Los problemas de EPM vienen de antes, pero Quintero les mete leña

EPM no está al borde de la bancarrota como lo dijeron el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el exgobernador Luis Pérez varias veces en el último mes. 

En el Gobierno de Federico Gutiérrez EPM iba camino a la banca rota. No dejaremos que eso pase. Vamos a sacar a Hidroituango y a EPM adelante.

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 31, 2020

Pero sí tiene problemas serios. 

El principal -por supuesto- la incertidumbre sobre cuánto de los sobrecostos de la construcción de la hidroeléctrica de Ituango va a poder recuperar, y cuándo la va a poder prender para que empiece a darle plata.

Este gran chicharrón se ve agravado por la pelea entre Quintero y la anterior junta directiva, que tiene a las calificadoras de riesgos con dudas por el manejo de la empresa que lleva energía al 35 por ciento del país.

Aunque es muy poco probable que se vaya a quebrar por estos problemas, la pelea de Quintero sí le trae problemas en un momento en que la compañía se enfrenta a dos retos grandes: que Hidroituango empiece a entregar energía  el primer trimestre de 2022, como es su compromiso, y solucionar la mitad del chicharrón de Electricaribe, que queda en sus manos a partir de esta semana.

La quiebra que no es

Una mirada a los más recientes estados financieros muestra que la pandemia afectó a EPM por flancos como la reconexión de servicios públicos decretada por el Gobierno (que implica más gastos) porque algunos usuarios no han podido pagar sus facturas. 

Por eso, tuvo resultados modestos en la primera mitad del año comparados con el mismo periodo de 2019.

Las utilidades cayeron de 1,3 billones a 635.980 millones de pesos, una caída equivalente a ocho meses de devolución del IVA, el subsidio de 35.000 pesos mensuales que da el Gobierno Nacional a los beneficiarios de Familias en Acción y Colombia Mayor, por lo que la suma es considerable. Más para Medellín, que recibe 55 por ciento de las ganancias que obtiene la empresa. Es decir, que solo con los resultados del primer semestre, la proyección es que Medellín va a recibir cerca de 350.000 millones de pesos menos el próximo año de EPM.

Además, aunque EPM creció en activos de $47,2 a $49 billones, sus deudas crecieron más, de $22,8 a $25,2 billones. 

Con ese mayor endeudamiento también empeoraron los indicadores clave para las calificadoras de riesgo, que ayudan a definir a los observadores qué tan riesgoso es prestarle a una empresa y, por lo tanto, qué tantos intereses cobrarle. 

La relación de la deuda sobre el indicador de qué tan rentable es su operación (deuda/ebitda), cerró en 2019 en 3,49 y si pasa de 3,5 las calificadoras suelen quitar el grado de inversión a las empresas, es decir, considerar que es más riesgoso prestarles.

Como quedó 3,89 en junio, si no baja en lo que queda del año EPM arriesgaría su buena posición ante estas compañías, que puede definir qué tan caro le sale a la empresa endeudarse.

La razón de la deuda, según dijo a La Silla una fuente de alto calibre de EPM, fue la precaución: pidieron prestado para tener plata líquida por si la pandemia reducía mucho sus ingresos.

En este contexto financiero difícil llegó la crisis de gobierno corporativo, mes y medio después de la fecha que muestran esas cifras..

El 11 de agosto toda la junta directiva, menos Quintero, renunció, argumentando que el alcalde no los tuvo en cuenta en la decisión de emprender acciones legales contra los contratistas de Hidroituango.

Dos días después, la calificadora Fitch bajó la nota de EPM de BBB a BBB-, lo que significa que ve que la situación de la empresa empeoró, y probablemente le haga más caro pedir deuda (con mejores notas de las calificadoras, en general las empresas se enduedan más barato porque las calificadoras dicen que hay menos riesgo de prestarles plata).

Natalia O’Byrne, presidenta del comité de calificación de Fitch y quien está al frente del equipo que decide esa nota, dijo a La Silla que dado que ya no ven que funcione con independencia del municipio -por la renuncia de la junta-, decidieron que deben tener la misma calificación. 

Es algo que no había pasado en los 20 años que llevan monitoreando a la empresa.

Además, las calificadoras siguen preocupadas por Hidroituango. 

Fitch, por ejemplo, cuando le bajó la nota a EPM señaló que “no son claros los tiempos de entrega ni el balance final de sobrecostos”. La calificadora Moody’s coincidió en su más reciente reporte sobre la compañía, aunque esta mantuvo la nota de EPM.

