Los políticos detrás de La Escombrera

• Ordenó cinco intervenciones del Ejército en la Comuna 13, incluyendo la Operación Mariscal 

En el 2002, antes de la famosa Operación Orión, el Gobierno Pastrana (1998-2002) ordenó las operaciones Otoño, Contrafuego, Mariscal, Potestad y Antorcha en solo seis meses. Aunque para ese entonces en la mayoría de comunas había presencia de bandas criminales y grupos paramilitares, la 13 fue la que tuvo más intervenciones de la Fuerza Pública, para acabar con las milicias de las Farc y el ELN que estaban allí.  

La más recordada fue Mariscal, que se realizó con alrededor de mil hombres de la Policía, Ejército, DAS, CTI, Fuerza Aérea y Fiscalía, con tanques de guerra y helicópteros artillados, en por lo menos cinco barrios de la comuna. Su resultado fueron 34 detenidos y nueve muertos, entre ellos tres menores de edad. La comandaron el entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, investigado por falsos positivos y hoy sometido a la JEP, el general Mario Montoya; y el comandante de la Policía Metropolitana, Leonardo Gallego Castrillón, a quien la Procuraduría destituyó en 2006 por abuso de fuerza y atentar contra civiles. Ambos están investigados por la Fiscalía por la presunta violación de derechos humanos en Orión.

El Tribunal Superior de Medellín, en una sentencia del Bloque Cacique Nutribara en 2013, aseguró que las operaciones militares de ese año (incluida Orión) se hicieron con el apoyo del Bloque Cacique Nutibara que estaba tratando de tomar el control de la zona. Eso, sustentado en las declaraciones de paramilitares desmovilizados de esa estructura en las salas de Justicia y Paz, principalmente las del exjefe Diego Fernando Murillo alias 'don Berna', quien dio detalles de su participación y aceptó la desaparición forzada de personas que catalogaron como parte de las milicias guerrilleras o colaboradores. Otros exparamiliares como Juan Carlos Villa, alias 'Movil 8', explicaron que muchos de los cuerpos asesinados en esas operaciones fueron arrojados en el terreno de La Escombrera.

• Ordenó la Operación Orión

Dos meses después de que asumió la Presidencia, en octubre de 2002, declaró el estado de excepción en la comuna 13 para realizar la recordada Operación Orión. Esa operación la comandó el entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, Mario Montoya, y el de la Policía Metropolitana Leonardo Gallego Castrillón. Ambos están investigados por la Fiscalía por la presunta violación de derechos humanos en esta operación. 

Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, el resultado fueron 150 allanamientos, más de 355 capturados, un civil muerto, 38 heridos y ocho desparecidos por el Ejército Nacional, paramilitares e integrantes del CTI de la Fiscalía. Además, ocasionó el desplazamiento de 1.259 personas, el 42 por ciento de los desplazamientos de la ciudad durante ese año. 

Orión es recordada por la participación que tuvo el Bloque Cacique Nutibara, que intentaba tomar el poder de la comuna y sacar a las milicias guerrilleras. Los mismos exparamilitares, como el jefe de la estructura alias 'don Berna' y otro de los integrantes, alias 'Móvil 8', lo confesaron en las salas de Justicia y Paz cuando se desmovilizaron, agregando que entre sus delitos estuvo haber asesinado y enterrado en La Escombrera algunas de las personas retenidas en la operación.

Por esas declaraciones, en la sentencia condenatoria de 2013 contra Diego Fernando Murillo Bejarano alias ‘don Berna’, el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias ante la Fiscalía y la Corte Suprema para investigar al expresidente Uribe y a los generales Montoya y Gallego.

• Apoyó la incursión militar en la 13, y hoy la defiende

Era el alcalde en los años en los que más aumentaron los enfrentamientos en la comuna 13 entre fuerza pública, grupos paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, que llegaban, y las milicias guerrilleras que controlaban sus barrios desde los años 90. A Pérez, como lo dijo en entrevista en Teleantioquia, se le salió de las manos el orden público de los barrios del occidente de la ciudad -donde queda la 13- y el desplazamiento intraurbano se disparó. Por eso, en medio de su mandato y cuando llegó Álvaro Uribe a la Presidencia, su alcaldía apoyó y acompañó las intervenciones militares, entre ellas la recordada Orión.

