Lo que no ha hecho Duque para proteger a los líderes sociales

La organización Human Rights Watch (HRW) publicó hoy el informe Líderes desprotegidos y comunidades indefensas, un documento de 144 páginas, con una visión "exhaustiva y detallada" de este fenómeno en Colombia, según la presentó José Miguel Vivanco, su director para América Latina.

Con sede en Nueva York, HRW tiene una influencia importante en Estados Unidos, especialmente entre sectores del Partido Demócrata, hoy dominantes en la Casa Blanca y en el Congreso. HRW señala la grave situación de peligro en la que están los líderes sociales y critica las medidas insuficientes y desorganizadas del Gobierno para protegerlos. 

"La gran cantidad de mecanismos propicia que haya duplicación y dispersión de esfuerzos, lo cual menoscaba la capacidad de prevenir abusos (...) La falta de coordinación entre los distintos mecanismos también resulta problemática", resalta el informe. 

En cifras, dice que Colombia tiene el número más alto de líderes sociales asesinados de América Latina, con 421 casos desde 2016, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además argumenta que se trata de un fenómeno criminal que ha empeorado desde la firma del Acuerdo, como hemos señalado en La Silla Vacía. 

El documento no incluye el anuncio de Duque de unificar las cifras de los asesinatos en manos de la Fiscalía, pero señala que el Gobierno debería seguir usando las cifras de la ONU, que como contamos, hace un conteo independiente y que genera más credibilidad que la unificación que planea ponerse en cabeza de la Fiscalía de Francisco Barbosa. 

HRW augura un futuro trágico si el Gobierno no toma medidas en el asunto. “Es probable que sigan apareciendo nuevos grupos para reemplazar a aquellos que hayan desaparecido, y que estos grupos continúen ejerciendo violencia y atacando a defensores de derechos humanos”. 

Lo que no ha funcionado

HRW resalta que las medidas adoptadas por Iván Duque están descoordinadas y funcionan a medias, están alejadas de las realidades de los líderes y no están impactando en los territorios. 

"Colombia ha adoptado una amplia variedad de políticas, mecanismos y leyes destinados a prevenir abusos contra los defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Sin embargo, su implementación ha sido deficiente" dice HRW. 

Por ejemplo, señala que la militarización, que es la medida más usada por Duque para responder al asesinato de líderes sociales según hemos reporteado, no ha logrado disminuir los homicidios. Cita los casos del norte del Cauca, el Catatumbo y el Pacífico nariñense, que el Gobierno no ha logrado estabilizar para la llegada de otras entidades del Estado. 

De hecho, las Zonas Futuro, que Duque lanzó para priorizar el envío de militares y la posterior inversión estatal, solamente han empezado a implementarse integralmente en una región, el sur de Nariño, donde aumentó el número de investigadores judiciales y ha iniciado el mejoramiento de 40 escuelas y la intervención de más de 15 parques. 

Lo que funciona a medias

Dentro de las cosas que sí funcionan pero tienen muchas falencias está la Unidad Nacional de Protección (UNP). 

La entidad tiene límites de acceso para los líderes, como cuando les exige haber presentado una denuncia ante la Fiscalía para acceder a un esquema de protección.

Además, demora en responder las solicitudes de protección, los esquemas no responden a las necesidades de la gente en zonas apartadas y no tiene enfoque de género ni étnico. Incluso, afirma HRW, son muy escasos los esquemas de protección colectiva, una alternativa que podrían impactar más los territorios. 

Una muestra de los límites en su capacidad, que cita el informe, es que entre 2017 y 2019 la UNP rechazó más del 90 por ciento de las más de 1.100 solicitudes de medidas de protección colectiva que recibió. 

Además, la UNP tiene un déficit presupuestal que afecta su funcionamiento. En 2020, su presupuesto fue de 274 millones de dólares pero gastó cerca de 320, por lo que le tocó usar parte del presupuesto de este año.

Otra herramienta que funciona a medias, según HRW, es el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Si bien dice que la Defensoría responde rápidamente a las amenazas, y por lo tanto puede ayudar a prevenir la violencia, las autoridades locales y nacionales no han respondido a estos llamados. 

Por otro lado, HRW documentó que si bien la judicialización del asesinato de líderes ha mejorado, con 59 condenas desde 2016, persiste un déficit de fiscales, jueces e investigadores, como contamos también en La Silla Vacía. Además, según la ONG, el presidente Duque no ha implementado el “cuerpo especial” de jueces que anunció en mayo de 2019 para juzgar esos casos. 

Por su parte, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía y el Cuerpo Élite de la Policía, creados en el Acuerdo de Paz para combatir este crimen, tienen poco personal y presupuesto.

El Gobierno ha reducido el presupuesto del Cuerpo Élite, de 10 mil millones en 2018 a 1.154 millones en 2020. 

Lo que no ha hecho el Gobierno

Dentro de las cosas que, según el informe, debería estar implementando el Gobierno y no ha hecho, está la creación de un Plan de Protección Integral a cargo del Ministerio del Interior, que se empezó a estudiar en 2018.

Tampoco ha convocado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que creó en el Acuerdo de Paz para diseñar políticas para prevenir los asesinatos de líderes y la desarticulación de grupos ilegales. 

De hecho, a esta última le bajó su presupuesto en un 90 por ciento, de 576 millones en 2019 a 49 en 2020. 

Para sustituir ese déficit, según contamos en La Silla y señala el informe, el Gobierno creó una política de sometimiento de bandas criminales individual que le da beneficios económicos similares a los otorgados a desmovilizados por el Acuerdo .

También está en pañales el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, creado por el Acuerdo, para implementar en algunas comunidades planes colectivos de autoprotección.

Como presidente, Juan Manuel Santos inició la implementación de cuatro pilotos en San José de Uré, Guapi, Tumaco y El Tarra, pero HRW cuenta que hasta diciembre Duque no los había implementado. 

El Ministerio del Interior tampoco ha avanzado en la implementación del plan para proteger y fortalecer el trabajo de los líderes de las Juntas de Acción Comunal, que son los que más matan. 

Para esa estrategia, el Ministerio tiene un presupuesto de 61 mil millones pero de diciembre de 2018 al final de 2020 solo había capacitado a líderes creando algunas guías, un programa para plantar árboles y un canal de YouTube para difundir diez videos que visibilizan a los comunales, según el informe.

"El Ministerio del Interior debe implementar seis “componentes” con diversas acciones (...) La mayoría de estas medidas todavía no se han implementado", explica un apartado. 

Mientras eso pasa, desde 2016 han sido asesinados 130 líderes que trabajan en Juntas de Acción Comunal.  

Este ´detodito´ de medidas desarticulado y complejo hace que la protección a los líderes no llegue. Por eso HRW le pide a Duque que simplifique, refuerce y cumpla las estrategias de protección existentes que sí funcionan y elimine las que no. 

"A más largo plazo, las autoridades deberían iniciar un proceso para simplificar y reforzar los mecanismos de prevención y protección previstos en el derecho colombiano", dice el informe. 

En síntesis, HRW dice que el Gobierno no logró copar los espacios dejados por las Farc después del Acuerdo. Por un lado, porque no ha cumplido varios de los aspectos ahí pactados, como también hemos contado en La Silla Vacía. 

Por otro lado, el informe hace críticas a la falta de cumplimiento de promesas del gobierno de Iván Duque. Como la de llevar legalidad, fortaleciendo el sistema de justicia, y desarrollo económico, ofreciendo acceso a oportunidades para la gente. 

Estos vacíos, reitera HRW, son las “causas subyacentes” que han mantenido la presencia de los armados y el asesinato de los líderes sociales.