Los logros de Duque son de Santos o de la pandemia, y los fracasos, propios

Como lo documentó la periodista Juanita Vélez, de la Fundación Core, con las cifras oficiales en la mano, el 2020 fue un año “récord” en materia de lucha contra el narcotráfico pero un fracaso en seguridad. Aún así el gobierno exhibe unas cifras aparentemente positivas que serían atribuibles a las políticas implementadas por el ex Presidente Santos, especialmente a la desmovilización de las Farc, y otras, a las restricciones de movilidad por la pandemia.

Duque, sus ministros y consejeros insisten en que durante el año pasado se lograron éxitos en materia de lucha contra el narcotráfico los cuales no se hubieran alcanzado sin el desarme de la guerrilla de las Farc que controlaba importantes zonas del territorio y servía de coordinador logístico de los cultivos ilícitos y de intermediario necesario de la cadena de producción.

Las cifras del Ministerio de Defensa son claras: el número de hectáreas sembradas con coca que se han erradicado comenzó a crecer en 2016, cuando se suscribió el acuerdo que acabó con las Farc, año en el que se erradicaron solo 17.000 hectáreas, subió a casi 60.000, tres y medio veces más en el año 2018, año en el que terminó el gobierno de Santos y de ahí pasó en este gobierno a las 130 mil que se muestran como el gran logro.

El ex Presidente Uribe afirmó durante años que las Farc eran el cartel de coca más grande del mundo. Tomemos como cierta esa afirmación, a partir de la cual surge una pregunta obvia que es: ¿cuál es entonces el efecto que en materia de producción de coca se genera por la desmovilización de ese cartel?

El Presidente Duque no reconoce los efectos positivos del desarme de más de 12.000 personas que estaban armadas y que dedicaban buena parte de su tiempo a “prestar seguridad” en las zonas de cultivos ilícitos y a servir de intermediarios obligados entre los cultivadores de la hoja, los productores de cocaína y los carteles de narcotráfico que la llevan a los mercados ilegales del mundo, hubieran decidido entregar las armas.

La erradicación de los cultivos ilícitos, que no se ha hecho con aspersión aérea gracias a una decisión de la Corte Constitucional, hubiese sido imposible si las Farc no se desmovilizan. Que estaban dedicados al narcotráfico era y es la principal tacha del uribismo a la guerrilla, tanto que ahora el Gobierno usa el ridículo mote de "narcotalia" para dirigirse a la disidencia, que el gobierno con informes de inteligencia trata de inflar, como si ello fuera cierto y eso no fuese a la vez otro de los grandes fracasos de seguridad del gobierno.

Duque dice, además, que el 2020 fue un buen año en materia de seguridad porque se registró la cifra más baja en materia de homicidios en las últimas décadas. A ese número se llegó por dos razones: una, porque los homicidios atribuibles al conflicto han disminuido por la desmovilización de las Farc y, dos, porque los toques de queda y las leyes secas disminuyeron en forma considerable las muertes clasificadas como violencia incidental, es decir, aquella expresada en riñas y en violencia asociada al consumo excesivo de alcohol.

Nada de qué ufanarse en ese punto porque, en cambio, la violencia instrumental, la que se expresa en masacres, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y etc., creció.

El Presidente Duque suele vanagloriarse de que el secuestro ha disminuido a cifras infinitamente menores a aquellas que se registraban cuando los miembros de las Farc eran los principales secuestradores en el país, como lo documentó y sintetizó en esa decisión histórica de hace algunos días de la JEP a la que Duque, en cambio, ha calificado con desdén. El secuestro viene disminuyendo desde hace años y muy especialmente desde cuando el Gobierno de Santos pactó el cese de hostilidades con las Farc en medio de las negociaciones que se llevaban en Cuba. Ese logro no es de Duque; al contrario, que haya resurgido en algunas partes como el departamento del Cauca, donde este año han ocurrido varios, es atribuible al fracaso de las políticas gubernamentales.

El Gobierno también muestra como resultado en materia de seguridad que haya en Colombia más de 450 municipios certificados como libres de minas, logro absolutamente asociado a la desmovilización de las Farc. Gracias a ese acuerdo, al que tanto se opuso y que se niega siquiera a mencionar igual que a Santos, Duque ha podido sacarse la foto declarando libre de minas a más de 150 municipios en estos eternos dos años y medio de su gobierno.

Que en cambio este gobierno no haya podido detener el asesinato de ex combatientes de las Farc y de líderes sociales, como lo documentó está semana el informe de Human Rights Watch, es un fracaso absolutamente atribuible a la ausencia de políticas públicas para evitarlo o a la ineficacia de las adoptadas.

Que la percepción de inseguridad se haya disparado en las ciudades es el resultado de una pésima gestión de la Policía Nacional durante el período de gobierno del Presidente Duque en el que han ocurrido violaciones a los derechos humanos inaceptables como los casos de abuso policial que la propia Fiscalía ha documentado. Han ocurrido casos de corrupción en la fuerza pública cada vez más graves. Durante estos largos casi tres años ha habido divisiones y enfrentamientos al interior de las fuerzas, y especialmente la Policía, sin que haya un comandante en jefe que tenga el carácter de afrontarlos y solucionarlos.

Ya, por fortuna, para los ciudadanos que reclaman más seguridad, este gobierno, todo el mundo lo da por terminado y están dedicados a buscarle el sucesor; incluso el propio Duque lleva varias intervenciones consecutivas despidiéndose, hablando del 2022 y empezando a intervenir indebidamente en la campaña.