Los del abandonado estadio de Neiva siguen contratando

Silla Sur

Las obras del Estadio de Neiva están abandonadas desde el colapso que mató a los cuatro obreros.

Los contratistas e interventores de esa obra se han ganado después contratos en Caquetá, Antioquia, Valle y Huila, a pesar de que lo que hicieron en el 'Guillermo Plazas Alcid' no sirve.

Quince meses después de que se parara la remodelación del estadio de Neiva por el colapso de una tribuna que mató a cuatro trabajadores (lo que permitió descubrir irregularidades en la obra), los constructores e interventores del proyecto siguen ganando millonarios contratos públicos.

Desde esa fecha para acá el Consorcio Estadio 2014, encargado de la remodelación, y el Consorcio Interventoría Estadio 2014, encargado de vigilarla, se han quedado con otras millonarias obras en Huila, Caquetá, Valle y Antioquia.

Ambos siguen contratando a pesar de que un peritazgo hecho semanas después del colapso determinó que la muerte de los obreros fue por la negligencia del Consorcio Estadio 2014, o que, según la Contraloría, lo que se alcanzó a hacer no sirve (como el reforzamiento estructural), y que el representante legal del consorcio Miguel Alejandro Lozano fue detenido en agosto junto al exalcalde Pedro Suárez y otros funcionarios.

Por ahora no tienen encima ninguna sanción o inhabilidad ni de la Fiscalía ni de la Contraloría que los vienen vigilando desde que ocurrió el colapso. 

Y siguen contratando porque el proceso que abrió la misma Alcaldía de Neiva para declarar el incumplimiento por parte del consorcio constructor está en veremos porque el delegado para definir el pleito, el viceministro del Interior Héctor Olimpo Espinoza, ni siquiera se ha posesionado. Mientras tanto, Neiva corre el riesgo de quedarse sin su estadio.

Los nuevos contratos

La firma que se ganó la licitación (como único proponente) que hizo la Alcaldía de Neiva en 2014  para contratar la remodelación del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’ por 27 mil millones de pesos es el Consorcio Estadio 2014.

El consorcio está integrado por el ingeniero caqueteño Jarlinson Hurtado Salas, que es dueño del 50 por ciento, y las empresas antioqueñas L.A Constructores SAS y M.L Ingenieros Constructores SAS, cada una con un 25 por ciento.

 

Los tres integrantes del consorcio han continuado contratando con el Estado sin restricción alguna.  

Por ejemplo, el ingeniero  Hurtado Salas se ganó en agosto de este año dos contratos con la Alcaldía de Puerto Rico, Caquetá, para reponer alcantarillados sanitarios y de lluvias, ambas obras por un valor cercano a los 1.070 millones de pesos.

En Morelia también pegó y se quedó en junio de este año con un contrato para pavimentar unas calles del pueblo por un valor de 280 millones de pesos. Después, en noviembre, la Alcaldía lo seleccionó para hacer la remodelación de un salón comunitario por 19 millones de pesos.

En esos casos Hurtado Salas siempre fue el único proponente, es decir, no tuvo competencia ni rival que se ajustara a los pliegos de condiciones.

Por su parte el ingeniero Miguel Alejandro Lozano, al que la Fiscalía le imputó por el caso del Estadio los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales pero al que un juez dejó en libertad porque no representaba un peligro para la sociedad, es ahora el representante legal de un consorcio que se quedó con un contrato de 3 mil millones de pesos con la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín para construir una ciclo ruta en el sur de la capital de Antioquia.

De este contrato también hace parte Luis Alejandro Lozano (hijo de Miguel), quien aparece en el Consorcio Estadio 2014 como el representante de L.A Constructores S.A.S.

Pero los constructores, a los que ya se les giró el 90 por ciento de la plata del Estadio de Neiva, no son los únicos a los que el escándalo parece no haberles afectado.

Los interventores también

Los encargados de vigilar que la remodelación del Estadio de Neiva se hiciera bien para evitar que pasaran cosas como la muerte de los cuatro obreros, son los del Consorcio Interventoría Estadio 2014.

Esta interventoría la conforman la empresa Dicon Diseños y Construcciones Ingenierías SAS (con el 70 por ciento), el ingeniero Diego Fernando Jaime Escobar (con el 25 por ciento)  y el ingeniero valluno Pedro José Serrano Carrasquilla (con el 5 por ciento).  

El ingeniero Escobar es el que más se ha movido desde la tragedia del estadio. En este año se ha quedado con 10 contratos en municipios de Huila, Valle y Antioquia, y que sumados cuestan más de 6.500 millones de pesos.

Con las Empresas Públicas de Pitalito es con quien mejor le ha ido. Con esta entidad se ha ganado seis contratos de obra para reparar redes de alcantarillado por un valor de 584 millones de pesos. Y con la Alcaldía de ese municipio tiene en 2017 dos obras para reparcheo de calles y construcción de andenes por las que le pagan 420 millones de pesos.

Pero el contrato más grande que maneja ahora Escobar está en Apartadó en Antioquia, donde fue el único proponente que se presentó en la licitación que hizo la Alcaldía en julio para contratar la construcción de unas carreteras por un valor de 4.700 millones de pesos.

En Yumbo, Valle, está remodelando unos salones comunitarios por 96 millones de pesos.

Y en Rivera, Huila, firmó hace unas semanas un contrato para construir un Centro de Integración Comunitaria, una obra que aunque es financiada por el Ministerio del Interior, fue adjudicada por la Alcaldía. Allá el ingeniero Jaime Escobar va a cobrar 782 millones de pesos.

Por su parte el ingeniero Pedro José Serrano Carrasquilla acaba de ser contratado para hacer una interventoría a la construcción de una subestación eléctrica en la Institución Universitaria de Envigado, Antioquia, por 106 millones de pesos.

De Dicon Diseños y Construcciones Ingenierías las últimas obras que aparecen en las bases de contratación del Estado datan de 2014 y 2015 y fueron adjudicadas en la Alcaldía y las Empresas Públicas de Neiva.

Neiva sin estadio

Hasta que no se defina si se declara el incumplimiento por parte de constructores e interventores al Estadio de Neiva no se le puede poner ni un bombillo. Y eso, en el corto plazo, podría representar que el Atlético Huila (equipo profesional que juega la Liga Águila) deba buscar otra sede porque para el 2018 la Dimayor, que es la que organiza la Liga, le exigió que debe tener una cancha en la que también se pueda jugar de noche porque si solo lo hace de día saca ventaja ante sus rivales por las altas temperaturas que se viven en Neiva. 

Eso, sin contar que el Estadio pueda convertirse en un ‘elefante blanco’ porque según un informe de la Contraloría las obras que se alcanzaron a hacer desde 2014 no son funcionales porque no se ajustan a las normas internacionales.

Por ahora los únicos que están respondiendo por la debacle del proyecto son el exalcalde de Neiva Pedro Suárez, el exdirector del instituto de deportes, Carlos Ramos, y el exdirector de la oficina jurídica, Carlos Puentes, quienes cumplen tres meses detenidos en la cárcel de Picaleña, y a los que la Fiscalía acusa de no vigilar el desarrollo de la obra.

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