Los políticos detrás de las grandes decisiones de Hidroituango

Creó la empresa dueña del proyecto

Cuando era Gobernador de Antioquia, en 1997, Álvaro Uribe lideró la creación de la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A., para impulsar un proyecto que se estaba pensando desde los años 60 y ya tenía listos los estudios de factibilidad, pero había perdido impulso en los 80 porque EPM consideraba que generaría más energía de la que necesitaba el país en ese momento.

La razón para revivir el proyecto, dijo el entonces gobernador Uribe, era que "representa la posibilidad de que el departamento no dependa de las rentas de los licores y el tabaco", como repitió el viernes en W Radio.

Eran varios los socios de Pescadero Ituango. EPM era el accionista mayoritario, con 53.07 por ciento, el departamento tenía participación grande a través del Instituto de Desarrollo de Antioquia, la Empresa Antioqueña de Energía Eade y la Gobernación, estaban Isagen, la Empresa de Energía de Bogotá y empresas miembros de la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores ACIC. Entre ellas Integral, que hizo los primeros estudios de la obra.

La creación de la sociedad fue el primer paso para comenzar los estudios para conseguir la licencia ambiental y arrancar a construir.

Le dio un empujón a EPM para que generara más energía

En el marco de la ley 963 de 2005 o de estabilidad jurídica, que propuso e impulsó Uribe en su primer gobierno, en junio de 2008 firmó un convenio de estabilidad jurídica con EPM.

En él EPM, como empresa generadora de energía, le pagó al Estado una prima de 9.028 millones de pesos en 2009 a cambio de congelar tarifas y beneficios tributarios en los siguientes 20 años, incluyendo una deducción de renta por su inversión en activos fijos reales productivos (como inmuebles y maquinaria), otra por inversiones ambientales y una más por inversiones en ciencia y tecnología.

Sin ese contrato, Hidroituango no habría recibido beneficios tributarios cuando se empezó a construir, dos años después.

Otorgó la licencia ambiental

En enero de 2009, el Ministerio de Ambiente en cabeza de Juan Lozano le otorgó la licencia ambiental al proyecto Hidroituango; ese fue el final de un proceso que arrancó con una solicitud en 1999, y con la respuesta del Ministerio en el 2000, en la que le pidió el Estudio de Impacto Ambiental EIA.

La licencia, que es la luz verde para empezar a contratar y construir, estuvo frenada de 2001 a 2007, porque Hidroituango y el Ministerio dejaron congelado el proceso, hasta que en octubre de ese año Hidroituango presentó el EIA.

Esa licencia ha sido cuestionada por presuntas deficiencias. La Contraloría, en la auditoría que le hizo el año pasado a la Anla y a EPM, detectó que ese estudio estaba desactualizado y no tenía detalles necesarios. Por ejemplo, decía que no había comunidades indígenas en el área de afectación, cuando sí había; no valoró el impacto ambiental por el cambio en la calidad del agua ni realizó una estimación de ecosistemas estratégicos, como los tipos de bosques que están en el área.

Otra cosa que cuestionó la Contraloría es que el Ministerio no exigió el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, que sirve para ver si una propuesta concreta es la mejor opción desde el punto de vista ambiental y social para desarrollar un proyecto, aún sabiendo que en el territorio hay 11 fallas geológicas reconocidas.

La licencia, que con al creación de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales Anla quedó en manos de esta, ha tenido 12 modificaciones. La Anla le ha hecho a EPM más de dos mil requerimientos hasta la fecha, como contamos.

Medió para que EPM hiciera la presa

Recién salido de la Casa de Nariño, Álvaro Uribe fue un facilitador entre Federico Restrepo, el entonces gerente de EPM, y Álvaro Vásquez, entonces gerente del Idea, para que llegaran a un acuerdo en la pelea que tenían por quién iba a construir la presa. Eso se lo contó a La Silla un directivo de EPM de la época que nos pidió no nombrarlo porque no quiere salir a opinar sobre la empresa que está en líos.

