. Él es un reconocido constructor samario, que está en el negocio de la construcción desde hace 29 años. A través de su empresa, ha levantado centros comerciales, conjuntos residenciales y edificios en Santa Marta. Y desde 2001, además de la construcción inmobiliaria, incursionó en otros proyectos de infraestructura en los sectores privado y público. Uno de sus más recientes proyectos es la ampliación del puerto de contenedores de la Sociedad Portuaria de Santa Marta.

El tercer rostro de la concesión es Germán Villanueva Calderón. Con su empresa Construsocial, cuya actividad principal son los proyectos de ingeniería civil, Villanueva ha sido contratista de Fonade para obras en Risaralda y Guainía, y de las gobernaciones de Santander y Risaralda, para infraestructura escolar y vial.

Amoblamiento urbano (Unión Temporal Amoblamiento Urbano de Santa Marta)

Poder detrás: Jaime Hernando Lafaurie Vega

Quien la entregó: Hugo Gnecco Arregocés

Años: 20

Plata: $47 mil millones (Entre 2003 y 2014)

Esta concesión, que administra la publicidad en el espacio público de Santa Marta y por ahora el alcalde Martínez mantendrá, tiene detrás al empresario caldense Jaime Lafaurie Vega, quien ha sido contratista en proyectos y procesos relacionados con el tránsito en diferentes ciudades y gobernaciones del país.

Lafaurie es dueño de la empresa JV Inversiones y ha representado al Gobierno Nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de La Dorada, municipio del que es oriundo. También tiene participación en esta concesión Jorge Mejía García, propietario de la empresa barranquillera Comingel Ltda., que además fue dueña de la concesión de amoblamiento urbano de Valledupar, en asocio con el polémico empresario Gabriel 'el Turco' Hilsaca. El exalcalde Fredys Socarrás tumbó ese contrato en 2013.

Otra persona que es considerada dueña de la concesión de amoblamiento urbano de Santa Marta, pero de quien no encontramos vínculos con ninguna de las dos empresas que conforman la UT (Comingel Ltda y Jaime Lafaurie Vega), según el contrato de concesión y el otrosí que nos entregó la Alcaldía, es el exconcejal liberal Francisco 'Pachín' Paternostro, miembro de una tradicional familia política del municipio de Chibolo, en Magdalena.

Sin embargo, en octubre pasado, semanas antes de que se celebraran las elecciones regionales, La Silla tuvo acceso a un audio de una reunión en la que participaron los empleados de la UT, por convocatoria de Paternostro. En ella, el exconcejal pedía que votaran por su hermano Reinaldo Paternostro al Concejo de Santa Marta y por el actual alcalde Rafael Martínez.

En aquel momento consultamos con un empleado de la concesión, quien nos aseguró que Paternostro era uno de los jefes y por eso él había citado a esa reunión. También, para la misma época, recibimos copia de unas planillas de votos que circularon entre los empleados de la UT, tal como lo contamos en octubre en un artículo sobre las ayudas de la administración del entonces alcalde Caicedo y de los concesionarios para el candidato Martínez, hoy mandatario.

Cuando en octubre le preguntamos a Caicedo y Martínez sobre esa petición de votos, ambos se abstuvieron de darle declaraciones a La Silla. Tampoco nos habló en aquel momento el exconcejal Paternostro ni en esta ocasión, que le volvimos a escribir para preguntarle por su participación en la concesión.

Durante los últimos 16 años, la UT de amoblamiento urbano se ha encargado de la publicidad ubicada en paraderos, mogadores, cerramientos pasavías o esquineros. Solo entre 2003 y 2014, la Alcaldía le desembolsó $47.145 millones, por recursos que corresponden al 10% del impuesto de Industria y Comercio y al complementario de avisos y tableros. Sobre este último comenzó a recibir la totalidad desde 2013, ya que hasta 2012 solo le correspondía el 90%.

Recaudo de tránsito (Siett)

Poder detrás: Jaime Hernando Lafaurie Vega

Quien la entregó: El hoy liquidado Instituto de Tránsito durante alcaldía de Hugo Gnecco Arregocés

Años: 20

Plata: $26.091 millones (Entre 2003 y 2014)

Desde el 22 de enero de 2003, esta concesión la tiene la Unión Temporal Servicios Integrales y Especializados de Transito y Transporte (Siett), de la que hacen parte tres empresas y cuyo poder más visible es el mismo empresario dueño de la concesión de amoblamiento urbano: el caldense Jaime Hernando Lafaurie Vega.

