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Lo ocurrido el martes en Alto Mira pasa a días de que la Corte Constitucional revise una sentencia sobre el uso del herbicida.
Las minas en Tumaco le dan combustible al uribismo para defender el glifosato
Foto: Mindefensa.
Ayer falleció un erradicador que quedó herido en la explosión de una mina antipersona en la zona rural de Alto Mira y Frontera en Tumaco, Nariño. Es la segunda víctima mortal de la explosión, que ocurrió en medio de un operativo de erradicación forzada de cultivos ilegales, que dejó 10 heridos más.
Esas muertes revivieron las voces que piden que la principal estrategia para erradicar los cultivos ilícitos sea asperjar con el glifosato, comenzando por el jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe.
Grupo de erradicación cae en campo minado. Policía muerto y 11 heridos. Hasta cuando? Hora de la Verdad
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 27 de febrero de 2019
Se necesita la fumigación
La situación puede darle munición a esa postura justo a una semana de que la Corte Constitucional revise cómo ha sido la aplicación de su sentencia de 2017 que puso estrictas condiciones para el uso de este herbicida.
Además, en lo local, revivió viejas tensiones pero siempre presentes entre campesinos y cocaleros que no se acogieron al Programa de Sustitución de Cultivos (Pnis) y la fuerza pública.
La munición
El próximo jueves la Corte Constitucional hará una audiencia pública para revisar cómo se ha implementado su sentencia de 2017 que puso para el regreso del glifosato.
Como en su decisión exigió pruebas científicas de que no existen daños a la salud al usar el herbicida, que se consulte previamente a las comunidades afectadas y que haya representación étnica en el Consejo de Estupefacientes, y como el Gobierno Duque incluyó la aspersión en su política de drogas, incluyendo planes pilotos para hacerlo con equipos teledirigidos, la Corte convocó a varias entidades del Gobierno a que expliquen qué decisiones han tomado y con qué sustentos.
Eso pondrá sobre la mesa la postura de retomar la aspersión, que desde el inicio del Gobierno defiende el ministro de Defensa, Guillermo Botero, la voz más radical sobre el tema. Esa postura ha ganado tracción en el Gobierno, como muestra que se haya sumado la voz más moderada de su colega de Justicia, Gloria María Borrero, quien indicó en diciembre que “no hay evidencia científica de que esta sustancia genere daños naturales o en la salud“.
Por ahora, mientras según Borrero el Gobierno está recogiendo la evidencia de ello para presentarla ante la Corte, lo ocurrido en Tumaco muestra los efectos más violentos de la erradicación forzosa.
Por un lado, porque refuerza la tendencia que ya había advertido el Gobierno en torno a que desde el año pasado están aumentando las víctimas de minas antipersona: hubo 113 casos, cuando en 2017 solo hubo 47, la cifra más baja en la década.
De acuerdo con el comisionado de paz, Miguel Ceballos, los hechos se han presentado en lugares donde hay disidencias y ELN.
Es decir, sitios como Tumaco, donde confluye la guerra por la ruta narco entre el Frente Oliver Sinisterra (FOS) -que hace presencia en Alto Mira- y las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), contra el grupo narco que comandan Contador y Mario Lata.
También muestra esos efectos violentos porque la erradicación forzada en sí misma revive viejas pero siempre presentes tensiones entre los campesinos cocaleros que no entraron en el Programa de Sustitución de Cultivos (Pnis) y la fuerza pública, pues eso habría ocurrido en la mañana del martes en la zona donde ocurrieron las explosiones.
Según informó el Comando Especial de Policía Pacífico Sur, el martes en la mañana los miembros del Grupo Manual de Erradicadores cayeron en un campo minado en la vereda Mata de Plátano, en la zona del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera.
Según denunció ayer en la mañana la asociación de campesinos colonos Asominuma, minutos después llegaron uniformados a la vereda El Dorado a intimidar a la población.
Según ese comunicado, los campesinos escucharon tres detonaciones y poco después ocho policías llegaron "disparando de forma indiscriminada, apuntando a la población civil incluyendo mujeres y niños exigiéndoles que se tiren al piso, gritándoles que todos son unos guerrilleros y que no se irían del lugar hasta que aparezcan los responsables de dichas detonaciones."
