Los pasos en falso de Rodolfo Hernández

El alcalde de Bucaramanga se puso bajo la mira de la Procuraduría y abrió una caja de pandora.

La semana pasada, justo después de que el Procurador Fernando Carrillo anunciara a través de Twitter que le abriría una indagación a Rodolfo Hernández para determinar si efectivamente incurrió en una falta disciplinaria al recomendar, sin dar el nombre, no votar por el Clan Aguilar en las legislativas, el Alcalde de Bucaramanga dio otro paso en falso que podría sacarlo del cargo. Fue un ‘papayazo’ que la clase política intentará capitalizar para tener ese fortín con miras al 2019.

“Esos que estuvieron en la Gobernación están haciendo campaña y son clanes, el papá gobernador, ahora el hijo gobernador, el otro senador, y pretenden sacar la mayoría de votos en Santander, yo no sé si así somos de estúpidos, al menos yo en Bucaramanga le pido a los bumangueses que no le demos el voto a ellos”, dijo el 19 de febrero en su programa semanal de Facebook ‘Hable con el Alcalde’, pese a que la ley prohíbe que funcionarios y servidores participen en “controversias políticas”.

La segunda embarrada fue ese mismo día cuando despidió a dos funcionarios de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab.

Según dijo Hernández en ese momento, la decisión obedeció a que recibió denuncias relacionadas con que los funcionarios estaban extorsionando a contratistas.

El despido también lo puso en la cuerda floja porque el Alcalde no era el jefe directo de los funcionarios -el nominador era el gerente de la Emab  y solo él era quien podía despedirlos-; porque los despidió sin respetarles el debido proceso; y porque aún cuando hubiera cumplido con los dos requisitos anteriores, la ley de garantías prohíbe modificar las nóminas públicas durante el período electoral.

Además, uno de los que salió fue César Fontecha, jurídico que se opuso a la adjudicación del controvertido negocio de las basuras en Bucaramanga en el que quedó expuesto que Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo Hernández, tenía intereses.

Suponiendo que lo sancionaran por cualquiera de estos casos, habría dos posibles escenarios.

El primero, que la Procuraduría determine que las faltas no fueron tan graves y lo suspenda solo por algunos meses; y el segundo, que la Procuraduría concluya que la magnitud de las faltas fue tal que merece ser destituido e inhabilitado. 

Si el segundo escenario se llega a dar, algo que no sería tan descabellado dado que por ejemplo al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía lo destituyeron por haber aparecido en una reunión a la que después de su salida asistió el entonces precandidato presidencial conservador Andrés Felipe Arias, ya no alcanzaría a ser llamada una elección atípica contando los tiempos de segunda instancia.

En ese caso el Alcalde tendría que ser designado por el Gobernador de una terna que presente el movimiento ciudadano ‘Lógica, ética y estética’ que lo inscribió como candidato por firmas.

La terna sería, entonces, presentada por los tres ciudadanos que lo inscribieron: Reinaldo Ramírez, un exmagistrado del Tribunal Administrativo de Santander que es amigo de infancia de Hernández; y Laurentina Ariza y Jorge Rodríguez, líderes de los barrios en donde Hernández regaló dos canchas sintéticas antes de ser Alcalde.

Así que el poder que tendrían en sus manos esas tres personas sería muy grande porque adicional a que el premio mayor sería la Alcaldía de la capital de Santander (que paradójicamente es la única del departamento que no se ha usado para hacer proselitismo en esta contienda), el alcalde encargado entraría a manejar una ciudad recuperada financieramente.

Eso porque aunque Hernández aún no ha logrado ejecutar las grandes promesas de su campaña en basuras, seguridad y movilidad, sí ha saneado las finanzas de la Alcaldía y ha aumentado los índices de transparencia.

Según el último informe de su Administración, Hernández ya ha pagado $167 mil de los $237 mil millones de déficit que heredó, y la Cámara Colombiana de la Infraestructura ubicó a su Alcaldía como la de mejores prácticas en contratación en el país.

Así que si la lupa que puso la Procuraduría sobre el Alcalde lo termina sacando del cargo -algo que, según supo La Silla, tiene preocupados a los jurídicos de la Administración-, quien llegue podría capitalizar esos espacios que Hernández no ha llenado y gozar los réditos de su bandera anticorrupción.