Además del contrato del tránsito en Santa Marta, Lafaurie Vega se ha ganado una docena más en otras ciudades. Por ejemplo, a él la Alcaldía de La Dorada, en Caldas, le contrató la instalación y manejo del software de multas y comparendos de ese municipio. En 2014, la Gobernación de San Andrés le adjudicó, como miembro de una unión temporal, la sistematización de información de la Secretaría de Movilidad. Y entre 2003 y 2009 manejó el Patio Fontibón, en Bogotá, que es uno de los sitios dispuestos por la Secretaría de Movilidad de esa ciudad para el parqueo de los vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito. Antes, la Alcaldía le había contratado el manejo de otros patios.

Por ahora, el alcalde Martínez no buscará tumbar ese contrato, que vence en 2023 y fue firmado durante la administración de Hugo Gnecco Arregocés, condenado a nueve años de cárcel por prevaricato y celebración indebida de contratos. Desde entonces y hasta junio de 2014, según información de la Secretaría de Hacienda, el concesionario ha recibido unos $26 mil millones por gestionar el cobro los impuestos de tránsito y las multas en Santa Marta.

Además, desde 2006 tiene la administración e instalación de los semáforos, tras un otrosí firmado por el alcalde José Francisco 'Chico' Zúñiga, condenado por parapolítica.

El Siett maneja el contrato de recaudo y manejo de impuestos y multas de tránsito en Cundinamarca. Y según información institucional de la misma empresa, ha sido contratista de las alcaldías de La Dorada, Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena, Medellín y Bogotá. Además de JV Inversiones, que es la empresa de Lafaurie Vega, participan en la concesión las firmas de Bogotá Cira S.A. y de Cali Alternativa Financiera Ltda, cuyos representantes legales son Luis Fernando Páramo Delgado y Fernando Vicente Acosta Gil, respectivamente.

Agua (Metroagua)

Poder detrás: Grupo Inassa de España y William Vélez

Quien la entregó: Alfonso Vives Campo

Años: 28 con otrosíes

Plata: Aproximadamente $47 mil millones por año

Este contrato de arrendamiento de redes de acueducto y alcantarillado, que firmó la Alcaldía de Santa Marta con la empresa Metroagua el 27 de noviembre de 1989, ha sido el más polémico desde la administración del exalcalde Carlos Caicedo, quien manifestó su interés de acabarlo por calificarlo de "leonino" y en "detrimento de las finanzas" de la ciudad. La misma posición ha mantenido su heredero político, el actual mandatario Rafael Martínez. El alcalde ya dijo que en 2017, cuando se le venza el contrato de arrendamiento de redes a Metroagua, el Distrito no se lo renovará.

Metroagua ha tenido varios dueños, pero hoy sus principales accionistas privados son la empresa española Inassa y las firmas del antioqueño William Vélez Termotécnica Coindustrial S. A. y Eléctricas de Medellín. Inassa es la que tiene mayor participación accionaria. También integran la junta de accionistas, el Distrito y firmas locales, con porcentajes minoritarios.

Inassa es una filial de Canal de Isabel II, que opera el acueducto de la capital española Madrid, y en Colombia es accionista de las empresas de acueducto y alcantarillado de Barranquilla Triple A y Riohacha Asaa. Además, el grupo Inassa tiene empresas de acueducto en Ecuador, Panamá, República Dominicana y Brasil.

El contrato ha tenido cinco modificaciones, vía otrosíes. En una de ellos, con fecha del 2000, cuando el alcalde era Hugo Gnecco Arregocés (condenado por prevaricato y celebración indebida de contratos), el Distrito dejó de ser el interventor de la empresa para darle paso a un particular. Desde entonces, Decolda S.A. le hace la interventoría a Metroagua. Con ese cambio, perdió validez una cláusula inicial del contrato que contemplaba la posiblidad de terminación del mismo, por parte del Distrito, por incumplimiento del operador Metroagua.

Alumbrado público (Unión Temporal Diselecsa Ltda - Eléctricas de Medellín Ltda)

Poder detrás: Willam Vélez

Quien la entregó: Edgardo Vives Campo

Años: 20

Plata: $13.600 millones anuales

Desde el 7 de febrero de 1997, el alumbrado público de Santa Marta está en manos de los Merlano, una tradicional familia de Sucre, a través de la empresa Diselecsa, y del 'cacao' del alumbrado público y del aseo de Colombia William Vélez, dueño de la otra firma que integra la UT, Eléctricas de Medellín Ltda.

