Las diez preguntas de los empresarios sobre la Habana

Faltan decidir los ‘pendientes’ frente a tierras

En el documento publicado por la Andi y Proantioquia enumeran varios temas pendientes que aún no se han decidido en la Habana, a pesar de que ya pareciera estar culminando la negociación.

Entre estos temas está la elaboración de un sistema general de información catastral que aún está siendo licitado y que sería la espina dorsal de varios de los acuerdos como el Fondo de tierras y toda la estrategia para formalización masiva de predios.

También está por resolverse de dónde van a salir las tierras para el Fondo de Tierras. ¿Cuántas hectáreas? ¿dónde? ¿Para cuántas familias campesinas?.

¿Cómo se integrarán el Tribunal de Paz y la Comisión de la Verdad?

Una preocupación de los empresarios y de muchos otros sectores es cuál va a ser el mecanismo para elegir a los magistrados que van a juzgar los casos más graves de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto.

Este es un tema que se debate actualmente en la Habana. Lo mismo la elección de los miembros de la Comisión de la Verdad.

¿Cómo evitar que la Comisión de la Verdad se vuelva una cacería de brujas contra civiles?

En el documento de la Andi y Proantioquia se recoge una preocupación que ya había expresado el Consejo Gremial en noviembre. Y es cómo evitar que en la construcción de la verdad del conflicto se iguale a los combatientes que jugaron un papel activo en el conflicto con civiles que terminen siendo víctimas de “sindicaciones temerarias”.

“Es de esperar que la labor del Ministerio de Justicia esté encaminada a crear condiciones para blindar el Sistema, y en general, para asegurar por todos los medios posibles, que la Justicia en Colombia sea un garante de la paz, y que no se convierta en un nuevo escenario de confrontación y de conflicto”, dice el documento.

¿Cuál es el plan para acabar con los cultivos de coca?

El gremio de los industriales en varios puntos de su reflexión sobre la Habana le preguntan al Gobierno cuál va a ser la estrategia para sustituir de manera efectiva los cultivos ilícitos y evitar que otros grupos ilegales copen esos territorios, sobre todo teniendo en cuenta su inusitado crecimiento en el último año.

¿Cuál es la garantía de que las Farc no harán política con armas ni con plata mal habida?

Andi y Proantioquia parecen aceptar de entrada que la guerrilla participará en política. Pero le dejan claro a las Farc que la sociedad no aceptaría que lo hicieran basandose “en el uso o tenencia de las armas”, descartando así la posibilidad que a veces ha dejado flotando en el ambiente la guerrilla de que aunque no las usarán de alguna manera mantendrían viva la posibilidad de eventualmente acceder a ellas si no les cumplen. También hacen un llamado de alerta para garantizar que su participación en política no se financie con recursos producto del narcotráfico o de la minería criminal.

¿Cuál es el plan para desmantelar las bandas criminales?

Para los industriales es una preocupación central cómo piensa el gobierno desmantelar las economías ilegales que han alimentado el conflicto armado y hacen un llamado a persistir en el esfuerzo de acabar con las bandas criminales que se nutren de estos negocios y los protegen.

¿Cómo van a ser las políticas para desarrollar el campo?

Los empresarios reflejando una preocupación generalizada en varios sectores y alineados con las conclusiones de la Misión Rural, le piden al gobierno que el desarrollo rural no se vaya a hacer con políticas expropiatorias ni a punta de subsidios agrícolas permanentes o de políticas agrarias asistencialistas e insostenibles económicamente. 

¿De dónde va a salir la plata?

Los empresarios saben que ejecutar los acuerdos de paz costará mucha plata y que seguramente ésta saldrá principalmente de sus bolsillos. Por eso, una preocupación que manifiestan es sobre la sostenibilidad fiscal de los acuerdos.

“En aras de construir la paz de forma sostenible, las FARC, el Gobierno Nacional y la sociedad deben ser conscientes de las limitaciones fiscales que enfrenta el país”, dice el documento de la Andi y Proantioquia. “Gran parte de los acuerdos de La Habana suponen erogaciones que pueden, incluso, minar la estabilidad macroeconómica del país. El espacio fiscal para fnanciar el post-conficto es reducido. La confluencia de la reforma tributaria, con la gradualidad del desmonte de impuestos transitorios, abrirá una pequeña ventana fiscal en los próximos dos años, que podría ser aprovechada para atender la implementación de los acuerdos, pero para que ello ocurra el gasto deberá privilegiar acciones que fortalezcan el crecimiento y el desarrollo económico, y no medidas asistencialistas que no resultan sostenibles”

¿Cuál es el alcance jurídico de la incorporación del Acuerdo Final a la Constitución?

En la reunión del Consejo Gremial con Santos, Manuel José Cepeda, el ministro del Interior Cristo, el senador Roy Barreras y el jefe negociador Humberto de la Calle (que Santos trajo desde la Habana expresamente para la reunión de tres horas), los gremios expresaron sobre todo sus dudas jurídicas sobre el acuerdo logrado la semana pasada para meter lo pactado en la Habana dentro de la Constitución.

Sus preocupaciones centrales era qué implicaría en la práctica añadirle al ‘tomo’ de la Constitución actual otro ‘tomo’ casi o más largo que es el Acuerdo Final.

Surgieron preguntas como, por ejemplo, si la posibilidad de invertir en proyectos agroindustriales quedaría sujeta al marco de interpretación del Acuerdo con las Farc, que ahora entrará a formar parte de la Constitución.

También tenían dudas sobre en realidad cuál es el margen de discusión que tendrá el Congreso si su facultad respecto a al punto del ‘Acuerdo Especial’ es solo aprobar o improbar lo acordado. Y plantearon si la Corte Constitucional podría entrar a hacer valoraciones de fondo sobre el Acuerdo o solo de forma (sobre lo que también tenían reparos por habe sido introducido en séptimo debate del acuerdo legislativo por la paz).

“Tenemos la preocupación de que el acuerdo tiene un lenguaje político aspiracional mientras que la Constitución tiene un lenguaje jurídico. Queríamos saber cómo se artícularía eso”, dijo a La Silla Santiago Montenegro. “Nos explicaron que será acotado a los temas y desarrollos jurídicos que tengan que ver con el acuerdo y también su temporalidad. Pero eso no está escrito en el Acuerdo”.

¿Cómo vamos a participar los ciudadanos?

Tanto en la reunión del Consejo Gremial como en el documento de la Andi y Proantioquia queda explícita la preocupación por cómo se garantizará que los ciudadanos refrenden o no el acuerdo con las Farc.

“Independiente del mecanismo, las FARC y el Gobierno deben tener claro que la sociedad colombiana quiere hacer parte del proceso y por tanto el constituyente primario debe ser oído y consultado. Se requiere una participación democrática de aquellos que apoyan el proceso y aquellos que no”, dice el documento.

En la reunión con el Presidente, el Consejo Gremial también expresó su preocupación sobre la secuencia que tienen los pasos jurídicos para que el Acuerdo con las Farc entre a formar parte de la Constitución, y en particular, si la refrendación se hará antes o después de que el Acuerdo entre en la Constitución y si para ese momento las Farc ya habrán dejado las armas.