Las víctimas de minas quieren que las Farc muestren dónde están

Reinel Barbosa tenía 23 años cuando, durante una Semana Santa en la que visitaba a su familia en Uribe (Meta), fue a bañarse al río Guape con un hermano y dos amigos. Subían una loma en el camino de regreso al pueblo, cuando oyó una explosión. Rufino, uno de sus amigos de la escuela, había pisado una mina antipersonal y estaba gravemente herido. Su hermano y el cuñado de Rufino habían avanzado apenas 200 metros cargándolo cuando se oyó otro 'boom'. Reinel había pisado otra.

A raíz de la explosión, a Barbosa le amputaron la pierna izquierda. Perdió su trabajo en un taller bogotano de metalmecánica, perdió el ánimo. Trabajó dos meses en un call center pero no aguantó. Regresó al campo y no encontró trabajo en una zona donde, según él “solo hay plátano y yuca”. Cansado de que su precaria prótesis se hundiera en el barro y se cayera en el agua, regresó a Bogotá.

Seis años después, tras estudiar seguridad informática en la Uniminuto y fundar la primera organización de víctimas de minas en la capital, Reinel es uno de los líderes más visibles de uno de los grupos de víctimas más invisibilizados en el país.

Como él hay 11.777 colombianos, todos víctimas directas de minas, municiones sin explotar y otros artefactos explosivos. Una cifra que convierte a Colombia en uno de los países más afectados del mundo. Y eso que esta cuenta que lleva la Unidad de Víctimas sólo incluye a las personas heridas por una mina o que murieron a causa de ella.

“No incluye a los familiares ni a la comunidad, que en términos internacionales -la Convención de Ottawa- son también víctimas y que nosotros calculamos en una cifra cercana a las 800 mil personas en Colombia”, dice Álvaro Jiménez, el coordinador de la Campaña Colombiana contra Minas, la más importante ONG del país en el tema.

La mayoría de sus víctimas no sabe a ciencia cierta quién las sembró. Como muchas veces las minas explotan años -incluso décadas- después de enterradas, es difícil saber con exactitud qué parte del ponqué de la responsabilidad le corresponde a cada uno.

Por el número de incautaciones, las zonas minadas y también las tecnologías se cree que las Farc se llevan el primer lugar.

No sólo en Colombia, sino en todo el mundo. Los “más prolíficos usuarios de minas entre los grupos rebeldes del mundo”: así describe a las Farc el 'Landmine Monitor', el reporte anual que llevan la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas y su directora Jody Williams para seguir cómo avanza cada país en cumplir la Convención de Ottawa que prohíbe las minas y obliga a eliminarlas. Eso convierte a las minas en una de las verdades por las que ellos deberán responder si se firma un Acuerdo final en La Habana.

“El que introdujo masivamente la tecnología fue el ELN, pero quienes aprendieron y perfeccionaron cómo hacerlas fueron las Farc. Aunque a nadie en la historia lo han encontrado sembrando una, algo que dificulta [llegar a una] verdad judicial, es clara su responsabilidad”, dice el politólogo Andrés Dávila, quien dirigió el programa contra minas en la época en que estaba bajo el ala de Pacho Santos.

“Se refugian en que es un método de guerra que se pone para el Ejército y no para nosotros los civiles. Pero somos nosotros los más afectados. Nuestra primera petición es que reconozcan realmente que nos hicieron daño”, dice Siervo Antonio Bacca, un líder de víctimas del Catatumbo -de una zona con fuerte influencia de las Farc- que perdió su pierna derecha de la rodilla para abajo. Con esa amputación, a los 18 años, se despidió de su sueño de ser futbolista.

“Y la verdad que más esperamos de ellos es el mapa de las minas que sembraron, para contener los daños. Porque lamentablemente seguimos esperando más víctimas”, dice.

Las cifras le dan la razón: aunque Colombia está lejos del pico de accidentes causados por minas -que se dio entre el 2004 y el 2008, con más de mil víctimas anuales- el año pasado hubo 277 casos. Cuarenta de ellos son niños, incluidos dos que murieron.

Al igual que Bacca, la mayoría de las víctimas de minas quiere que las Farc ayuden a dibujar el mapa de las minas en el país.

Ese es precisamente el mayor drama: Colombia se comprometió a liberar de minas todo su territorio antes de 2021, pero -como contó La Silla- no conocemos la situación real porque nunca se ha medido. Como dice una persona que trabaja en prevención, “todas son especulaciones, sin una base científica”.

Para dificultar aún más la tarea, a diferencia de Afganistán o Mozambique, no son millones de minas pero sí miles desperdigadas por unos 700 municipios. Mientras en esos países sembraban líneas enteras de minas, acá las Farc las han usado para cortar el transporte en una carretera, cerrar la caminata de tropas o defender un cultivo de coca. Y, según documentó la Fundación Arco Iris en 2010, en algunas zonas de Tolima, Bolívar y Meta han usado también artefactos explosivos colgados de las ramas de los árboles, a una altura que causaba heridas a la altura del rostro.

De hecho, paradójicamente muchas víctimas vienen incluso de sus propias filas. Como ellos usan las minas para proteger su retaguardia, y en su retaguardia suelen vivir las familias de los guerrilleros, muchas veces los heridos y muertos terminan siendo familiares de los guerrilleros.