El actual alcalde Rafael Martínez anunció que no les renovará el contrato. Esta semana, les pidió "un plan de reversión" para comenzar el proceso de liquidación y los pliegos licitatorios con miras a una nueva empresa de alumbrado público.

Martínez le dijo a La Silla que busca que el nuevo concesionario invierta $60 mil millones para cambiar al sistema LED las lámparas de las principales avenidas, y ahorrar así más energía.

Las dos empresas del alumbrado público de Santa Marta están entre las poderosas de ese servicio en el país. Por un lado está Distribuciones Eléctricas de Sabanas S.A. (Diselecsa), que también maneja el alumbrado público en Barranquilla y en Neiva. En el caso de la capital del Atlántico recibe el 75% del impuesto de alumbrado público y desde 1996, cuando comenzó la concesión a 20 años, el contrato generó polémica porque esa ciudad se convirtió en la primera del país en privatizar su alumbrado público. Las tarifas incluso han llegado a ser catalogadas por la prensa como las más caras del país.  

Diselecsa nació en 1988 en Sincelejo y un año después cambió su domicilio a Barranquilla. Sus dueños son Remberto el 'Mono' Merlano y Adolfo Ahumada Altahona.

Merlano es considerado un hombre poderoso del alumbrado público en Colombia porque, además de Santa Marta, Barranquilla y Neiva, tiene las concesiones de Soledad, Cúcuta, Sincelejo y Girardot. Hace parte de la tradicional familia de políticos de Sucre, a la que pertenecen el exalcalde de Sincelejo Jaime Merlano, el exsenador condenado por parapolítica Jairo Merlano y su hijo, el también exsenador Eduardo Carlos Merlano, destituido tras intentar persuadir a unos policías en Barranquilla, que le querían practicar una prueba de alcoholemia por manejar alicorado.

Otros dos Merlano hacen parte de la junta directiva de Diselecsa: Katia Vergara Merlano y Luis Miguel Merlano Hoyos.

El otro dueño del alumbrado público de Santa Marta es el megacontratista antioqueño William Vélez, propietario del conglomerado empresarial Grupo Ethus, de la que hace parte Eléctricas de Medellín Ltda (Edesam). Vélez, además de manejar las concesiones de alumbrado público de varias ciudades, es el zar del aseo a través de su empresa Interaseo, que maneja la recolección de basuras en 48 municipios y ciudades de Colombia. Entre ellas Barranquilla, Santa Marta, Pereira y Valledupar. También opera rellenos sanitarios y tiene presencia, con el negocio del aseo, en Panamá, Ecuador, Perú y Chile.

Sus empresas se han ganado contratos para la construcción de vías, como tramos de Transmilenio en Bogotá, o el nuevo aeropuerto El Dorado. Además tiene participación en una de las firmas de ingeniería más grande del país Odinsa y acciones en varias del sector eléctrico.

Por la tasa de servicio de alumbrado público en Santa Marta, el concesionario de alumbrado público recibió, entre 2011 y 2015, $68.193 millones. Estos recursos corresponden a un impuesto sobre el consumo de energía, que varía según el estrato económico del usuario: los que están entre el uno y el tres pagan el 7%, mientras que los del cuatro al seis, los industriales y comerciales, el 9%.

Aseo (Interaseo)

Poder detrás: William Vélez

Quien la entregó: Hugo Gnecco Arregocés

Años: 34 con dos otrosíes

Plata: $31.500 millones anuales

Desde 1993, William Vélez maneja el negocio de las basuras en Santa Marta a través de su empresa Interaseo, que para la época de la firma de esa concesión se llamaba Consorcio Termotécnica Coindustrial SA - Incicon SA.

El alcalde Rafael Martínez le dijo a La Silla que, por ahora, no piensa iniciar ningún proceso de liquidación contra esta concesión. Martínez se reunió con William Vélez en su despacho y le pidió que le presentara un proyecto para manejar el sistema de basuras por contenedores y evitar así las pilas de desechos en las calles. Con ese esquema, Interaseo tendría que instalar una red de contenedores en toda Santa Marta para que haya una mayor organización de las basuras y se ayude a alargarle la vida útil al relleno sanitario. Interaseo todavía está elaborando la propuesta, le dijo Martínez a La Silla.

