Lo bueno y lo malo de que las Farc acepten que mataron a Genaro García

Esta mañana la delegación de las Farc en La Habana reconoció que guerrilleros de su Columna Móvil Daniel Aldana asesinaron hace tres semanas a Genaro García, un reconocido líder afro del Pacífico nariñense. Que los jefes de las Farc admitieran y rechazaran lo que calificaron de “tan condenable acto”, una semana después de que esa misma guerrilla hubiera negado su responsabilidad y acusara a los paramilitares del asesinato, significa una buena y una mala noticia para el proceso de paz.

Lo bueno

La buena noticia es que las Farc se movieron rápidamente para investigar y reaccionar frente a este asesinato. Lo que demuestra su creciente sensibilidad frente a la opinión pública. 

Y lo hicieron al más alto nivel y con un comunicado que no estaba, como era tradicionalmente su costumbre, justificando la acción sino rechazándola con vehemencia.

Aunque su respuesta inicial fue negar los hechos y atribuírselos a los paramilitares (que es lo que hicieron durante décadas) esta mañana, el jefe guerrillero ‘Pablo Catatumbo’ leyó desde la Habana un comunicado del Bloque de Occidente de las Farc en el que acepta que después de investigar los hechos, las Farc asesinaron al líder afro el 3 de agosto y que hechos como este “contradicen la política de las Farc-EP sobre el comportamiento con la población civil y el respeto a las comunidades étnicas”.

Subrayan, además, que hechos como este “golpean directamente los procesos de organización y de lucha popular con los que nos sentimos identificados, contradicen la política de las FARC-EP sobre el comportamiento con la población civil y el respeto a las comunidades étnicas” y prometieron sancionar a los responsables e incluso le enviaron sus condolencias a la familia de García y al consejo comunitario del Alto Mira.

Que las Farc en menos de un mes haya investigado y aceptado que cometió un crimen es algo que solo se había visto con el secuestro hace un año del general Rubén Darío Alzate, en el Chocó, y con el atentado con una moto-bomba que dejó un muerto y 61 heridos en enero de 2014 frente a la alcaldía de Pradera (Valle), todos episodios sucedidos durante el proceso de paz.

Pero que esa guerrilla admitiera el asesinato de un líder afro -que es un homicidio en persona protegida- es algo totalmente inédito, coinciden tres líderes afro consultados por La Silla.

“Que yo recuerde, las Farc reconocieron la masacre de Bojayá -que se había convertido en un escándalo grande- pero nunca el asesinato de un líder individual. Es un alivio que lo hicieran y valoramos que eso demuestra su compromiso con el proceso de paz, pero reiteramos que casos como el de Genaro no se pueden repetir”, le dijo a La Silla José Santos Caicedo, uno de los líderes del Proceso de Comunidades Negras (PCN), una de las organizaciones más representativas de los afro en el país.

“Sí marca un giro en la actitud de las Farc frente a las denuncias por violaciones de derechos humanos de comunidades negras del Pacífico. Hasta ahora siempre habían negado su responsabilidad y eso dejaba a los líderes en una gran incertidumbre”, dice César Rodríguez Garavito, el cofundador de DeJusticia que trabajó con Genaro y su comunidad en Tumaco, así como con otros consejos comunitarios afro.

Que, además, las Farc hicieran explícito que se “sienten identificados” con procesos organizativos como los del Alto Mira es muy significativo y podría convertirse en un tatequieto para los frentes guerrilleros que operan en esta zona porque entre las organizaciones afro les atribuyen a las Farc la autoría de varios asesinatos de líderes.

Solo en el Alto Mira, los responsabilizan de tres más.

La hermana de Genaro, Yerly Maricel García, fue asesinada en agosto de 2012 en el casco urbano de Tumaco por sicarios que –según le dijeron a La Silla dos líderes- se presentaron como integrantes de las Farc y dijeron que estaban buscándolo a él.

También les señalan de los asesinatos en 2008 de Pablo Gutiérrez, presidente de la junta de la vereda El Pital, y de Armenio Cortés, que era el fiscal del consejo comunitario.

Y de varios casos más en el Pacífico, como el de Ana Julia Rentería –representante legal del consejo comunitario del Río Cajambre en Buenaventura- y su esposo que fueron desaparecidos en marzo de 2011. O el de Felipe Landázuri, secretario del consejo comunitario del Bajo Mira, a quien se llevaron hombres encapuchados en julio del 2008 antes de que su cuerpo apareciera horas después con tres tiros. O el de Genaro Caicedo, líder del consejo de Yurumanguí en Buenaventura y padre del diputado vallecaucano Rolando Caicedo, asesinado en 1999 por hombres que se presentaron como milicianos de las Farc.

Desde antes del asesinato de Genaro García, las organizaciones afro vienen denunciando que –aún con proceso de paz- se han incrementado las amenazas y los hostigamientos de las Farc contra los consejos comunitarios en el Pacífico.