El tema es grande: en julio EPM estimó que el proyecto costará 16,2 billones de pesos, un sobrecosto de 4,8 billones a lo previsto antes de la contingencia de 2018. Es decir, el gasto extra es como hacer cinco veces el túnel de La Línea y equivale a más de tres años de transferencias de EPM a Medellín o a unos dos años de las utilidades que lograba antes de la pandemia.

A pesar de estos factores, para analistas que siguen el desempeño de la empresa es claro que, si bien pasa por un momento difícil, es improbable que deje de pagar sus deudas o entre en quiebra.

Por ejemplo, Fitch destacó en su último reporte la ventaja de estar diversificada, porque tiene ingresos por la generación de energía (donde está Hidroituango) pero también en la transmisión y distribución de energía y gas, y en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

El economista jefe de Alianza Valores, Felipe Campos, nos dio una visión similar: “la historia de la empresa, la estabilidad del sector en que se encuentra hace lejana aún la opción de un impago”, aunque aclaró que por la pandemia es un momento difícil para conseguir plata.

En esa línea, el gerente Rendón matiza las palabras de Quintero. 

“Creo que esa afirmación (de la quebra) debe ser leída en un contexto distinto. A mi juicio, lo que quiere decir es que si seguimos perdiendo recursos al ritmo que los pide el proyecto Hidroituango, podemos llegar a ese escenario”, dijo a La Silla.

Sin embargo, las declaraciones de Quintero y sus decisiones pueden tener un efecto real en la compañía, y empantanar el camino que viene.

Lo que viene

El riesgo principal, según quienes prestan plata a EPM con la compra de bonos como Credicorp y Davivienda Corredores, y las mismas calificadoras, es que por la incertidumbre se tengan que endeudar pagando más intereses.

Es justo cuando se viene otro gran esfuerzo; reemplazar a Electricaribe en Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar, es decir, llevarle energía a más de 6 millones de personas que tienen una muy mala relación con el servicio.

Ese negocio implica un riesgo para la empresa porque requiere inversiones grandes en los primeros años y, según análisis financieros como este, solo para 2025 van empezar a dar réditos.

Mientras tanto, no solo no necesita invertir sin recuperar la plata, sino que asume un nuevo riesgo de reclamos por el servicio, algo que se ha hecho endémico en el Caribe y que no es fácil cambiar rápidamente. 

De acuerdo con lo que nos dijo una fuente de alto nivel en EPM, es posible que a mediados de 2021 la empresa necesite emitir nuevos bonos para financiar esas inversiones y otras en Hidroituango.

Dice que en EPM sienten que el manejo de Quintero puede poner en riesgo que los puedan vender a una buena tasa.

“El gobierno corporativo no se resuelve con nombrar una nueva junta. El problema se resuelve cuando el alcalde asuma que EPM no es una secretaría del municipio, sino una empresa. El riesgo se evidencia cada vez que el alcalde tuitea. Esos tuits son leídos en Washington, en Nueva York por las calificadoras”, nos dijo la fuente.

Desde afuera también hay preocupaciones: “Una compañía de ese tamaño no debería tener este problema de gobierno corporativo, más porque tiene dos grandes desafíos en frente: Hidroituango y la distribución de la Costa Caribe. Si la compañía no está suficientemente enfocada le va a quedar muy difícil cumplir con esos retos”, nos dijo Carlos Rodríguez, analista que le hace seguimiento a EPM en Credicorp Capital.

El riesgo es tan real que cuando se conoció la crisis en la junta directiva, EPM anunció a la Superintendencia Financiera que varios bancos suspendieron temporalmente sus relaciones comerciales con ella.

Además, el Banco Interamericano de Desarrollo, que le prestó plata para el proyecto, envió una carta pidiendo explicaciones por la crisis de gobierno corporativo, la licencia ambiental de Hidroituango -suspendida por la Anla -y el avance técnico de la obra, según nos confirmó Rendón.

Con esa carta suspendió los desembolsos que venía haciendo a EPM, que hasta el momento suman 450 millones de dólares que alcanzan a cubrir una tercera parte de los sobrecostos. 

Con el ánimo de calmar las aguas, Quintero se reunió virtualmente con las calificadoras para darles un parte de tranquilidad, como nos confirmó O’Bryan; eso no es común porque usualmente es el gerente de la compañía el que pone la cara ante las calificadoras.

