Los líos de Armando Benedetti

Silla Caribe

El de las chuzadas no es el único escándalo en el que mencionan al Senador de La U, que tiene indagaciones por parapolítica, Odebrecht y un desfalco al fondo de prestaciones sociales del magisterio.

El reciente escándalo de chuzadas ilegales no es el único lío en el que aparece mencionado el senador barranquillero de La U, Armando Benedetti.

Aunque en ningún caso tiene aún procesos formales abiertos, Benedetti ha sido mencionado mediáticamente y tiene indagaciones preliminares en la Corte Suprema por parapolítica, por Odebrecht y por un presunto desfalco al magisterio en Córdoba.

Él se defiende diciendo que en todos los casos (excepto en la indagación por parapolítica, que es del año 2008) sus menciones se deben a la pelea que tiene con el fiscal, Néstor Humberto Martínez, a quien el Congresista se ha referido como “rufián” y ha acusado de tener una persecución en su contra.

Estas son las menciones en escándalos que han hecho de Benedetti en los últimos años:

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Las chuzadas ilegales

El escándalo que envuelve mediáticamente hoy a Benedetti comienza el pasado 4 de agosto cuando la Fiscalía capturó a tres oficiales retirados del Ejército y a una particular por, presuntamente, ser parte de una organización criminal dedicada a chuzar personas y a venderle esta información a terceros.

Los capturados fueron los coroneles (r) Carlos Andrés Pérez Cardona y Jorge Humberto Salinas Muñoz, el mayor (r) Luis Mesías Quiroga Cubillos y María Alicia Pinzón Montenegro, quien, según ella misma confesó después, era la hacker detrás de toda la operación y quien creó el software con el que interceptaban teléfonos.

Una vez capturado, el coronel Salinas se convirtió en uno de los testigos claves de la Fiscalía e involucró al general de la Policía (r) Humberto Guatibonza, quien sería uno de los socios de esta red de chuzadas, y al ingeniero Juan Carlos Madero, quien sería el encargado de atraer clientes.

Salinas fue el primero  en decir que, entre los clientes que trajo Madero, estaba el senador Armando Benedetti, quien supuestamente pidió chuzar al Fiscal General y al abogado Jaime Lombana y su familia.

Madero se entregó el jueves pasado a la Fiscalía y, de acuerdo a lo que su abogado Luis Fernando Medina contó el martes en una entrevista en Blu Radio, aceptó los cargos que le imputaban (concierto para delinquir y otros cinco delitos informáticos) y se comprometió a darle información al ente acusador.

En esa entrevista, el abogado Medina admitió que la labor de Madero era la de conseguir los clientes interesados y que uno de ellos era Benedetti. De hecho, aseguró que el Senador era el cliente que “más presionaba” para obtener resultados y que Madero se reunió diez veces con él.

Dijo, también, que entre las pruebas que aportará su cliente hay correos, videos, chats y parte de la información que el Senador supuestamente habría solicitado sobre Lombana, su familia y el Fiscal.

Aunque en medios ha salido la versión de que la Fiscalía compulsará copias a la Corte Suprema para que investigue al Senador, todavía no lo ha hecho.

Al respecto, Benedetti nos aseguró que la versión de Madero es falsa y que nunca se ha visto con él. Reiteró su versión de que el Fiscal lo persigue por haberse opuesto a que Martínez fuera Fiscal (lo cual es en parte cierto pues, para ese momento, La U no quería que Néstor Humberto fuera el fiscal, pues era más cercano a Cambio Radical y sentían que ese partido tenía demasiada representación en el alto Gobierno. Sin embargo, una vez electo, Benedetti felicitó a Néstor Humberto).

El Senador de La U también ha denunciado públicamente que el jefe del ente acusador tuvo relación con los dineros de Odebrecht que entraron a la campaña Santos.

 
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Odebrecht

En noviembre del año pasado, la Fiscalía le compulsó copias a la Corte Suprema para que investigara a Benedetti por su presunta participación en la repartija de coimas que hizo la corrupta multinacional Odebrecht en Colombia.

Según el ente acusador, Benedetti habría hecho parte del grupo de congresistas bautizado como los  “buldócer” -por su supuesta capacidad de moverse de forma aplastante en el Congreso en favor de los intereses de Odebrecht- con el objetivo de que la Concesionaria Ruta del Sol (de la cual hacía parte Odebrecht) obtuviera un contrato de estabilidad jurídica que necesitaba antes del 31 de diciembre de 2012.