Según tres personas del movimiento afro, se han vuelto comunes los mensajes intimidatorios, los robos de sus lanchas o los motores para incomunicarlos o el reclutamiento forzoso de sus hijos, como parte de una estrategia para debilitar el tejido social en los consejos comunitarios en la frontera con Ecuador, la costa de Nariño, los ríos de Buenaventura y el norte del Cauca, todas regiones cuyo control territorial es crucial para el cultivo de coca y la salida de droga.

Como dice un líder afro de la región, “mucho de lo que está pasando en el Pacífico está ligado a ellos”.

La Silla supo de al menos cinco líderes que han sido amenazados este año: Rosa Montaño (la representante legal del consejo comunitario de Alto Guapi), Abraham Sinisterra (presidente del consejo de Río San Francisco, también en Guapi), Jairo Contreras (líder del consejo Nueva Esperanza del Hoyo – Patía, en Cauca, que –como contó La Silla- fue amenazado el mismo día del asesinato de Genaro), José Palomino (líder del consejo de San Bernardo, en Timbiquí) y Sara Liliana Quiñónez (la presidenta de la junta del consejo de Alto Mira que lideraba Genaro).

Por último, que los negociadores en La Habana hubieran asumido como propia la labor de investigar el asesinato y leer la declaración rechazando el crimen es otra señal de su compromiso con el proceso de paz.

Lo malo

La mala noticia es que, ya quedando aclarado que sí era cierto lo que algunos medios denunciamos desde tres días después del asesinato, queda en evidencia que las Farc no sólo violaron su cese unilateral sino que las hostilidades contra la sociedad civil se han mantenido en algunas regiones a pesar de la suspensión de los combates.

Y quizás más grave aún, el comunicado de las Farc deja entrever que los jefes guerrilleros que están negociando en La Habana -que son casi todo el Secretariado- no tienen control de la Columna Móvil Daniel Aldana, que opera en una de las zonas más estratégicas en términos económicos para las Farc (por ser -al mismo tiempo- puerto de embarque, frontera y centro del tráfico de insumos químicos para la producción de cocaína) y a la que se ha señalado de tener vínculos directos con el Cartel de Sinaloa.

“Eso demuestra la baja capacidad de control que tienen las Farc sobre las columnas móviles, que para un eventual escenario de cierre del conflicto deben tener prioridad y un modelo especial de desmovilización y desarme porque son las estructuras donde estarán los mayores retos de reintegración de combatientes” , dice Jorge Restrepo, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) que ha monitoreado las acciones ofensivas de las Farc y que viene advirtiendo de los riesgos de las columnas desde hace año y medio. “Son ellos donde hay mayor riesgo de una transición al terrorismo, como ha sucedido con los Úsuga [de los paramilitares] o el grupo de Megateo [que no se desmovilizó con el EPL]”

El riesgo está en que las columnas móviles -que integran unos 100 a 200 hombres- tienen autonomía operativa, fondos propios y -a diferencia de los frentes- tienen estructuras menos jerárquicas y piramidales como el resto de las Farc.

De hecho, las columnas –que controlan muchas áreas cocaleras y mineras- han sido las responsables de varios de los ataques que más le han costado a esa guerrilla en la opinión pública durante el proceso.

El atentado que dejó 11 militares muertos en Buenos Aires (Cauca) en mayo –en pleno cese al fuego- lo realizó un comando de la Columna Miller Perdomo conocido como los ‘Pisa suave’, causando una crisis en el proceso.

La moto bomba que explotó en Pradera la puso la Columna Gabriel Galvis, que opera en esa misma región. Y yendo más lejos, la Columna Teófilo Forero fue la que puso la bomba al Club El Nogal en Bogotá, fue la responsable del asesinato de la familia Turbay Cote y fue la responsable del secuestro masivo en el Edificio Miraflores de Neiva.

Este asesinato de Genaro también pone de relieve un desafío grande que enfrenta el país con miras al posconflicto y es la relación de las Farc y de las comunidades campesinas en sus zonas de influencia y donde se priorizará la ejecución de los acuerdos de paz con las comunidades afro e indígenas que ocupan muchas veces el mismo espacio.

“Hay que aprovechar ese reconocimiento [de las Farc del asesinato de García] para elevar el nivel de debate sobre los grupos étnicos y el posconflicto. Que las Farc digan cuál es su aspiración de relación con la gente negra e indígena en sus territorios”, dice Daniel Garcés de PCN, que -junto con otras organizaciones afro como Amunafro y Conpa- ha pedido que se abra un espacio en la mesa de La Habana para que los indígenas y los afro hablen con las Farc y el Gobierno sobre ese aterrizaje.

Haber reconocido la responsabilidad de sus hombres en el asesinato de Genaro García puede ser un primer paso en esa dirección.