La Gobernación, accionista mayoritaria de la sociedad Pescadero Ituango, quería salir a subastar en el exterior. EPM siempre había querido ejecutarla.

Con Uribe de facilitador, EPM quedó como el constructor y operador, en un contrato llamado Boomt por sus siglas en inglés.

El compromiso con la Gobernación era pagarle por adelantado 205 millones de dólares, que finalmente se los entregó en dos etapas: 170 cuando firmó el contrato, y 35 cuando EPM matriz quedó como operadora del proyecto, en 2012.

Le allanó el camino al proyecto quitándole requisitos ambientales

En junio de 2001, Rodrigo Acevedo, subdirector de Licencias Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente, eximió a la sociedad Pescadero Ituango de presentar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, un trabajo previo al estudio de impacto ambiental que sirve para para elegir la mejor opción social y ambiental para un proyecto.

Es decir, le ahorró un paso para obtener la licencia ambiental que había pedido la sociedad dos años antes.

Ese año también le dio los lineamientos para hacer el Estudio de Impacto Ambiental, pero la Sociedad Hidroituango no presentó esos documentos hasta el 2007, en el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe.

Contrató los estudios ambientales

Como alcalde de Medellín, Sergio Fajardo era el presidente de la Junta Directiva de EPM, accionista mayoritario de la sociedad Pescadero Ituango. También había nombrado gerente de EPM a Juan Felipe Gaviria, exministro de Obras Públicas de César Gaviria y exrector de la universidad Eafit.

En 2004, su primer año de administración, la sociedad Pescadero Ituango contrató a Integral, que había hecho estudios previos sobre el proyecto, para que hiciera un Estudio de Restricciones Ambientales que debía determinar cómo afectaba el proyecto los humedales y los peces aguas abajo.

En 2006 la sociedad contrató, también con Integral, el Estudio de Impacto Ambiental y la complementación de los estudios de factibilidad, que había hecho años antes la misma firma. Esos eran documentos que exigía el Ministerio de Ambiente para otorgarle la licencia ambiental al proyecto. Los estudios incluían "trabajos del proceso de información y consulta a las comunidades" que se hicieron "de manera intermitente entre los meses de junio de 2006 a agosto de 2007", según EPM.
 

Renunció a la participación mayoritaria en la sociedad dueña

A mediados del 2006 EPM tenía el 53,07 por ciento de las acciones de Pescadero Ituango, la empresa dueña del proyecto, y el Idea el 43 por ciento. Pero EPM decidió reducir su participación y permitir que el Idea la aumentara, en un acuerdo para que los socios le inyectaran plata a la sociedad para financiar los estudios que se requerían para la obra.

Por ese acuerdo, el Idea aportó más plata que EPM, y así los dos quedaron con el mismo porcentaje de participación en la sociedad, como contó el exgerente Federico Restrepo a El Colombiano en su tiempo.

Dos años después, en la gobernación siguente, el Idea compró las acciones de los socios minoritarios y quedó con el control de la sociedad. Por eso, si EPM no hubiera hecho esa cesión de acciones en un principio, no hubiera perdido después la mayoría accionaria ni el poder dentro de la junta directiva.
 

Enfrentó la primera pelea grande contra el proyecto

A Sergio Fajardo, como Gobernador y presidente de la Junta Directiva de la sociedad Hidroituango, le tocó la primera protesta masiva de las comunidades ribereñas en 2012.

Alrededor de 330 campesinos liderados por el movimiento Ríos Vivos, muy visible en las críticas al proyecto desde entonces, marcharon desde cinco municipios del Occidente y el Norte de Antioquia hasta Medellín para protestar y denunciar desalojos forzosos, impedimentos para trabajar en las riberas del Cauca y que "EPM había hecho el censo mal".

Estuvieron instalados durante siete meses en el campus de la Universidad de Antioquia y retornaron luego de acordar con la Gobernación de Fajardo y EPM la entrega de subsidios de vivienda, la realización de brigadas de salud y una oferta especial de educación.

