Las víctimas que irán a las urnas ya están en la mira

“Acabaremos a las asesoras de los guerrilleros. Ya les cambiaremos el nombre de Narrar para vivir x Narrar para morir. Comenzaremos x la cabeza mayor Mayerlis Angarita. Y luego seguiremos de municipio en municipio matándolas a todas. No las queremos ver más en las brisas, en la sierras ni en ninguna vereda guerrilleras hps ni participación en política”.

Así arranca el panfleto que hace tres semanas metieron por debajo de la puerta de la sede de la Red de Mujeres Narrar para vivir en San Juan Nepomuceno (Bolívar), acompañado por la foto del cuerpo descuartizado de una mujer y la firma de 'Los Costeños AUC'.

Aunque no es la primera amenaza que le llega a esta organización de 840 mujeres víctimas, una de las más conocidas en los Montes de María, es una temprana alarma para el gobierno Santos y la Ley de Víctimas. Porque las intimidaciones contra ellas se dispararon desde que en octubre decidieron -por primera vez- medírsele a competir en las elecciones locales de este año. Y están develando el factor de riesgo para los líderes de víctimas que quieran llegar a las urnas en todo el país.

La fundadora de Narrar es Mayerly Angarita, una vivaz mujer sanjuanera de 35 años que acaba de viajar a La Habana para conversar con la subcomisión de género de las Farc y el Gobierno. Ahora está decidida a lanzarse a la alcaldía de San Juan, su pueblo natal, con el posible aval del Partido Liberal que apadrinó la Ley de Víctimas y que le viene apostando desde hace un año a darles espacios políticos.

Ella no es la única: otras tres mujeres de Narrar para vivir se lanzarán -también con los liberales- a los concejos de Ovejas, Los Palmitos y El Guamo, todos municipios de esa sufrida región montañosa entre Sucre y Bolívar.

Víctimas visibles pero vulnerables

Que víctimas como Angarita se hayan convertido en figuras visibles, tanto en las remotas veredas donde trabajan con las víctimas como en los medios nacionales, es uno de los grandes logros de la Ley de Víctimas que el presidente Juan Manuel Santos convirtió en una de sus banderas.

Él mismo ha elogiado varias veces el trabajo de esta organización de víctimas que le ha apostado -desde que nació en 2000- a los relatos orales para reconstruir sus historias y enseñarle a la gente sobre sus derechos.

En 2013, durante una marcha en Carmen de Bolívar con 15 mil víctimas de Montes, dijo que “mujeres como Mayerly Angarita que hablan con coraje, con claridad, que hablan pidiendo que se les respeten sus derechos y eso es lo que todos queremos”.

En julio pasado lo reiteró cuando, tras inaugurar la sede de Narrar, compartir un sancocho con ellas y salir abrazado con Mayerly a la plaza, dijo que esas “840 mujeres víctimas (...) me acaban de dar una explicación de su lucha, la lucha de esas víctimas y de millones de víctimas en Colombia que ha producido este conflicto armado”.

En San Juan Nepomuceno, le cumplimos a las víctimas. Entregamos sede a organización de mujeres "Narrar para Vivir" pic.twitter.com/5upGPaWXH7

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) julio 26, 2014

Esa es la misma casa donde, este 28 de febrero pasado, les llegó el panfleto que demostró que ese protagonismo tiene un doble filo. Como dice Angarita, “si somos más visibles, nos protege, pero al mismo tiempo les da más rabia a los actores violentos”.

Su caso muestra cómo, justo en el momento en que paradójicamente se negocia en el proceso de paz cómo reparar a las víctimas y garantizarles que no se repetirán sus historias, muchos líderes siguen recibiendo amenazas a medida que su trabajo se vuelve más conocido. Ni siquiera se han salvado las 60 víctimas que viajó a La Habana, como lo demuestra el asesinato del hijo de 17 de años del líder campesino y caucano Nilson Liz el 1 de enero.

Y, como en las elecciones de este año estará en juego quiénes gobiernan en los municipios y en las regiones durante un eventual aterrizaje de los acuerdos en La Habana, esos riesgos se están incrementando.