Pérez, hoy gobernador de Antioquia, defiende las acciones de la fuerza pública porque, según él, un año después hubo 1.200 homicidios menos y "se pacificó" la comuna. Además niega que en La Escombrera hayan desaparecidos de Orión, algo que contradice las versiones de los familiares de desaparecidos y las declaraciones de paramilitares desmovilizados del Cacique Nutibara como Juan Carlos Villa, alias 'Movil 8', quien asegura haber participado en la Operación y haber arrojado en La Escombrera algunos retenidos y asesinados durante la misma.

• Puso a la Escombrera en la agenda de la Alcaldía

Desde 2003 las víctimas de la comuna 13 empezaron a denunciar más de 40 casos de desaparición forzada y a reclamar la búsqueda de los cuerpos en La Escombrera pero solo en 2009, cuando el alcalde era el fajardista Alonso Salazar, tomó la primera medida. En convenio con la Fiscalía y Medicina Legal, puso en marcha el programa "Volver a Nombrarte" con Jornadas de Desaparecidos en las que recibieron las denuncias de unas 60 personas reportadas como desaparecidas entre 1980 y 2006, atribuidas a grupos de milicias guerrilleras y a los boques Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las AUC. 

Entre ellas recolectaron 30 denuncias más en el caso específico de La Escombrera, por lo que sumaban 70 a finales de 2010. En las jornadas también se hizo acompañamiento psicosocial a las víctimas.

• Hizo el primer estudio sobre las excavaciones en el terreno

El 25 de noviembre de 2010, presentó un estudio que contiene los conceptos técnicos de expertos forenses internacionales sobre el caso de La Escombrera para determinar la viabilidad de realizar exhumaciones en el terreno. Para eso trajo equipos forenses de Argentina, Guatemala y Perú que visitaron la zona, entrevistaron a los familiares de los desaparecidos y accedieron a la documentación de la Alcaldía y Fiscalía para dar recomendaciones. 

El estudio describió la complejidad de encontrar los cuerpos en montañas donde llevaban años depositando escombros, y dejó claro que para encontrar los cuerpos enterrados se debía remover por lo menos un millón y medio de metros cúbicos de tierra, y que costaría entre 30 y 40 millones de dólares. Salazar se lo entregó a la Fiscalía, a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, y a la Oficina de N.N. y Desaparecidos del CTI.

• Lideró la primera y única excavación en La Escombrera

En 2014, un año después de recibir la orden del Tribunal Superior de Medellín de intervenir el terreno y buscar los cuerpos enterrerados, Jaime Mejía, secretario de Gobierno y Derechos Humanos de Gaviria, y Luz Patricia Correa, directora del equipo de Víctimas de Medellín, coordinaron la primera excavación en La Escombrera. Los apoyó el Ministerio del Interior, en cabeza del hoy liberal disidente Juan Fernando Cristo; y la Fiscalía General, con Catherine Heyck, directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas hasta el 2016 y hoy magistrada de la JEP. 

Para el 2015, según Correa, destinaron mil millones de pesos para dotar de equipos a la Fiscalía, conseguir el personal y la maquinaria necesaria, instalar un campamento al lado del perímetro para que las víctimas pudiesen estar presentes las 24 horas durante el proceso (así lo exigieron ellas), y obtener el apoyo de la Unidad de Víctimas para prestarles atención psicosocial. Además, con el entonces ministro Cristo, aseguraron la plata para adquirir un mausoleo en el Cementerio Universal de la ciudad para depositar los cuerpos encontrados que se entregó en 2017. 

La meta en esa fase era identificar cerca de 50 personas que, según testimonios de familiares y paramilitares desmovilizados, podrían haber sido sepultadas en lo que nombraron como 'polígono 1'. La búsqueda duró cinco meses y terminó el 15 de diciembre del 2015. No encontraron ningún resto humano, por lo que las organizaciones sociales y víctimas se quejaron de que la Fiscalía -la encargada de toda la investigación judicial que antecedió la excavación- no hizo un estudio serio antes de excavar. 