La semana pasada, en La W, Fajardo dijo que en su Gobernación gastaron 100 millones de dólares en un plan integral para atenderlos, incluyendo mesas en los 12 municipios del área de impacto del proyecto a las que asistieron la comunidad, la Defensoría del Pueblo, las Personerías, los alcaldes y EPM. "Nosotros facilitamos en todos los momentos la interacción", le dijo a la emisora.

Pero Ríos Vivos le reclama desde entonces haber usado la fuerza del Esmad para callar las protestas y no haber dialogado con ellos.

Sin esa protesta grande no se habrían visibilizado los reparos de algunas comunidades ribereñas con el proyecto, que hoy con la emergencia sobresalen.

Priorizó el proyecto en su Plan de Desarrollo

Como lo dijo el viernes en entrevista con La W, el exgobernador decidió impulsar la hidroeléctrica desde su Plan de Desarrollo, puso en marcha la sociedad que ya existía Pescadero-Ituango, tomó los estudios técnicos que había hecho Integral en el 2007, y que según él, contenían "toda la información técnica, económica, ambiental, sobre lo que sería el proyecto de energía más grande en Colombia".

Por eso, que el proyecto estuviera fijo en los planes de Ramos fue clave para que avanzara la ejecución del proyecto.

Según Ramos, en su gobierno quiso retomar lo que dijo el ingeniero José Tejada Sáenz, quien concibió Hidroituango en 1969: "Ese lugar lo puso Dios para que hubiera esta hidroeléctrica".

Fue en su Gobernación que el proyecto recibió la licencia ambiental por parte del Ministerio de Ambiente.

Puso al Departamento a tener el control de la sociedad dueña

Durante la gobernación de Ramos, su gerente del Idea Álvaro Vásquez compró las acciones de los minoritarios en la sociedad Pescadero Ituango, específicamente a la Empresa de Energía de Bogotá EEB y a la constructora Integral. Con eso rompió el equilibrio entre Medellín y Antioquia, que eran los grandes socios con participaciones iguales, del 46 por ciento cada una.

Esa decisión significó que el Departamento quedara como accionista mayoritario sobre EPM, y por lo tanto con más poder dentro de la Junta Directiva. A ese hecho le llamaron en los medios "la toma hostil".

Ejemplo de ese poder son los cobros que le ha hecho el gobernador Luis Pérez a EPM por los retrasos en las obras a finales del año pasado, o que justo después de haber adquirido la participación mayoritaria, la Gobernación decidiera abrir una subasta internacional, a pesar de que EPM hubiera querido desde siempre ser la desarrolladora del proyecto (operación que se frustró al final luego de un acuerdo entre las partes mediado por Álvaro Uribe).

Le entregó a EPM la construcción del proyecto

Tras la "toma hostil" de la sociedad por el Departamento, Ramos logró llegar a un acuerdo con el municipio y EPM, cuando era alcalde Alonso Salazar. Por ese acuerdo la junta directiva de la sociedad Pescadero Ituango, que presidía Ramos, firmó un convenio para que EPM fuera quien construyera, operara, mantuviera y financiara la hidroeléctrica, que solo debía devolver luego de 50 años a la Sociedad. 

Ese convenio, conocido como Boomt por sus siglas en inglés, fue el punto de inicio para hacer realidad el viejo proyecto.

Así, EPM se convierte en accionista y contratista a la vez; y la Gobernación en accionista mayoritario y vigilante del presupuesto y cronograma del proyecto.

Convirtió a EPM en dueño y contratista

Cuando Salazar era alcalde, EPM, empresa de la que es dueño el municipio cuyas directivas define el Alcalde, firmó el contrato para construir, financiar, operar y mantener Hidoituango. Se le conoce como Boomt, por sus siglas en inglés.

EPM pactó construir y manejar la hidroeléctrica más grande del país, con generación de 2.400 megavatios, mucho más potente que las que había construido como Porce III, de 660 megavatios , o Guatapé, con 560. Es decir, impulsó y concretó la decisión de meter a la empresa en el proyecto de ingeniería más grande de su historia.

