Los coletazos de la sustitución de Duque llegan a Antioquia

Tras diez meses de gobierno de Iván Duque, en Antioquia se sienten cambios al programa de sustitución de cultivos ilícitos, columna vertebral del punto de drogas del Acuerdo con las Farc, donde delegados de Farc y asociaciones campesinas alegan que el Gobierno les está incumpliendo.

Las quejas, más que todo, son por la nueva forma de implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos Pnis, y por sus retrasos en todos los municipios de uno de los departamentos con más coca del país.

Sustitución al estilo Duque

La semana pasada, el partido Farc Antioquia denunció con un comunicado que “el gobierno actual destruyó las garantías de acompañamiento del equipo Farc en el Pnis y de las organizaciones sociales y campesinas”.

Según el delegado de Farc en Antioquia para el Pnis, Luis Ferney Ospina, el descontento es porque el nuevo Gobierno no les ha dado las garantías de seguridad y los viáticos para que sus delegados y los de las organizaciones sociales que forman parte del Pnis, asistan a las reuniones municipales y nacionales donde se discute y se vigila el avance del programa.

El nuevo coordinador del Pnis en Antioquia Antonio Salazar le explicó a La Silla que en febrero, en la última reunión entre Gobierno y Farc, decidieron reducir los 50 delegados que tenía Farc en los municipios donde está el Pnis (quienes se encargaban de acompañar a las comunidades y hacerle seguimiento al programa); y dejar únicamente 16, uno por departamento, o dos en los casos donde hay muchas familias inscritas como Nariño.

Pero Ospina dice que esa decisión no fue democrática y que el cambio va más allá.

Para él, la Junta de Direccionamiento Estratégico y el Consejo Permanente de Dirección del Pnis -instancias nacionales donde tienen puesto cuatro delegados del Gobierno y cuatro de Farc, y donde se toman decisiones de peso dentro del programa- no funcionan igual que en el Gobierno anterior.

“Ya no se hacen reuniones con la misma periodicidad, el año pasado estuvimos peleando muchos meses para volvernos a reunir, la última fue en febrero. Pero ya no es un espacio para tomar decisiones entre dos partes, sino donde el Gobierno lo hace de manera unilateral”, nos dijo Ospina.

El Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, por el contrario, le aseguró a La Silla Paisa que esos espacios de diálogo y monitoreo del programa siguen funcionando igual, que no se han tomado decisiones unilaterales, y que sí hay una ausencia de Farc pero por decisión de ellos.

Incluso si es así, no solo Farc tiene la sensación de que el nuevo Gobierno no comparte el espíritu participativo con que nació la implementación del programa, que ya es más de arriba hacia abajo.

Luis Fernando Pineda, quien coordinó el Pnis en Antioquia desde el inicio hasta mayo de este año cuando lo reemplazó Salazar, le contó a La Silla Paisa que renunció, entre otras razones, por ese cambio de modelo.

“Con Santos el proyecto se trataba de consenso entre Farc, el Gobierno y las comunidades. Discutíamos todo y llegábamos a acuerdos con ellos. Este Gobierno tiene un modelo de autoridad. Las cosas se hacen según la interpretación que ellos hacen”, dice.

Lo mismo sienten los presidentes de las juntas de acción comunal y los representantes de las asociaciones de campesinos con los que hablamos en Tarazá, Anorí, Cáceres y Briceño, frente a los Comités Municipales de Planeación Participativa y los Consejos Municipales de Evaluación y Seguimiento, las instancias para concertar que tiene el Pnis en lo local.

“Eran espacios donde se tomaban decisiones importantes del programa, como quién entraba, a quién suspendían, qué proyectos hacer; pero ahora lo que concertamos acá no es válido en Bogotá. Ya solo nos informan sus decisiones”, nos dijo William Muñoz, de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca.

Muñoz nos contó que desde hace ocho meses los delegados de Farc y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, no asisten a esas reuniones. “Ellos eran importantes porque son los que conocen el Acuerdo y los que nos comunican directamente con el Gobierno, ahora esa comunicación está rota”, afirma.

Luis Eduardo Rendón, líder campesino de Anorí, nos expresó por su parte: “Antes se tenía acompañamiento de Gobierno y de Naciones Unidas. Pero eso se ha desmejorado, ya el gobierno no da la cara, sino que manda razones a través de las asociaciones que contrata”.

Según Rendón, eso ha sido un problema para el avance de los proyectos productivos, porque no se está discutiendo directamente qué quiere la comunidad , “lo que decimos acá es una cosa, y lo que se escribe en Bogotá es otra”.

Más allá de que los espacios de concertación y participación estén reducidos, y no estén funcionando como se planteó en el Acuerdo de Paz, la preocupación más grande de los campesinos es que lo que les prometieron no llega.