Los uniformados habrían preguntado por el dueño de la finca donde sucedieron las explosiones, y habrían amenazado a su esposa.
Además, el comunicado dice que “los uniformados ingresaron sin orden judicial a las viviendas de varios campesinos, sin encontrar nada. En medio de las agresiones uno de los uniformados apuntó sobre la cabeza del señor (sic) Marco Fidel López Castro (...). Los policiales obligaron a la señorita (sic) Yinet Arrigui Valenuela a borrar los videos en los que había registrado lo ocurrido”.
Foto que campesinos de Asominuma tomaron de los supuestos casquetes que quedaron luego de los disparos al aire de la Policía. Foto: Cortesía.
El general Ricardo Augusto Alarcón, comandante de la Policía Pacífico Sur, le dijo a La Silla Pacífico que la versión de lo hechos del martes de los uniformados no coincide con lo dicho por las comunidades, que ya están al tanto de la denuncia y que empezarán a hacer las investigaciones pertinentes.
Al fondo a la derecha se alcanza a ver a un uniformado en la vereda El Dorado, al parecer, la foto es del martes pasado. Foto: Cortesía.
Según un funcionario de la Defensoría del Pueblo que supo del caso, si se comprueba la denuncia de Asominuma, sería una “clara violación al Derecho Internacional Humanitario” en lo que tiene que ver con la distinción de civiles y actores armados, una separación que es clave para no poner en peligro a los campesinos que están en medio de la guerra narco.
Lo del martes también revivió los miedos de que se repitan crímenes como la masacre de El Tandil de octubre de 2017, en la que siete campesinos cocaleros miembros de Asominuma fueron asesinados en hechos en los que están involucrados dos altos uniformados de la fuerza pública.
En ese caso van dos años de investigación sin decisiones judiciales concluyentes.
Los riesgos para comunidades y funcionarios probablemente seguirán latentes, porque la meta impuesta por Duque de erradicar 280 mil hectáreas de coca obliga a que haya más operativos de erradicación.
Por eso, seguramente las minas seguirán presentes.
Además, los campesinos que no entraron al Pnis siguen sembrando, mientras que un estudio reciente de la Unodc, la entidad de la ONU encargada de la lucha contra las drogas, muestra que solo el 0,6 por ciento de quienes entraron a ese programa, resembraron coca.
Aunque 16 mil familias de Tumaco entraron a ese programa, pero un porcentaje de familias asociadas a Asominuma y que viven en Alto Mira y Frontera no entraron porque, aunque las matas de coca eran suyas, el territorio es del consejo comunitario, por lo que no era claro hasta qué punto podían recibir los beneficios del Pnis.
Esas familias alcanzaron a firmar acuerdos colectivos, que era el primer paso para entrar al Pnis, pero luego quedaron en ese limbo - el mismo en el que están todas las familias que llegaron a ese punto pero no al de firmar acuerdos individuales, como explicó La Silla Vacía.
El problema arrancó, según un asesor de Asominuma que nos pidió no citarlo porque “el Gobierno Santos no buscó una herramienta que ajustara el Pnis a las condiciones del territorio”.
Y ahora se profundizó, porque el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo de Duque no incluye cumplir los compromisos con estas familias que firmaron acuerdos colectivos e incluso tiene al propio Pnis a la deriva.
Además, como explicó Juan Carlos Garzón, director del área de dinámicas de conflicto de la Fundación Ideas para la Paz en su reciente entrada en la Red Rural, la política antidrogas de Duque se concentra en atacar el cultivo, que no solo es un eslabón débil del negocio (“La participación de la hoja de coca en el valor total del negocio es pequeña (9 por ciento) mientras que la mayor parte del valor se concentra en el tráfico de cocaína (71 por ciento)”, escribió) sino que implica una lucha con bajo nivel de efectividad.
Justamente, lo ocurrido en Tumaco muestra que los peligros persisten en la erradicación manual en terreno, que pueden convertirse en argumento del Gobierno para defender, ante la Corte Constitucional, retomar la aspersión.