Su gerente de EPM era Federico Restrepo, quien venía de gerenciar a Integral, firma que había sido contratista de la Sociedad Pescadero Ituango para los estudios ambientales y de factibilidad.

Para ejecutar el Boomt, EPM creó una filial llamada EPM Ituango, con la idea de concentrar esfuerzos específicos en el proyecto, según le explicó a La Silla un funcionario de la época que nos pidió no citarlo porque quiere "ser prudente y solidario con EPM".

Así, la empresa de servicios públicos de Medellín terminó apostándole por partida doble al proyecto: como dueña del 46 por ciento de las acciones de la sociedad Hidroituango, y como constructora de la hidroeléctrica a la vez.

Si EPM no hubiera quedado de contratista, probablemente Federico Gutiérrez, como alcalde de Medellín, y Luis Pérez, gobernador de Antioquia, no estarían peleando luego de la contingencia.

Puso a concursar a Hidroituango en la subasta de energía que le dio luz verde al proyecto

A mediados de 2008, Hidroituango fue una de las seis hidroeléctricas que se ganó la subasta de Energía Firme que de la Upme, con lo que se comprometió a proveer energía al país en el futuro.  Esas centrales aportarían 6.281 gigavatios por hora, de los que Ituango iba a poner 1.085 en diciembre de 2018.

Con ese compromiso, Hidroituango debía comenzar a funcionar hace dos meses. Al no hacerlo empezó a incumplir con sus obligaciones por la subasta.

Pero como ahora su viabilidad es incierta, la Comisión de Regulación de Energía y Gas Creg tuvo que salir a buscar entre las hidroeléctricas que están en construcción, quién va a proveer la energía que va a dejar de generar el proyecto, al menos por un tiempo.

Comenzó a contratar obras y salió a licitar la presa

El 6 de octubre del 2011, a dos meses de que Salazar terminara su alcaldía, EPM, en cabeza de Federico Restrepo, abrió la licitación para construir la parte gruesa de la hidroeléctrica, es decir, la construcción de la presa, la casa de máquinas y otras obras.

Ese mismo año había adjudicado los contratos para construir los túneles de desviación que se taponaron (con el consorcio de la chilena Ferrovial Agroman Chile y la colombiana Sainc Ingenieros Constructores), la interventoría (con Ingetec y Sedic y los campamentos (con Arquitectos e Ingenieros Asociados, AIA).

Según anunció EPM en su momento, el contrato para la presa se cerraría en febrero de 2012, cuando ni Salazar ni Restrepo estaban al mando.

Cedió el proyecto a la casa matriz de EPM

Durante el Gobierno Uribe, EPM firmó con el Ministerio de Minas y Energía un contrato de estabilidad jurídica, que le aseguraba mantener beneficios tributarios durante 20 años así las leyes cambiaran.

Por eso en 2012 Juan Esteban Calle, gerente de EPM de Aníbal Gaviria, le propuso a la sociedad Hidroituango que el contrato pasara de EPM Ituango -la empresa que creó EPM exclusivamente para desarrollar el proyecto- a EPM misma, con el fin de que el contrato de estabilidad cobijara la construcción de la hidroeléctrica.

Con eso, EPM se ahorró una plata y le pudo transferir 35 millones de dólares al Idea que se había comprometido a pagarle, como utilidades anticipadas, cuando firmó el contrato Boomt en 2010.

Por eso, si esta decisión no se hubiera tomado, el proyecto no habría podido ahorrarse plata y tomar excenciones tributarias que había adquirido la empresa.

Contrató al consorcio constructor

En agosto de 2012, cuando Gaviria era alcalde y al terminar la licitación que arrancó con Alonso Salazar, EPM contrató al consorcio CCC para que le construyera la presa, y así ejecutar parte de sus obligaciones con la sociedad Pescadero Ituango. Es decir, tercerizó esa parte de sus compromisos.