En ocasiones incluso ha sido una orden directa. A un guerrillero en Cundinamarca -cuenta Juanita León en una de las crónicas de su libro País de plomo- lo obligaron a poner minas alrededor de la casa de la mamá y a él le dio pena decirle que estaba haciéndolo, aunque estaba tranquilo porque ella nunca salía de noche y él planeaba quitarlas por la mañana cuando se moverían a otro campamento. La mamá, sin embargo, salió esa noche a guardar las gallinas, y la mató una mina. Y el guerrillero, que era menor de edad, no pudo con la culpa y terminó volándose.

“Ellos deben entregar los planos de los territorios minados, como una forma de reparación. Porque no solamente afectan la movilidad de los campesinos que retornan, sino también la posibilidad de que produzcan. Muchos de los que miraron puede que no vivan ya, pero [las Farc] sí pueden enseñar los corredores”, dice Pastora Mira, que ha sido una de las líderes del exitoso retorno a San Carlos, en el Oriente antioqueño, de cientos de personas que habían llegado a Medellín desplazados por los paras, las Farc y el ELN.

A ella una mina se le llevó a su sobrino, Pablo Emilio Mira, en diciembre de 2004. Se iba a subir a un poste, como empleado de la Empresa Antioqueña de Energía que era, para conectarle la luz a una pareja de ancianos en la vereda de La Hondita cuando pisó una mina.

“Casi no logramos meter el carro para recogerlo, sino hasta el día siguiente, porque era zona de las Farc. Pero ya estaba muerto, murió desangrado”, recuerda.

Su municipio, San Carlos, es apenas uno de los cuatro libres de minas en todo el país. Eso gracias a que los masivos retornos campesinos allí han sido acompañados con labores de desminado y con extensas campañas de prevención que les enseñaron -en palabras de Pastora- “a caminar con los ojitos y luego con los pies”.

A reconocer las primeras señales de un posible campo minado: los objetos metálicos o de plástico tirados, los caminos poco transitados, los animales muertos. Ya cumplen seis años desde el último herido grave y cuatro desde la última explosión, pero ya pusieron 236 víctimas.

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En todo caso, no bastará con pedirles a las Farc que muestren sus minas. También se necesitará que expliquen qué técnicas usaron para producirlas y qué estrategia para sembrarlas, porque ahí entra otra particularidad colombiana: a diferencia de los grupos armados en África o los Balcanes, las Farc casi siempre han fabricado sus propias minas de manera casera.

El por qué aún no es claro. Quizás, dice un experto en minas, porque cuando las Farc comenzaron a usarlas en masa -tras el fracaso de los diálogos en El Caguán- la Convención de Ottawa había logrado que el mercado negro de minas industriales heredadas de la Guerra Fría o producidas en Rusia, Francia, Vietnam o China se cerrara bastante.

Su mayor utilidad es que son armas baratas y muy efectivas, que se pueden dejar enterradas y funcionando durante años, para combatir un Ejército muchas veces mejor organizado. Tanto que Iván Márquez justificó su uso hace un año como “una forma de respuesta de las organizaciones populares a un ejército superior en fuerza” (aunque -ya en el proceso de paz- otros de sus líderes como Marcos Calarcá le negaran a La Silla que es "una gran mentira" que ellos tengan lleno al país de minas).

Pero también por el efecto psicológico que tiene en las comunidades, que quedan físicamente aisladas como aún sucede con algunas veredas de municipios como San Miguel en el Putumayo. Tanto que en Almaguer, Mercaderes y otras zonas rurales del Cauca las víctimas denunciaban, según le contó a La Silla una abogada que los atendía, que las Farc venían a 'cobrarles' por haber dañado una mina que estaba dirigida al Ejército. 

Las víctimas sí tienen claro, en cambio, que para aterrizar los acuerdos de La Habana y para transformar las condiciones de vida en las zonas alejadas de donde vienen se necesitará más información sobre las minas.

“Para que no haya repetición, no puede haber más víctimas de minas. Si queremos desarrollo rural, necesitamos que la gente pueda regresar. Si queremos restitución, que puedan volver a sus tierras. Necesitamos que el tema se discuta allá”, dice Reinel Barbosa, que precisamente llevó ese mensaje a las Farc y el Gobierno durante el segundo viaje de víctimas a La Habana. (También propuso una pensión para las víctimas que pierden un 30 por ciento de su capacidad laboral a raíz del conflicto).

Sobre todo porque, como ha contado La Silla, el programa antiminas se desdibujó en los últimos cuatro años con Angelino Garzón. Hace un mes lo agarró el general retirado de la Armada Rafael Colón, bajo la órbita del 'ministerio del posconflicto' del general Óscar Naranjo, con la misión de darle un vuelco.

En esa línea, las víctimas de minas -a través de la Campaña Colombiana contra Minas- le llevaron ya una propuesta a la mesa de negociación en agosto pasado y luego de nuevo en octubre. Se trata de una lista con 57 lugares “de interés comunitario” -escuelas, fuentes de agua, caminos y zonas de recreación-en todo el país que necesitan una intervención urgente, debido a la zozobra cotidiana en la que viven.

“Eso permitiría que las minas dejen de ser vistas como un problema de seguridad nacional y más bien como uno humanitario. Habrá menos accidentes, puede generar confianza entre ellos y también confianza sobre el proceso entre una ciudadanía que podría ver acciones concretas", dice Álvaro Jiménez.

Ese será precisamente uno de los mensajes que seguramente le pasará Jody Williams, que ganó el Nobel de Paz en 1997 por liderar la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas, a los negociadores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo cuando hable con ellos en el Hay Festival en Cartagena.

Foto de portada cortesía de la Campaña Colombiana contra Minas.