La desconfianza campesina crece

Ocho líderes campesinos de los diferentes municipios donde está andando el Pnis en Antioquia coinciden en que sienten que les incumplieron. Eso porque ellos arrancaron las matas de coca pero los pagos están retrasados, y la mayoría de proyectos productivos y la asistencia técnica no han llegado.

Según Archila, hay 11.770 familias inscritas en el Pnis entre Anorí, Briceño, Cáceres, Ituango y Tarazá; de ellas, solo 967 están ejecutando proyectos productivos y otras 1.778 familias tienen proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria, que se pensaron como pasos previos a los proyectos productivos que les darían alternativas de producción diferentes a la coca.

Eso quiere decir que el 86 por ciento de las familias antioqueñas que están en el Pnis sigue esperando que le terminen de llegar los pagos mensuales temporales o que llegue los proyectos para empezar a producir, o incluso que arranquen los pagos.

En el caso de Ituango, como contamos, el retraso se debió a la emergencia de Hidroituango, pero ya firmaron un acuerdo municipal y están esperando que en junio desembolsen el primer pago.

“Pero la gente no quiere arrancar sus matas por lo que ha pasado en otros municipios. Los campesinos están desconfiados y quieren ver que llegue primero la plata”, nos dijo un líder campesino que prefirió no ser citado por seguridad.

Los campesinos de Briceño, municipio priorizado y al que el Gobierno designó como piloto para la implementación del Acuerdo y el desminado, también están decepcionados.

“Acá se arrancaron los cultivos, pasó un año y no habían llegado la asistencia técnica ni los proyectos productivos. Muchas de las familias se han desplazado porque no hay economía”, nos dijo Wilmar Moreno, líder del desminado en ese municipio.

En Tarazá también. “El peor engaño que le han hecho al campesino es este. Arrancamos las matas, pero los pagos llegan retrasados hasta por cuatro meses, no estamos produciendo y no llega la inversión”, nos dijo una presidenta de Junta de Acción Comunal del municipio.

Los líderes coincidieron en que, en sus municipios, hay campesinos que están volviendo a sembrar coca. “Nos dicen que produzcamos otras cosas, pero no tenemos ni plata, ni vías, ni centros de acopios para hacerlo. Mientras que la coca, en seis meses, puede dar entre 10 y 20 millones de pesos”, nos dijo otro líder de Anorí que prefiere no ser citado.

A eso se le suma que el Gobierno de Iván Duque solo le va a cumplir a las familias que alcanzaron a firmar acuerdos individuales, pues desde octubre anunció que no va a firmar más acuerdos, ni siquiera con familias que quedaron bajo la sombrilla de los acuerdos municipales.

Por eso, a los campesinos de El Bagre, Nechí, Sabanalarga, Toledo, San Andrés de Cuerquia y Yarumal, donde se inició la socialización del Programa y solo alcanzaron a hacer el compromiso colectivo, los dejaron iniciados.

Al respecto, Archila nos dijo que “El Gobierno estudia alternativas de intervención en aquellos territorios donde no se generó este proceso”.

Otro frente en el que hay dudas es el de la inversión en infraestructura que incluye el Pnis para ayudar a activar la economía legal en las zonas cocaleras.

Según Archila, ya se han priorizado 96 obras, 56 de ellas están terminadas, 35 siguen en ejecución y cinco están en estructuración.

De acuerdo con los líderes campesinos que consultamos, estas son Pequeñas Infraestructuras Comunitarias pensadas como una respuesta rápida para el mejoramiento de bienes y servicios en los municipios priorizados. En su mayoría se tratan de vías terciarias, casetas comunitarias y mejoras de escuelas.

“Las obras grandes incluídas en los Pdets -Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- como las carreteras, los hospitales y las nuevas escuelas todavía no han arrancado ni se ha definido la financiación”, nos dijo Horacio Rendón, representante de la comunidad de Cáceres en el Pnis.

Pero para Archila, “la diferencia entre unas obras y otras es sólo el nombre. Ahora las que adelanta la Agencia de Renovación del Territorio, las llamamos todas Obras PDET”.

Esas demoras en los proyectos, los pagos y la infraestructura suman un retraso del programa de por lo menos seis meses en Antioquia, nos contó el excoordinador Pineda. Según él, ese fue el tiempo que quedó suspendido el programa mientras el nuevo Gobierno lo estudiaba y lo entendía.

Esos tiempos se entienden de otra manera en el campo.

“Lo que quieren es desesperar al campesinado para que nosotros mismos desistamos del programa y ellos puedan erradicar sin necesidad de eso”, nos dijo otro líder campesino de Cáceres.

Eso muestra que los campesinos que entraron al programa para sustituir cultivos de coca por proyectos productivos legales empiezan a perder la fe; a la vez que pierde fuerza la idea de que ese programa se hiciera con planeación participativa, como se acordó en La Habana.

Todo eso mientras los grupos armados ilegales siguen creciendo y las hectáreas de cultivos se han convertido en una preocupación central del Gobierno y uno de los motivos de la tensa relación bilateral con Estados Unidos.