El consorcio lo integran Construções e Comercio Camargo Correa S.A., de Brasil -involucrada en el caso Lava Jato, junto con Odebrecht- y las colombianas Conconcreto y Coninsa- RamónH. Estas dos habían construido la presa Porce III, también para EPM.

En ese entonces el gerente de EPM era Juan Esteban Calle, hoy presidente de Argos.

La licitación se había abierto en octubre de 2011 y en ella habían participado el Consorcio Pescadero Ituango, de Andrade Gutiérrez de Brasil, Impregilo SPA de Italia y Conciviles de Colombia; la Unión Temporal Aoco, de las españolas Acciona y Obras Subterráneas, la brasileña OAS y El Cóndor de Colombia; y OMS Ituango, de Norberto Odebrecht S.A, de Brasil, Mincivil S.A. y CSS S.A. (Constructora Solarte Solarte), de Colombia. Esta última tuvo la oferta más barata, con 1.89 billones de pesos.

La asesoría en infraestructura y la evaluación de la calidad ambiental del proyecto quedaron, una vez más, en manos de Integral S.A.

Si CCC no se hubiera ganado la licitación, EPM se habría ahorrado cuestionamientos en torno a la empresa brasilera socia del consorcio, y sobre la relación de EPM con las otras dos empresas socias, que son parte del llamado Grupo Empresarial Antioqueño GEA, financiador histórico de los alcaldes de Medellín, que son los tomadores de decisiones en la junta de la empresa.

Cerró los dos túneles de desviación y creó uno nuevo sin licencia

En 2014 las obras tenían más de un año de retrasos. Para recuperarlos, EPM decidió construir los túneles de desviación del río sin las compuertas que estaban proyectadas en el diseño original. Eso lo llevó a construir un tercer túnel que sí tuviera compuertas, y que fue el que se taponó y ocasionó la contingencia en 2018.

Esta es una de las decisiones de EPM más cuestionadas. Tanto el actual gobernador Luis Pérez, como la Contraloría General y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, denunciaron a mediados del año pasado que el cierre definitivo de los dos túneles de desviación principal y la construcción de un tercero con la mitad de capacidad se hicieron sin autorización de la Anla.

De hecho, la autoridad le abrió una indagación preliminar a EPM porque el tercer túnel se comenzó a construir en agosto de 2015, pero solicitó modificar la licencia ambiental para hacerlo en julio de 2016 y la obtuvo en septiembre de 2016.

Según le dijo a La Silla el geólogo y experto en el proyecto Oswaldo Ordóñez, "no fue buena idea quedar con un solo túnel. Esa decisión puede ser el padre del problema". Cosa que no se sabrá con certeza, por lo menos, hasta que la empresa chilena Skava, que contrataron para determinar qué falló y por qué, entregue el estudio a finales de este mes.

Aceleró la obra

Debido a los retrasos en la obra por 20 meses luego de una serie de derrumbes, EPM firmó en diciembre de 2015 un pacto de aceleración con el consorcio CCC que costó 370 mil millones de pesos.

La propuesta que hizo el consorcio consistía en aumentar la jornada de trabajo para que fuera 24/7, conseguir equipos adicionales para acelerar la construcción y programar obras complementarias para construir en menor tiempo pozos y revestimientos. Así recuperaría 18 meses de los retrasos.

Entre los puntos del plan también estaba un incentivo por 70 mil millones de pesos que le pagaría EPM al consorcio si lograba poner a funcionar la primera unidad de la hidroeléctrica a finales del 2018, como estaba programado en un principio.

Luego de estar en marcha el plan, la junta directiva de la sociedad Hidroituango aprobó adicionar ese plan de aceleración al contrato Boomt y le dio el visto bueno al valor total.

Eso porque, de demorar la entrada en operación de la hidroeléctrica EPM habría incumplido con las obligaciones que adquirió con el Gobierno Nacional al ganarse la subasta de energía, que consistían en comenzar a tener energía disponible a partir de diciembre de 2018.