Esta concesión la entregó la Empresa de Servicios Públicos de Aseo de Santa Marta (Espa), durante la primera administración de Hugo Gnecco Arregocés, condenado por prevaricato y celebración indebida de contratos. Desde entonces, Espa es la encargada de hacerle la interventoría a Interaseo, que también tiene a cargo la operación del relleno sanitario Palangana de Santa Marta y recibe unos $31.500 millones anuales por el pago que hacen los usuarios del servicio de aseo.

El contrato ha tenido dos otrosíes de prórroga: con el primero, firmado en 1997 durante la administración de Edgardo Vives Campo, Interaseo aseguró su operación hasta 2007. Y con el segundo, que tiene fecha de 2005, ser el operador de las basuras hasta 2027.

Justo por ese segundo contrato aparecieron mencionados en el computador del exjefe paramilitar 'Jorge 40' los hermanos Luis Miguel y Álvaro Cotes Vives, más conocidos en Santa Marta como Los Conejos y cuñados de quien era el alcalde en ese momento José Francisco 'Chico' Zúñiga, condenado por parapolítica. Zúñiga es, además, esposo de la actual gobernadora del Magdalena Rosa Cotes Vives.

Los Conejos aparecen en un documento titulado 'Escenario residuos sólidos Santa Marta', con fecha de 2005. Según esa narración, supuestamente estaban presionando al dueño de Interaseo William Vélez para que les entregara una comisión a cambio de la prórroga de la concesión.

Esa actitud es criticada por quien redactó el documento. “Es ridículo la pretensión de los conejos de que porque WV (William Vélez) posee un patrimonio muy grande y que porque sus empresas son rentables, por ser representantes de la administración tienen derecho a parte del patrimonio de WV sin haber inventado, gestionado y/o ejecutado algún proyecto”, son las palabras textuales que encontró la Fiscalía en el computador de 'Jorge 40'.

Para esa época, la Alcaldía, a través de la empresa Espa que presidía el alcalde Zúñiga, negociaba con Interaseo la prórroga porque debía construirse un nuevo relleno sanitario y que, como contó La Silla, era una asignatura pendiente de la Alcaldía porque la Corte Constitucional se lo había ordenado en 1997.

También, como contó La Silla, los hermanos Cotes Vives tenían mucha influencia en la administración de su cuñado Zúñiga porque le financiaron su campaña.

Megacolegios (Unión Temporal Compañía de Jesús - Fe y Alegría, y Corporación Pino Verde)

Poder detrás: Los Jesuitas

Quien la entregó: Juan Pablo Díaz - Granados

Años: 11

Plata: $62.011 millones

Desde 2011, tres megacolegios construidos durante la administración del alcalde Juan Pablo Díaz - Granados, tras una inversión de $27.000 millones, los tienen en concesión dos privados: la orden religiosa de los Jesuitas, a través de la Compañía de Jesus y de Fe y Alegría, y la Corporación Pino Verde de Pereira.

Hasta ahora el alcalde Martínez ha dicho que mantendrá esta concesión, que tuvo un costo de $62.011 millones y por la que la Contraloría se pronunció en 2012, porque según ese ente no hubo estudios que soportaran la entrega en concesión de las tres escuelas: La Paz, Cisne y Bureche.

La Compañía de Jesús, cuya máxima autoridad en Colombia es el provincial, padre Carlos Eduardo Correa, tiene presencia en 122 países y en 70 de ellos orienta y dirige unas cuatro mil entidades educativas. En el caso colombiano, los jesuitas son dueños de la Universidad Javeriana, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que trabaja temas de paz, y administran 86 escuelas, bajo la organización Fe y Alegría.

Fe y Alegría es uno de los megacontratistas de la era Char en Barranquilla, como contó La Silla y según el Registro Único de Proponentes, ha tenido 48 contratos con diferentes entidades públicas del país. Entre ellas, el Icbf, Fonade y la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Su representante legal es Elvira Gómez de Guarín.

En cuanto a la Corporación Pino Verde su representante legal es Luz Estela Ríos Patiño y administra, además del colegio La Paz en Santa Marta, la Intitución Educativa Mandela, en Cartagena, y el colegio Pino Verde, en Pereira. Ríos ha sido destacada por el Concejo de Pereira por su aporte a la educación de esa ciudad como rectora del Colegio Pino Verde. En 2013 fue nombrada por la Presidencia, miembro suplente, en representación del Gobierno Nacional, en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pereira.