De este grupo, habrían hecho parte también los exsenadores Bernardo ‘el Ñoño’ Elías (preso por este mismo escándalo) y Musa Besaile (preso por confesar haber pagado dos mil millones de pesos para desviar una investigación por parapolítica) de La U y Antonio Guerra de Cambio Radical. La Fiscalía le compulsó copias a la corte para que investigara a todo estos congresistas.

Por esta gestión, según la Fiscalía, la multinacional brasilera les habría pagado dos millones de dólares.

La Fiscalía también señala a Benedetti de haber ayudado a gestionar la adición de la vía Ocaña-Gamarra a la concesión de la Ruta del Sol que tenía Odebrecht.

Para este caso, de acuerdo a la información recolectada por el ente acusador, el grupo de los buldócer tuvo que ser ampliado y se incluyeron a los entonces congresistas de La U Sandra Villadiego y Martín Morales (condenado por concierto para delinquir agravado, narcotráfico, tentativa de homicidio agravado y porte de ilegal de armas el pasado 1 de junio), al liberal Álvaro Ashton (capturado por parapolítica) y al conservador Ape Cuello.

La Fiscalía también le compulsó copias a la Corte para que investigue a estos congresistas.

Por esta gestión, Odebrecht habría pagado 50 mil millones de pesos.

Sobre esta indagación, el senador Benedetti nos aseguró que esto es falso y que las únicas pruebas que hay en su contra son testimoniales. Según él, son el resultado de la presión que hace la Fiscalía para que los investigados declaren en su contra.

“Todo el que habla de Benedetti tiene beneficios judiciales (en la Fiscalía)”, afirmó el congresista.

 

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El desfalco al fondo de pensiones del magisterio de Córdoba

El 21 de noviembre del 2016, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema para que investigue la presunta participación de Benedetti en el desfalco de 150 mil millones de pesos a través del cobro irregular de pensiones que hubo en el departamento de Córdoba.

La principal prueba que dice tener la Fiscalía contra Benedetti es el testimonio del abogado Álvaro Enrique Burgos del Toro: el principal implicado en este caso y quien el año pasado fue condenado a 22 años de cárcel por cobrar, entre el 2010 y el 2012, con la ayuda de funcionarios públicos en Córdoba, pensiones falsas para quedarse con la plata.

De acuerdo a lo que Burgos le dijo a la Fiscalía y publicó Semana, en el 2010 ese abogado se reunió con Benedetti en el Congreso y allí el Senador le habría pedido el 20 por ciento por los cobros irregulares de pensiones conocidos como los 50-20, pues es un derecho que tienen los profesores de 50 años de edad y con 20 de servicio, que estaba haciendo en ese momento.

En una versión que no se entiende muy bien, y que Semana publicó textualmente del testimonio de Burgos, ese abogado también le dijo a la Fiscalía que, por darle el 20 por ciento, Benedetti le habría pagado dos mil millones de pesos.

Benedetti niega que esto haya ocurrido.

En el mismo sentido de los otros líos, asegura que su única vinculación a este caso viene de las declaraciones de un testigo de la Fiscalía que dirige Néstor Humberto Martínez. Para él, sigue el mismo modus operandi que los otros casos en los que lo ha señalado la Fiscalía: “El Fiscal le filtra todo a los medios, hace líos mediáticos y, después, no encuentra nada. Ninguna investigación tiene algo”, nos dijo.

Para el Senador, esto es una prueba de que lo que “han querido hacer con él es un linchamiento en medios”.

 
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Parapolítica

Este es el único de los líos que tiene el senador Benedetti que no empieza en la Fiscalía.

Esta indagación preliminar que adelanta la Corte Suprema tiene su origen en el 2008 a raíz de las declaraciones de la excongresista antioqueña Rocío Arias (condenada en ese año por nexos con los paramilitares), quien dijo que Benedetti había estado, junto con ella, en una cumbre paramilitar convocada por Salvatore Mancuso en el 2002 en la vereda de Caramelo, en el municipio cordobés de Tierralta.

A esa reunión también asistieron los excongresistas Miguel de la Espriella, Muriel Benito Revollo y Eleonora Pineda, todos (menos Benedetti) condenados por sus nexos con los paramilitares.

Benedetti nunca ha negado que haya asistido a esta reunión, pero asegura que lo hizo cuando ya se estaban iniciando los primeros acercamientos entre el Gobierno y las AUC.

“Ya para ese momento había autorización del Gobierno para socializar acuerdo de paz. No era una reunión de paramilitares, sino una reunión de paz”, le dijo a La Silla Caribe.

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