"Se basaron en los testimonios de dos desmovilizados, pero no hicieron una investigación integral. Por eso, el lugar donde excavaron fue donde menos probabilidad había de encontrar", nos dijo Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, que acompaña a las madres víctimas.

• Dejó la plata amarrada para la segunda fase 

En noviembre de 2015 el secretario de Gobierno y quien coordinó la intervención de La Escombrera, Jorge Mejía, aseguró que la alcaldía dejaría 750 millones de pesos para continuar con la segunda fase de búsqueda en La Escombrera tras el cierre del 'polígono 1' en diciembre de ese año. A la fecha, no se ha vuelto a remover tierra en ese sector.

Según le dijo a La Silla Paisa la actual alcaldía de Federico Gutiérrez, ese dinero no se ejecutó allí porque no hay orden judicial de la Fiscalía para intervenir; no nos aclaró si el dinero no se ha utilizado o si se invirtió en otros proyectos. 

• Prometió continuar con la búsqueda en La Escombrera, pero no ha cumplido 

En su primer mes como alcalde, se comprometió a continuar con la segunda fase de las excavaciones en La Escombrera. 

A finales de 2016 llegó a Medellín Falcon High Tech, una empresa española experta y con alta tecnología para ubicar restos óseos, con el fin de hacer un plan piloto que ayudara a definir la estrategia para buscar las víctimas de desaparición forzada. El subsecretario de Derechos Humanos Carlos Arcila nos aclaró que no se trató de un contrato, sino un aporte voluntario de la firma. 

En esa exploración en La Escombrera no se encontraron cuerpos y la conclusión de los españoles fue que la búsqueda podría tardar años y debería realizarse de manera sectorizada. Desde entonces, no se han adelantado más acciones de búsqueda en el lugar. 

Según información oficial de la Alcaldía de Medellín, eso es porque "la decisión de continuar o no con la búsqueda en la Escombrera la debe tomar la Fiscalía, y según la audiencia del Tribunal de Justicia y Paz, tiene plazo para responder hasta el 9 de marzo de 2020"; añadió que desde 2016 se enfocaron en el cruce de información con las distintas unidades de fiscalías con el que lograron identificar 114 desaparecidos entre 1978 hasta agosto de 2017 de la comuna 13 y realizaron allí jornadas de recolección de ADN y atención psicosocial con las víctimas.

Por su parte, la Fiscalía nos dijo lo contrario, que las excavaciones se suspedieron porque se acabó el presupuesto que destinó la Alcaldía y que, luego de no obtener resultados en la primera intervención, la idea es conseguir más información para retomar la búsqueda con mayor vocación de éxito.

Luz Patricia Correa, quien fue la directora del Equipo de Víctimas en la alcaldía de Anibal Gaviria y en los primeros dos años de Gutiérrez, nos explicó que han incidido varios factores para que esté frenada: "Si bien es la Fiscalía la que debe encargarse de las exhumaciones y la investigación judicial, la Alcaldía puede coordinar y apalancar esa búsqueda; pero no existió un interés real del actual Alcalde para hacerlo, y la Fiscalía, con el proceso de paz, también se quedó quieta, esperando que se acomode todo el nuevo sistema de justicia transicional". 

• Creó un Plan Integral de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero fuera de La Escombrera

La Alcaldía hizo un nuevo plan municipal de búsqueda de desaparecidos en 2016. Según le dijo a La Silla, lo construyó con las organizaciones sociales, sin embargo en este no participó Mujeres Caminando por la Verdad, que es la que recoge las víctimas de desaparecidos de La Escombrera, según Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad quien acompaña al movimiento.

El subsecretario de Derechos Humanos, Carlos Arcila, explicó en medios que era un plan municipal porque no se podían concentrar solo en la comuna 13 y desde comienzos de 2016 lo puso en funcionamiento con un piloto de exhumaciones en el Cementerio Universal, ubicado en el noroccidente de Medellín y reconocido por los cientos de cuerpos no identificados que fueron enterrados a finales de los años noventa y comienzos de los 2000, los más violentos de la ciudad. Allí identificaron 28 cuerpos, 11 de ellos reubicados en bóvedas individuales y marcadas. 

En lo que va corrido de la Alcaldía, han acompañado la identificación de 286 cuerpos en total y le han entregado los restos a 64 familias.