Los futuros créditos de EPM, y las tasas a las que se los cobrarán, son clave por las altas inversiones que tiene que empezar a hacer en el Caribe, donde está obligada por lo menos a invertir 3,2 billones de pesos, según el Ministerio de Minas, y espera inyectar 4.

Como esa inversión no se recupera tan rápido por la naturaleza del negocio y porque una herencia de Electricaribe es que en la región es difícil cobrar la factura, un problema que además se ha agravado en la pandemia, según la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios y Electricaribe. 

Por ejemplo, en abril solo 48 por ciento de los usuarios de estratos 4, 5 y 6 de Electricaribe habían pagado oportunamente su factura; los hogares de estratos 1, 2 y 3, que representan el 92 por ciento de los usuarios en el Caribe, son los más afectados económicamente por la pandemia y eso podría traer más complicaciones para los ingresos futuros de EPM.

De hecho, el ministro de Minas, Diego Mesa, dijo a El Heraldo tanto EPM como el consorcio Energía de la Costa (que se quedó con la otra mitad de lo que hacía Electricaribe) pidieron al Gobierno ajustar las condiciones de lo que deben invertir por la pandemia. El gerente Rendón le confirmó esto a La Silla.

Según dos fuentes del sector, cercanas al Ministerio y que hablaron off the record para no meterse en líos con la entidad, la negociación con EPM fue tan dura que sospecharon que la empresa se quería echar para atrás. 

Al final no fue así y acordaron que si bien tienen que cumplir con las metas de inversión y de calidad del servicio en 2024, en 2022 y 2023 no deben cumplir metas. “El punto de salida y el de llegada es el mismo que estaba fijado y el plan de inversión tiene que reflejarlo, solo que ya no va a ser tan estricto”, explicó Mesa aquí.

Pero el riesgo más grande, coinciden todas las fuentes consultadas, es Hidroituango, pues no está asegurado que vayan a entrar a operar en el primer trimestre de 2022, cuando debe generar 300 megavatios de energía o EPM tendrá que pagar multas; ya es claro que no va a empezar a funcionar en diciembre de 2021, como estaba previsto.

La decisión de Quintero de conciliar con los contratistas de la obra, paso previo a demandarlos, también podría demorar su avance, según dos analistas y un empresario del sector.

“Cuando tienes un proyecto de este tamaño, como contratista tienes que tomar decisiones rápido, resolver contingencias. Un contratista con una espada de Damocles arriba piensa dos veces para moverse. El ritmo normal de una construcción de esa naturaleza va a ser retrasado, yo he estado en proyectos de esa naturaleza”, explicó el empresario, que prefirió hablar off the récord.

Si EPM llega a incumplir nuevamente la entrega de energía que se comprometió a producir podría no solo verse afectada por eventuales multas (en el primer incumplimiento la Comisión Reguladora de Energía y Gas, Creg, la multó con 43,1 millones de dólares) sino que se demoraría en empezar a recibir ingresos por esas ventas, y sería un golpe grande. 

Según la Contraloría en 2019, la empresa dejó de recibir 1,1 billones de pesos por la demora en Hidroituango, que equivale a un 6 por ciento de los ingresos de EPM en 2019.

Una fuente interna de EPM estimó que, de no entrar en operación en el primer trimestre de 2022, las garantías que se harían efectivas más otros cobros, sumarían un golpe de 400 millones de dólares, cerca de 1,5 billones de pesos: todo lo que EPM le transfirió al municipio de Medellín en 2019 o más de la mitad de sus utilidades en un año.

La otra gran incertidumbre de Hidroituango es financiera. 

Todavía no está claro cuánto va a terminar pagando Mapfre, aseguradora con la que EPM tiene una póliza de 2.556 millones de dólares (9,8 billones de pesos), por daños en infraestructura y equipos, que hasta ahora ha pagado 250 millones. 

Sobre otra póliza por 628 millones de dólares por la plata que dejarán de recibir por los retrasos, la compañía no ha dicho que haya recibido pagos.

Con estos interrogantes acumulados -la aseguradora, los contratistas y la propia obra- a EPM le sientan mal las sorpresas. Los frentes de riesgo que tiene abiertos la empresa clave de los antioqueños tienen a los financieros haciendo cuentas ajustadas, y hasta un tuit desde la cuenta del Alcalde puede hacer que den negativo.