En las cuentas que llevan Mayerly y Narrar para vivir aparecen 36 agresiones desde 2012. Once de ellas -un panfleto, cinco intentos de incendio de viviendas, una visita nocturna (y armada) a una casa y varias amenazas telefónicas- han ocurrido, en estos últimos tres meses y medio. En ese corto tiempo ya suman la mitad que en todos los tres años anteriores.

“Habían parado las amenazas. Comenzamos a tocar puertas y se regó por los pueblos que, como minoría que nunca perteneció a ninguna estructura tradicional de la política, queríamos ser protagonistas de las decisiones. Tan pronto dijimos que queremos ser concejales y alcaldesas, vino una ola. No son hechos aislados, sino que todo gira alrededor de que no sigamos”, cuenta.

Esta última agresión, justo días antes de su viaje a La Habana, dejó a Mayerly muy asustada. Pero sus 839 colegas la convencieron de volver a San Juan y allí la recibieron -con 300 motos que bloquearon la troncal- a la entrada del pueblo.

Entre gritos de “las mujeres al poder, las mujeres sí podemos”, los versos del escritor local Reinaldo Bustillo y los mensajes de tranquilidad a sus escoltas nerviosos (“tranquilos, ella va a caminar, el pueblo la protege”), Angarita fue conducida por la muchedumbre hasta la sede de Narrar. Allí la convencieron que se quedara y siguiera adelante con el proyecto.

Las víctimas quieren llegar al tarjetón

Aún falta mucho para que los candidatos para octubre estén listos, pero no solo en los Montes líderes de víctimas y de restitución están tomando la decisión de lanzarse a los consejos, las alcaldías y las asambleas locales.

Varios de ellos están encontrando problemas desde ya. Luis Alfredo Vásquez, un conocido líder de restitución de tierras en los Montes de María que será candidato liberal a la Asamblea de Bolívar, sufrió un atentado a mediados de enero en Bogotá.

Vásquez, que lidera el capítulo montemariano de Tierra y Vida, fue abordado en Bosa por dos hombres armados que -como contó La Silla- se identificaron como integrantes de las Águilas Negras y le pidieron a él y a su acompañante las cédulas. Ante la presencia de más gente en la calle les dijeron “Sabemos quiénes son ustedes, hoy no los vamos a matar” y se fueron.

“Nosotros como líderes sociales estamos muy graves porque a los gamonales locales no les interesa que haya ideas sobre cómo hacer política distinta. Las víctimas nos hemos dado cuenta hace muchos años que únicamente se hace la diferencia cuando estamos en los espacios de toma de decisiones. Pero, para eso, necesitamos que nos visibilicen y que nos blinden”, dice Vásquez.

Este líder campesino de San Jacinto -que ha testificado contra seis altos jefes paramilitares en Justicia y Paz- es el tesorero y uno de los líderes más visibles de Tierra y Vida, una asociación que reúne a unos 10 mil campesinos que buscan recuperar las tierras que perdieron por la violencia en todo el país y que ganó el Premio Nacional de Paz en 2011. Solamente en Montes trabajan con 19 organizaciones de víctimas, que llevan unos 2.500 casos ante la Unidad de Restitución.

Además de Vásquez y Angarita ya se comienzan a vislumbrar los nombres de otros candidatos que vienen del movimiento de víctimas. Alicia Ramos, líder de Tierra y Vida en el Urabá, quiere ser alcaldesa de Necoclí. En Atlántico, dos reclamantes de tierras -Robert Roa y Clemencia Celedón- aspiran a la Asamblea y el concejo de Soledad respectivamente. Amparo Tolosa, una líder del sur de Bolívar, quiere llegar a la Asamblea. Y Aída Moya, una líder de desplazados que llegó a Bogotá hace casi una década y que está en el Consejo Distrital de Paz, quiere ser edilesa en la zona de La Candelaria.

“Tenemos que empezar a allanar el campo para el posconflicto. Si es cierto que va a haber un Acuerdo de paz, ¿qué mejor que haya diputados, concejales y alcaldes que sean víctimas, que vengan del movimiento de víctimas y que lleguen votados por las víctimas? Nuestra ventaja es que ya tenemos experiencia en la reconciliación”, coincide con ella Carmen Palencia, la líder de Tierra y Vida que ya fue candidata liberal al Congreso (sin éxito) el año pasado y que fue amenazada de nuevo en enero. Ella es precisamente una de las más fuertes críticas de los recortes de la Unidad Nacional de Protección a los esquemas de protección para líderes de víctimas.