Así mismo, la sociedad empezaría a tener un hueco por la plata que esperaba percibir a partir del funcionamiento de la hidroeléctrica. Y a EPM, puntualmente, le perjudicaría su calificación crediticia para invertir en proyectos como multilatina, debido al riesgo de la obra.

Además, como reveló el gobernador Luis Pérez el año pasado, el contrato Boomt con la Sociedad tiene unas cláusulas que determinan el cobro de multas por incumplimiento de hitos, y por eso EPM habría tenido que pagar sanciones al dueño del proyecto.

Inundó y luego cerró la casa de máquinas

Al actual alcalde de Medellín y a su gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, les tocó responder por la mayor contingencia que ha tenido Hidroituango desde que se empezó a construir.

El 10 de mayo de 2018, luego de que el río Cauca llevara 13 días represado por los túneles taponados, y con alto riesgo de una avalancha en los municipios aguas abajo del proyecto, EPM tomó la decisión de inundar casa de máquinas, la caverna que contiene la maquinaria que generaría energía, para que el agua fluyera por allí y evitar que se rompiera la presa en construcción y una catástrofe.

Esa decisión ha sido la más costosa para el proyecto, porque puede que por ello la hidroeléctrica no sea viable.

Además, tuvieron que responder por los daños que causó la creciente del caudal del río el 12 de mayo en Puerto Valdivia que afectó a 235 familias: 73 viviendas que se perdieron en su totalidad y 162 con daños parciales. Más las críticas de las comunidades y los alcaldes de aguas abajo porque llevan nueve meses en alerta roja, naranja y amarilla.

Este año volvieron a estar en aprietos porque en la montaña en la que está la casa de máquinas encontraron filtraciones de aire que podrían ocasionar colapsos y porque las rejas por las que entraba el agua a la caverna se estaban deformando. Por eso, EPM decidió cerrar las dos compuertas que permitían que entrara el agua allí sin antes haber llenado el embalse, por lo que el río Cauca aguas abajo se secó casi totalmente.

Esa última decisión ha generado una crisis ambiental con la vulneración de los ecosistemas que giran en torno al río, además de casi 60 mil peces muertos. También el desabastecimiento de agua en Caucasia, el estancamiento económico de las comunidades que viven del río y un impacto ambiental que todavía está por conocerse. Además de dos procesos sancionatorios por parte de la Anla.

Le pidió a EPM flujos futuros para financiar sus obras

Desde el inicio de su administración en 2016 y como accionista mayoritario de la sociedad Pescadero Ituango, el gobernador Luis Pérez le pidió a EPM que le adelantara 1.25 billones de pesos, la mitad de los ingresos que le corresponderían como socio del proyecto entre el inicio de su funcionamiento.

La idea de Pérez con esa plata era financiar y darle un empujón a una de las principales megaobras insignia de su campaña a la Gobernación: el ferrocarril de Antioquia. También a las vías terciarias que prometió en su Plan de Desarrollo y el Puerto de Urabá.

A su vez, buscaba ofrecer en el mercado esos flujos futuros, y así tener el dinero más pronto, pero luego de la contingencia que arrancó en abril pasado y la incertidumbre sobre el proyecto que trajo, la plata nunca salió.
 

Le salió a cobrar a EPM

Desde que comenzó la contingencia, Luis Pérez, obrando como cabeza del accionista mayoritario de la Sociedad Hidroituango, se le fue encima a EPM por las fallas en el proyecto y le metió presión por los retrasos.

Desde octubre, a través de un estudio que contrató con la Universidad Nacional, expuso en la junta directiva de la Sociedad, en la Asamblea de Antioquia y en medios, los "ocho errores constructivos" que cometió la empresa para llegar al taponamiento de los túneles y a la crisis que desató la inundación de casa de máquinas.

Ese estudio también lo utilizó para convencer a los socios de cobrarle a EPM por los retrasos, como se estableció en el contrato Boomt. Por eso en octubre le pasó una factura por 16 mil millones y anunció que cada día se irían sumando 117 millones de pesos. Además, en diciembre del año pasado, volvió a amenazar con embargarle las cuentas.