Las mujeres de Narrar conciben la política desde un doble lente, el de víctimas de la guerra y el de mujeres que han sobrevivido a ella.

“El toque que le vamos a dar nosotras [a la política] es que nos conocemos la pedagogía de la paz de memoria porque la construimos desde la cotidianidad”, dice Mayerly, su voz telefónica entrecortada mientras viaja por una carretera de la región. “Nosotras somos 840 mujeres -incluyendo madres de guerrilleros y paras, esposas de policías- a las que lo único que les importa es que somos sobrevivientes y que nos une nuestro dolor. Somos un ejemplo de reconciliación, porque a través de la palabra y el trabajo psicosocial nos hemos reconciliado con nuestro dolor, con nosotras mismas y entre nosotras”.

Ahora están concentradas en una nueva idea: la próxima semana declararán su sede en San Juan Nepomuceno como un “territorio femenino de paz” que cuide la sociedad civil y en el que está prohibida la entrada de cualquier actor armado, ilegal o legal.

“La idea es que se blinden estos sitios. Es un sitio testimonial que habla desde la dignidad y la resistencia, no desde el dolor ni desde lo que nos pasó”, dice Mayerly, emocionada ante la confirmación del Ministro del Interior -y padre de la Ley de Víctimas- Juan Fernando Cristo, de los embajadores de Suecia y Noruega y de unas mil víctimas ('sobrevivientes' es la palabra que Mayerly prefiere usar, ya que su meta es -en sus palabras- “pasar de ser víctimas a sujetos derechos”).

De hecho, le acaban de pedir a la subcomisión de género en La Habana -que integran negociadoras mujeres de las Farc y el Gobierno- que le dé un espaldarazo a la idea, que según ellas ya están pensando replicar en las montañas del Cauca y en el Meta.

“En los territorios donde estamos no llega el viento. Estamos en medio de los violentos y de las armas, haciendo laboratorios de paz y reconstuyendo el tejido social”, dice Angarita, cuyo tío fue asesinado por los paramilitares en Aguachica (Cesar) y que ella misma sufrió un atentado en 2012.

Sin embargo, Mayerly tiene una ventaja: su visibilidad ha hecho que su caso haya generada una oleada de mensajes de apoyo y de alarmas de muchas ONG y gobiernos extranjeros.

“Los ataques que vienen afrontando buscan impedir que su voz siga propagándose por toda la región, ignorando la fuerza que su trabajo ha demostrado tener en la defensa imparable por los derechos de las mujeres víctimas sobrevivientes”, dijeron en una carta una veintena de organizaciones de mujeres, incluyendo la Ruta Pacífica de las Mujeres (las últimas ganadoras del Premio Nacional de Paz), la periodista Jineth Bedoya y ONGs como Sisma Mujer y la Casa de la Mujer.

Todas condenaron lo que vieron como una “amenaza atroz de violencia de género”. Como dice Angarita en el panfleto, “hay un mensaje muy claro de ‘yo puedo entrar en cualquier momento a tu casa y violentarte’. A los hombres no les pasa así”.

Hasta la Iniciativa de Mujeres Nobel de Paz -que reúne a ocho ganadoras de ese premio- expresó su preocupación, después de que dos de ellas (la gringa Jody Williams y la iraní Shirin Ebadi) compartieran tarima con Mayerly en el foro sobre violencia sexual en Cartagena hace un mes.

El problema es que muchas otras víctimas que posiblemente querrán lanzarse a los concejos y alcaldías en regiones aún difíciles como el Magdalena Medio, Putumayo o Chocó no contarán con esa visibilidad que reduce el costo político de cualquier atentado en su contra. No tienen el mismo blindaje que una Mayerly o un Luis Alfredo.

Aún así, mantienen un optimismo cauteloso. Como dice Mayerly, “los ideales no se matan, porque los transmitimos como la gripa. Los violentos pueden destruir nuestros sueños pero no nuestra capacidad de soñar. Pueden hacerlos pedacitos, pero siempre los vamos a rearmar como un rompecabezas”.